Según ha explicado Gallardo, ha realizado esta solicitud tras la reciente creación de seis nuevas plazas de magistrados para que conozcan de las nuevas apelaciones penales contra las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales andaluzas, que supondrá la instauración de la segunda instancia penal, “tan ansiada” por la abogacía en cuanto supone mayores garantías para los ciudadanos encausados.
Gallardo ha recordado al órgano de gobierno del poder judicial y al Ministerio de Justicia que esa petición cuenta además con el respaldo “expreso” de los colegios de abogados de Cádiz, Córdoba y Huelva en cuanto a la creación de la sección desplazada en Sevilla, que conocerá las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias de esas cuatro provincias.
El Colegio de Abogados de Málaga, de su lado, también viene reivindicando la creación de otra sección similar en la capital que conozca de las apelaciones contra sentencias penales en primera instancia de la Audiencia Provincial malagueña.
Esa iniciativa que el Colegio sevillano planteó en diciembre de 2015 cuenta también con el apoyo de los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, del Defensor del Pueblo Andaluz y de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, según ha resaltado Gallardo.
Al hilo de ello, el decano de los abogados sevillanos considera “imprescindible” la creación de ese tribunal de apelación en la capital andaluza, que al propio tiempo es la capital judicial del sur de España por número de asuntos judiciales, importancia de los mismos y número de magistrados que imparten justicia en Sevilla.
Gallardo insta a los órganos competentes para que “a la mayor brevedad” se instaure la segunda instancia penal y entren en funcionamiento las secciones desplazadas en Sevilla y Málaga, además de la Sala de lo Civil y Penal ubicada en Granada.
Asimismo, reclama al Ministerio de Justicia que aborde “a corto plazo” las reformas legales precisas para convertir esas dos secciones desplazadas en salas de apelaciones penales, manteniendo así el equilibrio territorial existente en el organigrama del poder judicial andaluz, que desde la creación del TSJA cuenta con salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social tanto en Sevilla como en Málaga, por lo que “carecería de sentido” que las secciones desplazadas de apelaciones penales no tuvieran el mismo rango orgánico de salas.
Los colegios de abogados de Córdoba, Huelva, Cádiz y Jerez de la Frontera se han adherido a la petición planteada por el Colegio de Abogados de Sevilla para que se cree en la capital hispalense una Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que conozca de los recursos de apelación creados por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882). Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales también apoyaron en su día la petición realizada por el Colegio de Abogados de Sevilla.