DGRN, Resolución 18 Jul. 2018 (LA LEY 99455/2018)
La cuestión debatida en el caso se centra en determinar si es inscribible en un Registro de la Propiedad de Aragón una escritura pública de aceptación y manifestación de herencia autorizada por un notario de Barcelona y redactada en catalán. En el inventario de bienes figuran dos fincas sitas en sendos términos municipales pertenecientes al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de Alcañiz (Teruel), ante el que se presenta el título a fin de obtener su inscripción a favor de la heredera.
La registradora suspendió la inscripción por entender que no siendo el catalán lengua oficial en Aragón y careciendo de conocimientos de dicha lengua es necesario que se aporte una traducción auténtica o jurada de la escritura en castellano, lengua oficial en Aragón.
La DGRN desestima el recurso interpuesto por el notario autorizante.
El art. 5 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, declara que «además del castellano, lengua utilizada en toda la Comunidad Autónoma, a los efectos de esta Ley existen en Aragón: a) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. b) Una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas». Uno de los argumentos en que apoya su impugnación el notario es el de la identificación entre el catalán de Cataluña y la lengua aragonesa hablada en la zona oriental de Aragón.
Igualmente, el art. 21 de la citada Ley establece que «los instrumentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas propias de Aragón en los supuestos y con las condiciones previstas en la legislación civil aplicable».
Esta remisión a la legislación civil aplicable reconduce al régimen que sobre el particular se contiene en el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo (LA LEY 5705/2011), del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas, y cuyo art. 421 dispone que: «1. Los testamentos notariales podrán redactarse en cualquiera de las lenguas o modalidades lingüísticas de Aragón que los testadores elijan. Si el autorizante o, en su caso, los testigos o demás personas intervinientes en el otorgamiento no conocieran la lengua o modalidad lingüística elegida, el testamento se otorgará en presencia y con intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado por los testadores y aceptado por el autorizante, quien deberá firmar el documento».
De ello se colige que el derecho al uso de las citadas lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas no se garantiza mediante la imposición de una obligación del conocimiento de las mismas al notario autorizante, sino que se suple su desconocimiento mediante el recurso a la elección por parte del testador de un intérprete que ha de ser aceptado por el autorizante, y que asume la responsabilidad de la traducción.
Si este régimen resulta aplicable en el momento de la redacción del testamento autorizado por notario, «a fortiori» ha de quedar excluida toda interpretación que pase por imponer o presuponer un conocimiento de tales lenguas y modalidades lingüísticas aragonesas al registrador que haya de calificar e inscribir la herencia a que se refiera el testamento redactado en las mismas.
De manera que, de forma equivalente a la contemplada para los casos en que el autorizante desconozca tales lenguas, también en el caso de que tal desconocimiento exista en el registrador, el modo de suplirlo ha de ser análogo mediante la intervención de un intérprete.