Isabel Desviat.-
En la declaración judicial de ruptura de unión de hecho, se plantea ante el Tribunal Supremo si es posible fijar una pensión compensatoria a favor de la pareja aplicando de forma analógica el artículo 97 del Código Civil (LA LEY 1/1889), y si ello es así, si es posible recurrir, en defecto de pacto, a principios generales como el del enriquecimiento injusto.
Esta sentencia, dictada recientemente por el Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Civil, Pleno, de 15 de enero de 2018 (LA LEY 243/2018)), analiza uno de estos casos, dando razón finalmente al que cuestionaba la fijación de un pensión análoga a la compensatoria. Estos son sus razonamientos:
El Juzgado establece una pensión compensatoria y la Audiencia confirma
La mujer interpuso demanda de ruptura de unión de hecho, solicitando un régimen de custodia para los hijos comunes, pensión alimenticia, uso de la vivienda familiar, y solicitud de pensión compensatoria por importe de 1.500 euros mensuales.
El juzgado estimó parcialmente la demanda, y en lo que aquí interesa, estableciendo una pensión compensatoria de 500 euros a favor de la mujer durante el plazo de dos años. Para ello tuvo en cuenta que la mujer se había dedicado en mayor medida al cuidado de los hijos y del hogar familiar y la diferente capacidad económica de ambas partes al tiempo de romperse la convivencia, lo que generaría un enriquecimiento injusto. La convivencia había durado más de 16 años.
La Audiencia Provincial de Castellón de la Plana desestimó el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de instancia.
Se dio una acumulación indebida de acciones de solicitud de pensión y de cuestiones relativas a los hijos
La Sala del Supremo puntualiza en primer lugar, que en el ámbito estatal no hay una norma que prevea la acumulación en un único proceso de todas las acciones dirigidas a poner fin a la relación de pareja, como es en éste caso, en que se acumula una petición de pensión con las cuestiones referidas a la patria potestad, la custodia, los alimentos de los hijos comunes y el uso de la vivienda familiar.
Y esto porque la acción de petición de una pensión entre los miembros de una pareja de hecho no está comprendida dentro de los procesos matrimoniales regulados en la LEC. (artículos 748.4 (LA LEY 58/2000) , 769.3 (LA LEY 58/2000) y 770.6. LEC (LA LEY 58/2000) )
Por tanto, debería haberse interpuesto un procedimiento ordinario en función de la cuantía reclamada, conforme al artículo 251.7 LEC. (LA LEY 58/2000)
Sin embargo, nada se planteó al respecto en el procedimiento (excepción de inadecuación del procedimiento), ni tampoco el Juzgado ni la Audiencia lo apreciaron de oficio. Por ello la Sala se pronuncia sobre la cuestión en este caso.
No puede aplicarse la normativa dictada por la C. Valenciana sobre parejas de hecho
La Sala deja señalado que no es posible aplicar las leyes dictadas por la Comunidad Valenciana sobre este punto (se reconocía en ellas la posibilidad de pacto sobre pensión compensatoria en uniones de hecho), y ello debido a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 11/2016 (LA LEY 2022/2016), que declaró la nulidad, entre otros, del precepto que así lo establecía, como consecuencia de la falta de competencia de la comunidad Autónoma para regular las consecuencias civiles de las uniones de hecho formalizadas.
Lo que regula el derecho civil estatal – no hay previsión legal
El Código Civil no contempla una regulación general de las parejas no casadas. Algunos efectos sí se han equiparado, pero no en lo relativo a la pensión compensatoria, que se establece en el artículo 97 CC. (LA LEY 1/1889)
No hay previsión legal que determine que, en el momento de la ruptura, se haya previsto una compensación de ningún tipo.
El Tribunal Constitucional, sentencias 93/2013 (LA LEY 38262/2013), declaró que " las reglas que imponen a los integrantes de una pareja estable el derecho a una pensión sin que así lo hayan acordado «vulneran la libertad de decisión consagrada en el art. 10.1 CE (LA LEY 2500/1978) , al responder básicamente a un modelo imperativo alejado del régimen dispositivo que resultaría acorde a las características de las uniones de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad»
Esta interpretación –señala la Sala- refuerza la idea de que no cabe aplicar por analogía las normas del matrimonio a los supuestos de ruptura de la convivencia more uxorio, aunque no se descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales como el del enriquecimiento injusto.
Estimación del recurso – No ha lugar a la pensión
La Sala considera que la sentencia de la Audiencia no explica en ningún momento el fundamento y la naturaleza de la pensión que otorga, dando únicamente por reproducida la jurisprudencia que se señala en la sentencia de instancia.
Y aunque vincula la pensión que reconoce a la aplicación del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto, para ello se requiere un aumento del patrimonio del enriquecido, y un correlativo empobrecimiento de la otra parte, pero ello no se observa a la vista de los hechos probados.
Durante el tiempo que duró la convivencia la mujer no se dedicó exclusivamente a la atención de los hijos y del hogar. La convivencia no implicó una pérdida de expectativas ni el abandono de una actividad, ni tampoco desatender su propio matrimonio, pues desarrolló una actividad remunerada.
Se constata por otra parte, que la pensión concedida por el juzgado de instancia atiende al miedo de la demandante a quedarse sin empleo, debido a la situación financiera de la empresa en la que trabaja y que su compañero también participaba en la misma, y a que podría dar lugar a un despido tras el cese de la convivencia.