Resoluciones judiciales inmotivadas por no ponderar el arraigo familiar al sustituir una pena de prisión por la de expulsión del territorio nacional
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 27 Febrero 2017
Diario La Ley, Nº 8975, Sección La Sentencia del día, 9 de Mayo de 2017, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 2715/2017
Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 29/2017, 27 Feb. Recurso 3870/2017 (LA LEY 18126/2017)
La recurrente de amparo fue condenada por un delito de falsedad en documento público a la pena de dos años de prisión, acordándose la sustitución de esta pena por la de expulsión del territorio nacional.
El TC anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Manresa que decidió sustituir la pena de dos años de prisión por la de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España durante seis años porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Anula también la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmatoria de la anterior solo con la mención de que basta remitirse a lo expuesto en aquélla, sobre que no hay prueba alguna de la relación familiar que se argumenta, como motivo para no realizar tal sustitución.
La aplicación del sustitutivo penal de expulsión, en su redacción vigente al tiempo en el que se produjeron los hechos, exigía ponderar la existencia de una situación de arraigo familiar, y las sentencias impugnadas utilizaron como único argumento para rechazar la alegación de arraigo que no se había demostrado mediante prueba documental.
Es de tal calado el defecto de motivación de ambas sentencias al afirmar que no ha quedado demostrada documentalmente la situación de arraigo y la existencia de medios legales de vida, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
La afirmación de no haberse probado documentalmente el arraigo familiar se contradice con su probada realidad, no negada por las resoluciones judiciales. Se aportó copia del libro de familia, inscripciones literales del Registro Civil del nacimiento de los hijos menores de edad en España y de su matrimonio en España, tarjetas de residencia de los hijos y marido, y resolución sobre reconocimiento de alta de su marido en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Además, en el caso, la exigencia de motivación era si cabe aun mayor al estar en juego el derecho a la intimidad familiar y el derecho a la protección social, económica y jurídica de la familia.
La exigencia de motivación también alcanza a la actividad probatoria y a su valoración de forma que permita conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, y en el caso, la motivación sobre la actividad y valoración probatoria fue nula, lo que obliga a retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia para que el nuevo pronunciamiento sea respetuoso con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la recurrente.