TJUE, Sala Octava, Sentencia 7 Dic. 2017. Asunto C-636/2016 (LA LEY 168616/2017)
El Tribunal de Justicia ha dado respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Pamplona sobre la interpretación del art. 12 de la Directiva 2003/109/CE (LA LEY 11169/2003), relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, suscitada en el seno de un litigio entre un ciudadano colombiano que había obtenido un permiso de residencia de larga duración en España y la Delegación del Gobierno en Navarra, en el que ese ciudadano impugnó la resolución que acordó su expulsión del territorio español al amparo del art. 57.2 de la LO 4/2000 (LA LEY 126/2000), que contempla como causa de expulsión la condena del extranjero a una pena privativa de libertad superior a 1 año.
En concreto, el Juzgado se pregunta si dicho art. 12, referido a la protección contra la expulsión, debe ser interpretado en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la española, según es interpretada por los Tribunales Superiores de Justicia, que no prevé la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un extranjero residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma, sino que limita el ámbito de aplicación de tales requisitos a la expulsión que se decide como sanción por la comisión de diversas infracciones administrativas.
La Sala destaca que el objetivo principal de la Directiva es la integración de los nacionales de terceros países que se han instalado permanentemente en los Estados miembros, y que con ese fin, el legislador de la Unión estimó que los residentes de larga duración debían gozar de una protección reforzada contra la expulsión. Así, el ap. 1 del art. 12 señala que los Estados miembros únicamente podrán tomar una decisión de expulsión contra un residente de larga duración cuando represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública. Y además, su ap. 3 dispone que, antes de adoptar una decisión de expulsión de un residente de larga duración, los Estados miembros deberán tomar en consideración la duración de la residencia en el territorio, la edad de la persona implicada, las consecuencias para él y para los miembros de su familia y los vínculos con el país de residencia o la ausencia de vínculos con el país de origen. Por ello, entiende el TJUE que es indiferente que la medida haya sido acordada como sanción administrativa o que sea consecuencia de una condena penal.
Recuerda que en su sentencia 8 Dic. 2011 (LA LEY 235610/2011) ya subrayó que la expulsión no puede adoptarse de un modo automático a raíz de una condena penal, sino que requiere una valoración caso por caso que debe recaer, en particular, sobre los aspectos mencionados en el art. 12.3 de la Directiva. Por consiguiente, concluye que no puede adoptarse una decisión de expulsión contra un nacional de un tercer Estado, residente de larga duración, por la mera razón de que haya sido condenado a una pena privativa de libertad superior a 1 año.
Termina el Tribunal declarando que el art. 12 de la Directiva ha de interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por una parte de sus órganos jurisdiccionales, no contempla la aplicación de los requisitos de protección contra la expulsión de un nacional de un tercer Estado residente de larga duración respecto de toda decisión administrativa de expulsión, cualquiera que sea la naturaleza o modalidad jurídica de la misma.