Almudena Vigil Hochleitner.- El 'caso Nóos' y la condena al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarín, copan buena parte de los titulares de prensa de los últimos días. La alta expectación que ha generado el caso está dando a lugar a todo tipo de valoraciones y hace que se mire con lupa cada uno de los movimientos y actuaciones judiciales.
La última noticia es la decisión de concederle al ex duque la libertad provisional sin fianza tras la sentencia dictada el pasado 17 de febrero en la que era condenado a seis años y tres meses de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. A lo que la sentencia añadía una multa penal y personal de 512.000 euros.
Lo que establece el auto
En el auto de medidas cautelares se concede a Iñaki Urdangarín la libertad provisional sin fianza por no existir riesgo de fuga, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte el fallo definitivo sobre el asunto. La medida cautelar que adopta en este caso la Audiencia Provincial de Baleares consiste en “la obligación de comparecer el día 1 de cada mes (o día siguiente hábil en caso de ser festivo) ante la Autoridad Judicial competente, correspondiente a su lugar de residencia (Suiza), así como la obligación de comunicar al Tribunal todo desplazamiento que realice fuera del espacio de la Unión Europea”.
También deberá hacer saber al órgano judicial cualquier cambio de domicilio o residencia, aunque sea temporal, ocasional o vacacional, “con el apercibimiento expreso de que el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas, podría motivar la adopción de otras medidas más gravosas para su libertad personal, incluida la medida cautelar de prisión provisional”.
En el caso del socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, las medidas adoptadas son similares, aunque circunscritas a su situación de residente en España.
Argumentación
En el auto de la Audiencia balear se argumenta la razón por la cual no se adopta la medida de prisión provisional, vinculada al riesgo de fuga. Según recuerda el tribunal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim (LA LEY 1/1882)), en su artículo 503, concibe esta medida como un instrumento que desaliente o reduzca la posibilidad de huida del país. Y continúa explicando que la medida se adopta teniendo en cuenta la actitud del acusado, como también ha apuntado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, la Audiencia señala que “los acusados, en ningún momento han tratado de eludir la acción de la justicia y, pese a las penas solicitadas, han comparecido a cada uno de los llamamientos, en todas las instancias, y en el día de hoy [en referencia al día de la vista que decidió sobre las medidas cuatelares], a la hora indicada”.
Además, el auto destaca también el “arraigo suficiente (familiar, social y laboral) en territorio nacional de ambos acusados”, y subraya que “especialmente” en el caso de Urdangarín por sus “particulares circunstancias, sobradamente conocidas”.
Por todo ello, la Audiencia considera que es suficiente con “la adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que garanticen la sujeción de los acusados al control del tribunal, máxime cuando las acusaciones no han acreditado circunstancia o marcador de riesgo distinto al de la pena”.
La prisión provisional es una medida excepcional
La condena a Iñaki Urdangarín por parte de la Audiencia Provincial de Baleares no es firme, ya que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. En este sentido, la presunción de inocencia recogida en el artículo 24.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) impone al Estado tratar al investigado o encausado como inocente mientras no exista una sentencia firme que le condene. Algo que es compatible con la existencia de determinadas medidas restrictivas de derechos que pueden ser adoptadas durante la tramitación del proceso penal, siendo la más grave de todas ellas la prisión provisional. En el sistema jurídico español, la regla general es la libertad del investigado o encausado, mientras que la prisión provisional es la excepción.
Sin pago de fianza
Otra de las cuestiones que se han puesto en entredicho tras conocerse el auto de la Audiencia de Baleares ha sido la no imposición de fianza. Lo que pedía el Ministerio Fiscal para Urdangarín era la medida cautelar de prisión provisional, eludible mediante el pago de una fianza de 200.000 euros. Sin embargo, como finalmente lo que se decide es conceder la libertad provisional por no haber riesgo de fuga, no hay que pagar ninguna fianza para eludir el ingreso en prisión.
“Lo raro sería acordar el ingreso en prisión”
En opinión del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Vicente Magro, “las medidas adoptadas por la Audiencia de Baleares son perfectamente normales”. Según explica, “si no hay riesgo de fuga, tal y como demuestra el hecho de que los acusados en ningún momento a lo largo del proceso han tratado de eludir la acción de la justicia, lo extraño sería acordar el ingreso en prisión”. “Lo lógico es esperar a la firmeza de la sentencia”, insiste, y subraya el hecho de que “la medida de prisión siempre es excepcional y sólo se transforma en definitiva cuando hay sentencia firme, salvo "dudas reales y constatadas" del riesgo de fuga, lo que el tribunal habrá considerado que no concurre”.
En cuanto a la posibilidad de que Iñaki Urdangarín comparezca el primer día de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, tampoco cree que sea algo excepcional. “Si el tribunal considera que no hay riesgo de fuga y, por tanto, concede la libertad provisional, no tiene sentido que, por otro lado, se le obligue a cambiar su residencia a España”, apunta, para añadir a continuación que “si se le hiciera venir a vivir a España sería porque el tribunal estaría dudando ante una posible fuga, en cuyo caso, y si realmente existe esa sospecha, la medida a adoptar sería la de prisión provisional”.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Miguel Pasquau, consultado por este medio, señala que, en su experiencia, “dictada sentencia condenatoria, si ésta no es firme, en la generalidad de los casos –al menos ésta es la práctica de su Sala- no se decreta prisión provisional cuando hasta el momento del juicio el encausado había estado en libertad provisional por no haberse apreciado antes riesgo de fuga, si la única circunstancia que ha cambiado es que la acusación se ha convertido ya en condena”. En este sentido, apunta que incluso ha visto casos de asesinato con indicios racionales de culpabilidad en los que no se ha decretado prisión provisional. Entiende que “si el acusado hasta el momento de la sentencia ha comparecido ante la justicia cuando se le ha requerido, existiendo acusaciones graves, el pronóstico es que seguirá haciéndolo, por lo que lo decisivo es que el acusado –ya condenado- siga a disposición del tribunal en el domicilio que señaló en su momento”.
Comparecer desde Suiza
También se ha cuestionado el hecho de que el ex duque de Palma pueda comparecer en Suiza una vez al mes ante la autoridad judicial competente de aquel país. En este sentido, cabe recordar que el reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (Ley 23/2014, de 20 de noviembre (LA LEY 17707/2014)) permite que un Estado distinto al que impuso la medida de vigilancia pueda supervisar su cumplimiento cuando así le sea solicitado y siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. El objetivo es evitar que un residente en un Estado miembro se vea sacado de su entorno como consecuencia de la comisión de una infracción penal durante el tiempo que transcurra hasta la celebración del juicio.
La idea de esta medida también era logra una mayor seguridad pública al permitir que una persona sometida a actuaciones penales en un Estado miembro distinto al de su residencia sea vigilada por las autoridades de este último a la espera de la celebración del juicio, evitando acudir a institutos más represivos como la prisión provisional o más inseguros como la libertad provisional no vigilada.
De esta manera, a nivel de cooperación internacional, se regula en los artículos 109 y siguientes de la Ley 23/2014 (LA LEY 17707/2014) las resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional, aquellas adoptadas en un proceso penal por la autoridad competente de un Estado miembro por las que se imponen a una persona física una o más medidas de vigilancia en sustitución de la prisión provisional. Con la transmisión de la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional debe garantizarse la debida acción de la justicia y, de modo especial, la comparecencia en juicio de la persona de que se trate.
Aunque Suiza no es un Estado miembro de la Unión Europea, la cooperación internacional en materia penal entre este país y otros Estados miembros tiene su base en tratados bilaterales, en el Tratado Europeo sobre cooperación judicial en materia penal y en la Ley Federal sobre cooperación internacional en materia penal.