La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 (LA LEY 10613/2017) sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades, establece medidas relacionadas con la coordinación, para hacerlas equivalentes, de las garantías que, para proteger los intereses de socios y terceros, se exigen en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 54.2º del Tratado, en lo relativo a la constitución de sociedades anónimas, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital. También respecto a la publicidad, la validez de las obligaciones contraídas por las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada, y a la nulidad de dichas sociedades, y a los requisitos de publicidad en relación con las sucursales constituidas en un Estado miembro por determinadas formas de sociedades sujetas a la normativa de otro Estado. También, finalmente, respecto a las fusiones de sociedades anónimas, fusiones transfronterizas de sociedades de capital y escisión de sociedades anónimas.
Protección de accionistas y acreedores
Para asegurar una equivalencia mínima en la protección de los accionistas y de los acreedores de sociedades anónimas, tiene una importancia muy especial la coordinación de las disposiciones nacionales relativas a la constitución de dichas sociedades, así como al mantenimiento, al aumento y a la reducción de su capital.
Respecto a la constitución de la sociedad, los estatutos o la escritura de constitución de una sociedad anónima deben permitir a todo interesado conocer las características esenciales de esta sociedad, y en especial la composición exacta de su capital. Se indica la información obligatoria que deberán contener, se establece que en caso de ser precisa una autorización para comenzar la actividad deberá preverse disposiciones relativas a la responsabilidad por los compromisos contraídos por la sociedad o por cuenta de esta durante el período precedente al momento en que dicha autorización fuera concedida o denegada y se ocupa de las sociedad de varios socios.
Por otra parte, es necesario limitar los casos de nulidad, así como el efecto retroactivo de la declaración de nulidad y fijar un plazo breve para la oposición de terceros a esta declaración.
Publicidad e interconexión de los registros
Asimismo, se incluyen medidas de coordinación relativas a la publicidad e interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades. La publicidad debe permitir a los terceros conocer los actos esenciales de la sociedad y ciertas indicaciones relativas a ella, en particular la identidad de las personas que tienen el poder de obligarla.
La Directiva señala los actos e indicaciones que deben publicar las sociedades y se refiere a la publicidad de las mismas en el registro, debiendo cada Estado miembro abrir un expediente, en un registro central, mercantil o de sociedades por cada una de las sociedades inscritas y asignarles un código identificativo único que permita identificarlas inequívocamente en las comunicaciones entre registros a través del sistema de interconexión de los registros.
La declaración de los datos obligatorios debe figurar en toda la correspondencia y hojas de pedido de la sociedad, ya sean en papel o en cualquier otro medio, y es apropiado que también figure en los sitios web de las sociedades. Asimismo, se establecen las normas de publicidad aplicables a las sucursales de sociedades de otros Estados miembros.
Ha de permitirse establecer una conexión clara entre el registro de una sociedad y los registros de sus sucursales constituidas en otros Estados miembros. Los Estados miembros deben velar por que en caso de modificación de la información inscrita en los registros sobre las sociedades, dicha información se actualice sin demora indebida. La actualización debe hacerse pública, en principio, en un plazo de veintiún días a partir de la recepción de la documentación completa referente a dichas modificaciones, incluido el control de legalidad que establezca la legislación nacional. La interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades exige la coordinación de sistemas nacionales con diferentes características técnicas. Ello implica la adopción de medidas y especificaciones técnicas que habrán de tener en cuenta las diferencias entre los registros.
Capital social
Respecto al mantenimiento y modificación del capital se establece la exigencia de un capital mínimo para la constitución de la sociedad o para la obtención de la autorización para comenzar sus actividades. El capital suscrito solo podrá estar constituido por activos susceptibles de evaluación económica, los cuales no podrán estar constituidos por compromisos relativos a la ejecución de obras o a la prestación de servicios.
Se regula también el precio de emisión de las acciones y la liberación de acciones emitidas en contrapartida de aportaciones. Se establecen disposiciones con el fin de preservar el capital, garantía de los acreedores, en particular prohibiendo cualquier reducción del mismo, mediante distribuciones indebidas a los accionistas y limitando la posibilidad para la sociedad anónima de adquirir sus propias acciones. Las limitaciones respecto a la adquisición de acciones propias no solo deben ser aplicables a las adquisiciones realizadas por la propia sociedad anónima, sino también a aquellas realizadas por una persona que actúe en nombre propio pero por cuenta de dicha sociedad.
Fusiones y absorciones
La protección de los intereses de los socios y de los terceros exige coordinar las legislaciones de los Estados miembros relativas a las fusiones de sociedades anónimas. Debe asegurarse una información adecuada y tan objetiva como sea posible a los accionistas de las sociedades que se fusionan y garantizar una protección apropiada de sus derechos, pero no se exige un examen del proyecto de fusión por un perito independiente destinado a los accionistas si todos ellos coinciden en que puede prescindirse de él.
Los acreedores, obligacionistas o no, y los tenedores de otros títulos de las sociedades que se fusionen, deben ser protegidos con el fin de que la realización de la fusión no les perjudique. Además, los requisitos de publicidad para proteger los intereses de socios y terceros deben incluir las operaciones relativas a la fusión con el fin de que los terceros estén suficientemente informados.
Se regula la fusión por absorción, la fusión por constitución de una nueva sociedad, la absorción de una sociedad por otra que posea el 90% o más de las acciones de la primera y otras operaciones asimiladas a la fusión como son las fusiones con compensación en dinero superior al 10% o las fusiones sin que todas las sociedades transferidas dejen de existir.
Respecto a las fusiones transfronterizas de sociedades de capital se establece que la legislación de los Estados miembros debe permitir la fusión transfronteriza de una sociedad de capital nacional con una sociedad de capital de otro Estado miembro si la legislación nacional de los Estados miembros afectados permite las fusiones entre dichos tipos de sociedades. El proyecto común de fusión transfronteriza debe realizarse en los mismos términos para cada una de las sociedades afectadas en los distintos Estados miembros, para lo cual se precisa su contenido mínimo. Deberá ser objeto de publicidad en el registro correspondiente. En cuanto a sus efectos jurídicos se distinguen las situaciones en que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza sea una sociedad absorbente o una nueva sociedad. Y se dispone que debe estar prohibida la declaración de la nulidad de una fusión transfronteriza después de la fecha de efectividad de la misma.
Escisión de sociedades
La protección de los intereses de los socios y de los terceros también exige coordinar las legislaciones de los Estados miembros relativas a las escisiones de sociedades anónimas cuando los Estados miembros permitan esta operación. Debe asegurarse una información adecuada y tan objetiva como sea posible a los accionistas de las sociedades que participan en la escisión y garantizar una protección adecuada de sus derechos, así como proteger a los acreedores, obligacionistas o no, y a los tenedores de otros títulos de sociedades que participen en la escisión de sociedades anónimas para que la realización de la escisión no les perjudique. Y se regula la escisión por absorción, la escisión por constitución de nuevas sociedades, las escisiones bajo control de la autoridad judicial y otras operaciones asimiladas a la escisión como son las escisiones mediante compensación en especie superior al 10% y las escisiones sin que la sociedad escindida deje de existir.
Conexiones normativas
Quedan derogadas las Directivas 82/891/CEE (LA LEY 3347/1982), 89/666/CEE (LA LEY 4363/1989), 2005/56/CE (LA LEY 10370/2005), 2009/101/CE (LA LEY 17374/2009), 2011/35/UE (LA LEY 8454/2011) y 2012/30/UE (LA LEY 19003/2012), en sus versiones modificadas por las Directivas citadas en el anexo III, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno y de las fechas de aplicación de las Directivas que se indican en el anexo III, parte B.
Entrada en vigor y régimen transitorio
La Directiva entra en vigor el 20 de julio de 2017, a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los Estados miembros podrán no aplicar el artículo 4, letras g), i), j) y k), a las sociedades ya existentes en el momento de la entrada en vigor de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que habían sido adoptadas para ajustarse a la Directiva 77/91/CEE (LA LEY 1968/1976) del Consejo.
Los Estados miembros podrán no aplicar los artículos 146 y 147 en lo relativo a los tenedores de obligaciones y demás títulos convertibles en acciones si, en el momento de entrada en vigor de las disposiciones mencionadas en el artículo 26, apartados 1 o 2, de la Directiva 82/891/CEE (LA LEY 3347/1982), las condiciones de emisión hubieran fijado previamente la posición de esos tenedores en caso de escisión.