I. ANTECEDENTES
Después de varias prórrogas, el próximo 30 de junio de 2017 entra en vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio (LA LEY 15320/2011), del Registro Civil, tal y como dispone su disposición final décima. La Ley se basa en tres pilares fundamentales:
- • Una nueva configuración y funcionamiento del registro civil, basada en la creación de un folio único personal (con atribución del correspondiente código único para la persona inscrita), superando el sistema tradicional de secciones y la paralela informatización y modernización tecnológica de su gestión.
- • Un nuevo modelo organizativo, que se asienta sobre la existencia de una Oficina Central del registro civil y Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma (además de las Oficinas Consulares).
- • Una nueva gobernanza del registro civil que, pasando por su desjudicialización, preveía la asignación de su llevanza a personal funcionario, al no tratarse de una función jurisdiccional atribuida a jueces y magistrados.
Manteniendo, en lo esencial, los tres pilares básicos que inspiraron la reforma del Registro Civil, es preciso adoptar las medidas legislativas que contribuyan a alcanzar el fin previsto por la norma e introducir, al mismo tiempo, las mejoras necesarias para flexibilizar el funcionamiento del sistema, asegurar la cercanía del registro civil a los ciudadanos y prever un régimen transitorio para garantizar que, una vez desarrolladas las medidas oportunas, el registro civil preste al ciudadano un servicio ágil, eficiente, de calidad y adaptado a los requerimientos de accesibilidad que proporcionan las nuevas tecnologías. Para ello, es necesario:
- • En cuanto a la configuración del registro civil: que el Ministerio de Justicia, en colaboración con las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, se dote de las herramientas informáticas y de las aplicaciones necesarias para implantar el folio único personal y para completar la informatización de la gestión, para lo que es preciso arbitrar las disposiciones transitorias que hagan posible completar el proceso de modernización.
- • En cuanto al nuevo modelo organizativo: que se introduzcan los ajustes necesarios para seguir proporcionando al ciudadano un servicio de proximidad, estableciendo los mecanismos precisos para evitar el drástico cambio de sistema que supondría - por aplicación de la redacción originaria de los artículos 20 y 22 de la Ley - la desaparición de 321 registros civiles al pasar de los 431 actuales (tantos como partidos judiciales) a sólo 107 (excepcionalmente se podrían crear otras tres oficinas generales por Comunidad Autónoma). Para ello es necesario introducir los elementos correctores en el modelo inicial.
- • En cuanto a la llevanza del registro civil: que se materialice la prevista desjudicialización del registro, concretando en la figura del Letrado de la Administración de Justicia las previsiones de la norma, atribuyéndoles la condición de encargado del registro civil, lo que permitirá que los Letrados, asistidos del personal funcionario perteneciente a los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia, asuman la llevanza del Registro, aprovechando así la experiencia acumulada de unos y otros al servicio del Registro Civil.
II. ADAPTACIONES NORMATIVAS NECESARIAS
Las adaptaciones normativas que sería preciso introducir en la Ley 20/2011, de 21 de julio (LA LEY 15320/2011), del Registro Civil son las siguientes:
• Uno.Los apartados 1 y 3 del artículo 22 pasan a tener la siguiente redacción:
«1. En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.»
«3. Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil.»
JUSTIFICACIÓN: Es necesario modificar el apartado 1 del art. 22 eliminando el número máximo de Oficinas del Registro Civil por Comunidad Autónoma. Esta reforma busca dotar del máximo de flexibilidad a cada Administración competente para adaptarse con mayor facilidad a la distribución de población o las características del territorio o al número de actuaciones del Registro Civil que aún demanden los ciudadanos de forma presencial.
También se estima necesario modificar el apartado 3 del citado artículo. El modelo que se propone mantiene el Registro Civil incardinado en el ámbito de la Administración de Justicia. Por tanto, se establece como función de las Comunidades Autónomas el diseño, creación y organización de las Oficinas Generales. La atribución a los Letrados de Administración de Justicia de la condición de encargados del registro civil, hace innecesario introducir mayores precisiones en cuanto a la figura del encargado del registro.
• Dos.La disposición adicional primera pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera.Ubicación y dotación de la Oficina Central del Registro Civil y de las Oficinas Generales del Registro Civil.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia fijarán, en sus respectivos ámbitos territoriales, el emplazamiento de las Oficinas Generales del Registro Civil y determinarán, mediante las Relaciones de Puestos de Trabajo, las dotaciones de personal necesario.
Los puestos de trabajo de la Oficina Central y de las Oficinas Generales del Registro Civil sólo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las relaciones de puestos de trabajo.»
JUSTIFICACIÓN: El sistema que se propone con la reforma es el existente actualmente en la Administración de Justicia, asegurando que el servicio se presta por personal de los Cuerpos de Funcionarios que propios de la misma y con arreglo al régimen jurídico y condiciones que le son inherentes.
Por tanto los puestos de trabajo de los Registros Civiles sólo podrán ser cubiertos por funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, para ello, es preciso introducir un segundo párrafo en la citada Disposición adicional.
• Tres.La disposición adicional segunda pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda.Régimen jurídico de los Encargados de la Oficina Central del Registro Civil y de las Oficinas Generales del Registro Civil.
1. El Registro Civil estará a cargo de los Letrados de la Administración de Justicia que se encuentren destinados en la Oficina Central, en las Oficinas Generales y en las oficinas judiciales cuyo titular, conforme a la Ley de Planta, hayan venido realizando funciones como encargado del Registro Civil
2. En todo caso, el ejercicio de esta función se considerará como desempeño de servicio activo en la jurisdicción civil.
3. El régimen de sustituciones de los encargados del Registro Civil será el que se prevé reglamentariamente para los Letrados de la Administración de Justicia.
4. El incumplimiento o la inobservancia de las instrucciones, resoluciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado se considerará falta disciplinaria conforme a lo previsto en el artículo 468 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).»
JUSTIFICACIÓN: La disposición segunda debe modificarse íntegramente para atribuir la llevanza de las Oficinas del Registro Civil a los Letrados de la Administración de Justicia en servicio activo, manteniéndose exclusivamente las previsiones del apartado referente a la posible sanción por incumplimiento de las instrucciones, resoluciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con la correspondiente adaptación al régimen disciplinario contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985) en lugar de al Estatuto Básico del Empleado Público.
• Cuatro.La disposición adicional sexta pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta.Uniformidad de los sistemas y aplicaciones informáticas en las Oficinas del Registro Civil.
Todas las Oficinas del Registro Civil utilizarán los mismos sistemas y aplicaciones informáticas. El Ministerio de Justicia proveerá, tanto en su desarrollo como en su explotación, el conjunto de aplicaciones que soportan la actividad de los procesos operativos que se tramitan en el Registro Civil. Por Orden Ministerial se aprobará la puesta en producción de las aplicaciones informáticas que permitan el funcionamiento del Registro Civil de forma íntegramente electrónica conforme a las previsiones contenidas en la ley.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establecerán los mecanismos de coordinación necesarios para proporcionar los servicios de acceso a los sistemas del Registro Civil, soporte microinformático, formación y atención a usuarios.»
JUSTIFICACIÓN: El desarrollo pleno de la Ley exige de la previa implantación de la correspondiente solución tecnológica y su completa operatividad para garantizar un funcionamiento íntegramente electrónico del registro civil.
Con la modificación introducida en esta disposición se pretende establecer un hito claro que, para garantizar la seguridad jurídica, determine la fecha exacta en la que se pongan en producción las aplicaciones informáticas y el funcionamiento íntegramente electrónico del Registro en todo el territorio del Estado, lo que se realizará a través de la correspondiente Orden ministerial..
• Cinco.La disposición transitoria cuarta pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición transitoria cuarta.Extensión y práctica de asientos.
Hasta la completa implantación de la aplicación informática a que se refiere la Disposición Adicional 6.ª , los Encargados de las Oficinas del Registro Civil practicarán en los libros y secciones correspondientes regulados por la Ley de 8 de junio de 1957 los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales.»
JUSTIFICACIÓN: Con esta modificación se vincula la utilización del folio o registro personal único al hito previsto en la disposición sexta antes mencionada.
• Seis.La disposición transitoria octava pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición transitoria octava.Creación de las Oficinas Generales y Central del Registro Civil.
A fecha de entrada en vigor de la presente ley, quedarán suprimidos los Juzgados, que de forma exclusiva, han venido ejerciendo funciones de Registro Civil y Registro Civil Central, y en su lugar, y en el ámbito de la Administración de Justicia, se crean las Oficinas Generales y Central del Registro Civil conforme se indica en el Anexo I de esta ley. El personal que, a dicha fecha, esté prestando servicios en aquéllas permanecerá adscrito a sus puestos de trabajo. Las citadas oficinas continuarán realizando las funciones del Registro Civil con el mismo ámbito competencial que se corresponde con los Registros Municipales y Central regulados en la Ley de 8 de junio de 1957.
En las demás poblaciones, las oficinas judiciales que conforme a la Ley de Planta y Demarcación han venido realizando las funciones de Registro Civil, continuarán realizándolas, igualmente, con el mismo ámbito competencial que se corresponde con los Registros Municipales regulado en la Ley de 8 de junio de 1957. Posteriormente, el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Comunidades Autónomas con competencias en el ámbito de la Administración de Justiciapodrán proceder, en atención a sus necesidades y, de forma gradual, conforme a las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias de que se dispongan, a la elaboración y aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. La resolución por la que se aprueben dichas relaciones determinará la organización y ámbito territorial de competencia de cada oficina general del Registro Civil.
La atención al ciudadano quedará en todo caso garantizada con la organización territorial de la Administración de Justicia, incluida la publicidad formal de los libros no digitalizados de conformidad con la disposición transitoria quinta.
Tanto la elaboración de las Relaciones de Puestos de Trabajo, como los procesos de acoplamiento del personal funcionario se regirá por las normas que sobre implantación de oficina judicial se contienen en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1959/2003), de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 (LA LEY 1694/1985), así como en el resto de normativa de desarrollo.»
JUSTIFICACIÓN: Se estima necesario modificar la disposición transitoria octava pues una vez que se ha determinado que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia continuarán prestando servicios en los Registros Civiles y en situación de servicio activo y sin que se vean alteradas sus condiciones de trabajo, no es necesario regular el régimen transitorio que inicialmente se incluía en la redacción original de esta disposición transitoria.
En su lugar se establece un régimen transitorio distinto, en este caso con la finalidad de regular el modelo de registro civil hasta en tanto las Administraciones competentes puedan desarrollar íntegramente el modelo territorial previsto en la Ley. Se pretende dotar de flexibilidad al modelo y que el desarrollo se produzca teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias, técnicas y organizativas de cada Administración con competencias en materia de Administración de Justicia, manteniéndose mientras tanto las funciones del Registro Civil de los Jueces de Paz. La ley a su entrada en vigor crea la oficina del Registro Civil Central y las oficinas generales de los Registros Civiles en aquellas poblaciones en que existían registros civiles exclusivos. Posteriormente se elaborarán las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.
• Siete.La disposición transitoria décima pasa a tener la siguiente redacción:
«Disposición transitoria décima.Régimen transitorio de los Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y de los Encargados del Registro Civil Central.
Con la entrada en vigor de esta Ley, y la consiguiente supresión de los Juzgados, los Magistrados Encargados de los Registros Civiles Exclusivos y del Registro Civil Central quedarán adscritos a disposición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y en el caso del Registro Civil Central al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras permanezcan en esta situación prestarán servicios en los puestos que determine la Sala de Gobierno y serán destinados a la primera vacante que se produzca en las secciones civiles de la Audiencia Provincial en cuyo ámbito jurisdiccional tuviere su sede el Registro Civil correspondiente. En el caso de los magistrados destinados en el Registro Civil Central, se les adjudicará la primera vacante que se produzca en las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid.
Los asuntos jurisdiccionales pendientes de resolver se repartirán entre los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción según corresponda.
Las competencias jurisdiccionales atribuidas a Jueces y Magistrados por ostentar la condición de Encargados del Registro Civil, pasarán a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción conforme a las normas de competencia establecidas en las Leyes Procesales.»
JUSTIFICACIÓN: Es necesario adecuar el régimen transitorio que se establecía en esta disposición pues no se estima apropiada la automática transformación en Juzgados de Primera Instancia que se preveía inicialmente, lo que no sería coherente con el resto de las previsiones que se introducen en esta reforma. Al mismo tiempo, la nueva redacción de la disposición transitoria pretende introducir una regulación adecuada para los magistrados que cesan como encargados de los Registros Civiles exclusivos y Central.
• Ocho.Se introduce una nueva disposición transitoria undécima con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria undécima.Encargados del Registro Civil.
1. Los Letrados de la Administración de Justicia que a fecha 30 de junio de 2017 se encuentren destinados en Registros Civiles Únicos o en el Registro Civil Central pasarán a ostentar la condición de Encargados de las Oficinas Generales y de la Oficina Central del Registro Civil, respectivamente, mientras ocupen dicha plaza.
2. Los Letrados de la Administración de Justicia que a fecha 30 de junio de 2017 se encuentren prestando servicio en Juzgados de Primera Instancia o en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción cuyo titular, conforme a la Ley de Planta, hayan venido realizando funciones como encargado del Registro Civil, asumirán dicha condición mientras ostenten la titularidad de la plaza en dicho órgano, que deberán compatibilizar con las funciones propias del destino en el que presten servicios.»
JUSTIFICACIÓN: Debe introducirse una nueva disposición transitoria que regule la situación a 30 de junio de 2017 de los Letrados de la Administración de Justicia que prestan servicio en los Juzgados o Registros Civiles exclusivos y también para determinar que serán los letrados que presten servicios en los Juzgados cuyo titular conforme a la Ley de Planta haya tenido a su cargo el Registro Civil, los que adquieran la condición de encargados mientras ostenten esas plazas.