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El TC otorga el amparo a dos detenido...

El TC otorga el amparo a dos detenidos por la denegación de acceso a su abogado de oficio al expediente policial

Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 30 Enero 2017

Diario La Ley, Nº 8926, Sección La Sentencia del día, 21 de Febrero de 2017, Editorial Wolters Kluwer

LA LEY 850/2017

Vulneración de los derechos a la asistencia letrada durante la detención y a la libertad individual. El acceso reclamado era un derecho establecido en el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE, 22 May, pese a que España no la había transpuesto en la fecha de los hechos. Supremacía y efecto vinculante de las Directivas comunitarias cuando el Estado incumple el plazo de su transposición. La Directiva era aplicable desde la fecha en que expiró tal plazo (2 de junio de 2014) hasta la entrada en vigor de la LO 5/2015, de 27 de abril que llevó a cabo aquél cometido.

Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia 30 Ene. 2017. Recurso 7301/2014 (LA LEY 2478/2017)

El presente recurso de amparo se interpuso contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Illescas (Toledo), de 13 de julio de 2014, que desestimó la solicitud de habeas corpus formulada por el abogado designado por el turno de oficio para asistir en la defensa a los dos recurrentes recluidos en las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil tras su detención, en el marco de un operativo realizado por miembros de la Guardia Civil por la comisión de varios delitos de robo con fuerza, de un delito de daños y otro de pertenencia a grupo criminal.

En síntesis, la demanda de amparo alegaba tres motivos: el primero, la vulneración conjunta de los derechos a la libertad (dentro de éste, diversas garantías constitucionalizadas: apartados, 1, 3 y 4 del art. 17 CE (LA LEY 2500/1978)), a la defensa jurídica (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)), a conocer los términos de la acusación (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), todas ellas derivadas de la negativa de los agentes a facilitar al letrado de la defensa el acceso al expediente de la causa, invocando éste su exigencia en el art. 7 de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (LA LEY 9799/2012), relativa al derecho a la información en los procesos penales.

Como segundo motivo se adujo la lesión de los derechos a la defensa (art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978)) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978)), como consecuencia igualmente de la denegación de acceso al expediente, el cual, de concederse, hubiera facilitado atacar la medida de detención.

Y finalmente, como tercer motivo se invocó la vulneración del plazo máximo de detención (art.17.2 CE (LA LEY 2500/1978)), al haber finalizado las diligencias abiertas por la autoridad policial sin haber puesto a los recurrentes a disposición del juez.

Pues bien, el TC estima el amparo y declara que la negativa sin justificación alguna del Instructor a la entrega del material del que ya disponía, trajo consigo la vulneración del derecho a la asistencia de letrado (art. 17.3 CE (LA LEY 2500/1978)), el cual incluye en su contenido el derecho del detenido y su letrado a acceder a los elementos fundamentales (entonces, art. 7.1 de la Directiva 2012/13/UE (LA LEY 9799/2012)) para impugnar su situación privativa de libertad. Al desestimar posteriormente la solicitud de habeas corpus de los recurrentes, pese a partir de la premisa correcta de la aplicación directa de la Directiva citada, el Auto de 13 de julio de 2014 dejó de reparar la lesión de aquel derecho fundamental.

La vulneración del derecho a la asistencia de letrado (art. 17.3 CE (LA LEY 2500/1978)), en los términos que acaban de explicarse –concluye la Sala-, trae consigo también la del derecho a la libertad individual (del art. 17.1 CE (LA LEY 2500/1978) ) de los recurrentes, puesto que su detención gubernativa no tuvo lugar con observancia de lo previsto en el ordenamiento, otorgando por tanto el amparo solicitado, con nulidad del Auto desestimatorio de la solicitud de habeas corpus impugnado.

Pues bien, la cuestión central de la fundamentación de la sentencia ha girado en explicar si era correcta la premisa de atribuir, como fuente de derechos procesales, en este caso a efectos de integrar el art. 17.3 CE (LA LEY 2500/1978), lo establecido en una Directiva comunitaria no transpuesta dentro de plazo, por invocación del llamado efecto útil. Y en concreto, del art. 7 apartado 1 de dicha Directiva, que regula la consagración del derecho de acceso a los materiales del expediente por la persona que se encuentre detenida y por su abogado, que resulten "fundamentales" para poder impugnar de manera "efectiva" la legalidad de la detención.

La respuesta deviene positiva a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de nuestra doctrina dictada en relación con la primacía del derecho comunitario como técnica o principio normativo destinado a asegurar su efectividad en nuestro ordenamiento.

En este sentido recuerda la Sala que el Estado miembro que no haya adoptado dentro de plazo las medidas impuestas por una Directiva, no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que la Directiva implica. Y ello porque “el efecto útil” de las obligaciones impuestas a los Estados miembros por medio de una Directiva quedaría debilitado si a los justiciables se les impidiera invocarlo ante los tribunales y a éstos tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario.

Una Directiva comunitaria que no haya sido transpuesta dentro de plazo por el legislador español, o que lo haya sido de manera insuficiente o defectuosa, puede ser vinculante en cuanto contenga disposiciones incondicionales y suficientemente precisas en las que se prevean derechos para los ciudadanos, incluyendo aquellos de naturaleza procesal que permitan integrar por vía interpretativa el contenido esencial de los derechos fundamentales, al haberse incorporado por vía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al acervo comunitario.

Así lo reconoce ahora la Sala del TC respecto de la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012 (LA LEY 9799/2012), desde la fecha en que expiró el plazo para su transposición (2 de junio de 2014), hasta la de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril (LA LEY 6906/2015) que llevó a cabo aquél cometido .

En efecto, en el caso concreto, el art. 11 de la Directiva 2012/13/UE (LA LEY 9799/2012) fijaba como fecha límite para su transposición el 2 de junio de 2014. España no cumplió con esta obligación y por tanto con el reconocimiento legal del derecho de acceso al expediente hasta la aprobación de la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril (LA LEY 6906/2015), que reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) y Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985). Esta modificación entró en vigor el 28 de octubre de 2015 (DF Cuarta LO 5/2015 (LA LEY 6906/2015)), y mediante ella, en lo que aquí importa, se añadió un apartado "d" al art. 520.2 LECrim (LA LEY 1/1882), de nueva redacción, con este tenor: "Derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad".

Por tanto, desde la perspectiva constitucional, la citada Directiva comunitaria consagra el derecho de acceso, por la persona detenida y por su abogado, a los materiales del expediente que resulten “fundamentales” para poder impugnar de manera “efectiva” la legalidad de la detención.

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