El Consejo General de la Abogacía y el Consejo General del Procuradores de España han presentado ante el Tribunal Supremo sendos recursos contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en que se aceptó la solicitud de la Agencia Tributaria de acceder a los datos tributarios de abogados y procuradores relacionados con procedimientos judiciales.
El CGPJ acordó el pasado mes de julio admitir la solicitud de Hacienda de ceder los datos de "carácter personal a una Administración Pública" integrados en ficheros jurisdiccionales y relativos a los procedimientos judiciales en los que participaron durante los año 2014, 2015 y 2016.
Ambos los consejos de abogados y procuradores han mostrado su disconformidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de que la Agencia Tributaria pueda solicitar la identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial y pide que se suspenda cautelarmente este acuerdo.
"SOSPECHA GENERALIZADA"
Según han explicado la Abogacía como el Consejo de Procuradores, este acuerdo vulnera el derecho a la protección de datos de todos los profesionales afectados. El presidente de los procuradores españoles, Juan Carlos Estévez, ha rechazado en declaraciones a Europa Press que esta "sospecha generalizada" a todos los profesionales de la abogacía y procuradores porque, según ha señalado", "cumplen con Hacienda".
"Habrá quien defraude como hay en todos los ámbitos de la vida, pero crear una sospecha generalizada sobre una profesión, eso no puede hacerlo Hacienda", ha lamentado Estévez.
Según ha indicado la Abogacía en un comunicado, la cesión "masiva" de datos puede producir "un daño irreversible" porque no hay "respeto a los principios de calidad y proporcionalidad exigidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos".
Asimismo, apunta que se ha sembrado de "forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta". La cesión de datos vulnera el principio de calidad previsto en la normativa vigente que exige que los datos sujetos a tratamiento deben ser "adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad perseguida", subraya el comunicado.