Isabel Desviat.-
Todos conocemos el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), relativo al pago de las costas y gastos en la jurisdicción civil, entre los que se encontrarían los honorarios de abogado y procurador, depósitos para presentar recursos, derechos de peritos, notas, testimonios... etc. También sabemos que el tribunal de que se trate, al momento de dictar sentencia, debe pronunciarse sobre las costas procesales, ya sea condenando a alguna de las partes, o no haciendo imposición expresa de las mismas.
En cuanto a su imposición, los artículos 394 (LA LEY 58/2000) y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) nos indican los criterios que los tribunales deben seguir a la hora de dictaminar sobre el pago de las costas: a) La regla general (no sabemos si final habrá o no reforma en este sentido) es el del vencimiento, esto es "quien pierde, paga", salvo que el tribunal aprecie mala fe o temeridad y lo motive suficientemente; b) en caso de estimación parcial, cada uno debe abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo temeridad; y c) el Mº Fiscal nunca puede ser condenado en costas.
Dicho esto, nos encontramos con que, en principio, no hay ningún proceso específico que sea una excepción a este criterio general. Ninguno, ¿salvo los procesos de familia? ¿Qué criterios se siguen en estos casos?
Esta sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, dictada en febrero del pasado año 2017 (LA LEY 182844/2017), nos da las pistas: se cuestiona si era preceptivo condenar en costas a la ex esposa que había presentado una demanda sobre supresión de visitas al padre, (la hija no deseaba de ninguna de las manera verle) y que tras ver desestimadas sus pretensiones, se le imponen las costas del proceso.
¿Son una excepción los procedimientos con base en el Derecho de Familia?
El tribunal reconoce que no hay ninguna excepción en la Ley de Enjuiciamiento Civil al principio general del vencimiento en materia de costas respecto de este tipo de procedimientos, por lo que sería de aplicación el 394 de la LEC (quien pierde paga). Pero la realidad es que en la práctica hay una corriente jurisprudencial que no sigue dicho principio en los procedimientos de familia debido a la naturaleza de los bienes en conflicto.
Señala que hay corrientes doctrinales que indican que las acciones en materia de familia se diferencia de otras en que existen una serie de derechos que escapan a la "esfera de autodeterminación; el derecho existe porque lo reconoce la ley, pero no se ejercita frente o contra otro.
Por tanto, si no existe mala fe o temeridad, es criterio mayoritario que no se impongan las costas procesales a la parte vencida, dada la naturaleza del proceso, con tanta subjetividad o tensión en las relaciones familiares, aspectos que afectan a menores, etc.
Criterios a tener en cuenta
Según la Sala, no debe haber planteamientos generales, sino atender a cada caso en concreto o si se aprecian serias dudas de hecho o de derecho, o si las cuestiones que se plantean son solo económicas o personales.
El criterio de la Sala es que no deben imponerse las costas en procesos de familia o matrimoniales (salvo que versen sobre cuestiones estrictamente económicas), y que la regla general sea la de la temeridad o mala fe, y en caso de duda, examinar en cada caso concreto. Considera que habrá temeridad cuando la conducta sea "maliciosa", que el litigante sea el causante del litigio de forma injusta.
Hace mención de una sentencia, dictada por la AP Castellón, de 18 de marzo de 2004 (LA LEY 68881/2004), que a su juicio resume adecuadamente los principios básicos en este tema.
En resumen:
a) El criterio general es la NO imposición de las costas a ninguna de las partes
b) Las excepciones serán la mala fe de una de las partes, su temeridad en la intervención procesal.
c) En caso de que se trate de cuestiones patrimoniales, o no existan hijos menores de edad o hay acuerdo al respecto, no queda bien claro al respecto, aunque entendemos que se aplicará el criterio general del vencimiento salvo que existan dudas de hecho o de derecho.
Aplicación en el caso concreto
La ex esposa había demandado -en procedimiento de modificación de medidas- para suprimir las visitas en interés de la hija menor, porque la niña no quería ver a su padre, y éste consideraba que era la madre la que influía en la niña para que dijera que no quería ir con él. La Sala considera que en este caso no podía hablarse de mala fe o temeridad que pudiera justificar la condena en costas a la madre por ver desestimada su pretensión. El juzgado impone las costas a pesar de que imputa a ambos progenitores, y no solo a la madre, el hecho de que la niña no quiera visitar al padre, planteando la propia menor que se le dedique más atención personal. Por tanto, y a juicio de la Sala, en este caso sería procedente la no imposición de las costas a la madre.
En consecuencia, la sentencia estima el recurso y revoca la sentencia de instancia en el sentido de no imponer las costas en los autos de modificación de medidas.