1. ¿Qué balance hace de los más de 10 años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?
El balance es muy positivo, porque es una Ley que se ha venido adaptando a la necesidad de cambios legales en la misma conforme comprobábamos los que había que llevar a cabo para adaptarnos a los problemas que su redacción inicial en el año 2004 no contempló, o lo hizo de forma no ajustada a la respuesta de los que sufren las mujeres
Esta norma constituyó un hito en la lucha contra el maltrato al darle un tratamiento «INTEGRAL» a la violencia de género recogiendo en una norma específica la respuesta a cada caso que exigía su atención. Pero esta norma se ha ido adaptando paulatinamente a la necesidad de adecuación a las lagunas que el tratamiento judicial y asistencial de los casos de maltrato exigía. De suyo en Europa es una de las legislaciones más avanzadas y completas en el tratamiento de la violencia de género y la implantación de los juzgados de Violencia contra la mujer un hito histórico y pionero. Recuérdese que estos juzgados arrancaron con la experiencia piloto que pusimos en marcha en Alicante en el año 2002 con tres juzgados en Alicante, Orihuela y Elche que empezaron a atender de forma concentrada estos casos, aunque también incluyendo los de violencia doméstica para dar un tratamiento integral a la violencia en el hogar.
2. ¿Cuáles son a su juicio las causas del repunte actual de los casos de violencia machista?
El incremento generalizado que se ha experimentado en la sociedad de las conductas violentas. No se aprecia este incremento solo en la violencia de género, sino en la seguridad vial, en la violencia escolar, en la violencia en la atención médica a pacientes, en los recintos deportivos, y cómo no en el fenómeno terrorista con la radicalización en su forma de expresión, etc. No hay más violencia de género que en otras áreas, sino que es una manifestación del incremento de la violencia en nuestra sociedad como manifestación del ser humano que es preciso contrarrestar con prevención y atención desde la escuela.
3. ¿Qué consecuencias tienen los cambios de tipificación de las faltas de este ámbito en delitos leves como consecuencia de la reforma del CP?
En el resto de materias distintas a la violencia de género va a dar lugar a la posibilidad de la aplicación de la justicia restaurativa o mediación mediante el uso del art. 962 LECrim. que dará lugar a acuerdos entre fiscalía y acusado para indemnizar a las víctimas de delitos leves y pactar una indemnización. En la violencia de género solo quedaban las injurias leves que ahora serán delito leve, pero no cabe aplicar la mediación penal porque el mensaje es de «no negociación ante el maltrato», ya que el perdón del ofendido no existe en la violencia de género ante el fracaso de esa actitud en las víctimas cuando quieren perdonar y volver con los agresores con la consecuencia de un incremento en el maltrato.
4. ¿Qué valoración hace de las reformas introducidas por el Estatuto de la Víctima?
Muy positivas. Llevamos reclamando esta ley muchos años. En el Diario LA LEY publiqué un artículo doctrinal en el año 2010 reclamando «una ley integral para las víctimas del delito». Era una necesidad a voces que las víctimas fueran tratadas de forma distinta al resto de testigos en el proceso penal, ya que la víctima es la denunciante, y no un testigo directo de los hechos, por lo que el nuevo haz de derechos que se le confiere en la Ley 4/2015 hace que la víctima no se sienta también victimizada por la administración. Además, en la violencia de género esto es crucial, porque es la modalidad delictiva donde más se aprecia la cifra negra de criminalidad entre hechos reales y hechos denunciados. Precisamente por la inicial desconfianza de la víctima de que denunciando va a resolver su problema. Muchas víctimas de violencia de género piensan que si denuncian no solo no lo resuelven, sino que empeoran la situación, de ahí que si ahora ven reconocidos ciertos derechos recuperarán su confianza en el sistema. Las víctimas ahora van a poder opinar respecto al desarrollo del proceso, o la situación personal del acusado con respecto a su libertad si está en prisión u otras medidas, va a poder declarar por videoconferencia, va a poder ser acompañada por quien desee, etc.
5. ¿Qué haría Usted desde el punto de vista legislativo?
Desde mi punto de vista debería ampliarse la pena de prisión permanente revisable a los crímenes de violencia de género, ya que en la actualidad solo se condenaría por este hecho si hay un ataque previo al crimen contra la libertad sexual o se asesina a la mujer y a un hijo menor de 16 años. Hay que considerar que el clima de tensión, padecimiento, sufrimiento continuado en el tiempo que lleva una mujer víctima del maltrato hasta que acaban con su vida es un acto semejante al terrorismo, de ahí que se concrete que existe un terrorismo de género cuando se perpetran estos actos y si el acto terrorista lleva aparejada esta pena de prisión permanente revisable no hay crimen mas execrable que acabar con la vida de tu pareja o ex pareja y someterla a un acto continuo de dominación hasta acabar con su vida. En muchos casos cuando ellas deciden romper la relación con ellos.
También es preciso modificar la redacción de los tipos penales de violencia de género añadiendo la expresión «el que con cualquier intención…» para evitar que en base al art. 1 de la LO 1/2004 se exige a la acusación la prueba de la dominación o machismo para condenar por maltrato. Debe regularse de forma adecuada la negativa de la mujer a declarar en el plenario del art. 416 LECrim. para evitar que tenga que ser la jurisprudencia la que marque la regla a seguir y fijar con claridad en qué casos puede ampararse aunque recogiendo en estos casos que de ampararse en este precepto las declaraciones de los testigos de referencia (agentes, vecinos, amigos, etc.) sean consideradas como pruebas directas.
La pena de prohibición de comunicación en casos de condena debe ser también pena de obligado cumplimiento como la de alejamiento en los casos del art. 57.2 CP.
Habría que incluir en la LOPJ la existencia en las Audiencias Provinciales de un servicio común procesal que coordine las medidas judiciales en casos de violencia de género como contamos en la de Alicante desde el año 2004 y que nos ha reportado grandes éxitos en el tratamiento de la violencia de género.
6. … ¿y desde el punto de vista educativo y social?
Habría que introducir en las escuelas una asignatura de Prevención ante la violencia, o no a la violencia. El despegue de cifras de actos violentos en la sociedad, no solo en la violencia de género exige que desde la infancia se introduzcan políticas de cambios de valores en los jóvenes que no exija n que luego haya que reeducarles cuando se haya cometido el delito. La lucha contra el delito se consigue desde la prevención y la educación, no desde la pena. Y por ello, ante el incremento de los hechos violentos hay que introducir la cultura de la igualdad entre hombre y mujer y la «recuperación» de los valores en la juventud que se han perdido no solo por los jóvenes, sino por los adultos. Las imágenes, por ejemplo, en recintos deportivos con hinchas violentos agrediéndose o viajando para cometer actos de agresión demuestra a las claras la necesidad del cambio. También los jóvenes deberían acudir en horario escolar a recibir seminarios en centros donde se les expliquen esos valores que en clase los profesores deben explicarles, tales como dependencias policiales, juzgados, centros sanitarios, servicios sociales de ayuntamientos, etc. Debería editarse el manual de las buenas prácticas en la convivencia con los «diez mandamientos» que debe cumplir todo ciudadano para huir de las conductas violentas.
7. Considera que la institución de la mediación podría ser un instrumento importante a considerar en la VG?, ¿Tiene alguna experiencia al respecto?
No debería aplicarse en este campo como he dicho antes. Desde mi experiencia no cabe el perdón de las víctimas en estos casos, porque hemos apreciado que muchas víctimas denuncian cuando ya no pueden más y luego se arrepienten y en algunos casos son ellas las que quieren volver con ellos dándoles «una nueva oportunidad» cuando las estadísticas nos demuestran que 2 de cada 4 crímenes lo son en situación de reanudación de la convivencia. La víctima no puede entrar en una negociación con quien le maltrata, sino que hay que poner en este terreno «tierra por medio» y si es condenado este pero no ingresa en prisión por carecer de antecedentes o estar sancionado por debajo de los dos años de prisión aplicar políticas de reeducación para que no lo hagan con su nueva pareja.
8. Finalmente ¿cuáles son las iniciativas que como Presidente de la AP y para luchar contra la VG ha incluido en la institución que además mejoren el tratamiento a las víctimas?
Hemos puesto en marcha desde el año 2004 una oficina institucional de coordinación para aplicar programas de atención a las víctimas, de reeducación en violencia de género, violencia doméstica y seguridad vial, un protocolo de uso de la videoconferencia para víctimas, que cuando estas vayan a declarar que sean acompañadas incluso en la declaración por videoconferencia por profesionales tales como psicólogos, criminólogos o trabajadores sociales que les haga sentir que no están solas en ese momento.
También estamos aplicando un protocolo de prevención contra la violencia juvenil y en concreto la de género. Nótese que el pasado año 571 mujeres menores de 18 años recibieron una orden de protección, prueba evidente que el maltrato en las edades tempranas es una realidad, por lo que estamos recibiendo en la Audiencia de Alicante a colegios para explicarles la idea del respeto a la mujer y la igualdad y los valores que deben presidir la convivencia.
Y sobre todo la coordinación con los juzgados que conocen de casos de violencia de género para dar una respuesta unificada a esta lacra social.
Redacción Diario LA LEY