El prestatario debe abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales. En cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados, la entidad financiera podría ser considerada, según los casos, sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, de las copias, actas y testimonios que interese. Por tanto, en nula por abusiva la cláusula que imponga al consumidor el pago de todos los tributos. No obstante, no procederá la devolución de lo abonado cuando, como en el caso de autos, el pago ha sido realizado por aquel a quien corresponde, según la norma que rige el impuesto, que es imperativa. Los aranceles notariales debe abonarlos quien haya requerido los servicios del Notario y, en su caso, el interesado según las normas sustantivas y fiscales (el obligado fiscalmente). Los gastos registrales deben ser asumidos por aquel a favor de quien se inscribe el derecho, es decir, la entidad bancaria. Es nula la cláusula que impone al prestatario los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de la obligación de pago.
Audiencia Provincial Pontevedra, Sentencia 152/2017, 28 Mar. Recurso 974/2016 (LA LEY 17714/2017)
Los prestatarios ejercitan acción de nulidad de determinadas cláusulas contenidas en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, entre ellas la que establece que son de cuenta de la parte prestataria los gastos tributarios, notariales y registrales.
El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de dicha cláusula por abusiva y condenó a la entidad bancaria a la devolución de las cantidades abonadas en concepto de tributos, gastos e impuestos por aplicación de la misma. Por el contrario, la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a la demandada a devolver a los actores únicamente las cantidades satisfechas indebidamente en concepto de gastos de Registro de la Propiedad.
La cláusula impugnada que genera un desequilibrio importante entre las obligaciones de las partes en favor del predisponente es nula por abusiva. Ahora bien, es preciso fijar las consecuencias de dicha declaración de nulidad.
Por lo que respecta al pago de los tributos, en las escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales es el prestatario.
En el caso del impuesto sobre actos jurídicos documentados, según la doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, la entidad financiera podría ser considerada, según los casos, sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, de las copias, actas y testimonios que interese. Por tanto, considera nula por abusiva la cláusula que impone al prestatario el pago de todos los tributos. No obstante, en este caso no procede la devolución de lo abonado ya que el pago ha sido realizado por aquel a quien corresponde (el prestatario), según la norma que rige el impuesto, que es imperativa.
Por otra parte, la satisfacción de los aranceles notariales corresponde a quien haya solicitado los servicios del Notario y, en su caso, al obligado fiscalmente al pago del impuesto derivado del otorgamiento de la correspondiente escritura. En este caso, se solicita el reintegro de todas las cantidades abonadas por los prestatarios en concepto de aranceles, pero al no precisarse los concretos pagos realizados e ignorarse si alguno de ellos correspondía a la entidad prestamista, se absuelve a ésta de devolver la cantidad reclamada por este concepto por incumbir su pago a los prestatarios.
Los aranceles de los Registradores deben ser satisfechos por aquél a cuyo favor se inscribe el derecho. Es evidente que la inscripción de la garantía favorece a la entidad bancaria. Siendo abusiva su imposición a los prestatarios y no constando que éstos hubieran asumido su pago fruto de una negociación individual, la prestamista devolverá a aquéllos lo abonado por este concepto.
Por último, se declara la nulidad de la cláusula que impone a la parte prestataria el abono de los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago. Ello no solo causa un evidente desequilibrio en la posición de las partes, sino que infringe normas procesales de orden público pues los gastos del proceso están sometidos a una estricta regulación legal.