La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia núm. 631/2016, de 20 de diciembre, ponente Sr. D. José Antonio González Saiz, anula el Decreto del Gobierno de Iñigo Urkullu que aprobó la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios vascos.
De esta forma, once meses después estima el recurso presentado por el Ejecutivo español, obliga a Euskadi a dar marcha atrás. Ahora bien, dado que el abogado del Estado no solicitó en su momento la suspensión cautelar de la medida y a la altura del ejercicio en que nos encontramos, las 35 horas se aplicarán con normalidad en el calendario de este año.
La sentencia considera que, mientras esté vigente la norma estatal que estableció una jornada de 37,30 horas semanales para todas las administraciones, no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos
, y solo una norma estatal con igual rango -es decir, otra Ley presupuestaria del Estado- puede modificar la situación. Y descartan que exista invasión de competencias, como defendía Euskadi.
Consideran que “está perfectamente definido a quién corresponde” la capacidad de fijar el tiempo de trabajo y estiman que la jornada de 35 horas “implica el incremento del gasto público por encima del nivel permitido para 2016” y “afecta” a la “estabilidad presupuestaria”. Aquí hay que decir que, pese al aumento del gasto en personal, esta medida no ha afectado a las cuentas públicas de Euskadi, que además cumplirá con solvencia los límites del déficit.
El Gobierno vasco, que tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, analizará hoy el fallo porque se celebra, como cada martes, Consejo de Gobierno en Vitoria
La reducción de la jornada ha supuesto un sobrecoste salarial en Lakua de en torno a ocho millones de euros a causa del personal contratado para cubrir los turnos en la Administración vasca -básicamente en Osakidetza-, y pagar las horas extra en la Ertzaintza.
La Abogacía del Estado ya tiró para atrás la jornada de 35 horas de Castilla-La Mancha, en donde presentó la suspensión cautelar de la medida, que dejó de aplicarse en mayo. Además presentó un recurso para frenar el intento de Manuela Carmena de implantarlas en el Ayuntamiento de Madrid y prepara otro para en el mismo sentido respecto de los funcionarios andaluces.