I. INTRODUCCIÓN
En septiembre pasado se conocieron las Conclusiones de la Abogada General en el Asunto C-503/15 que se sigue ante el Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE),en lo que constituye por ahora la última entrega de una cuestión jurídica no resuelta de forma clara como es la naturaleza jurídica de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia (nueva denominación del tradicional cuerpo funcionarial de Secretarios Judiciales) y su propia naturaleza, cuando ejerce determinas funciones de las que tiene legalmente atribuidas en relación con la ordenación e impuso del proceso e incluso la resolución de algún procedimiento.
Efectivamente desde la publicación de la Ley 13/2009 (LA LEY 19391/2009) y el nuevo reparto competencial entre el Tribunal y el Secretario Judicial que llevó a cabo, varios han sido los pronunciamientos de nuestros tribunales que han supuesto un replanteamiento de cuál es la nueva naturaleza del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) cuando ejerce determinadas competencias y de sus resoluciones. Se ha hablado de una naturaleza «jurisdiccional» o «cuasi-jurisdiccional» de sus resoluciones y el Secretario Judicial ha sido catalogado como «órgano jurisdiccional» (así en conclusiones de la Abogada General TJUE, también la Comisión Europea en sus alegaciones a este recurso) o como «órgano administrativo» (Sala de Conflictos de Jurisdicción del TS) o «director de la oficina judicial que sirve de apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales (Tribunal Constitucional, en lo que parece una concepción meramente instrumental del Letrado de la Administración de Justicia al tribunal).Veamos en qué ámbitos o contextos se han producido estas catalogaciones.
Se evidencia la necesidad de clarificar no solo la Ley, sino el sistema procesal mismo
Esta disparidad o ambigüedad en la naturaleza del LAJ y de ciertas resoluciones por él dictadas evidencia la necesidad de clarificar no solo la Ley, sino el sistema procesal mismo que se quiere: o una vuelta al pasado en el que todas las decisiones del LAJ son susceptibles de recurso ante el tribunal o, por el contrario, se quiere avanzar en el reparto competencial que se inició con la Ley, en cuyo caso, y vistas las dificultades constitucionales para ello, es preciso redefinir el sistema y las funciones de los distintos operadores; qué funciones efectivamente se otorgan al LAJ y si son funciones resolutorias con qué garantías tanto para los ciudadanos de que sus derechos fundamentales van a ser debidamente tutelados como para los propios operadores jurídicos para saber con cierta claridad y precisión hasta donde llegan las funciones de cada uno y qué herramientas y garantías cuentan para su ejercicio. Veamos con más detalle algunas consideraciones sobre la naturaleza del LAJ y de sus resoluciones.
II. EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO «ÓRGANO JURISDICCIONAL»
En las Conclusiones de la Abogada General Sra. Juliane Kokott presentadas en el Asunto C-503/15 el pasado 15 de septiembre de 2016, antes de dar respuesta a la cuestiones de fondo, se pronuncia sobre si procede su admisión a trámite, pues ha sido formulado por un Letrado de la Administración de Justicia y no por un Juez o Tribunal. En este sentido el art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957) establece que «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
- a) sobre la interpretación de los Tratados;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo…». En este caso, la Cuestión prejudicial fue planteada por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Terrasa, pretendiendo que en TJUE se pronuncie sobre la conformidad del Procedimiento de Reclamación de Honorarios de Abogados (Jura de Cuentas) a la Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, al no permitir al Juez —tampoco al LAJ— apreciar el carácter abusivo o no de las cláusulas contractuales que ligaban al abogado con su cliente. El asunto guarda similitudes con los ya resueltos en ocasiones anteriores por el TJUE en relación con el procedimiento monitorio español si bien entonces la cuestión había sido planteada por el Juez por lo que no existieron óbices para su admisión a trámite. En este caso, hay que determinar previamente si el Letrado de la Administración de Justicia tiene la consideración de «órgano jurisdiccional» y, por tanto, puede plantear la cuestión. Podemos anticipar ya que, a juicio de la Abogada General, la respuesta debe ser afirmativa y admitir a trámite la Cuestión.
Efectivamente, por los motivos que ahora veremos, la Abogada General concluye que «En el contexto del procedimiento regulado en los arts. 34 (LA LEY 58/2000) y 35 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), debe considerarse que los secretarios judiciales sí son "órganos jurisdiccionales" facultados, con arreglo al art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (LA LEY 6/1957), para plantear peticiones de decisión prejudicial» (Conclusión 1.ª).
Antes de analizar los concretos motivos que llevan a la Abogada General a esta conclusión debemos efectuar tres precisiones:
- 1.ª) Nos movemos precisamente en el ámbito de estas conclusiones, sin que el TJUE se haya pronunciado aún siendo posible, por tanto que, apartándose de la Abogada General, no considere órgano jurisdiccional al LAJ.
- 2.ª) Como precisa la Abogada General, la interpretación que se hace en sus Conclusiones del concepto de órgano jurisdiccional es desde la óptica y para el ámbito del Derecho de la Unión. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha interpretado la condición de órgano jurisdiccional como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta, a este respecto, un conjunto de factores que después analizaremos.
- 3.ª) La consideración del Letrado de la Administración de Justicia como órgano jurisdiccional no se hace con carácter general en todas las funciones que legalmente tiene atribuidas, sino para el ejercicio en concreto de algunas de ellas. Así es claro que el LAJ no es órgano jurisdiccional en el ejercicio de las funciones tradicionalmente tenía atribuidas, como la fe pública, la función de documentación, la dación de cuenta, etc. Por el contrario, las dudas surgen respecto de las nuevas funciones resolutivas que en determinados procedimientos las leyes procesales les han atribuido (en este caso, la resolución de los procedimientos de jura de cuentas). Así pues habrá que indagar en las distintas leyes procesales para encontrar las concretas atribuciones resolutivas se encomiendan a los LAJ y analizar caso a caso. Esta posibilidad queda abierta en la LOPJ (LA LEY 1694/1985) cuando al enumerar las funciones que con carácter general se atribuyen a los LAJ señala «Cualesquiera otras que expresamente se prevean» (art. 456.3 d), recogiendo el apartado 4 del mismo artículo que el Decreto es la resolución del LAJ que se utilizará, entre otros casos, «con el fin de poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia», con lo que la LOPJ posibilita la existencia competencias resolutivas exclusivas a favor del LAJ si así lo han establecido las leyes procesales.
Habrá que atender a las concretas funciones que el LAJ desempeña en determinados procedimientos
Partiendo de estas premisas y entrando ya en el análisis de los motivos que llevan a la Abogada General a aquella Conclusión, habrá que atender en primer lugar a las concretas funciones que el LAJ desempeña en determinados procedimientos para determinar si se trata de «funciones jurisdiccionales» o de otra naturaleza (ap. 67 y 68 conclusiones). En la Cuestión planteada se trata de la función resolutoria en el procedimiento de Jura de Cuentas que tiene atribuida en exclusiva, sin posibilidad de recurso ante el tribunal (los arts. 34 (LA LEY 58/2000) y 35 LEC (LA LEY 58/2000), prevén la irrecurribilidad del Decreto que pone fin al procedimiento de Cuenta de Procurador y de Cuenta de Abogado respectivamente).
Pues bien, siguiendo la doctrina del propio TJUE, para calificar un organismo o autoridad nacional como «órgano jurisdiccional» a los efectos de poder interponer cuestiones prejudiciales ante este Tribunal, deben concurrir en él los siguientes requisitos (ap. 64):
- 1. Origen legal
- 2. Permanencia en el cargo
- 3. Aplicación de normas jurídicas para su resolución
- 4. Obligatoriedad de su jurisdicción
- 5. Contradicción del procedimiento
- 6. Independencia
- 7. Carácter jurisdiccional de la resolución que le pone término
Estos requisitos o características que deben concurrir en la actuación de un organismo o autoridad nacional para su consideración como órgano jurisdiccional desde la perspectiva del Derecho de la UE son constantes en la jurisprudencia del TJUE. La Abogada General remite a la STJUE de 24 de mayo de 2016 (LA LEY 51466/2016) (nota 25, en la que se recoge abundante jurisprudencia al respecto). De ellas, no parece ofrecer duda la concurrencia de las tres primeras. Mayores dudas suscitan las notas de la independencia del LAJ, el carácter obligatorio y contradictorio del procedimiento y el carácter jurisdiccional de la resolución definitiva. También, a juicio de la Abogada General concurren estos requisitos que pasamos a examinar con más detalle.
1.- Legalidad. El LAJ ejerce sus funciones por disposición legal. Su existencia, régimen jurídico y funciones ejercida, tanto con carácter general como en particular en los distintos procedimientos en los que intervienen, tienen su origen directo en la Ley (LOPJ (LA LEY 1694/1985) y leyes procesales), sin que estas normas tengan carácter dispositivo por las partes, son normas imperativas, dada la consideración de normas de orden público de las normas procesales. Esta nota concurre en LAJ en el ejercicio de todas sus funciones —todas tienen su origen en una u otra Ley— por tanto también en el procedimiento de Jura de Cuentas (art. 35 LEC (LA LEY 58/2000)) de que es objeto la cuestión prejudicial.
2.- Permanencia. Tampoco ofrece dudas la concurrencia de este requisito en la actuación del LAJ. La LOPJ regula su régimen de selección, nombramiento y provisión de puestos de puestos de trabajo. En este sentido la LOPJ reconoce expresamente entre sus derechos profesionales, el derecho «Al mantenimiento de su condición funcionarial, al desempeño efectivo de tareas o funciones propias de su cuerpo y a no ser removidos del puesto de trabajo que desempeñen sino en los supuestos y condiciones establecidas legalmente» (arts. 444.1 (LA LEY 1694/1985)en relación con 495.1 LOPJ (LA LEY 1694/1985)).
3.- Aplicación de normas jurídicas por el LAJ en la resolución del procedimiento, lo que se traduce en el principio de legalidad. El LAJ en los asuntos cuya resolución tiene encomendados debe resolver conforme a las normas jurídicas que resulten de aplicación al caso concreto. En este sentido, el art. 452 LOPJ (LA LEY 1694/1985) establece que el LAJ desempeñará sus funciones, todas ellas, con sometimiento a los principios de legalidad e imparcialidad.
4.- Obligatoriedad de su jurisdicción. Es cierto que el abogado puede acudir a este procedimiento especial para reclamar sus honorarios o bien acudir a otros como el proceso monitorio o el proceso declarativo correspondiente en función de la cuantía, pero esta variedad procedimental no es óbice para apreciar este carácter obligatorio pues una vez que el abogado decide reclamar por este procedimiento el deudor queda sometido al mismo (no hay un acuerdo entre las partes para someterse o no). Además, la resolución que se dicte, el Decreto que le ponga fin, es obligatorio para ambas partes. Ello sin perjuicio también de que lo resuelto en el expediente no prejuzgue el fondo y permita a las partes acudir al procedimiento declarativo que corresponda, pero esta nota es la propia de los procedimientos sumarios que carecen en general del efecto de cosa juzgada pudiendo discutir nuevamente la cuestión, sin los límites —probatorios normalmente— derivados de la naturaleza sumaria del proceso anterior (en nuestro Ordenamiento los que dispensan una tutela rápida de la posesión, los que deciden sobre peticiones de cese de actividades ilícitas en materia de propiedad intelectual o industrial, los que pretenden una inmediata protección frente obras nuevas o ruinosas, etc.).
5.- Contradicción del procedimiento. Si bien el TJUE ha declarado que el carácter contradictorio no es un requisito absoluto para determinar la condición de órgano jurisdiccional (jurisprudencia citada en la nota 40 de la Conclusiones) lo cierto es que este requisito también concurre en el procedimiento de Jura de Cuentas. Así lo entiende la Abogada General, pues aunque sea posible el dictado de un título ejecutivo sin oír al deudor (pero habiendo tenido oportunidad para ello formulando oposición) lo cierto es que si hubiese oposición, el procedimiento se convertirá en contradictorio. Entonces el LAJ, además de comprobar la actuación del abogado reclamante, debe oírlo en relación con la oposición que ha sido formulada, siendo posible la aportación de prueba documental (presupuesto previo por escrito) conforme al art. 35 LEC. (LA LEY 58/2000)
6.- Independencia del Letrado de la Administración de Justicia. Conforme a la jurisprudencia del TJUE la independencia judicial presenta dos aspectos, uno interno y otro externo. El aspecto interno se asocia al principio de imparcialidad y se traduce en «la igualdad de distancias que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes en litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de ese litigio» (ap. 72 y nota 30 de las conclusiones). Esta principio se proclama, como hemos dicho, en el art. 452 LOPJ (LA LEY 1694/1985) al señalar que el LAJ desempeñará sus funciones en todo caso (lo que debe entenderse en el ejercicio de todas sus funciones y en todas las manifestaciones de éstas) con sometimiento a los principios de legalidad e imparcialidad. Junto a ello, y en garantía de la independencia del LAJ el art. 446 LOPJ (LA LEY 1694/1985) prevé que éstos «deberán abstenerse en los mismos casos establecidos para los Jueces y Magistrados y, si no lo hicieran, podrán ser recusados».
El aspecto externo de la independencia del órgano se concreta en que el LAJ, que es la autoridad llamada a resolver, esté protegido de injerencias o presiones internas que haga peligrar su independencia en su función resolutoria (ap. 74 de la Conclusiones). Para acreditar la concurrencia de este requisito, la jurisprudencia del TJUE se fija en determinados aspectos que efectivamente garantizan esa independencia. Así, que los supuestos de cese estén previstos en disposiciones legales expresas, lo que en el caso de los LAJ se cumple, recogiéndose en el art. 444 (LA LEY 1694/1985)en relación con el 495 LOPJ (LA LEY 1694/1985); el derecho a la inamovilidad en el puesto pudiendo ser separado sólo por las causas legales; el sistema de acceso, que conforme a la LOPJ es a través del sistema de oposición o de concurso-oposición; la separación del servicio como sanción (sólo para supuestos legalmente previstos y previo expediente contradictorio); el sistema de provisión de puestos de trabajo (mediante concurso) y la indelegabilidad de las funciones del LAJ (sólo posibles para llevar a cabo entradas y registro, en el ámbito de la Audiencia Nacional, cuando sean simultáneas y no exista suficiente número de LAJ disponibles en ese ámbito).
La Abogada General considera que concurren suficientes garantías en los LAJ para su consideración como órgano jurisdiccional
Todos estos aspectos del estatuto jurídico del LAJ llevan a concluir a la Abogada General que concurren suficientes garantías en los LAJ para apreciar la existencia del requisito de la independencia en su actuación resolutoria en los expedientes de juras en los términos configurados por la jurisprudencia del TJUE y, por tanto, para su consideración como órgano jurisdiccional. Se rechaza en este punto las alegaciones del Gobierno español a nota de la independencia en el ejercicio de sus funciones de que solo concurriría en el ejercicio de la fe pública judicial pero no en otras, lo que rechaza la Abogada General, pues las previsiones legales sobre la independencia del LAJ fueron fijadas con carácter general en la reforma de la LOPJ del año 2003 antes, por tanto, de la modificación de la LEC en el año 2009 que les atribuyó expresamente la resolución de los procedimientos de jura de cuentas. Destaca, además, la prohibición legal a los órganos superiores en los que se estructura el cuerpo de LAJ (Secretario General de la Administración de Justicia, Secretarios de Gobierno y Secretarios Coordinadores Provinciales) de dar instrucciones particulares relativas a asuntos concretos en el ejercicio del LAJ de la función de fedatario, ni en el de sus funciones de ordenación y dirección del proceso (art. 465.8 LOPJ (LA LEY 1694/1985)) debiendo incluirse también por analogía, según la Abogada General, la prohibición de la injerencia en las funciones resolutivas cuando las tengas encomendadas dado que tampoco cuando la LOPJ fue redactada se habían atribuido expresamente a los LAJ tales funciones.
7.- Carácter jurisdiccional de la resolución definitiva. Además de reiterar en este punto que la ausencia en el Decreto resolutorio de efectos de la juzgada material no ostra a su carácter jurisdiccional (como ocurre con otros procesos sumarios), se destacan sus efectos de cosa juzgada formal convirtiéndose en título ejecutivo, permitiendo su despacho inmediato, regulándose esta ejecución por las mismas reglas que disciplinan la ejecución basada en un título judicial (singularmente limitación de los motivos de oposición y eficacia no suspensiva de ésta). Destaca la Abogada General (conclusión 91) el paralelismo entre el Decreto resolutorio del Expediente de Jura de Cuentas y los Autos dictados en los procedimientos de Medidas provisionales o cautelares que también son inmediatamente ejecutivos sin prejuzgar por ello la resolución que pueda posteriormente recaer en el asunto principal.
Si el TJUE admite a trámite la Cuestión planteada asumiendo, en consecuencia, su condición de órgano jurisdiccional, continuaría aplicando una concepción amplia de lo que debe entenderse por tal que se inició en el año 1966 con la cuestión prejudicial planteada por un Tribunal arbitral competente para el conocimiento de ciertos recursos en materia de Seguridad Social, pero no integrado en el Poder judicial holandés (asunto Vaasen-Göbbels (61/65). No obstante esta interpretación amplia, son múltiples las inadmisiones a trámite de Cuestiones planteadas por órganos cuya naturaleza jurisdiccional es cuestionada en la mayoría de los casos por su carácter en mayor o menor medida administrativo y no jurisdiccional (1) .
Cabe por último reiterar que la decisión de qué órgano sea o no jurisdiccional a los efectos del planteamiento de la cuestión prejudicial así como las condiciones y requisitos para ello es una cuestión propia del Derecho Europeo (art. 267 TFUE (LA LEY 6/1957)) conforme a la jurisprudencia emanada del TJUE, por ello llama la atención que el legislador español establezca condicionantes a este planteamiento, limitando su planteamiento a jueces y tribunales, pues obliga a su planteamiento por auto en todo caso. Efectivamente en la reciente reforma de la LOPJ por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (LA LEY 12048/2015), fijando el cauce procesal adecuado para el cumplimiento de las sentencias del TEDH se ha introducido un nuevo art. 4 bis (LA LEY 1694/1985)cuyo apartado 2.º se establece que «2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes», de admitirse a trámite la Cuestión planteada por el TJUE la nueva referencia legal a su planteamiento mediante auto sería ya contraria a la jurisprudencia indicada, al ser una resolución reservada en exclusiva a jueces y tribunales. Hubiera sido conveniente en el empleo del término «resolución motivada».
III. FUNCIONES JURISDICCIONALES Y CUASI-JURISDICCIONALES DE LOS LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Fuera de la Unión Europea, en el ámbito más amplio del Consejo de Europa y en su seno la Comisión Europea por la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), su informe anual sobre«Sistemas judiciales europeos, eficacia y calidad de la justicia de 2016 (datos referidos a 2014)»contiene también una mención expresa a la figura del Letrado de la Administración de Justicia señalando que desempeñan importantes funciones jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales en todo tipo de procesos de que conocen los tribunales (2) . El estudio señala la importancia de estos profesionales, junto a figuras más o menos similares existentes en otros Estados, englobados genéricamente en la más conocida de Rechtspfleger (propia de los sistemas alemán y austriaco) como cuerpos judiciales independientes, cuya existencia y funciones vienen previstas en la Ley. Se trata de personal —sigue diciendo la CEPEJ— que no asiste al juez, sino que trabaja junto a éste desarrollando tareas en diversas materias y adoptando resoluciones judiciales de forma independiente (3) . Destaca en su definición la consideración de autoridad judicial independiente, que desempeña las funciones que legalmente le han sido atribuidas, en cuyo ejercicio tiene una función «cuasi-jurisdiccional».
La importancia del Letrado de la Administración de Justicia (del Rechtspfleger, en general) viene determinada por sus funciones resolutivas en diversos procedimientos y por la influencia significativa que ello tiene en la comparación que se haga entre los sistemas jurídicos del Consejo de Europa objeto de análisis. Así, la ratio entre número de jueces y número de ciudadanos a efectos de esta comparativa debe tener en cuenta no solo los jueces profesionales en sentido estricto sino también otras figuras que en los distintos sistemas tienen capacidad resolutiva, como los «jueces suplentes» en Noruega, los jueces consulaires en Francia, los Rechtspfleger en Austria, Eslovenia y Suiza o los Letrados de Administración de Justicia en España. Concluye la CEPEJ que ofrecer la información referida sólo a los datos obtenidos de los jueces profesionales arrojaría una imagen parcial de la eficacia del sistema judicial de estos países (4) .
Hay pues, desde este observatorio privilegiado de la Administración de Justicia en todos los países miembros del Consejo de Europa una consideración del LAJ como un profesional independiente con funciones resolutorias en paralelo al juez dentro del órgano judicial, que denomina «cuasi-jurisdiccionales» situándolo al mismo nivel otros profesionales de Estados, también con funciones resolutorias. No hay pues una consideración restrictiva como personal no judicial o mero asistente del juez, como la existente en nuestro Ordenamiento interno, como veremos seguidamente.
IV. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL
Si en el ámbito del Derecho europeo existe esta concepción amplia del concepto de órgano jurisdiccional reconociendo que el Letrado de la Administración de Justicia ejerce funciones de esta naturaleza en determinados supuestos (resolución del procedimiento de jura de cuentas) en el ámbito interno se niega tal posibilidad.
La Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de septiembre de 2011 (LA LEY 187848/2011) declaró todo lo contrario a lo que ahora hace la Abogada General de TJUE y negó toda naturaleza jurisdiccional al Expediente de Jura de Cuentas, proclamando su naturaleza administrativa y reconociendo expresamente la competencia exclusiva del Secretario Judicial (LAJ) para su resolución, añadiendo que toda intervención de jueces y magistrados en este expediente sería una invasión en las competencias exclusivas de aquél.
No considera, pues, que la resolución del Expediente de Jura de Cuentas sea una actividad jurisdiccional (La Abogada General sí). Tal actividad queda reservada exclusivamente a los «Juzgados y Tribunales» como señala el art. 117.3 CE (LA LEY 2500/1978), si bien tal potestad no se reparte entre los distintos integrantes del órgano judicial (en este caso entre el juez y el LAJ) sino que reside exclusivamente en los jueces y magistrados, que forman un cuerpo único, añadiendo que los LAJ no forman parte de ese cuerpo único, resaltando su dependencia del Ministerio de Justicia, su ordenación jerárquica y dependencia funcional (argumento rechazado también por la Abogada General) encuadrando las actividades de LAJ (tanto la resolución de los expediente de jura de cuentas como el resto) como «actividades complementarias y auxiliares para el ejercicio de la actividad jurisdiccional». Concluye la Sala de Conflictos reiterando que el expediente de jura de cuentas perdió su naturaleza jurisdiccional tras la Ley 13/2009 (LA LEY 19391/2009) y que incluso podría ser regulado fuera de las leyes procesales, acogiendo un concepto restrictivo de jurisdicción que no admite ampliaciones periféricas. Esta concepción choca con la concepción amplia seguida por la Abogada General del TJUE en relación con la consideración del LAJ de órgano jurisdiccional —que ejerce facultades jurisdiccionales— para el planteamiento de cuestiones prejudiciales.
No obstante, esta naturaleza administrativa y no jurisdiccional del procedimiento de Jura de Cuentas que proclamara la Sala de Conflictos de Jurisdicción no ha sido seguida después por el propio Tribunal Supremo. Así, más recientemente, la Sala 1.ª, en su auto de 1 de julio de 2014 (Recurso 43/2014 (LA LEY 91109/2014)) ha proclamado su naturaleza jurisdiccional al considerarlo «semejante en lo sustancial a un juicio monitorio pero seguido en relación a un proceso precedente» sin que nadie dude de la naturaleza jurisdiccional del proceso monitorio. El Tribunal Supremo habla en todo momento en este auto de «órgano judicial» para referirse al órgano encargado de tramitar y resolver este procedimiento, sin distinguir entre LAJ o juez (5) .
Pero sin duda, la mayor convulsión sobre la naturaleza y funciones del LAJ en nuevo modelo procesal se ha producido con la STC 58/2016, de 17 de marzo (LA LEY 14162/2016) en sentido contrario a las Conclusiones de la Abogada General del TJUE. La sentencia reafirma el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional en los jueces y magistrados integrados en el poder judicial, sin concesión o margen alguno en estas funciones al LAJ.
El asunto sometido a la consideración del TC, primero vía recurso de amparo y después en la cuestión de inconstitucionalidad interna elevada al Pleno por la Sala 2.ª, parte del dictado por parte del LAJ de un decreto resolutorio de un recurso de reposición frente a su diligencia de ordenación en la que efectuaba —conforme a los criterios del juez— el señalamiento para la vista, tal y como prevén las leyes procesales, en este caso, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El recurrente de amparo entendía que tal señalamiento, debido a lo lejano que quedaba en el tiempo, vulneraba su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
El TC niega la posibilidad de que existan resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia ajenas al conocimiento o revisión del juez
Si bien el TC admite y parte del reparto competencial que dentro del órgano judicial que lleva la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19391/2009), de reforma para la implantación de la nueva oficina judicial, lo cierto es que niega la posibilidad de que existan resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia ajenas al conocimiento o revisión del juez (niega el principio de independencia cuya existencia sí admitía la Abogada General). El legislador ha optado por un sistema en el que la toma de decisiones en el proceso se distribuye entre jueces y magistrados de un lado y los Letrados de la Administración de Justicia, de otro, correspondiendo a los jueces las decisiones que afecten a la función estrictamente jurisdiccional y a los LAJ «la dirección de la oficina judicial, aquellas funciones que no tienen carácter jurisdiccional, lo que incluye el dictado de resoluciones procesales que no tengan este carácter». Sin embargo, aún en el ámbito propio de actuación del LAJ sus decisiones entiende el TC que deben ser susceptibles de revisión en todo caso —por diferentes vías— «…en última instancia, se pretende garantizar que toda resolución del Letrado de la Administración de Justicia en el proceso pueda ser sometida al control del Juez o Tribunal, lo que resulta una exigencia ineludible del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE, (LA LEY 2500/1978)así como en los textos internacionales sobre derechos fundamentales y libertades ratificados por España». Con ese planteamiento, sin embargo, resulta difícil sostener el sistema diseñado por la Ley 13/2009 (LA LEY 19391/2009) pues niega toda competencia resolutoria independiente al LAJ a quedar todas sus decisiones sometidas, en último término al control del juez o tribunal.
Concluye el TC que «El precepto cuestionado, en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercena (…) el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental: a un proceso sin dilaciones indebidas. Ello implica que tal exclusión deba reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza el art. 24.1 CE (LA LEY 2500/1978) y del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE (LA LEY 2500/1978))». Como decimos, un nuevo sistema basado en que toda decisión del LAJ —en la medida que afecte o pueda afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o a otro—, debe ser susceptible de recurso ante el juez afecta al principio de eficiencia que, entre otros, proclama la LOPJ (art. 535 LOPJ (LA LEY 1694/1985)) para el nuevo modelo de oficina judicial. Efectivamente, determinadas decisiones que antes de la nueva oficina judicial tomaba en exclusiva el juez pasaron tras la reforma a ser adoptadas en exclusiva por el LAJ, ahora conforme a esta doctrina constitucional, volverán otra vez al conocimiento del juez, vía recurso. Esto supone no descargar de trabajo al juez pues toda decisión del LAJ no favorable a los intereses de alguna de las partes será susceptible de nueva planteamiento ante el juez. Bastará con la invocación de la violación de un derecho fundamental —por ejemplo a la tutela judicial efectiva en cualquiera de sus distintas vertientes— para abrir la vía de recurso ante el juez, aunque sea para desestimarlo por no concurrir el presupuesto de la vulneración de tal derecho fundamental. Pero debe ser éste, el juez, quien valore primero si puede estar afectado un derecho fundamental y, admitido ello, determinar si efectivamente se ha vulnerado.
V. CONCLUSIÓN
Son muchos los interrogantes que surgen tras la sentencia del TC que deben ser resueltos por el legislador por razones básicas de seguridad jurídica, tanto para el ciudadano afectado por un proceso como para los operadores jurídicos. Así hay que determinar qué alcance tendrá el recurso de revisión contra decretos resolutorios de reposición que el TC instaura en su fallo; si puede someterse por este recurso cualquier cuestión al conocimiento del juez, cualquier irregularidad procesal o discrepancia con lo resuelto por el LAJ, o solamente quedará reservado a posibles vulneraciones de derechos fundamentales; o qué trámites o procedimientos que la Ley 13/2009 (LA LEY 19391/2009) atribuyó al LAJ deben volver al juez o tribunal por meras razones de eficacia y eficiencia, evitando trámites o resoluciones intermedias del LAJ que a buen seguro serán recurridas por la parte no favorecida por la resolución. El debate que surgió tras la aprobación de la Ley 13/2009 (LA LEY 19391/2009), no cerrado en firme, debe reabrirse para rediseñar el modelo procesal que se quiera, y adoptar las reformas legales, medidas y garantías necesarias para ello, como pueden ser la reconversión de LAJ en jueces, o la consideración del LAJ como «juez de lo procesal» (6) , o la recuperación del proyecto de creación de una «justicia de proximidad» en el que los jueces sean los LAJ. Tenemos un ordenamiento jurídico que admite la existencia de jueces legos (jueces de paz) que en el ejercicio de su jurisdicción gozan de todas las prerrogativas y garantías propias de jueces y tribunales profesionales. ¿Qué problema puede existir en que ejerzan funciones jurisdiccionales los LAJ, autoridades pertenecientes a un Cuerpo Superior Jurídico (como los define la LOPJ (LA LEY 1694/1985)) con amplios conocimientos tanto teóricos como prácticos, para el ejercicio de determinadas funciones jurisdiccionales? Lo cierto es que, si se quiere descargar al Juez o Tribunal de trabajo, esta descarga debe pasar por garantizar la capacidad de los LAJ de dictar resoluciones que también tengan carácter jurisdiccional, pues ya ha declarado el TC que los LAJ solo pueden ejercer «aquellas funciones que no tienen carácter jurisdiccional, lo que incluye el dictado de resoluciones procesales que no tengan este carácter». Habrá que estar a lo que resuelva en las próximas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitiendo o no a trámite la Cuestión planteada por un Letrado de la Administración de Justicia y reflexionar si no sería conveniente reconocer en el ámbito interno a los LAJ la posibilidad de adoptar funciones jurisdiccionales o de reconocerles tal carácter a las que ya dictan y determinar cuáles de ellas en su caso deben ser objeto de recurso ante el juez o tribunal y cuales otras no.