El Consejo General del Poder Judicial, haciendo uso de su función consultiva, ha emitido un informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Adopción Internacional.
La finalidad de la nueva norma es la de deslindar las competencias que corresponden en la materia entre las diferentes Administraciones, la General del Estato y las Comunidades Autónomas que asumieron competencias en materia de protección de menores. También aborda la reforma sobre los aspectos procedimentales de la adopción.
Una de las conclusiones a las que llega el órgano consultivo tras el examen del Proyecto, es sobre lo que la norma no incluye, pues a su juicio, el Reglamento proyectado no agota el desarrollo reglamentario que autoriza la Disposición Final 18ª de la Ley.
Efectivamente, considera que no aborda temas como la forma de hacer efectivo el derecho del niño a conocer los orígenes biológicos mediante el asesoramiento, la ayuda y la mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública, el aseguramiento de la conservación de la información relativa a los orígenes del adoptando, y en particular la información sobre la identidad de los progenitories, así como la historia médica del niño y su familia.
Por otra parte, señala la necesidad de perfilar mejor el marco de colaboración y cooperación de las Entidades Públicas así como sus funciones de coordinación, como por ejemplo en el asunto de fijar criterios homogéneos para valorar la idoneidad de los adoptantes.