1. Entidades financieras
1.1. Aspectos comunes
− «Pasaporte comunitario»
El brexit conllevará que las entidades financieras con domicilio social en el Reino Unido pasarán a someterse al régimen y a las restricciones previstos para terceros países ajenos a la Unión Europea. Del mismo modo, las entidades con domicilio social en Europa tendrán más trabas legales para el ejercicio de la actividad en el Reino Unido. En consecuencia, las empresas británicas y sus filiales en la Unión Europea deberán relocalizarse para conservar este privilegio.
− Supervisión y solvencia
También existirán problemas en la determinación del marco de supervisión y solvencia de las entidades por cuanto el brexit implica que el Reino Unido queda fuera, por ejemplo, de la regulación establecida por la directiva «Solvencia II» y el reglamento «Basilea III».
− Venta de deuda
Algunas entidades pueden ofrecer bonos o participaciones en el mercado regulado comunitario para obtener financiación bajo unas condiciones y exigencias compartidas entre los Estados miembros. Así, el folleto de emisión puede utilizarse en todos los mercados en un régimen equivalente que no puede agravarse con nuevas exigencias por parte de tales Estados. El brexit puede conllevar divergencias entre la normativa europea y la británica en este sentido.
1.2. Seguros y reaseguros
− Imposibilidad de supervisión directa
Solvencia II prevé la posibilidad de que la autoridad de supervisión del Estado miembro de origen pueda supervisar in situ la sucursal de la entidad aseguradora situada en otro Estado miembro. Ello no es posible con las entidades de terceros países.
− Imposibilidad del inicio automático de la actividad
Las entidades reaseguradoras domiciliadas en el Reino Unido se someterán al régimen previsto para entidades de terceros países, de modo que ya no podrán favorecerse del comienzo automático de la actividad con la mera comunicación entre las autoridades de supervisión de los Estados miembros. De hecho, tanto para las aseguradoras como para las reaseguradoras el silencio administrativo supone la desestimación de la solicitud.
− Imposibilidad de operaciones de seguro directo
No se podrán concertar en España operaciones de seguro directo con entidades aseguradoras británicas o hacerlo a través de mediadores, salvo por medio de una sucursal legalmente establecida.
− Coaseguro comunitario
No está claro si el brexit conllevará la imposibilidad de que las entidades aseguradoras domiciliadas en el Reino Unido puedan formar parte en un coaseguro comunitario. La naturaleza de la institución no evidencia la necesidad de que las coaseguradoras pertenezcan a Estados miembros. Por ello, entendemos que más bien puede pensarse que el término comunitario hace referencia a la situación del riesgo en territorio europeo. Es más, una entidad británica con una sucursal en un Estado miembro podría formar parte de un coaseguro comunitario. Con todo, el dilema es manifiesto, principalmente si tenemos en cuenta la anterior redacción del artículo 33a de la Ley de Contrato de Seguro (LA LEY 1957/1980).
− Distribución de seguros
Las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la distribución de seguros podrán someterse a un régimen distinto en función de si actúan dentro o fuera de la Unión Europea. Así, cuando los riesgos o compromisos estén en el Reino Unido o cuando el distribuidor ejerza la actividad en dicho Estado, no será aplicable la Directiva de distribución de seguros. Ello puede suponer, por ejemplo, una relajación de la información precontractual para el tomador en el Reino Unido.
1.3. Banca
− Servicios de pago
La nueva Directiva (UE) 2015/2366, de servicios de pago, no será aplicable a los servicios de pago efectuados en el Reino Unido. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es la actuación que llevarán a cabo las fintech en adelante, pues muchas de ellas están asentadas en Londres.
− Directivas MiFID
Existen algunas diferencias significativas entre la MiFID I y la MiFID II en relación con el tratamiento de entidades de terceros países, que es lo que pasará a ser el Reino Unido. Por ejemplo, la MiFID II establecerá dos regímenes diferentes, teniendo distintas disposiciones para los clientes minoristas y los clientes profesionales. En la mayoría de los casos una entidad bancaria domiciliada en un tercer país sólo podrá llevar a cabo un negocio de inversión con un cliente minorista en un Estado miembro si el banco ha establecido una sucursal en dicho Estado miembro. Con el fin de establecer una sucursal, las autoridades del Estado miembro deberán cerciorarse de que el tercer país cumple las exigencias respecto a áreas clave como el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.
Seguramente el Reino Unido busque la equivalencia normativa entre este Estado y la Unión Europea, aunque existen algunos aspectos que podrían ser revisados teniendo en cuenta que, durante la tramitación de la directiva, el Reino Unido se opuso a ellos.
2. Derecho de la competencia
− Prácticas antimonopolísticas
Aunque las actuaciones adoptadas por las empresas británicas que tuvieran efecto sobre el territorio de la Unión Europea seguirán estando sometidas a las normas de competencia comunitarias, lo cierto es que la Comisión Europea no podrá llevar a cabo investigación in situ en el Reino Unido ni pedir a las autoridades de supervisión nacional y comunitaria que lleven a cabo la investigación en su nombre, limitándose a hacer solicitudes de información por escrito.
− Control de fusiones
Se rompe la cooperación entre la Comisión Europea y el Reino Unido, de modo que las nuevas fusiones pasarían a ser analizadas por ambas partes, lo cual supone que las empresas deban hacer frente a una mayor burocratización y más controles, mientras que la autoridad británica de competencia (UK Competition and Markets Authority) hará frente a un mayor número de casos.
− Ayudas estatales
El Reino Unido podrá conceder ayudas estatales, dentro de los márgenes establecidos por la Organización Mundial del Comercio, sin que tuviera que soportar represalias por parte de los Estados europeos (y viceversa).
3. Protección de datos
− ¿Tercer país seguro?
En el ámbito de la protección de datos, la Comisión Europea tendría que designar al Reino Unido como un «tercer país seguro», so pena de que se apliquen exigencias más estrictas en las transferencias de datos, principalmente para las empresas que se encarguen del procesamiento de los datos.
− Reglamento General de Protección de Datos
No será aplicable en territorio británico, al menos desde el 23 de junio del 2018 (1) . Asimismo, cualquier empresa británica que opere en la Unión Europea deberá seguir las directrices del reglamento a pesar del brexit. Lo más probable es que el Reino Unido acabe aprobando su propia ley con un contenido lo más compatible posible con la normativa europea en aras de un acuerdo de cooperación con la Comisión Europea.
4. Comercio electrónico
− Salida del Mercado Único Digital
Las medidas adoptadas por la Unión Europea contra el bloqueo geográfico, la mejora de los servicios de paquetería transfronteriza y el reforzamiento de los derechos y la confianza de los consumidores no tendrán repercusión en el país británico.
− Aumento de restricciones comerciales
Es posible que se establezcan más restricciones al comercio electrónico entre el Reino Unido y la Unión Europea, como un incremento de los aranceles o de medidas de control transfronterizo. Ello, junto con la potencial debilitación de la libra, puede provocar un empeoramiento económico para el Reino Unido, sus ciudadanos y sus empresas.
5. Aspectos procesales
− Regulación
No serán aplicables los reglamentos europeos sobre competencia judicial, reconocimiento de resoluciones judiciales y sobre Derecho aplicable.
− Sumisión a ley inglesa
No se prevé una alteración sustancial de las consecuencias respecto a la competencia de los tribunales ingleses, aunque se aplicará el Derecho inglés en lugar del Reglamento Bruselas I bis.
− Reconocimiento y ejecución de sentencias
Las sentencias inglesas no se beneficiarán del privilegio de ejecución transfronteriza automática (art. 36 del Reglamento Bruselas I bis). En consecuencia, se requerirá el procedimiento nacional de exequatur (si sólo se solicita el reconocimiento, puede ser incidental), incluso si el Reino Unido se adhiere al Convenio de Lugano.
− Litispendencia y conexidad
Las reglas del Reglamento Bruselas I bis son potestativas para los tribunales, por lo que no se garantiza que un juez de un Estado miembro vaya a suspender (o inhibirse de él) un procedimiento porque exista uno paralelo en el Reino Unido cuya resolución podría ser susceptible de ser reconocida. Sólo si se adhiere al Convenio de Lugano podría aplicarse el principio de temporalidad.
− Cláusulas material adverse change
Para los contratos mercantiles y financieros sujetos a la ley inglesa es posible que se entienda que no existe un empeoramiento suficiente como para resolver el contrato, aunque sí es posible tal circunstancia en contratos con consumidores, principalmente si el legislador británico desmonta y empeora los derechos de este colectivo.
6. Audiovisual: salida del mercado único digital
– Licencias y autorizaciones audiovisuales
En tanto en cuanto el Reino Unido siga perteneciendo al Espacio Económico Europeo, los operadores audiovisuales establecidos en el Reino Unido podrán obtener licencias o autorizaciones para actuar como prestadores de servicios de comunicación audiovisual en otros Estados de la Unión Europea, que, como España, condicionan su obtención a la nacionalidad en España o en otro Estado perteneciente a dicho espacio económico. En caso de salida incluso de este espacio, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual británicos sólo podrían obtener licencias audiovisuales en otros Estados conforme al principio de reciprocidad.
– Restricciones a las retransmisiones emitidas desde el Reino Unido
En el ámbito comunitario se garantiza la libertad de recepción y no obstaculización de las retransmisiones de los servicios de comunicación audiovisual procedentes de otros Estados miembros por motivos inherentes a los ámbitos coordinados por la Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo (LA LEY 7119/2010), de coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (art. 3). Fuera de ese ámbito, no hay obstáculos para restringir tales emisiones. El brexit permite a los Estados restringir las emisiones procedentes del Reino Unido por los motivos previstos en la directiva de comunicación audiovisual (protección de los menores o de los consumidores, seguridad pública…), pero también por motivos no previstos en dicha directiva (p. ej., bloqueo de publicidad de productos británicos).
– El Reino Unido queda fuera del grupo de entidades reguladoras europeas (ERGA, The European Regulators Groups for Media Services)
El ERGA estará compuesto por los veintiocho reguladores audiovisuales nacionales, cuyas funciones se refuerzan en la próxima revisión de la Directiva 2010/13/UE. Le corresponde, entre otras responsabilidades, evaluar los códigos de conducta a los que habrán de someterse los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, incluidas las plataformas de distribución de vídeos on line, y asesorar a la Comisión.
7. Telecomunicaciones: salida del mercado único de comunicaciones electrónicas
– Los operadores británicos sólo podrán explotar redes o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en los Estados miembros de la Unión Europea en los términos previstos en los convenios internacionales.
En España, como en otros Estados de la Unión Europea, sólo podrán explotar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas a terceros las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otra nacionalidad cuando, en este segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Estado en cuestión. No obstante, en ausencia de un convenio internacional al efecto, los respectivos Gobiernos podrán autorizar excepciones de carácter general o particular. Sin perjuicio de posibles acuerdos bilaterales, de acuerdos entre el Reino Unido con la propia Unión Europea o de autorizaciones particulares, el brexit dificultará la expansión de los operadores británicos de telecomunicaciones.
– Imposibilidad de beneficiarse de los principios de red abierta respecto a las redes de otros Estados de la Unión Europea
Los operadores británicos se verán privados de los derechos de acceso e interconexión conforme a los principios de red abierta (objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación) y sólo tendrán derechos de interconexión en los términos reconocidos a los operadores de fuera de la Unión Europea.
– Posible encarecimiento de los servicios de itinerancia para consumidores y operadores
El brexit supondrá la no aplicación del régimen del servicio de itinerancia comunitario. De verificarse, el Reino Unido dejaría de ser territorio comunitario a efectos de la aplicación del Reglamento 2015/2120/UE (LA LEY 17960/2015), de 25 de noviembre, que establece medidas en relación con el acceso a una internet abierta, y se modifica la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (UE) núm. 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión. Ello significa que los británicos (empresas o particulares) dejarán de beneficiarse de las eurotarifas al por menor de los servicios de itinerancia y del resto de las medidas de protección de los usuarios previstas en el citado reglamento comunitario (tarificación por segundos, límites máximos del volumen de datos utilizados en roaming u obligaciones informativas, entre otras).
Sin perjuicio del acuerdo de las partes, tampoco los operadores británicos que ofrezcan servicios de itinerancia a sus clientes podrán acogerse al régimen de tarifas al por mayor reguladas por el Reglamento (UE) 531/2012 (LA LEY 11706/2012) cuando las redes visitadas pertenezcan a Estados miembros de la Unión Europea.
– Exclusión del ORECE
El Reino Unido quedará fuera del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) que ofrece asesoramiento a las instituciones europeas sobre la normativa relativa al mercado único de comunicaciones electrónicas.
8. Energía: salida del mercado único de la energía
Además de las trabas que los Estados miembros pudieran imponer a las empresas británicas como empresas de terceros Estados para obtener las correspondientes licencias o autorizaciones para desplegar redes o prestar servicios en sectores estratégicos como el energético, el brexit tendrá consecuencias específicas en este ámbito:
– Exclusión del mercado interior de la energía
El Reino Unido queda fuera del mercado interior de la energía, careciendo de aplicación las normas que regulan los intercambios mediante interconexiones interiores («acoplamiento único diario e intradiario») y que garantiza, en favor de los consumidores, que la energía fluya de las zonas de oferta hacia las de la demanda y, a su vez, de las zonas de precios bajos a las zonas de precios altos [Reglamento (CE) núm. 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio del 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad; Reglamento (UE) núm. 1227/2011, sobre integridad y transparencia del mercado mayorista de energía, y Reglamento núm. 2015/1222/UE, de 24 de julio, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones].
– Exclusión de la financiación comunitaria de infraestructuras energéticas de interés común
El Reino Unido no puede beneficiarse del Plan de la Comisión Europea de financiación de infraestructuras energéticas de interés común por contribuir a la consecución de la unión energética. Estas infraestructuras facilitan la integración de los mercados de la energía en Europa y la diversificación de las fuentes de energía y de las rutas de transporte. Conforme al Reglamento de la Unión Europea núm. 347/2013, la Comisión revisa cada dos años el listado de infraestructuras de interés general. El pasado 28 de noviembre, la Comisión aprobó una lista de proyectos calificados de interés común (PIC) que podrían optar a la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» para 2014 2020. Entre estos proyectos figuran distintas infraestructuras de interconexión del Reino Unido con otros países de la Unión (la primera interconexión entre Bélgica y el Reino Unido o la ampliación de la capacidad de la interconexión del Reino Unido con Francia e Irlanda). El brexit obliga a la Comisión a rectificar esta calificación y, sin perjuicio de acuerdos bilaterales, priva al Reino Unido de los beneficios de las interconexiones energéticas (seguridad del suministro, reducciones de precios y mayor integración de las energías renovables, entre otros).
Según las previsiones de la Comisión en su comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de 25 de febrero del 2015, COM (2015) 82 final, «Alcanzar el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % — Preparación de la red eléctrica europea de 2020», gracias a los proyectos de interés común, que incluyen líneas internas y garantizan las interconexiones con Bélgica, Francia, Irlanda y Noruega, el Reino Unido hubiera alcanzado el objetivo del 10 % para 2020 y sus interconexiones estarían menos congestionadas. Obviamente, el brexit impede la consecución de este objetivo y, con ello, el mercado británico quedará más aislado, siendo más vulnerable, menos sostenible y menos competitivo.
– Exclusión del sistema de interconexiones transfronterizas para lograr el mercado único de la energía
El brexit implica que los intercambios de energía a través de interconexiones con el Reino Unido tendrán la consideración de «intercambios internacionales» o con terceros países, que en Estados comunitarios, como España, están sometidos a autorización administrativa.