Isabel Desviat
.- La adopción es una acto por el que se constituye una relación de filiación entre adoptante y adoptado, y produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen. El adoptado se convierte en hijo de los adoptantes, sin ninguna diferencia con la filiación por naturaleza.
La decisión de adoptar, por tanto, tiene gran trascendencia, tanto para los padres adoptivos, como para el adoptado al tratarse de un acto en principio irrevocable (artículo 180 Código Civil (LA LEY 1/1889)). Lo natural es asegurar al adoptado una estabilidad esencial para su desarrollo y formación. Viene regulada el Libro I, Título VII "De las relaciones paternofiliales", Capítulo V "De la adopción y otras formas de protección de menores", y en concreto en la Sección Segunda, de los artículos 175 a (LA LEY 1/1889)
180 del Código Civil (LA LEY 1/1889).
La adopción se constituye por una resolución judicial, precisándose un expediente previo, donde la Administración tiene un papel importante. Es ella quien decidirá la idoneidad de los adoptantes para el ejercicio de la patria potestad, y será aquella que tenga atribuidas competencias sobre la protección de los menores en el respectivo territorio. Eso sí, en el caso de las adopciones internacionales, el país extranjero tiene la última palabra. Aunque en los últimos tiempos se ha advertido una disminución en el número de adopciones internacionales -menores adoptados de nacionalidad extranjera-, es una vía elegida por numerosos ciudadanos para adoptar a menores, no exento de problemas y dificultades de todo tipo.
Problemas de salud no conocidos en los niños adoptados – Falta de información previa
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• Recientemente saltó a los medios de comunicación una sentencia dictada por el TSJ Castilla y León el pasado 30 de julio de 2018 (LA LEY 136727/2018), donde se denegó a los padres la indemnización reclamada por responsabilidad patrimonial ante la Administración autonómica. La menor, adoptada en Vietnam, padecía una grave enfermedad (una anomalía congénita adquirida durante el período embrionario), de la que ellos no se percataron hasta el diagnóstico en un hospital español. El tribunal no apreció responsabilidad alguna en la Gerencia de Servicios Sociales o en la Entidad colaboradora. Precisaron que existe un riesgo de que un país incluya dentro de la calificación de niño con necesidades especiales a un menor con una problemática mayor de la esperada por los padres adoptantes, y de esto se informa a las familias. La actuación de la Administración autonómica en este aspecto fue correcta.
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• A diferente conclusión llegó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, que en sentencia dictada el 9 de febrero de 2015 (LA LEY 16483/2015), declaró la responsabilidad de la Administración autonómica por irregularidades cometidas en la adopción de una menor, también de nacionalidad vietnamita. A la niña le fue diagnosticado en España Síndrome de Down, concluyendo la Sala que se trataba de un daño antijurídico que los padres no tenían el deber de soportar, pues ninguna norma obliga a los padres a soportar el daño consustancial a la adopción cuando habían manifestado expresamente su voluntad de no acoger en adopción a un niño con "características especiales". Se apreció también responsabilidad de la Asociación colaboradora, que no facilitó la información médica precisa para aceptar o rechazar la adopción. Los padres fueron indemnizados con 586.000 euros.
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• Por su parte, el TSJ Cataluña, en sentencia de 3 de diciembre de 2009 (LA LEY 320091/2009) estimó el recurso de los padres y declaró procedente la indemnización por daños y perjuicios ocasionados en la asignación de una menor en un proceso de adopción internacional. Se trataba también de un caso de problemas de salud de una menor, adoptada en Bulgaria. La sentencia alude a la responsabilidad de en la actuación de la ECAI (entidad de apoyo) así como el ICAA durante el segundo viaje a Bulgaria de los padres y constatan una situación hasta ese momento desconocida, y no informada, ante ya la constancia de un retraso de la menor en su desarrollo con aproximadamente 11 meses. A pesar de ello no se contrastó ni siguió la evolución de la menor por las entidades demandadas. Se condenó solidariamente a abonar a los padres 235.823,75 euros incluyendo secuelas por la enfermedad de la niña, daños por gastos extraordinarios y perjuicios morales.
Plazo para reclamar - Dies a quo
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• En una demanda por responsabilidad patrimonial contra la Administración autonómica interpuesta por los padres adoptivos debido a los problemas de salud de una menor -nacida en España- a la que se le diagnostica una minusvalía después de su nacimiento, se planteó el tema del plazo en el que es posible reclamar. El TSJ Madrid, en sentencia de 22 de junio de 2010 (LA LEY 154522/2010) desestimó la demanda, porque el plazo de 1 año establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/92 (LA LEY 3279/1992) (entonces aplicable), comienza a correr desde el momento en que se conoce definitivamente el alcance de las secuelas que padece la niña, y aunque las mismas se mantengan en el tiempo, la gravedad de dicha situación puede entenderse que ya está fijada definitivamente. Al haber interpuesto su reclamación con posterioridad a tal fecha, ésta fue desestimada.
Perjuicios a la familia biológica - ruptura de la relación parental
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• El Tribunal Supremo conoció en el año 2012 (STS 28 nov. 2012, Rec. 4321/2010 (LA LEY 195562/2012)), de un asunto que fue ampliamente comentado en los medios. Se trató de la reclamación de responsabilidad patrimonial de los padres biológicos por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del acuerdo de medidas de acogimiento y adopción del que era su hijo. La reclamación se fundaba en que las resoluciones administrativas por las que se acordaba el acogimiento preadoptivo del menor y el acogimiento simple fueron adoptadas sin atender a la intención de los padres biológicos de recuperar a su hijo una vez que hubieren superado su drogodependencia. El Supremo consideró que no era exigible a la Administración que mantenga al menor, por cuyo superior interés debe velar en todo momento, en situación de precariedad afectiva en los primeros años de su vida sin proporcionarle una familia de acogida, a la espera de una posible evolución favorable de los progenitores. Concluyó que los administrados tenían el deber de soportar la pérdida de la custodia del hijo al no poder atenderlo mínimamente y el riesgo, posteriormente concretado, de que dicha pérdida se convirtiera en definitiva. La sentencia del TSJ Cataluña, que fue revocada, condenó a la Administración a pagar 980.000 euros más los intereses legales.
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• Los parientes cercanos de varios menores de edad también vieron denegada su solicitud de indemnización por los daños morales derivados de la apertura de expedientes de acogimiento preadoptivo y adopción de varios menores de edad iniciados tras el fallecimiento de sus padres sin que se les comunicara dicha circunstancia. Este hecho tuvo como consecuencia la disgregación de la familia y pérdida de contacto entre los hermanos. El TSJ Cataluña, en sentencia de 29 de junio de 2009 (LA LEY 185386/2009) declaró la falta de competencia de la Administración autonómica, toda vez que la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, aplicable al caso, establecía la exclusiva intervención de los citados tribunales tutelares en relación a los expedientes de preacogimiento familar o posterior adopción cuando se daban los supuestos de intervención, circunstancia que cambió tras el Estatuto de Autonomía y el dictado de la Ley 11/1985 (LA LEY 1515/1985) de Cataluña sobre protección de menores.
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• Sin embargo, mejor suerte corrió esta madre, al resultar procedente la indemnización reclamada, debido a la negligente actuación de los servicios sociales de la Junta de Andalucía en el procedimiento de adopción de su hija. El TSJ Andalucía, en sentencia de 21 de enero de 2013 (LA LEY 56862/2013), se reconoció que la progenitora había quedado privada indebidamente de su hija, y además se ha visto obligada, como consecuencia de la actitud obstruccionista de la administración, a un largo peregrinaje administrativo y judicial. El consentimiento invocado en la resolución administrativa es nulo, según ha declarado el Tribunal Supremo, por haber sido prestado, no ya en los primeros treinta días posteriores al parto, sino incluso antes de producirse éste. No es razonable que los servicios técnicos de la Consejería desconocieran el momento a partir del cual puede ser prestado el consentimiento de la madre preciso para la adopción. Fue indemnizada con 400.000 euros.
Fracaso en los trámites de adopción - Decisiones del país extranjero en adopciones internacionales
El TSJ de Cataluña analizó, en sentencia de 10 de julio de 2012 (LA LEY 130401/2012), la reclamación interpuesta por una solicitante de adopción contra la Administración autonómica y la Asociación de apoyo al considerar que fue su deficiente actuación la causa del fracaso material de la adopción de la niña que le había sido asignada, en la República de El Congo. La demanda fue desestimada, pues a juicio del tribunal, no fueron las irregularidades detectadas, provocadas y consumadas por la incapacidad de la Asociación, el detonante del fracaso. Aunque se pudo producir un retraso en el proceso de adopciones, el Gobierno de la República del Congo fue quien impidió la adopción al considerar que la niña tenía familiares biológicos que deseaban hacerse cargo de la misma, lo que constituía un impedimento legal insalvable en el proceso de adopción. Fue la existencia de la intervención de un tercero, como es la Administración Pública congoleña, la que legalmente rompió el nexo causal.
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• En las adopciones internacionales la preasignación y adopción es decisión unilateral del país extranjero, no de la autoridad judicial nacional competente. Por ello, las dificultades derivadas de la adopción y, en su caso, las experiencias negativas acaecidas se enmarcan dentro del deber jurídico de soportar. Así lo declaró el TSJ de Madrid, en sentencia de 25 de junio de 2007 (LA LEY 213662/2007) cuando desestimó la reclamación de daños y perjuicios interpuesta por los padres adoptantes en relación a la adopción de una menor de nacionalidad rusa.
Daños derivados de la espera (años) por el deficiente funcionamiento de la Administración
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• Una pareja que deseaba realizar una adopción internacional vio frustrado su deseo debido al retraso injustificado en resolver su expediente. Habían sido declarados aptos para el acogimiento familiar preadoptivo y adopción (reconocido en 2003), y siguiendo el consejo de técnicos de la Delegación y con el fin de ampliar las posibilidades de selección, modificaron el perfil de los posibles menores que ellos podrían asumir. Transcurrieron años sin que su solicitud fuera atendida. El TSJ de Andalucía, en sentencia de 13 de febrero de 2014 (LA LEY 32509/2014)LA LEY 32509/2014, reconoció que tras 11 años y cuatro meses, el mayor inconveniente al que se enfrentan para adoptar, era ya su edad. A juicio del tribunal, resultaba acreditada tanto la relación de causalidad de causa a efecto entre la actitud de la Administración y el daño reclamado, como la antijuridicidad de la lesión. Fueron indemnizados con 70.000 euros.