El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publicó el 8 de septiembre la Ley 20/2017, de 8 de septiembre (LA LEY 14577/2017), de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. La norma, que da un paso más en el proceso de secesión de Cataluña respecto a España, entrará en vigor una vez se cumpla lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 19/2017 (LA LEY 14405/2017), del referéndum de autodeterminación, es decir, que en el recuento de los votos válidamente emitidos en la consulta prevista para el 1 de octubre de 2017 haya más votos afirmativos que negativos, lo que implicará la independencia de Cataluña y el inicio del proceso constituyente.
Mediante providencia de 12 de septiembre de 2017 (LA LEY 14713/2017) el Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra esta Ley 20/2017 (LA LEY 14577/2017) y tener por invocado art. 161.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), lo que conforme al art. 30 LOTC (LA LEY 2383/1979) produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la norma desde la fecha de interposición del recurso --11 de septiembre de 2017-- para las partes del proceso y desde el día de la prublicación de la suspensión en el BOE --13 de septiembre-- para terceros.
Nuevo paso hacia la independencia de Cataluña
La Ley de transitoriedad jurídica (LA LEY 14577/2017) se publica inmediatamente después de la mencionada Ley 19/2017 (LA LEY 14405/2017), del referéndum de autodeterminación de Cataluña, --suspendida igualmente por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 7 de septiembre de 2017 (LA LEY 14463/2017), al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la misma por el presidente del Gobierno--, y de los Decretos 139/2017 (LA LEY 14404/2017) y 140/2017 (LA LEY 14403/2017), de convocatoria del referéndum y de normas complementarias para su realización, también suspendidos por el Tribunal Constitucional tras ser impugnados por el Gobierno de la Nación.
La Ley de transitoriedad consta de 89 artículos, divididos en 7 títulos, y tres disposiciones finales. Los títulos regulan, respectivamente, las disposiciones generales, el territorio y la nacionalidad; la sucesión de ordenamientos y de administraciones; los derechos y deberes; el sistema institucional de Cataluña --Parlamento, Presidencia, Gobierno y Administración, Sindicatura electoral y censo electoral, y Gobierno local--; el Poder judicial y la administración de justicia; las finanzas, y el proceso constituyente.
La soberanía del pueblo de Cataluña y la norma suprema del ordenamiento catalán
La norma comienza proclamando que Cataluña se constituye en una República de Derecho, democrática y social. La soberanía nacional reside en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado. Hasta que no se apruebe la Constitución de la República, la Ley de transitoriedad se presenta como la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.
Nacionalidad catalana y doble nacionalidad
La norma atribuye la nacionalidad catalana de origen a los españoles empadronados en un municipio de Cataluña desde antes del 31 de diciembre de 2016, así como a los españoles empadronados con posterioridad a esta fecha y antes de la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad que lo soliciten a partir del momento en que cumplan dos años de empadronamiento continuado en un municipio de Cataluña.
También se atribuye la nacionalidad catalana de origen al resto de españoles que lo soliciten y que, o bien hayan nacido en Cataluña, o bien residan fuera de Cataluña y hayan tenido su última residencia administrativa en un municipio de Cataluña durante al menos cinco años, o bien sean hijos de padre o madre con la nacionalidad catalana.
Conforme a la Ley, la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia a la nacionalidad española ni a ninguna otra. El Gobierno promoverá a la mayor brevedad posible negociaciones con el Estado español para celebrar un tratado en materia de nacionalidad.
Régimen jurídico de la continuidad
Establece la Ley que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de la entrada en vigor de aquélla seguirán aplicándose en todo cuanto no contravengan la misma y el derecho catalán aprobado con posterioridad, y que también se siguen aplicando, de acuerdo con esta Ley, las normas del derecho de la Unión Europea, el derecho internacional general y los tratados internacionales.
Respecto al derecho comunitario dispone la Ley de transitoriedad que el derecho de la Unión Europea mantiene su naturaleza y posición respecto al derecho interno. La Ley considera que siguen aplicándose en Cataluña las normas vigentes de la Unión Europea, y que las que entren en vigor con posterioridad a la Ley de transitoriedad se integrarán automáticamente en el ordenamiento jurídico catalán, respecto a las obligaciones que sean de aplicación en Cataluña, en las mismas condiciones que establece el derecho de la Unión Europea.
En relación con los tratados internacionales celebrados por el Reino de España que sean de aplicación en Cataluña, la norma dispone que siempre que su aplicación no resulte incompatible con el objeto y la finalidad del tratado se continúan aplicando en Cataluña, integrándose en su ordenamiento jurídico.
Los artículos de las leyes orgánicas, del Estatuto de Autonomía de Cataluña (LA LEY 7429/2006) y de la Constitución española de 1978 (LA LEY 2500/1978)
vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad pasan a tener rango de ley ordinaria cuando no se hayan incorporado a esta Ley y siempre que no la contravengan. Sin embargo las disposiciones del Estatuto de Autonomía relativas a la garantía de la autonomía local conservan su rango supralegal.
Sucesión de administraciones
Conforme a la Ley de transitoriedad, la administración de la Generalidad sucede a la administración del Estado español en el territorio de Cataluña, así como con relación con los ciudadanos de Cataluña que residen fuera de este territorio.
Absorción de funcionarios y procedimiento de urgencia para nuevas incorporaciones
Afirma la norma que el personal de las administraciones de Cataluña mantiene la misma vinculación y condiciones retributivas y de ocupación, sin perjuicio de las adaptaciones que resulten necesarias.
Por su parte, el personal del Estado español que preste sus servicios en la Administración General de Cataluña, la Administración Local de Cataluña, las universidades catalanas o la Administración de Justicia en Cataluña se integra en la administración pública de Cataluña que corresponda en función de su administración de procedencia, en las mismas condiciones retributivas y de ocupación “a menos --puntualiza la norma-- que renuncie a la integración en los términos que establezca el decreto ley que desarrolle esta Ley y sin perjuicio de las adaptaciones que resulten necesarias por razón de las funciones a desarrollar”.
Por otra parte, la Administración General de Cataluña podrá incorporar en plazas especiales al personal funcionarial que sea imprescindible para garantizar el funcionamiento normal de servicios públicos, a partir de un procedimiento de urgencia.
Subrogación en contratos, convenios y acuerdos
Dispone la Ley de transitoriedad que el Estado catalán se subroga en la posición del Estado español en los contratos formalizados por este, sujetos a la legislación de contratos del sector público y referidos a obras, suministros o prestación de servicios que afecten a Cataluña y estén pendientes de ejecución; en los contratos patrimoniales formalizados por este que estén vinculados a la prestación de servicios públicos en Cataluña, y en los convenios y acuerdos de colaboración de que éste sea titular en el ámbito territorial de Cataluña.
Confiscación de bienes
La Ley dispone que el Estado catalán sucede al español y se mantiene en la posición de la Generalidad en la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña.
Derecho a las prestaciones y derechos lingüísticos
Hasta la aprobación de la Constitución catalana, la Ley de transitoriedad dice garantizar como derechos fundamentales los reconocidos en la Constitución española de 1978 (LA LEY 2500/1978) y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LA LEY 7429/2006).
También garantiza el respeto de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (LA LEY 22/1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (LA LEY 129/1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (LA LEY 128/1966), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (LA LEY 12415/2007).
La Ley reconoce el derecho a percibir las prestaciones sociales públicas, incluidas la Seguridad Social y otros sistemas alternativos, reconocidas a su entrada en vigor, y reconoce también los períodos de cotización al sistema de Seguridad Social realizados en el territorio de Cataluña.
Por lo que atañe a los derechos lingüísticos, dispone la Ley que todas las personas tienen derecho a no ser discriminados por razones lingüísticas y a ejercer el derecho de opción en relación con las lenguas catalana, occitana y castellana.
La Sindicatura Electoral de Cataluña
La Ley regula la Sindicatura Electoral de Cataluña, que se configura como un órgano independiente, imparcial y permanente, adscrito al Parlamento y responsable de garantizar la transparencia y la objetividad de los procesos electorales, los referéndums, las consultas populares y los procesos de participación ciudadana, el ejercicio efectivo de los derechos electorales y de participación ciudadana y el cumplimiento del principio de igualdad en el acceso a los cargos públicos.
La composición que para este órgano establece el artículo 46 de la Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica (LA LEY 14577/2017), difiere parcialmente de la que dispone el artículo 19 de la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación (LA LEY 14405/2017). Este último dispone que el órgano está integrado por cinco vocales, juristas o politólogos de prestigio expertos en procesos electorales nombrados por el Parlamento de Cataluña por mayoría absoluta; que, en cualquier caso, la mayoría de vocales tienen que ser juristas, y que se nombrarán dos suplentes. Sin embargo la Ley de transitoriedad establece que la Sindicatura Electoral de Cataluña estará integrada por siete miembros, elegidos por el Parlamento por mayoría absoluta, de los que cinco deben ser juristas o politólogos expertos en procesos electorales y de participación ciudadana y dos jueces, y que la mayoría de miembros expertos deben ser juristas.
El Consejo de Garantías Democráticas
El Consejo de Garantías Estatutarias pasa a denominarse Consejo de Garantías Democráticas. Ejercerá las funciones de control de adecuación a la Ley de transitoriedad de los proyectos y proposiciones de ley que tramite el Parlament y de los decretos legislativos aprobados por el Gobierno. Sus dictámenes tendrán carácter vinculante en relación con los proyectos y proposiciones de ley que desarrollen o afecten a derechos reconocidos en la Ley de transitoriedad.
Tribunal Supremo de Cataluña, Sala Superior de Garantías y Poder Judicial
Hasta que el Parlamento apruebe una ley del poder judicial y de la administración de justicia, se seguirá aplicando en Cataluña la organización y la planta judiciales y las leyes procesales existentes, con las modificaciones que se establecen.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, cuyo presidente será nombrado por el presidente de la Generalidad a propuesta de una comisión mixta formada paritariamente por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y el Gobierno de la Generalitat.
En el Tribunal Supremo se creará una Sala Superior de Garantías que conocerá, entre otros, de los recursos de amparo de los derechos fundamentales. Estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las otras cuatro salas y dos magistrados designados por mayoría absoluta del Parlament entre juristas de reconocida competencia con quince años de ejercicio profesional.
Mientras no se apruebe la Constitución, el gobierno del Poder Judicial se ejercerá por la Sala de Gobierno del nuevo Tribunal Supremo y por la mencionada comisión mixta.
Jueces, fiscales y funcionarios judiciales y traspaso de actuaciones de los Tribunales españoles
Dice la Ley de transitoriedad que los jueces, magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia que a lo largo de los tres años anteriores a la entrada en vigor de la norma hayan ocupado plaza en los órganos judiciales y la fiscalía de Cataluña, continúan en sus plazas, manteniendo sus derechos económicos y profesionales, salvo que renuncien a la integración. Los que hayan ocupado plaza menos de tres años, pueden ejercer el derecho de integración solicitándolo de acuerdo con el procedimiento que se establezca.
También dispone la Ley que los casos que según el ordenamiento jurídico anterior a la sucesión sean o hubieran sido competencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de cualquier otro órgano judicial español fuera del territorio de Cataluña, incluido el Tribunal Constitucional sólo con relación a los recursos de amparo, serán asumidos inmediatamente, según corresponda, en instrucción, primera instancia, segunda instancia, casación y ejecución por los órganos judiciales catalanes. Eso sí, el traspaso de las actuaciones queda exento de cualquier tasa judicial.
Amnistía de secesionistas encausados o condenados
Afirma asimismo la norma que los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscasen un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de forma democrática y no violenta.
Autoridad tributaria, de seguridad social, aduanera y catastral
La Generalidad es, según establece la Ley de transitoriedad, la autoridad que exige en el territorio de Cataluña todos los tributos y todas las cuotas y obligaciones de todo tipo del sistema de seguridad social y de clases pasivas, así como cualquier otro ingreso de derecho público, sin perjuicio de las facultades atribuidas por la Ley a los entes locales.
También ejerce la Generalidad la autoridad aduanera y la autoridad catastral en el territorio de Cataluña y mantiene el catastro en colaboración con los entes locales.
Proceso constituyente
La Ley de transitoriedad establece que, una vez celebrado el referéndum sobre la independencia y en caso de resultado favorable de la opción independentista, el Gobierno de la Generalidad activará un proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República.
El proceso constituyente consta de tres fases sucesivas: una primera, de proceso participativo --un proceso deliberativo a nivel sectorial y territorial con la subsiguiente convocatoria de un Foro Social Constituyente formado por representantes de la sociedad civil y de los partidos políticos--; una segunda, de elecciones constituyentes y de elaboración de una propuesta de Constitución por parte de la Asamblea Constituyente --que articulará jurídicamente el mandato vinculante derivado de aquella participación--, y una tercera, de ratificación de la Constitución por medio de un referéndum.
Entrada en vigor y suspensión
La Ley 20/2017, de 8 de septiembre (LA LEY 14577/2017), de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, entrará en vigor una vez sea aprobada por el Parlamento de Cataluña, se efectúe su publicación oficial --que tuvo lugar en el DOGC de 8 de septiembre de 2017-- y se cumpla lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación (LA LEY 14405/2017) de Cataluña, es decir, que en el recuento de los votos válidamente emitidos en la consulta prevista para el 1 de octubre de 2017 haya más votos afirmativos que negativos, lo que implicará la independencia de Cataluña y el inicio del proceso constituyente.
No obstante el Tribunal Constitucional ha acordado, mediante providencia de 12 de septiembre de 2017 (LA LEY 14713/2017), admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la Ley 20/2017 (LA LEY 14577/2017) y suspender su vigencia y aplicación desde la fecha de interposición del recurso --11 de septiembre de 2017-- para las partes del proceso y desde el día de la prublicación de la suspensión en el BOE --13 de septiembre-- para terceros.