Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 364/2019, 13 May. Rec. 1068/2018 (LA LEY 66885/2019)
La solicitante de asistencia sanitaria es una extranjera de nacionalidad cubana que ha sido reagrupada por su hija, ciudadana española. La autoridad gubernativa competente le concedió la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión sin necesidad de que acreditase tener recursos económicos suficientes ni tampoco un seguro de enfermedad para cubrir los gastos del residente temporal.
Pese a ello, la Entidad Gestora de la Seguridad Social le deniega la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos porque entiende que sólo se puede reconocer cuando no se tenga cubierta de forma obligatoria por otros cauces, públicos o privados.
Así, cuando existe un tercero obligado a cubrir la protección, o existe una norma que así lo imponga, o cuando la prestación viene siendo atendida en virtud de otros aseguramientos públicos, ya no se cumplen las exigencias para que el sistema público deba atender lo que ya está cubierto o «debiera estar cubierto».
Y este es el caso que ahora nos ocupa. Porque para el Supremo, que se le haya concedido el visado temporal de residencia no significa sin más que deba concederse la asistencia sanitaria pública de forma automática. El solicitante aquí no está desprotegido (en cuyo caso sí debiera asumir este coste el INSS); porque su hija debe cubrir la asistencia sanitaria de su familiar y mantenerla durante todo el tiempo en que permanezca en España.
Por ello, no tiene derecho el reagrupado a la prestación pública de asistencia sanitaria, ya que es la ciudadana española que ha solicitado la reagrupación familiar la que tiene la obligación de dar cumplimiento a las exigencias normativas en esta materia.
Si ello es así, desde el momento en que hay un tercero obligado a prestar asistencia sanitaria, ya sea persona privada como el caso u organismo público si por ejemplo tuviera derecho a cobertura sanitaria desde su país de origen, el sistema sanitario español no se ve en la obligación de sufragar sus gastos pese a que reside legalmente en nuestro territorio.
Estamos ante una cobertura obligatoria, porque viene impuesta legalmente y con permanencia durante todo el tiempo de residencia del reagrupado en el Estado de acogida, por lo que la protección que se pide con cargo a los fondos públicos es innecesaria por estar ya cubierta por otra vía legal, aunque sea a cargo de un tercero.
Porque si bien es cierto que uno de los principios inspiradores de la acción protectora de la Seguridad Social es la universalidad, también lo es que nuestro sistema público es limitado, y que entre todos debemos hacerlo sostenible ejercitando las necesarias cautelas dirigidas a no comprometer más el gasto público del Sistema Nacional de Salud. Todo esto significa que el régimen de protección de la asistencia sanitaria para los extranjeros se hace depender de que el asegurado no tenga ninguna cobertura obligatoria de la prestación.
Por último, aborda también el Supremo la cuestión de qué documentación es la pertinente para dejar constancia de que no se tiene cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, y declara que basta con una declaración responsable del interesado, pero sin vetar la posibilidad de que la Entidad Gestora pueda recabar de los órganos administrativos competentes -Registro Central de Extranjeros-, los datos necesarios para verificar lo manifestado.
Aunque se han dictado en la misma fecha otras tres sentencias semejantes, cuenta con el voto particular de dos magistrados del Supremo que han manifestado su parecer discrepante en el sentido en que entienden que el extranjero que tiene una autorización para residir en el territorio español ostenta la condición de asegurado con derecho a asistencia sanitaria en España con cargo a los fondos públicos, en tanto esté residiendo aquí legalmente.