En este informe publicado en diciembre de 2016 que consta en el Boletín de Información Estadística del órgano de gobierno los jueces se compara la tasa de paro a nivel nacional, autonómico y las demandas por despidos por 10.000 habitantes de cada comunidad autónoma.
De este modo, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, y en menor medida Murcia, son las regiones que menos demandas por despido han presentado desde que comenzó la crisis económica hasta finales de 2015. El efecto contrario ocurre con Cataluña y Madrid, cuya tasa de paro es inferior a la nacional y la cantidad de demandas por despido son mayores a las que se presentan en comparación en todo el país.
Sin embargo, Canarias y, de forma más atenuada Comunidad Valenciana, presenta un patrón distinto al explicado anteriormente. Es decir, estadística sobre la tasa de paro y el número de demandas por el cese de la relación laboral avanza paralelamente, un fenómeno que, según el CGPJ, se explica por el peso de la temporalidad de los contratos asociados al turismo.
UN 25 POR CIENTO MÁS DE CAUSAS POR LA CRISIS ECONÓMICA
Este informe del CGPJ destaca que la crisis económica ha tenido un gran impacto en los órganos de la jurisdicción social y subraya que el número de asuntos ingresados en los tribunales ha aumentado un 25 por ciento con respecto a los años anteriores. Asimismo, concluye que la duración de los procedimientos relacionados con despidos y conflictos colectivos casi se han triplicado.
El motivo del aumento de la duración de los conflictos colectivos se debe a que con la reforma de la Jurisdicción Social en 2011 los Tribunales superiores de Justicia han pasado a ser los competentes de estudiar estos procedimientos, que incluyen, desde la modificación legislativa, menos tipos de trámites, dice el órgano de gobierno de los jueces.
Con respecto a los despidos, el CGPJ explica que la entrada en vigor de la reforma laboral en 2012 ha favorecido, no solo a la duración de los ceses, sino también al aumento de los procesos por despidos debido a la desaparición de los salarios de tramitación.