- Comentario al documentoLa Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras cosas importantes, introduce la contestación escrita en el juicio verbal. La relativa reducción de la oralidad se ve plenamente compensada por las ventajas que ofrece en este punto la escritura para prevenir posibles desigualdades y mermas en el derecho de defensa. Esta nueva estructura se traslada, entre otros, al juicio para sustanciar la oposición en el procedimiento monitorio cuando la cuantía no supera los seis mil euros. Sin embargo, la inicial valoración positiva puede desvirtuarse en caso de no comprenderse correctamente la técnica monitoria. Ante el caos o la inconstitucionalidad, se impone entender que se relacionan dos procedimientos (monitorio y verbal) formalmente autónomos aunque materialmente enlazados. Así, el llamado «escrito de oposición» tiene una doble función: poner fin al monitorio y abrir el juicio verbal de oposición. De ese modo, opera también como una demanda (de absolución) en la que, coherentemente a la reforma, no bastará alegar «sucintamente» sino que habrá de serlo de forma «fundada y motivada». De ese modo no solo previene el caos o la más que discutible inconstitucionalidad sino que de paso resuelve «misterios» prácticos tan técnicos como el de la excepcional ampliación de la demanda con nuevos motivos de oposición, o como saber dónde se sientan las partes y quién habla primero, esto, es, el deudor donde la corresponde como demandante de absolución.
I. INTRODUCCIÓN
«La prudencia es una virtud y no un arte», afirmaba el clásico griego Aristóteles, en el capítulo «De la prudencia» de su Moral a Nicómaco. Sin embargo, tras siglos de formulación de tan recomendable virtud, no siempre se ejercita con la deseable regularidad.
La liviandad de ciertos temas podría de algún modo explicar salidas de tono y críticas más abruptas y ruidosas que verdaderamente punzantes. Sin embargo, en un ámbito jurídico que pretenda ser riguroso, la prudencia debería imperar algo más. Así, antes de recurrir a expresiones gruesas o de achacar de inconstitucionalidad a una determinada regulación, convendría estar prevenido frene al posible efecto boomerang, pues quizá lo criticable e inconstitucional sea al final el propio mal entendimiento o la interpretación errónea.
Sin que lo anterior suponga en absoluto una crítica a la crítica sino únicamente un modesto llamamiento a la prudencia así como a la moderación, y, sin eludir en absoluto ciertas críticas, en este trabajo me voy a ocupar de la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), en lo referente a la oposición en el procedimiento monitorio, en esta ocasión, resaltando principalmente las virtudes de esta necesaria reforma. En efecto, la relativa reducción de la oralidad se ve plenamente compensada por las ventajas que ofrece en este punto la escritura para prevenir posibles desigualdades y mermas en el derecho de defensa. En la vista el demandado tenía conocimiento previo de la demanda y había contado con tiempo para preparar la contestación, lo que contrastaba con el demandante que adquiría conocimiento de la contestación en el mismo momento de la vista. Todo esto ese paliaba eventualmente con prácticas como la de formular la demanda —o papeleta— de juicio verbal con los datos estrictamente necesarios, completando el arsenal alegatorio en la vista, equilibrando de alguna manera la desinformación que se sufría. Frente a este deficiente sistema la reforma introduce la contestación escrita y, por tanto, la demanda completa, promoviendo la igualdad de armas así como la información de las partes y, por tanto, el regular ejercicio del derecho de defensa.
Como no podía ser de otro modo, esta mejora del sistema ha de trasladarse a la multitud de procedimientos que se corresponden con el juicio verbal y, entre ellos, al que sigue al monitorio en caso de oposición. Sin embargo, la valoración de esta reforma en este punto exige entender correctamente el instrumento objeto de reforma.
II. APROXIMACIÓN A LA REFORMA DEL JUICIO VERBAL Y DEL MONITORIO OPERADA POR LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE
Entre los preceptos afectados por el ansia reformadora en la legislatura que se supone que terminó en 2015, en el momento inmediatamente anterior a la legislatura más efímera en la historia política española, destaca con particular significación la reforma del juicio verbal, concretamente la introducción de la contestación escrita y, consiguiente o derivadamente, el trámite de oposición en el procedimiento monitorio, esto es, el apartado 2 del art. 818 LEC (LA LEY 58/2000).
La reforma en el juicio verbal gravita sobre temas diversos, como la contestación escrita, con posible renuncia de la vista; la necesidad de aportar minuta de la proposición de prueba, el trámite de conclusiones; el régimen de recursos de resoluciones sobre prueba; o la sucesión procesal cuando la ejecución ya está despachada. En el punto IV del Preámbulo de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, (LA LEY 15164/2015) se justifica la reforma del juicio verbal en general, junto a «introducir modificaciones en la a la tutela judicial efectiva… con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del derecho constitucional», por venir «siendo demandadas por los diferentes operadores jurídicos». Además de esta indicación genérica, se limita a describir la reforma operada en el punto que nos ocupa: «debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (LA LEY 1961/2003), de Arbitraje».
En lo referente al juicio verbal, conforme al art. 438.1 (LA LEY 58/2000) y 4 LEC (LA LEY 58/2000), una vez admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia —o Secretario judicial— «dará traslado de ella al demandado para que la conteste por escrito en el plazo de diez días conforme a lo dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado no compareciere en el plazo otorgado será declarado en rebeldía conforme al art. 496». Y el demandado en dicho escrito de contestación, «deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites». El día y hora de esta vista será señalada en el plazo de cinco días y se celebrará en el plazo máximo de un mes según dispone el art. 440.1 LEC. (LA LEY 58/2000) Y se celebrará siempre que una de las partes lo solicite, sin perjuicio de que previamente a su celebración, «cualquiera de las partes podrá apartarse de su solicitud por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días y, transcurridos los cuales, si no se hubieren formulado alegaciones o manifestado oposición, quedarán los autos conclusos para dictar sentencia si el tribunal así lo considera».
Las reformas introducidas en este punto merecen una valoración claramente positiva.
De interés es igualmente que, coherente con todo esto, en líneas generales desaparece la demanda sucinta. Así, conforme al art. 437.1 LEC (LA LEY 58/2000), «el juicio verbal principiará por demanda, con el contenido y forma propios del juicio ordinario, siendo también de aplicación lo dispuesto para dicho juicio en materia de preclusión de alegaciones y litispendencia». Ello sin perjuicio de que cuando no sea preceptivo abogado y procurador (si bien de la literalidad de la norma parece condicionarse al hecho de que «no se actúe con abogado y procurador», excluyendo los supuestos en los que a pesar de no ser preceptiva su intervención de hecho actúen estos profesionales), «el demandante podrá formular una demanda sucinta, donde se consignarán los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición».
Todo esto tiene su reflejo más o menos directo en el enlace con el juicio verbal de oposición que sigue al monitorio cuando se corresponda con las cuantías propias del mismo. Así, en coherencia con el régimen general de reducción o sustitución de la demanda sucinta, es que, conforme al art. 815.1 LEC (LA LEY 58/2000), se requerirá al deudor, entre otras cosas, ya no únicamente para que alegue «sucintamente», sino «de forma fundada y motivada». Previsión que viene acompañada de la introducción del punto 4 del mismo art. 815 (LA LEY 58/2000), para adecuarlo a las exigencias que derivan del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1) . De ese modo, «si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el secretario judicial, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible» (2) .
Y, por último, se reforma el art. 818.2 LEC (LA LEY 58/2000) para adecuarlo a la nueva configuración del juicio verbal en los mencionados arts. 438.1 (LA LEY 58/2000) y 4 (LA LEY 58/2000) así como art. 440.1 ambos LEC. (LA LEY 58/2000) Así, en caso de que se formule oposición y «la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los arts. 438 y siguientes».
En mi opinión, en líneas generales y al margen de consideraciones más de fondo o de detalle, las reformas introducidas en este punto merecen una valoración claramente positiva en cuanto previenen desigualdad y favorecen la contradicción. Es más, me sorprendente que tal mejora técnica no haya sido objeto de atención mucho antes.
III. SOBRE LA TÉCNICA MONITORIA Y EL ENLACE DE DOS PROCEDIMIENTOS FORMALMENTE AUTÓNOMOS PERO MATERIALMENTE ENLAZADOS
Antes de entrar a comentar y valorar esta reforma resulta conveniente formular consideraciones previas sobre la operatividad y especialísima configuración de la técnica monitoria. El monitorio es, como todos reconocen, un proceso especial, y lo es, principalmente, porque altera la configuración procedimental que se diseña en los procesos comunes, tanto el verbal como el ordinario. Entender su particular configuración y autonomía quizá pueda servir para prevenir valoraciones sobre la técnica legislativa y hasta la inconstitucionalidad de la reforma en este punto (3) , que puedan derivar, quizá, no tanto de una ley defectuosa o inconstitucional sino más bien del erróneo entendimiento del intérprete.
La técnica monitoria se basa genéricamente en la comunicación que, desde el órgano jurisdiccional (o, en su caso, notaría), se dirige al deudor, por el que se avisa de la existencia de un deber de prestación, principalmente pecuniario. Consecuencia de la misma, se le requiere para que la cumpla o, al menos, ofrezca razones de porqué no debe hacerlo; y, asimismo, se le advierte de las consecuencias del incumplimiento de ese deber.
Lo más relevante ahora es que el procedimiento se configura en atención a la eventual actitud del deudor. Si paga, se pondrá fin a las actuaciones; si no hace nada, se simplifica el procedimiento, pues procederá iniciar la ejecución como si se hubiera dictado expresamente una sentencia condenatoria; y si formula oposición, se pondrá fin al monitorio y se sustanciará en el procedimiento «común» que corresponda.
La técnica monitoria supone, entre otras cosas, la exigencia de una posición activa al obligado, y, por lo que ahora nos interesa, implica sustanciar la eventual oposición mediante un procedimiento formalmente autónomo aunque materialmente enlazado con el monitorio.
Causa perplejidad que el requerido-deudor se sitúe en posición activa y el requirente-acreedor en la pasiva
Con la finalidad de que solo se ocupen esfuerzos cuando sea necesario, porque el deudor formule efectivamente oposición, y además, sin que nada de esto limite sus posibilidades defensivas, la oposición pondrá fin al monitorio y permitirá abrir un nuevo proceso de una forma más (verbal) o menos (ordinario) automática para sustanciarla.
El problema técnico será enlazar dos procedimientos formalmente autónomos para sustanciar la oposición (4) . Lo bien cierto es que este enlace parte de la finalización de un proceso y el inicio de otro, de modo que, con independencia de cómo se denomine legalmente, el «escrito de oposición», al menos cuando el enlace procedimental es más intenso como ocurre cuando la cuantía no supere la propia del juicio verbal, funciona como una verdadera demanda con función «finalizadora» pero, sobre todo, «iniciadora» de un procedimiento. Su naturaleza como demanda permitía dar solución técnica, y no meramente intuitiva, a diversos problemas teóricos y prácticos. Así, podía entenderse el problema actualmente finiquitado sobre la posible «ampliación» de las alegaciones en la vista; y explicar la llamada «inversión formal del contradictorio». De hecho, este curioso enlace procedimental permite comprender una de las características que mayor perplejidad producen en este procedimiento especial (cuando la cuantía no supere la propia del juicio verbal) como es que el requerido-deudor se sitúe en la posición activa pero en esta ocasión para pedir la absolución; y el requirente-acreedor en la pasiva pretendiendo la condena.
IV. VALORACIÓN POSITIVA SOBRE LA MAYOR EXIGENCIA EN EL ESCRITO DE OPOSICIÓN
Partiendo de estas consideraciones previas, estamos en condiciones óptimas para valorar la modificación del art. 815.1 LEC (LA LEY 58/2000) donde se prevé que se requiera al deudor, entre otras cosas, no para que alegue «sucintamente» sino de forma «fundada y motivada». Previsión que no es más que una mera adaptación a la actual configuración del juicio verbal conforme a la nueva redacción del art. 437.1 LEC. (LA LEY 58/2000) Si en líneas generales, salvo cuando «no se actúe con abogado y procurador», desaparece la demanda sucinta para iniciar el juicio verbal, el escrito de oposición que además de poner fin al monitorio abre el juicio verbal cuando la cuantía lo permita, resulta absolutamente imprescindible que el escrito de oposición se adecue al régimen general del art. 437.1 LEC.
Así y todo, en su total coherencia, merece ser criticada la previsión incondicionada de que la oposición se formule siempre de forma fundada y motivada. Si el juicio verbal todavía podrá iniciarse mediante demanda sucinta en ciertos supuestos (cuando no se actúe con abogado y procurador), del mismo modo debía ser en el juicio posterior al monitorio. Al margen de que pueda perpetuar en este caso los problemas técnicos de eventual desigualdad y posible indefensión que se pretendían finiquitar, la configuración del escrito de oposición en el monitorio debería corresponderse exactamente con las exigencias de la demanda en el juicio verbal porque, en realidad, se trata de una misma realidad aunque sea con las necesarias adaptaciones.
Si, como se ha afirmado, con todo eso se provocan «quebraderos de cabeza» a los jueces de primera instancia, quizá sea por falta de comprensión sobre la muy especial tutela que se otorga a través del procedimiento monitorio.
V. VALORACIÓN POSITIVA SOBRE EN ENLACE ENTRE MONITORIO Y EL JUICIO VERBAL QUE DERIVA DEL ESCRITO (DEMANDA) DE OPOSICIÓN
Similar valoración ha de merecer la reforma en lo referente al enlace procedimental entre el monitorio y el juicio verbal para sustanciar la oposición, en la medida en que se limita a adaptar la regulación del juicio verbal previsto para sustanciar la oposición a —casualmente—, la general regulación de cualquier otro juicio verbal.
Sin ánimo de abundar en polémicas, resulta cuanto menos sorprendente la facilidad con la que se califica, o más bien se pretende descalificar, el hecho de que el requerido formule demanda-escrito de oposición y que el requirente pueda contestar a la misma. Que «la situación descrita lleva a un absurdo y, casi siempre, a una indefensión» (5) , es algo no solo altamente discutible, sino que, en mi opinión, es en realidad fruto de la incomprensión sobre la operativa de la técnica monitoria y, en particular, del enlace entre dos procedimientos que, al servicio de dicha técnica, son formalmente autónomos aunque estén materialmente enlazados.
Ya resulta discutible negar la naturaleza de demanda a la petición de inicio del monitorio y al escrito de oposición. Ciertamente, la LEC no emplea esa denominación pero, en sus requisitos y en su función iniciadora de un proceso judicial, operan exactamente como demanda. Afirmar lo contrario exigiría tanto justificar previamente una eventual naturaleza no jurisdiccional del monitorio, como explicar en qué se diferencian sustancialmente la petición de monitorio y el escrito de oposición con una demanda de monitorio y de juicio verbal más allá de la mera lectura ad pedem litterae del texto legal.
Lo más relevante, con todo, es entender que el monitorio y el verbal de oposición son procesos formalmente autónomos pero que, como se hallan materialmente relacionados, están enlazados precisamente por el escrito de oposición. Escrito este que funciona como finalizador del primero e iniciador del segundo. No es cierto, por tanto, que «la única y última fase de alegaciones consiste en un escrito de impugnación a la oposición del demandante». Aunque resulta indiscutible que esta estructura procedimental sea altamente especial y, si se quiere, «realmente extraña», se presenta perfectamente coherente con la configuración de la técnica monitoria y el enlace que la eventualidad de la oposición provoca en dos procesos formalmente autónomos.
Cuestión distinta es que esta situación provoque o pueda provocar indefensión. En mi opinión, por especial que sea esta estructura, en absoluto implica ninguna suerte de desigualdad ni limitación particular en la contradicción que perjudique al deudor. Se trata únicamente de adaptar la regulación especial del monitorio, con todas sus particularidades, a la general configuración del juicio verbal en todo lo que implica introducir la contestación escrita en el mismo. Y en eso queda todo.
El escrito de oposición tiene dos funciones fundamentales
Convendría, en definitiva, entender el modus operandi de la técnica monitoria en lo referente al eventual enlace entre dos procedimientos formalmente autónomos para sustanciar la oposición cuando sea necesario. Observemos que el escrito de oposición tiene dos funciones fundamentales: la primera, provocar que se finalice el procedimiento monitorio; y la segunda, que se inicie el juicio verbal de oposición (se presupone que cuando la cuantía se corresponda con la propia del mismo). Por eso el escrito de oposición más que una contestación a la demanda —que lo es—, también constituye, sobre todo, una demanda de juicio verbal. El deudor con este escrito de oposición se convierte, pues, en demandante de oposición. Es así el actor. Y la regulación y tratamiento ha de ser coherente con este hecho, tanto en aspectos formales como, por ejemplo, ser quien primero hable, o quien, desde el estrado judicial, será visto a la derecha; hasta aspectos de fondo, debiendo acreditar los hechos defensivos (impeditivos, extintivos y excluyentes) como constitutivos de una más que atípica pretensión de que se dicte una sentencia de absolución o de no condena.
El acreedor, por su parte, se transformará en demandado de oposición. Los hechos inicialmente constitutivos de la previa pretensión de pago, se transformarán en defensivos frente a la pretensión absolutoria. El acreedor, como demandado, podrá aportar los documentos y demás pruebas que acrediten dicha pretensión de pago cuando no se encuentren ya aportados en el previo monitorio. Todo ello a los efectos de que se desestime la demanda del deudor y, por tanto, se condene al mismo al pago.
El deudor —requerido inicial y posterior demandante— tiene la capacidad de poner fin al monitorio pero en unidad de acto presenta demanda de absolución, con todas las cargas inherentes a dicha demanda. Por tanto, no se generarán desigualdades ni limitaciones respecto de cualquier otro demandante en aspectos como la carga de alegación y de acreditación, o la preclusión de una y otra.
Una vez el monitorio ha finalizado, al menos formalmente, se trata de sustanciar la pretensión defensiva por parte del deudor. Que el acreedor haya solicitado previamente la tutela judicial a través del monitorio resulta a todos los efectos irrelevante, pues formalmente el monitorio ha finalizado. Ahora empezamos de cero o, en realidad, de la pretensión absolutoria del deudor. Deudor que, eso sí, tiene la carga de adoptar una actitud activa si no quiere pagar ni que se abra una ejecución como si de una sentencia condenatoria se tratara por no hacer nada. De ese modo, además de no sufrir desventaja alguna, a su escrito se le atribuye un doble valor o ventaja para finalizar monitorio y para iniciar juicio verbal. Por supuesto, para este segunda ventaja, se prevén las lógicas exigencias, entre otras, de motivación propias de cualquier escrito con tales virtudes (básicamente las del art. 437 LEC (LA LEY 58/2000) y los correlativos). En fin, el escrito de oposición no es una contestación a la demanda al uso, sino que la oposición se articula mediante una demanda que abre un procedimiento formalmente autónomo. En realidad, algo muy parecido a una sustanciación incidental de la oposición.
Incluso es erróneo, salvo desde una lectura ad pedem litterae, negar el carácter de demanda que corresponde en esencia a la petición de apertura del proceso monitorio. Otra cosa es que haya otras «cosas» distintas a la demanda con sus mismos requisitos y finalidades. En definitiva, afirmar que «el demandado, dicho simple y llanamente, tiene derecho a ser demandado en forma para que pueda exigírsele que conteste como tal demandado. Y esta realidad tan elemental y básica, la olvida el legislador», solamente es posible sin haber entendido una realidad especial pero relativamente elemental y básica a estas alturas como es la técnica monitoria.
Y el mismo planteamiento procede respecto de otras manifestaciones de la técnica monitoria. En lo relativo al orden de alegaciones, al margen de su propia característica por la que se instrumenta un eventual juicio de oposición formalmente autónomo y que se abre por un escrito de oposición que es en realidad una demanda, no se produce alteración alguna sobre el «orden lógico de un sistema coherente de alegaciones», salvo que no estemos de acuerdo con la misma especialidad de la técnica monitoria. Pero si se entiende que el deudor es demandante de oposición y que su escrito —como demanda que es— ha de cumplir los requisitos propios de la misma para obtener los efectos que le corresponden como tal (abrir el juicio verbal de oposición), no cabrá afirmar con fundamento que se produce ninguna suerte de atentado, infracción, ni merma en el principio de contradicción ni en el derecho de defensa. Eso sí, los hechos defensivos adoptan la forma de constitutivos de la pretensión absolutoria, que para algo el deudor pretende su absolución en el juicio verbal. Y, por su parte, los hechos constitutivos de la condena se convierten en defensivos frente a la pretensión absolutoria por parte del deudor. Pero salvo esta «rareza» estructural —vista desde el punto de vista de los procedimientos comunes, porque a estas alturas el monitorio es de todo ya menos «raro»— no se produce alteración alguna respecto de las cargas que corresponden a cada una de las partes, máxime cuando a falta de otras pruebas, procedería la desestimación de la pretensión absolutoria pues no ha de olvidarse que se cuenta con el «principio» de prueba que representa el documento que en su momento aportó el acreedor para abrir el monitorio.
Hay quien parece que no le gusta que la técnica monitoria sea así, pero como está de moda decir, «es lo que hay», sin que observe particulares inconvenientes irrelevantes en comparación con el avance que implica la técnica monitoria para determinadas pretensiones de larga tradición de abuso por la parte favorecida por un proceso altamente garantista. En cualquier caso, yo pregunto: ¿Por qué «no se puede exigir al demandado que argumente cumplidamente sus defensas de forma fundada y motivada como constitutivas de su pretensión absolutoria ante una pretensión monitoria cuando esta exigencia es plenamente coherente con la apertura de un juicio verbal»?
Es cierto que la técnica monitoria es el mundo al revés. Pero lo es porque el legislador ha reaccionado ante la experiencia de deudores que en un noventa por ciento aproximadamente de las ocasiones mantenía una actitud pasiva como estrategia procesal, aprovechando la lentitud y la desgana del acreedor en instar el procedimiento. El deudor sabe qué es lo que se le requiere y por qué, para esto se le ha requerido de pago con base en un documento que contiene una obligación exigible. Tiene todas las cartas necesarias para, si lo considera oportuno, esto es, si es del diez por ciento que adoptaba una actitud activa, pretender la absolución pero como sujeto activo y no pasivo. Esto es en esencia la técnica monitoria. Y, en mi opinión, es intachable se mire por donde se mire, particularmente en cuanto a los derechos y garantías de las partes.
De otro lado, se afirma que en el ámbito de la oposición del procedimiento monitorio, y de la fundamentación de la demanda de absolución, no es posible alegar «excepciones» procesales. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que la redacción del legislador en los preceptos que regulan el procedimiento monitorio es mejorable cuando no necesaria por vacía o inexistente. También es patente que el procedimiento monitorio ha finalizado —formalmente— por transformarse en otro procedimiento autónomo para sustanciar la oposición. Si el monitorio ha finalizado, difícil encaje tendrán los óbices, defensas y excepciones procesales de un proceso ya fenecido. Pero tal cosa no significa que las defensas procesales no sean admisibles para fundar con éxito la oposición en el escrito-demanda correspondiente (y, en su orden lógico, con carácter previo a las de fondo). Sin ánimo de exhaustividad, parece bastante claro que, a pesar de la inexistencia regulatoria específica al respecto, el deudor podrá haber formulado —se supone que previamente al escrito de oposición, salvo incurrir en sumisiones tácitas o en alguna preclusión— declinatoria por falta de jurisdicción o de competencia en todas y cada una de sus modalidades. Igualmente, en la medida en que subsistan, podrá alegar cualquier cuestión relativa a las capacidades (la famosa, aunque impropiamente denominada, legitimatio ad procesum) o la propia legitimación (también llamada ad causam); lo mismo la inadecuación del procedimiento especialmente del verbal de oposición cuando no proceda por la cuantía; la litispendencia o la cosa juzgada en atención, entre otros, a lo previsto en el art. 816.2 LEC (LA LEY 58/2000), cuando se esté pretendiendo o se haya resulto el tema en un proceso —monitorio o común— precedente. Incluso podría intentarse una declaración de nulidad del monitorio por no cumplir las exigencias para su inicio (como lo relativo al documento a los requisitos de la obligación o una defectuosa notificación). Así y todo, aunque sea difícil de imaginar, básicamente por el carácter formalmente autónomo del juicio verbal respecto del monitorio, no cabría descartar que alguna cuestión procesal específicamente prevista para el mismo y que no produzca indefensión derive en irrelevante a las alturas de iniciar el nuevo juicio verbal, pero, desde una perspectiva práctica, los presupuestos y requisitos procesales serán prácticamente coincidentes, pudiéndose fundar la oposición en los mismos, incluso desde una interpretación adecuada de la autorización para alegar fundadamente «las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada».
El acreedor demandado de juicio verbal en su contestación deberá aportar los documentos en que se funden sus defensas
Exactamente lo mismo ha de afirmarse sobre la petición de vista que deberán realizar las partes una vez iniciado por el deudor el juicio verbal de oposición como adaptación al contexto del procedimiento monitorio de las previsiones generales del juicio verbal. Si conforme al art. 438.4 LEC (LA LEY 58/2000) el demandado, en el escrito de contestación «deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en el plazo de tres días desde el traslado del escrito de contestación. Si ninguna de las partes la solicitase y el tribunal no considerase procedente su celebración, dictará sentencia sin más trámites»; es coherente y correlativo que conforme al art. 818.2.II LEC (LA LEY 58/2000) «las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los arts. 438 y siguientes». Basta con recordar una vez más que el deudor es el demandante, y el acreedor el demandado, para que se disipe en la nada cualquier crítica relativa a una posible indefensión, desigualdad o merma en la contradicción.
Y, en fin, lo mismo ocurre con la aportación de los documentos. El deudor es el demandante. ¿Alguien podría «presentarnos» a un demandante de juicio que como regla general no deba aportar junto a su demanda los documentos en que funda su pretensión, aunque, como en este caso, sea tan atípica, como la pretensión de absolución o de no condena? A pesar de que la redacción de los preceptos reguladores de todo esto podría ser algo más clara o expresa, una vez más ha de decirse que si el deudor es demandante de oposición no solo puede sino que tiene la carga de presentar los documentos en que funde su pretensión —casualmente— de forma idéntica a cualquier otro demandante, incluida la preclusiones a su aportación salvo las reglas generales. Esto justifica y explica unos de los pretendidos «misterios prácticos» de la oposición en el procedimiento monitorio: que el deudor demandante no pueda ampliar los motivos de oposición introduciendo hechos diferentes a los contenidos en su demanda, ni que pueda aportar en momentos posteriores documentos no aportados en la misma, salvo que ello sea posible excepcionalmente conforme a las reglas generales, esto es, aquellas de los hechos nuevos o de nueva noticias, exarts. (LA LEY 58/2000)286 (LA LEY 58/2000) y 270 LEC (LA LEY 58/2000), respectivamente. Y, exactamente lo mismo ocurre con el acreedor, como demandado de juicio verbal, en su mal llamada «impugnación», esto es, en su contestación a la demanda de juicio verbal, deberá aportar los documentos en que se funden sus defensas frente a la pretensión absolutoria (básicamente arts. 264 (LA LEY 58/2000) y 265 LEC (LA LEY 58/2000)).
¿Dónde está, en todo esto, la alteración de alguna suerte de «lógica procesal básica» más allá de confusas denominaciones? ¿Dónde está la infracción y más patente del art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) y la indefensión del deudor requerido —demandante y situado en la posición activa—? En mi opinión, no está más que en la incomprensión de la técnica monitoria. Desde luego, afirmar que el deudor ha de pedir la vista antes de ser demandado es totalmente absurdo. Como lo es considerarle en algún momento demandado por un acreedor cuando se limita a contestar o «impugnar», como muy impropiamente dice el art. 818.2 LEC (LA LEY 58/2000). E, igualmente, doblemente absurdo es, si cabe, buscar en qué lugar un demandante de juicio verbal puede formular una reconvención.
En fin, si es preciso como principio un entendimiento correcto sobre la operatividad del procedimiento monitorio, entre otras cosas para prevenir el verse perdido entre «galimatías» de sendas por mucho que nuevas perfectamente trazadas, parece bastante claro que conviene conocer la técnica monitoria previamente a lanzarse a describir la realidad como caótica o inconstitucional con críticas tan ruidosas como faltas de fundamento.