- Comentario al documentoCon la crisis económica, la sociedad moderna ha adaptado las nuevas tecnologías de la era digital a comportamientos ancestrales, desarrollando plataformas digitales que permiten conectar a personas que quieren ofrecer y recibir un bien o servicio, o financiar y recibir financiación para un proyecto, desde cualquier lugar del mundo y a un coste mucho menor. Esta nueva forma de realizar operaciones de intercambio se conoce como economía colaborativa.Este artículo tiene por objeto analizar las distintas formas de economía colaborativa que han ido surgiendo específicamente en el mundo financiero, así como la regulación contenida al respecto en la Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, referida, entre otras materias, a alguna de las formas de crowdfunding, uno de los pocos fenómenos de la economía colaborativa que goza de desarrollo normativo en nuestro país.De hecho, estas nuevas plataformas se han convertido en un fenómeno tan sencillo y evidente como revolucionario, que está reinventando el mundo de las finanzas. Las plataformas de crowdfunding, en sus distintas modalidades, son herramientas muy valiosas como canal de financiación adicional para las pymes y las start-ups tecnológicas, aunque no solo para ellas, y han permitido dinamizar y renovar algunos sectores económicos en un mundo irreversiblemente informatizado y tecnológico.Por otra parte, este artículo también hace referencia a otras formas de economía colaborativa en el mundo financiero, como el uso de monedas sociales o criptomonedas, las transferencias de dinero y cambio de divisas o los seguros colaborativos.Aunque este nuevo modelo económico que irrumpe con fuerza no eliminará a los sistemas tradicionales, sino que coexistirá con ellos, permitirá a los actores del tráfico financiero elegir entre unos u otros según les convenga, reduciendo la tradicional dependencia de los bancos.
I. INTRODUCCIÓN
La crisis económica ha hecho que sea cada vez más habitual la puesta en marcha de actividades basadas en la colaboración, el trueque o el intercambio de bienes o servicios, rememorando la economía de hace milenios.
En el marco de esta situación, la sociedad moderna ha adaptado las nuevas tecnologías de la era digital a comportamientos ancestrales, desarrollando plataformas digitales que permiten conectar a personas que quieren ofrecer y recibir un bien o servicio, o financiar y recibir financiación para un proyecto, desde cualquier lugar del mundo y a un coste mucho menor.
Esta nueva forma de hacer operaciones de intercambio es, como es sabido, lo que se conoce como economía colaborativa (sharing economy), que parte de la idea de compartir e intercambiar bienes y servicios a través de plataformas digitales, las cuales ofrecen numerosas ventajas, como la reducción de intermediarios o la posibilidad de hacer operaciones a cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo y con mejoras sustanciales en la eficiencia del servicio.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia española, en su consulta pública sobre nuevos modelos de prestación de servicios, ha definido la economía colaborativa como un «intercambio entre particulares de bienes y servicios que permanecían ociosos o infrautilizados —por ejemplo, las plazas libres del coche en un viaje, el domicilio que queda vacío durante las vacaciones, herramientas que se utilizan una o dos veces tras su compra, etc.— a cambio de una compensación pactada entre las partes».
Lo cierto es que en los últimos tiempos, de menor abundancia y mayores recortes que en épocas anteriores, la sociedad ha reaccionado y ha decidido sacar la máxima rentabilidad a los bienes y servicios de que disponen los particulares. Los ciudadanos se han ido concienciando poco a poco de que, con las nuevas herramientas tecnológicas y a partir de la unión de varias personas, es mucho más fácil conseguir ahorrar o impulsar proyectos empresariales. Hay quien ha llegado a calificar esta nueva forma de economía o de consumo como de «inteligencia colaborativa», por entender que resulta de la unión de varias personas con iniciativas propias y con intereses comunes que se consiguen gracias a su puesta en marcha con la aportación de todos (1) , utilizando para lograrlo la tecnología de la información y la comunicación.
La economía colaborativa ofrece un amplio abanico de posibilidades
El abanico de posibilidades que ofrece la economía colaborativa es muy amplio: puede ir desde contratar un chef a domicilio, hacerse un vestido o intercambiar servicios a través de bancos de tiempo, hasta alquilar maquinaria pesada, utilizar espacios compartidos de trabajo (el llamado co-working), usar de forma compartida vehículos para el transporte de personas (como la conocida plataforma BlaBlaCar), alquilar un castillo o conseguir alojamiento para una vacaciones (como Airbnb). Pero estas plataformas no solo sirven para intercambiar o compartir bienes y servicios, sino que se pueden usar también en el ámbito financiero para captar recursos de una pluralidad de personas con el objetivo de financiar un proyecto empresarial (el fenómeno conocido como crowdfunding), para realizar pagos, realizar operaciones de envío de dinero y cambio divisas o compartir el coste del seguro, y estas últimas actividades colaborativas son las que constituyen el objeto de este artículo.
Las enormes posibilidades existentes, su versatilidad y la facilidad de su operativa han motivado que la economía colaborativa esté experimentando un crecimiento espectacular. Según datos de la consultora Nielsen, en 2014 la economía colaborativa movió 3.000 millones de dólares en todo el mundo (2) , y de acuerdo con un informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, en 2025 la economía colaborativa generará beneficios por importe de 322.000 millones de euros (3) . Los sectores que más ingresos generan hoy en día son el alojamiento y el transporte, aunque las plataformas de crowdfunding están experimentando también un crecimiento muy importante.
Por otro lado, hay quien argumenta que la economía colaborativa no es un fenómeno totalmente novedoso, sino que constituye una manifestación de un tipo de economía que siempre ha existido y que hoy cobra una nueva dimensión por el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales e internet. Incluso hay quienes denuncian que la escasa regulación sobre la materia convierte a esta forma de consumo en un puerto franco para la elusión fiscal y de cotizaciones laborales, lo cual va en perjuicio de todos. También se ha criticado que algunas de estas nuevas empresas que prestan servicios enmarcados dentro del modelo de la economía colaborativa actúan en competencia desleal, porque prestan los mismos servicios que otras empresas tradicionales, pero a un menor coste gracias a que no pagan impuestos como ellas e incumplen determinados requisitos legales (4) . Un ejemplo es el famoso caso de Uber, la aplicación móvil que permite conectar a usuarios que necesitan trasladarse dentro de una ciudad con aquellos particulares dispuestos a prestar el servicio de transporte. En España, los taxistas han reivindicado que estos particulares prestan los mismos servicios que ellos, pero a menor coste, al no tener que soportar el coste de la licencia y no pagar impuestos sobre los ingresos no declarados.
Por estas razones y para garantizar el correcto funcionamiento y la transparencia del mercado, así como la competencia efectiva en todos los sectores productivos, parece que sería conveniente regular de alguna forma estas actividades que hoy por hoy carecen en muchos casos de control legislativo, teniendo en cuenta además que la aplicación de las normas vigentes a estas nuevas formas de operar, tratando de adaptarlas a las nuevas situaciones que se plantean, no está sirviendo para resolver eficazmente todos los problemas que surgen.
Este artículo tiene por objeto analizar las distintas formas de economía colaborativa que han ido surgiendo específicamente en el mundo financiero, así como las principales novedades legislativas que se han aprobado en España al respecto y, en particular, por lo que se refiere a:
- — El crowdfunding.
- — La creación de moneda.
- — El envío de dinero y el cambio de divisas.
- — El seguro colaborativo.
II. EL CROWDFUNDING
El término inglés crowdfunding deriva de los vocablos crowd, que en español se traduce por «multitud», y funding, que se traduce como «financiación», y es conocido también en nuestro país como microfinanciación, financiación participativa, financiación colectiva, financiación popular o mecenazgo.
El crowdfunding, como nuevo modelo de financiación, empieza a tomar forma durante los años de la crisis, en los que la financiación por parte de los bancos se redujo muy considerablemente y la poca que se concedía era a intereses muy altos. Además, a la situación de crisis financiera internacional se unía la circunstancia de que las pymes y start-ups tienen aún más dificultades para acceder a la financiación tradicional bancaria, ya que este tipo de compañías suponen un mayor riesgo para los bancos por sus bajos recursos y escasez de patrimonio que sirva como garantía (5) . Por ello, todas las empresas y, en especial, las pymes se vieron obligadas a buscar nuevas fuentes de financiación alternativas para sacar adelante sus proyectos.
El crowdfunding puede definirse como un modo de obtener financiación a través de plataformas digitales de financiación participativa entre particulares que conectan directamente a todas aquellas personas que están dispuestas a dar, prestar o invertir dinero en un proyecto que necesita financiación. En muchas ocasiones, se establece un objetivo de financiación y un plazo determinado en el cual se debe recaudar la financiación requerida, y si no se consigue, deberán reintegrarse las contribuciones percibidas a cada uno de los aportantes (6) .
En los últimos años, estas plataformas han crecido de forma exponencial. A 31 de diciembre de 2014 se calcula que en la Unión Europea había 510 plataformas en actividad, un 23 % más que en 2013, tal y como se representa en el siguiente gráfico, que ilustra la evolución del número de plataformas vivas en la Unión Europea en los últimos años: (7)
(Cuadro extraído del informe de la Comisión Europea, «Crowdfunding: Mapping EU markets and event study», 30 de septiembre de 2015)
En un informe reciente del Banco Mundial, se prevé que en 2025 el crowdfunding pueda alcanzar, solo en China, los 50 billones de dólares, la mitad de los cuales se estima que serán canalizados a través de start-ups y negocios en todo el mundo, no solo en el país asiático (8) .
1. Sujetos intervinientes
Los sujetos intervinientes en una operación de financiación colectiva son tres: los promotores, los financiadores y la plataforma informática.
En primer lugar, los promotores son las personas que quieren llevar a cabo un proyecto empresarial y deciden lanzarlo al mercado con campañas de marketing para conseguir financiación a través de las plataformas de crowdfunding. Tienen una posición pasiva, porque se limitan a recibir los recursos necesarios para llevar a cabo la idea empresarial que desean poner en práctica. En muchos casos, los fondos se obtienen a cambio de una contraprestación pactada con el financiador, aunque también pueden recibir donaciones o aportaciones realizadas a título de liberalidad (9) .
En segundo lugar, los financiadores son el conjunto de personas, tanto físicas como jurídicas, que realizan aportaciones de cuantía muy variada para financiar los proyectos de los promotores. No solo participan en la financiación de proyectos de esta naturaleza pequeños inversores, sino que también intervienen inversores profesionales, como, por ejemplo, los llamados business angels o «inversores de proximidad», llamados así en referencia a los empresarios que a principios del siglo XX apoyaban las producciones teatrales de Broadway.
Finalmente, la plataforma informática es el medio a través del cual los promotores publican el anuncio en el que solicitan fondos para su proyecto y que les pone en contacto con aquellos dispuestos a aportar los recursos necesarios para que pueda ser llevado a cabo. La plataforma actúa como intermediario de la operación (10) , aunque, en ocasiones, los promotores utilizan sus propios sitios webs para conseguir los fondos necesarios.
2. Tipos de crowdfunding
No existen límites a los tipos de proyectos que se pueden llevar a cabo mediante financiación participativa, y los financiadores pueden recibir diversas clases de contraprestaciones.
Normalmente, se habla de cuatro tipos generales de crowdfunding (aunque existen otros de menos importancia relativa): donation-based crowdfunding, reward-based crowdfunding, loan-based crowdfunding y equity-based crowdfunding.
• Donation-based crowdfunding, peer-to-peer online fundraising o crowdfunding solidario
Tiene como finalidad obtener financiación para proyectos de interés general o para organizaciones sin ánimo de lucro. Los financiadores mecenas realizan donaciones por las que no esperan recibir ningún tipo de contraprestación, es decir, aportaciones a título de mera liberalidad.
Ejemplos de esta forma de crowdfunding serían BBVA Suma, que consigue financiación para causas solidarias y que ha recaudado casi un millón de euros destinados a ellas (11) , o Mi Grano de Arena, que tiene como objetivo recaudar fondos para ONGs.
En nuestro país no hay legislación relativa a este tipo de crowdfunding, de modo que a falta de norma específica se aplican desde la perspectiva del Derecho civil y mercantil las disposiciones del Código Civil en materia de donaciones (con independencia de las normas fiscales aplicables).
• Reward-based crowdfunding
Esta modalidad se refiere a aquellas plataformas en las que se realizan aportaciones a cambio de una recompensa o entrega de un bien o servicio por la aportación.
Una de las plataformas más importantes dentro de esta categoría de financiación colectiva es Kickstarter, que está destinada a obtener recursos para financiar toda clase de proyectos creativos (en el ámbito musical, cinematográfico, etc.). Según afirma su página web, desde abril de 2009 se han conseguido fondos para más de 100.000 proyectos y se han recaudado 2,3 millones de dólares gracias a 11 millones de personas (12) . Los patrocinadores reciben recompensas como, por ejemplo, una edición limitada del producto o el disco firmado y dedicado por el cantante.
En nuestro país tampoco hay legislación relativa a este tipo de crowdfunding, de modo que a falta de norma específica se aplican desde la perspectiva del Derecho civil y mercantil las disposiciones del Código Civil en materia de compraventa (con independencia de las normas fiscales aplicables).
• Loan-based crowdfunding o crowdlending
Se trata de la modalidad de crowdfunding en que los promotores del proyecto (prestatarios) solicitan a los aportantes (prestamistas) un préstamo cuyo principal deberán devolver después con los intereses devengados. Las plataformas de crowdlending permiten obtener financiación directamente de una pluralidad de personas sin necesidad de acudir a los servicios de un banco o a los mercados de capitales, vedados a las empresas de menor tamaño.
En el mundo anglosajón es donde esta modalidad tiene más adeptos, aunque en España —de gran arraigo de la banca tradicional— comienzan a desarrollarse plataformas de cierta relevancia. Datos recientes indican que en 2015 el crowdlending en Europa superó los 3.000 millones de euros, de los cuales solo algo más de 13 millones (un 0,4 %) correspondían a España (13) .
Arboribus es una de las plataformas digitales más importantes donde las personas pueden prestar dinero a empresas. LoanBook es otro ejemplo de este modelo de plataforma y que conecta directamente a inversores que quieren prestar dinero con empresas sólidas y cuidadosamente seleccionadas, en un proceso que trata de eliminar la complejidad y los costes asociados a la financiación a través del sistema bancario tradicional o al mercado de capitales.
• Equity-based crowdfunding
Se trata de la financiación colectiva en la que el financiador actúa como un inversor que recibe acciones o participaciones en la sociedad promotora. La contribución recibida es una aportación al capital, cuya contraprestación consiste en acciones o participaciones sociales.
Crowdcube es una de las plataformas de este tipo más importantes de Europa, a través de la cual se han financiado 371 empresas con un total de casi 158 millones de euros (14) .
En la Unión Europea, Reino Unido es el país donde más se ha desarrollado el crowdfunding, con bastante diferencia respecto a los demás países.
El siguiente cuadro, extraído de un informe de la Comisión Europea de septiembre de 2015, presenta un análisis con la evolución de las distintas categorías de financiación colectiva en el conjunto de la Unión Europea desde el 2008 (y años anteriores) al 2014, y en distintos países de la Unión en 2014, en los siguientes términos:
(Cuadro extraído del informe de la Comisión Europea, «Crowdfunding: Mapping EU markets and event study», 30 de septiembre de 2015)
3. La Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial
La regulación española aplicable en materia de economía colaborativa en el ámbito financiero es muy limitada. De hecho, uno de los pocos fenómenos de economía colaborativa que goza de desarrollo normativo en el ámbito financiero es el crowdfunding con la aprobación de la Ley 5/2015, de 27 de abril (LA LEY 6908/2015), de fomento de la financiación empresarial («Ley de Fomento de la Financiación Empresarial»).
Hasta abril de 2015, este modelo de financiación carecía de regulación en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se trataba de un fenómeno atípico en Derecho español. Pero la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial no regula todas las formas de crowdfunding, sino que deja fuera de su ámbito de aplicación a las plataformas de financiación participativa en las que se capta financiación exclusivamente a través de donaciones, venta de bienes y servicios, y préstamos sin intereses.
La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial aborda el fenómeno del crowdfunding desde una triple dimensión: en primer lugar, define su ámbito de aplicación, esto es, las plataformas de financiación participativa reguladas por ella; en segundo lugar, regula la reserva de actividad en favor de dichas plataformas y el régimen de autorización y registro; y, por último, establece la normativa aplicable a cada uno de los agentes implicados, incluyendo los límites de las actividades permitidas y unas reglas de protección de los inversores no acreditados (en terminología de la propia ley).
• Plataformas de financiación participativa reguladas por la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial
Las plataformas de financiación participativa sujetas a la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial se definen como aquellas empresas autorizadas cuya actividad se ejerza en España y que consiste en poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas webs u otros medios electrónicos, a una pluralidad de personas físicas o jurídicas que ofrecen financiación a cambio de un rendimiento dinerario, denominados «inversores», con personas físicas o jurídicas que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto de financiación participativa, denominados «promotores».
• Reserva de actividad, autorización y registro
Se establece una reserva de actividad y denominación («plataforma de financiación participativa» o «PFP») para estas empresas, y se prevén determinadas limitaciones relativas a las formas en las que las plataformas pueden obtener financiación, al destino de la financiación captada (únicamente de tipo empresarial, formativo o de consumo) y a los servicios que pueden prestar las plataformas (principalmente, servicios de marketing y comunicación, pero en ningún caso servicios de inversión o las actividades propias de las entidades de crédito).
En cuanto al régimen de autorización y registro, el ejercicio de la actividad por las plataformas de financiación participativa está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la inscripción en un registro especial. Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la cooperación del Banco de España, es la autoridad encargada de la supervisión, inspección y sanción de las plataformas y las restantes personas físicas y jurídicas que participen en ellas.
Por lo demás, se establecen los siguientes requisitos para el ejercicio de la actividad por las plataformas de financiación participativa: (i) tener como objeto social exclusivo la realización de actividades propias de las plataformas de financiación participativa a que se refiere la ley; (ii) tener el domicilio social, así como la efectiva administración y dirección, en territorio nacional o en otro Estado miembro de la Unión Europea; (iii) revestir la forma de sociedad de capital con duración indefinida; (iv) cumplir los siguientes requisitos financieros: a) disponer de un capital social mínimo de 60.000 euros, sustituible por una garantía con cobertura mínima de 300.000 euros por reclamación de daños y 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones; y b) disponer de unos recursos propios que varían según la financiación obtenida por los proyectos publicados hasta un máximo de 2 millones de euros; (v) que los administradores y directores generales o asimilados de la plataforma cumplan determinados requisitos de honorabilidad, conocimientos y experiencia; y (vi) cumplir determinados requisitos sobre organización interna de la plataforma.
• Normativa aplicable a los agentes implicados
La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial prevé que el promotor debe estar constituido o tener su residencia en España o en un Estado miembro de la Unión Europea y no hallarse inhabilitado conforme a la legislación concursal o cumpliendo condena por la comisión de delitos o faltas contra el patrimonio, el blanqueo de capitales, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
Para cada proyecto, la plataforma debe fijar un objetivo de financiación y un plazo límite. Si dentro del plazo límite no se alcanza el objetivo de financiación o se supera dicho objetivo (con ciertos márgenes permitidos expresamente), la financiación captada deberá ser devuelta a los inversores. El límite máximo de captación de fondos por proyecto en una misma plataforma es de 2 millones de euros, pero cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores acreditados (a los que se hace referencia a continuación), el importe máximo podrá alcanzar los 5 millones de euros.
La plataforma debe garantizar que la información publicada en ella sea completa y tiene la obligación de publicar toda otra información relevante que obre en su poder sobre el proyecto o los promotores. El promotor es el responsable frente a los inversores de la información proporcionada.
Los proyectos pueden estructurarse tanto a través de préstamos como de emisión de valores. Los proyectos basados en préstamos no pueden incorporar una garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual del promotor, y se debe proporcionar información sobre las características esenciales del préstamo en cuestión. En los proyectos basados en valores representativos de capital u obligaciones, se deberá informar a los inversores de los datos básicos de la sociedad y de los valores emitidos.
La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial se refiere a inversores acreditados y no acreditados, y los distingue esencialmente en función de la capacidad económica demostrada, en unos casos, y de si se ha solicitado expresamente ser considerado como inversor acreditado, en otros. En este último caso, si se trata de personas físicas, la plataforma de financiación participativa deberá evaluar cada caso concreto y decidir si admite o rechaza dicha solicitud.
La distinción es relevante porque los inversores no acreditados no pueden invertir más de 3.000 euros en un proyecto, o más de 10.000 euros en un periodo de doce meses en proyectos publicados por una misma plataforma de financiación participativa. Además, la plataforma está obligada a realizar determinadas advertencias a los inversores no acreditados sobre los riesgos de la inversión.
Finalmente, la normativa relativa a la protección de los consumidores y usuarios resulta de aplicación —con algunas particularidades— a las relaciones entre los promotores e inversores y a la relación entre la plataforma de financiación participativa y el promotor, cuando este último tenga la consideración de consumidor.
III. LA CREACIÓN DE MONEDA
El monopolio de los bancos centrales en la emisión de moneda se ha visto recientemente afectado por la aparición de las llamadas monedas sociales y criptomonedas, que han supuesto una reinvención del concepto del dinero y la manera en que se crea y se hace circular.
1. Las monedas sociales
Las monedas sociales son herramientas creadas y utilizadas por comunidades, colectivos y particulares con el objeto de poder facilitar el intercambio de bienes y servicios sin emplear la moneda de curso legal. Se trata de divisas impresas o cartillas que en muchas ocasiones cuentan con el respaldo de instituciones locales, como los ayuntamientos.
Las monedas sociales no se crean con la intención de sustituir a la moneda oficial, sino como un instrumento complementario que permite generar dinero y movilizar recursos locales improductivos u ociosos. No tienen valor más allá de la comunidad en que se crean y no tienen validez para el sistema bancario tradicional. Su valor está acordado exclusivamente por el grupo que lo crea, y su objetivo fundamental es fomentar las relaciones comerciales y productivas de una pequeña comunidad local y el propio desarrollo de ese grupo que pone en marcha esta forma de pago social y local.
Las principales ventajas de las monedas sociales consisten en potenciar las economías locales, impedir las burbujas económicas e impulsar las relaciones entre vecinos. Sin embargo, también presentan algunos inconvenientes, porque, si el número de usuarios es limitado, los intercambios serán también limitados, y al ser exclusivamente locales, tienen un área de utilización muy limitada. Además, son en general más fáciles de falsificar.
Uno de los ejemplos más relevantes de moneda social es la libra de Bristol (Bristol Pound, que fue lanzada en 2012 con el respaldo del Ayuntamiento de Bristol bajo el lema «nuestra ciudad, nuestra moneda»), con la que se pueden pagar los impuestos locales, por ejemplo.
En España hay más de 70 monedas sociales, 30 de ellas en Andalucía. Entre ellas, puma es una moneda social que se puede utilizar en el casco histórico de Sevilla. Con valor equivalente al euro (1 puma = 1 euro), se inspira en el sistema de monedas complementarias LETS (Local Exchange Trade System), un sistema de intercambio local por puntos basado en la obtención de crédito local que no tiene por qué canjearse por intercambios directos. Así, por ejemplo, un miembro del sistema puede conseguir un crédito haciendo de niñera para otra persona y gastarlo más tarde en un servicio de carpintería con otra persona de la misma red.
2. Las criptomonedas
Criptomoneda es el término más común para referirse al sistema de intercambio de valor mediante el uso de monedas digitales emitidas sin el respaldo de un banco central.
A diferencia de un billete en papel o una moneda metálica, una criptomoneda es un bien digital que se almacena en un monedero electrónico que tiene asociadas una dirección pública y una clave privada. Las operaciones entre usuarios de la criptomoneda se realizan mediante el uso de estos monederos virtuales, y la clave privada es la que permite acceder a los fondos del monedero y realizar transferencias. Al contrario de lo que ocurre con las monedas sociales, que son de ámbito local, las criptomonedas pueden utilizarse en cualquier parte del mundo.
La conocida Bitcoin es la primera criptomoneda que vio la luz (en 2009) y la red que más usuarios tiene, y, como tal, no está respaldada por ningún Estado ni banco central emisor. Puede usarse en el mundo para intercambiar bienes y servicios y, como cualquier moneda, se puede cambiar por otra divisa, y viceversa.
Usando Bitcoin desaparece la necesidad de confiar en un intermediario
Se trata de una criptomoneda que opera con tecnología peer-to-peer o entre pares, de código abierto, esto es, su diseño es público, por lo que cualquiera puede verificar su funcionamiento. Es un protocolo informático distribuido entre todos los servidores que componen la red (denominados nodos), que nadie domina o controla. Cualquiera que forme parte de la red tiene que aceptar las reglas prefijadas.
Usando Bitcoin desaparece la necesidad de confiar en un intermediario para realizar operaciones: el usuario es el titular único de su propio dinero. Cuando operamos con una cuenta corriente bancaria lo hacemos con la intermediación de una entidad financiera en la que confiamos y que respalda el saldo que tenemos en cuenta. Ello tiene mucho que ver con el espíritu de la economía colaborativa de eliminar intermediarios y que los servicios se presten y las operaciones se realicen entre pares, directamente, sin intermediación. Por ello, el uso de Bitcoin en el ámbito de la economía colaborativa es frecuente. De hecho, hace poco tiempo, Airbnb (que permite compartir casas o habitaciones para uso vacacional u otros entre particulares) ha contratado a los desarrolladores de ChangeTip (una empresa que ha desarrollado un sistema que permite enviar propinas en bitcoins a través de redes sociales, como Twitter) para, al parecer, incluir a Bitcoin como un medio más de pago.
La cuestión que se plantea, tanto en el caso de las monedas sociales como de las criptomonedas, es cómo abordar jurídicamente estos fenómenos. Aunque se han dictado algunas sentencias y emitido algunas consultas sobre determinados aspectos (como la tributación de las operaciones realizadas con estas nuevas monedas o cómo tratarlas en materia de prevención del blanqueo de capitales), lo cierto es que la regulación existente no está preparada para dar respuesta a todos los problemas que de hecho se están planteando (de seguridad de las operaciones y falsificación de moneda, entre otros), que ponen a prueba además a las normas de conflicto tradicionales del Derecho internacional privado, ni a los que podrían derivarse de disrupciones tecnológicas de envergadura.
IV. EL ENVÍO DE DINERO Y EL CAMBIO DE DIVISAS
Otra manifestación de la economía colaborativa en el mundo de las finanzas es la posibilidad de hacer transferencias internacionales de dinero u operaciones de cambio de divisas a través de estas nuevas plataformas, al margen de los bancos y con costes operativos menores.
Un ejemplo de ello es Transferwise, plataforma que ofrece ambos servicios con una forma de operar sencilla: dispone de una cuenta en cada uno de los países en los que opera denominada en moneda local desde donde recibe y transfiere el dinero. Para hacer una transferencia internacional de dinero con cambio de divisa, como, por ejemplo, enviar una cantidad de euros desde España a Estados Unidos en dólares, el usuario solo tiene que depositar los euros en la cuenta que tenga Transferwise en España y Transferwise transfiere la cantidad correspondiente en dólares desde su cuenta de Estados Unidos, de forma que no hay una transferencia internacional ni un cambio de divisa intermediado por entidades financieras, con una reducción significativa de costes. Algunos cifran esa reducción en más de un 1 %, comparando las comisiones que aplican los bancos por esas operaciones, de alrededor de un 2 %, con el coste de estas plataformas, que oscila generalmente entre un 0,3 % y un 0,9 % (15) .
Otras empresas combinan estos servicios con otros típicamente bancarios, como es el caso de la empresa española Octopocket, que ha creado una plataforma que permite enviar y recibir dinero a través de Telegram (mensajería instantánea) y disponer de efectivo en cajeros automáticos, sin necesidad de disponer de tarjeta bancaria de crédito o débito, y ni siquiera de cuenta bancaria. Además, el usuario puede elegir en qué divisa desea operar: euros, libras, dólares, yenes o incluso bitcoins.
V. EL SEGURO COLABORATIVO
La economía colaborativa también ha llegado al sector de los seguros. En ese contexto en que las personas han querido sacar el mayor rendimiento a los bienes y servicios a su disposición mediante la colaboración con otras personas, también se ha querido rentabilizar al máximo el coste de las primas de seguros, muy elevado en general.
El seguro colaborativo consiste en conectar a través de las redes sociales a personas que tienen un mismo tipo de seguro y que acuerdan compartir el coste de la prima, bajo fórmulas distintas. Aunque las aseguradoras están observando la evolución de esta tendencia de cerca, no todas han tomado un papel activo en la innovación y diversificación de sus productos para adaptarlos a la nueva realidad.
El primer seguro peer-to-peer que surgió lo promovió Friendsurance, una empresa alemana que ofrece servicios de cobertura similares a los de las aseguradoras tradicionales, pero que ofrece además productos colaborativos. Así, un grupo de personas más o menos grande puede conectar a través de su plataforma y aportar una pequeña cantidad para la cobertura de siniestros de cualquiera de dichas personas.
VI. CONCLUSIONES
La economía colaborativa es un fenómeno que ha irrumpido en nuestro modo de vida para quedarse, pero estamos tan solo en los inicios de este cambio de paradigma en el consumo de determinados bienes y servicios.
La sociedad moderna ha empezado ya a utilizar las plataformas digitales que permiten conectar la oferta y la demanda con el objetivo de obtener aquello que necesitamos los unos de los otros de manera muy directa y sin necesidad de recurrir a las empresas tradicionales. Sin embargo, no cabe esperar que este nuevo modelo económico reemplace por completo al sistema actual, sino que lo complementará en determinados ámbitos.
El nuevo modelo económico se basa en la colaboración de varias personas para conseguir un interés común, porque entre varios es más fácil llegar más lejos, disfrutar de más bienes y servicios y ahorrar costes. La confianza en el resto de las personas cobra un papel fundamental y la propiedad pasa a tener un papel secundario: la economía colaborativa supone compartir bienes, poner en circulación lo que ya existe. Ello plantea nuevos problemas desde el punto de vista jurídico, que la regulación actual no permite abordar en su totalidad.
Desde el punto de vista financiero, se ha demostrado en los últimos años que en el entorno en el que vivimos, sea por unas u otras razones, el sistema financiero tradicional no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de algunas empresas de pequeño tamaño o recientemente creadas, ni las de los particulares, por lo que ha sido necesario buscar alternativas.
En este contexto, el crowdfunding (en sus distintas modalidades) ha resultado una herramienta muy valiosa como canal de financiación adicional para las pymes y las start-ups tecnológicas (aunque no solo para ellas), que ha permitido dinamizar y renovar algunos sectores económicos en un mundo irreversiblemente informatizado y tecnológico. Lo mismo puede decirse de otras formas de economía colaborativa en el uso de monedas sociales o criptomonedas, en el ámbito de las transferencias de dinero y cambio de divisas o en el mundo del seguro, que no eliminarán los instrumentos o sistemas tradicionales, pero probablemente coexistirán con ellos permitiéndonos usar unos u otros según nos convenga y reduciendo la tradicional dependencia de los bancos.
Se trata de un fenómeno tan sencillo y evidente como revolucionario: el mundo de las finanzas se está reinventando y adaptando a las nuevas tecnologías. Pero en aras de conseguir un desarrollo ordenado de la economía colaborativa (en todos sus ámbitos, incluido el financiero), es precisa una correcta regulación normativa. La falta de cobertura legislativa hace que los consumidores estén desprotegidos, que algunas de estas actividades puedan desarrollarse en condiciones de competencia desleal y que incluso algunas de las fórmulas utilizadas puedan ser consideradas como una vía fácil para eludir el pago de impuestos y evitar que la economía sumergida aflore, por dar algunos ejemplos.
El legislador se enfrenta, por tanto, con el doble reto de, por un lado, potenciar y promover el uso de estas nuevas formas de economía colaborativa (incluidas las nuevas fuentes de financiación) y, por otro, preservar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de los mercados, y, por lo que respecta al mercado financiero en particular, proteger a los inversores que asumen riesgos adicionales en los proyectos de crowdfunding.
Este nuevo modelo —no solo de consumo, sino de economía— ha venido pisando fuerte y nos está brindando una infinidad de posibilidades para facilitarnos el día a día, pero queda mucho camino por recorrer (incluido en materia de control legislativo) para conseguir un funcionamiento que garantice la debida protección de todos los intereses en juego.