- Comentario al documentoEl reconocimiento constitucional de la cláusula de conciencia al profesional de la información no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél sino, al mismo tiempo, como garantía de preservación de la satisfacción del carácter objetivo de la libertad de información, de su papel como pieza básica en el sistema democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir información libre y plural. De lo dicho se deduce que si bien los profesionales de la información son los titulares del derecho fundamental a la cláusula de conciencia (en palabras de la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1997, “destinatarios básicos”), beneficiada de tal derecho constitucional lo es también el conjunto de la sociedad como receptora de la información libre, plural y veraz.Resultan evidentes las tentaciones existentes en cualquier forma de poder instaurado (sea político, económico, social o de cualquier otra índole) de intentar, si no controlar sí al menos ejercer la suficiente y eficaz influencia sobre los profesionales de la información buscando el beneficio propio y la colaboración en la consecución de sus intereses, aún posiblemente legítimos, particulares o personales.Expreso mi inquietud por el ejercicio de la labor informativa cada vez más condicionado por la crisis económica global, por la precariedad de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la información, por las nuevas formas mediático-tecnológicas que abren la puerta de acceso a información que no reviste la cualidad y condición de veracidad, por el surgimiento de nuevas formas de censura informativa no sólo externa a los medios de comunicación sino también interna de los mismos.Todos estos factores, y otros que sin duda dejo de nombrar, afectan negativamente a lo que considero trascendental: la credibilidad de los profesionales de la información. E indudablemente, el derecho a la cláusula de conciencia, tal y como se entiende, tiene mucho que aportar, si no constituye el factor fundamental, a la consecución de la ansiada credibilidad.
I. DEBATE SOBRE EL CONCEPTO DE PERIODISTA
Vaya por delante que no equiparo los términos de «periodista» y «profesional de la información», entendiendo que aquéllos (los periodistas) forman parte integrante, junto con otros posibles miembros, del más amplio concepto de profesional de la información. Y es que cuando pensamos en un periodista de ordinario lo relacionamos con aquel profesional que busca y difunde información (1) , olvidándonos de otros participantes en la difusión de la información, aún sin participación en la elaboración de su contenido material con la previa investigación o acceso a las fuentes, cuyas tareas no podemos considerarlas accesorias (2) (así, pensemos en los profesionales que realizan funciones de maquetación, diseño o formato en la presentación de la noticia).
Sobre esta cuestión preliminar, no obstante, tendré oportunidad de detenerme a la hora de tratar la cuestión de los titulares del derecho a la cláusula de conciencia.
Del mismo modo, quisiera dejar claro, que no incluyo, al menos me resisto a hacerlo, en ninguno de los conceptos señalados a determinados «personajes» que si bien pueden trabajar con cierta información la manipulan a su antojo participando en programas o medios de comunicación que buscan más el escándalo, la gresca o el altercado que la veracidad de la información que facilitan al público y, por tanto, la formación de una opinión pública libre, alejándose del derecho fundamental configurado y contemplado en el art. 20.1.d) de la CE. (LA LEY 2500/1978)
Sentado lo anterior, me ocuparé en este momento del concepto de periodista cuya delimitación concreta y clara se encuentra lejos de haberse conseguido, no en vano algunas de las tareas propias de tal profesional son y están siendo asumidas por otros profesionales, aparte de por personajes de papel couché que no merecen mi más mínimo reconocimiento. Bien podemos afirmar, en definitiva, que lo que de común se entiende por periodista no tiene en la actualidad el monopolio de la información.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua contiene dos acepciones en la definición que da de periodista:
- 1. Persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo;
- 2. Persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión.
El mismo diccionario define el periodismo como la captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades.
No disponemos de una definición legal de periodista, tampoco la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio (LA LEY 2223/1997), reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información contiene descripción alguna. Ni tan siquiera se refiere a los periodistas explícitamente sino a los profesionales de la información. Siendo cierto lo anterior, también lo es que la Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sí contenía una definición del concepto de periodista que, sin embargo, fue rechazada (3) . En aquella Proposición de ley orgánica se definía (art. 1) a los periodistas como aquellos «profesionales que, como trabajo principal y retribuido, se dedican a obtener y elaborar información, para difundirla o comunicarla públicamente por cualquier medio de comunicación técnico».
Existe un vacío legal con respecto al concepto de periodista
Otro intento baldío de conceptuar el término de periodista lo constituyó la Proposición de ley sobre el Estatuto del Periodista Profesional, presentada por el mismo Grupo Parlamentario antes mencionado, al ser rechazada su toma en consideración el 9 de diciembre de 2003. Su art. 1 disponía que se entendía por periodista profesional «a todo aquel que tiene por ocupación principal y remunerada la obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones», exigiendo, su art. 2, en aras a la acreditación de la condición de periodista profesional el correspondiente carné expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos».
Partimos, pues, de la existencia de un vacío legal con respecto al concepto de periodista que provoca la necesidad de realizar un esfuerzo tendente a su determinación. Esfuerzo o, mejor dicho, esfuerzos, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que realmente se han producido aún sin llegar al deseado resultado de delimitación pacífica y unívoca del término.
En los territorios en donde existen Colegios Profesionales de Periodistas, sus leyes de creación, con, en su caso, sus posteriores modificaciones, si bien no definen explícitamente el concepto de periodista sí se detienen en las exigencias a cumplir a los efectos del posible acceso a la colegiación. Por lo que de interesante me parece en pro del esfuerzo a realizar mencionaré los que a continuación detallo, aún advirtiendo que no deja de ser una mera guía y/o punto a partir del cual continuar con el empeño de trazar una definitiva conceptuación:
- — La Ley 5/2007, de 16 de marzo, de creación del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, dispone en su art. 3 (LA LEY 3664/2007), conforme a la redacción dada por la Ley 8/2013, de 15 de julio (LA LEY 11795/2013), que «agrupará a aquellos profesionales que se encuentren en posesión de la titulación universitaria de Licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo o rama de Comunicación Audiovisual, Graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual o titulaciones declaradas equivalentes; así como aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en la disposición adicional (disposición que se refiere a aquellos que pertenecieran a la Asociación de la Prensa de Murcia con anterioridad a la promulgación de la Ley) y disposición transitoria tercera (la cual se refiere a los que acreditaran de forma fehaciente una profesionalidad contrastada, antigüedad y continuidad en el ejercicio de la profesión y la realización de funciones específicamente periodísticas, fijándose un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para presentar la pertinente solicitud de ingreso)».
Destacar que en el texto originario (esto es, hasta la reforma habida con la Ley 8/2013) no se contemplaba la posibilidad de colegiación a los Licenciados en Ciencias de la Información rama de Comunicación audiovisual ni tampoco a los Graduados en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.
- — La Ley 22/1985, de 8 de noviembre, por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña, dispone en su art. 2.1 (LA LEY 2689/1985). que «para ser miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña deberá acreditarse la posesión del título de licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, o hallarse en posesión de otro título universitario superior y acreditar dos años efectivos de prácticas periodísticas». La Ley 1/1988, de 26 de febrero (LA LEY 356/1988), por la que se modificó la antes reseñada, redactó con el siguiente tenor literal la disposición transitoria tercera (LA LEY 2689/1985) «los periodistas titulados e inscritos en el Registro Profesional de la Federación de Asociaciones de la Prensa Española que son socios de las asociaciones de la prensa existentes en Cataluña podrán ser miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña aunque no cumplan los requisitos de titulación establecidos por el art. 2».
- — La Ley 17/2012, de 28 de junio, de creación del Colegio Vasco de Periodistas exige para poder colegiarse o agruparse al Colegio estar en posesión de la titulación universitaria en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, Comunicación Audiovisual o titulación declarada equivalente (art. 3) (LA LEY 12081/2012).
- — La Ley 2/2015, de 20 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Periodistas del Principado de Asturias, exige para poder colegiarse (art. 2 (LA LEY 3062/2015)) poseer:
«a) El título universitario de licenciado en periodismo, de conformidad con el Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3035/1991), por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Periodismo y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél; o cualquier titulación equivalente a la anteriormente citada homologada por la autoridad competente.
b) El título universitario de licenciado en comunicación audiovisual, de conformidad con el Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3034/1991), por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Comunicación Audiovisual y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél; o cualquier titulación equivalente a la anteriormente citada homologada por la autoridad competente.
c) El título oficial de Grado en Periodismo o de Grado en Comunicación Audiovisual, de conformidad con la aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (LA LEY 10804/2007), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.»
- — La Ley 2/1999, de 24 de febrero, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia estable en su art. 3.1 (LA LEY 1637/1999). que «podrán ser miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia quienes estén en posesión del título de licenciado en periodismo, para lo que habilitan las titulaciones correspondientes de las facultades de Ciencias de la Información, Ciencias de la Comunicación o Ciencias Sociales. También podrán ser miembros los licenciados en imagen o comunicación audiovisual, siempre que acrediten que están desarrollando labores informativas».
- — La Ley 8/2013, de 27 de septiembre, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja dispone en su art. 3 (LA LEY 15914/2013)que «podrán integrarse en el Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja aquellas personas que así lo soliciten y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
- 1. Quienes se encuentren en posesión del título universitario de Licenciado en Periodismo o Licenciado en Comunicación Audiovisual, de conformidad, respectivamente, con el Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3035/1991) y con el Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3034/1991), o cualquier titulación equivalente a las anteriormente citadas homologada por la autoridad competente.
- 2. Quienes se encuentren en posesión del título oficial de Grado en Periodismo y Grado en Comunicación Audiovisual, de conformidad con la aplicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (LA LEY 10804/2007), o cualquier titulación equivalente a las anteriormente citadas homologada por la autoridad competente.
- 3. Cualquier otra titulación equivalente a las anteriores u homologada por la autoridad competente».
- — Ley 1/2012, de 30 de enero, de creación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía dispone en su art. 3 (LA LEY 1449/2012)que podrán integrarse de forma voluntaria en el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía los profesionales que lo soliciten y que se encuentren en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios:
- a) Licenciado en Periodismo, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3035/1991), o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
- b) Licenciado en Comunicación Audiovisual, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3034/1991), o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
- c) Licenciado en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo y/o Sección de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
- d) Graduado o Graduada en Periodismo.
- e) Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual».
- — La Ley 8/2012, de 8 de noviembre, por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León dispone en su art. 3 (LA LEY 18983/2012)que «El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León agrupará a las personas que voluntariamente soliciten su ingreso en él y posean alguno de los títulos oficiales universitarios siguientes, o título declarado equivalente o debidamente homologado por la autoridad competente:
- a) Título de Licenciado en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo y/o Sección de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2070/1971, de 13 de agosto (LA LEY 1336/1971), por el que se regulan los estudios de periodismo y demás medios de comunicación social en la universidad.
- b) Título de Licenciado en Comunicación Audiovisual, obtenido de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1427/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3034/1991), por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Comunicación Audiovisual, así como las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención.
- c) Título de Licenciado en Periodismo, obtenido de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto (LA LEY 3035/1991), por el que se establece el título universitario oficial de Licenciado en Periodismo, así como las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención.
- d) Títulos universitarios de grado o máster a los que se refiere el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (LA LEY 10804/2007), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuyo plan de estudios esté orientado a la preparación para el ejercicio de la actividad profesional periodística».
El derecho a la libertad informativa corresponde también a la sociedad y no sólo a los profesionales de la información
De esta mera referencia a los Colegios Profesionales se deduce que se exige como requisito para colegiarse la posesión de titulación universitaria, fundamentalmente bien en Ciencias de la Información bien en Comunicación Audiovisual, cierto es que con alguna excepción como la contemplada en la Ley 5/2007, de 16 de marzo (LA LEY 3664/2007), de creación del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.
El debate sobre si para ser considerado periodista es necesaria la posesión de titulación específica sigue abierto a día de hoy, con argumentos, bajo mi punto de vista, válidos tanto en un sentido como en otro, si bien cierto es que me decantaría por la exigencia de titulación universitaria, quizá no necesariamente específica siempre y cuando, me refiero al caso de no estar en posesión de la titulación específica, se acreditara la realización de funciones de transmisión de información con habitualidad y profesionalidad.
Es claro que el derecho a la libertad informativa corresponde también a la sociedad y no sólo a los profesionales de la información, tal y como defienden los seguidores de la tesis de que no debe exigirse ningún tipo de requisito previo para la consideración de periodista. Sin embargo, siendo cierto, como digo, tal apreciación, no creo que la exigencia previa de titulación habilitante derive en un menoscabo del derecho de la ciudadanía a recibir información, evitando, a mayor abundamiento, que determinados «personajillos, famosillos de medio pelo» puedan adquirir tal consideración por el mero hecho de participar con habitualidad y rentabilidad en determinado medio de comunicación transmitiendo mensajes que se alejan mucho de lo que, al menos yo, entiendo por información veraz y cuyas prácticas, en ocasiones, llegan a separarse de toda ética y/o deontología periodística. ¿Hasta qué punto a dichos personajes se les debe reconocer, pensando que tienen conocimiento de su existencia y su trascendencia, el derecho a la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional?
Entronco la exigencia previa de título universitario habilitante con el debate, también existente, de requerir la colegiación obligatoria. Los defensores de la misma, entre otros argumentos, sostienen que «los mecanismos de defensa que la propia Carta Magna atribuye a la profesión periodística, como la cláusula de conciencia o el secreto profesional, realzan la idea de que hay un interés público claro en que la citada profesión esté regida por códigos éticos que garanticen un periodismo libre, independiente y al servicio de una sociedad con la que ha de ser respetuoso. Continúan manifestando que «es la propia Constitución la que reconoce la profesión periodística, a la vez que la ampara al atribuirle esos dos derechos concretos y específicos, a los que no se puede acoger cualquier ciudadano sino tan sólo el periodista profesional, cuya acreditación debe ser garantizada por la necesidad de la colegiación obligatoria» (4) .
II. DEBATE SOBRE LAS INSTANCIAS DE CONTROL DE LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Ciertamente estamos ante una cuestión de extrema importancia, no en vano resultan evidentes las tentaciones existentes en cualquier forma de poder instaurado (sea político, económico, social o de cualquier otra índole) de intentar, si no controlar (que quizá así sea, estoy convencido de ello), sí al menos ejercer la suficiente y eficaz influencia sobre los profesionales de la información buscando el beneficio propio y la colaboración en la consecución de sus intereses, aún posiblemente legítimos, particulares o personales.
Frente a tales espurias tentaciones se alza la obligación de reforzar el ejercicio del periodismo en torno a dos pilares básicos y fundamentales como son la propia libertad de información y de expresión y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y ética.
En mi opinión el debate se ha desarrollado en torno a dos ideas básicas y claramente contrapuestas como son si el control de la deontología periodística debe ser ejercido en primera o última instancia por el poder político o si el mismo debe derivar única y exclusivamente de un código deontológico elaborado, a modo de instrumento regulador del comportamiento ético, por los propios profesionales de la información a través de los órganos representativos de los que se doten, lo que se denomina, en definitiva, autocontrol.
La Resolución 1003 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobada por unanimidad en Estrasburgo el 1 de julio de 1993 señala en su punto 37, tras declarar en el inmediatamente anterior el compromiso «al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas», que «para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos, deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de la universidad y de los jueces, que emitirán Resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de publicar tales resoluciones».
El resultado del debate se inclina, pues, favorablemente hacia el autocontrol, realidad de la que ciertamente me congratulo, evitando así, no desde luego de manera absoluta, indeseables injerencias del poder establecido (no sólo el político).
A la hora de hablar de autocontrol entiendo necesario mencionar, como hace Manuel Parés i Maicas en su trabajo «el autocontrol de la información» (5) , a Loeffler, Jacques Leprette y Henri Pigeat y, finalmente, a Hugo Aznar.
Según Loeffler (6) «los organismos de autocontrol de la prensa son instituciones creadas por y para la prensa, en el seno de los cuales periodistas y editores adoptando libremente sus decisiones, y siendo responsables únicamente ante su propia conciencia, cooperan a fin de preservar la existencia de relaciones equilibradas y leales entre la prensa de un lado y el Estado y la sociedad del otro, por medio del mantenimiento en el interior de la prensa de una alta moralidad profesional y por la defensa en el exterior de ella de la libertad de prensa».
Jacques Leprette y Henri Pigeat definen el autocontrol como la creación y la asunción por parte de la profesión periodística de dispositivos y de instancias independientes que definan las normas de comportamiento de los periodistas, basándose en una ética profesional, y luego a asegurar su respeto.
Hugo Aznar enumera como mecanismos que permiten el autocontrol los códigos deontológicos, los libros de estilo, los defensores del público o del lector y los consejos de información, señalando como algunos de los objetivos a conseguir los siguientes:
- — La formulación de normas éticas que guíen la actitud de los medios.
- — La contribución a que se den las condiciones laborales, profesionales y sociales que hagan posible el cumplimiento normal de las exigencias éticas y deontológicas propias de la comunicación.
- — Información a la opinión pública de los casos de infracción de las normas.
La primera experiencia de autocontrol en nuestro país fue un código deontológico aprobado en 1992
Pioneros en España fueron los periodistas catalanes en la elaboración de un Código Deontológico que finalmente fue aprobado allá por octubre de 1992, siendo la primera experiencia, no sin dificultades, de autocontrol existente en nuestro país, completado finalmente en el año 1997 con la creación del Consejo de la Información de Catalunya, entidad sin ánimo de lucro constituida por la manifestación de voluntad del Colegio de Periodistas de Cataluña, cuya finalidad no es otra que la de velar por el cumplimiento de los principios de ética profesional periodística contenidos en el Código Deontológico aprobado, como ya he mencionado, en el año 1992.
Por su interés, permítaseme transcribir la declaración de principios de la profesión periodística en Catalunya contenida en dicho Código.
1. Observar siempre una clara distinción entre los hechos y opiniones o interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores, como si se tratara de hechos.
2. Difundir únicamente informaciones fundamentadas, evitando en todo caso afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas y provocar daño o descrédito injustificado a instituciones y entidades públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos injuriosos.
3. Rectificar con diligencia y con tratamiento adecuado a la circunstancia, las informaciones —y las opiniones que se deriven— que se hayan demostrado falsas y que, por tal motivo, resulten perjudiciales para los derechos o intereses legítimos de las personas y/u organismos afectados, sin eludir, si fuera necesario, la disculpa, con independencia de aquello que las leyes dispongan al respecto.
4. Utilizar métodos dignos para obtener información o imágenes, sin recurrir a procedimientos ilícitos.
5. Respetar el «off the record» cuando éste haya sido expresamente invocado, de acuerdo con la práctica usual de esta norma en una sociedad libre.
6. Reconocer a las personas individuales y/o jurídicas su derecho a no proporcionar información ni responder preguntas, sin perjuicio del deber de los periodistas a atender el derecho de los ciudadanos a la información. Por lo que respecta a asuntos relacionados con las administraciones públicas, el derecho fundamental a la información tiene que prevalecer siempre por encima de cualquier restricción que vulnere injustificadamente el principio de la transparencia informativa a la que están obligadas.
7. No aceptar nunca retribuciones o gratificaciones de terceros para promover, orientar o influir o por haber publicado informaciones u opiniones. En todo caso, no se ha de simultanear el ejercicio de la actividad periodística con otras actividades profesionales incompatibles con la deontología de la información, como la publicidad, las relaciones públicas y las asesorías de imagen, ya sea en el ámbito de las instituciones u organismos públicos, como en el de entidades privadas.
8. No utilizar nunca en provecho propio informaciones privilegiadas conseguidas de forma confidencial como periodistas en ejercicio de su función informativa.
9. Respetar el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, especialmente en casos o acontecimientos que generen situaciones de aflicción o dolor, evitando la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias, especialmente cuando las personas afectadas lo expliciten.
10. Observar escrupulosamente el principio de presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relativas a causas o procedimientos penales en curso.
11. Tratar con especial esmero toda información que afecte a menores, evitando difundir su identificación.
12. Actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones con contenidos que puedan suscitar discriminaciones por razones de sexo, raza, creencia o extracción social y cultural, así como incitar al uso de la violencia, evitando expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España también elaboró y aprobó, el 27 de noviembre de 1993, un Código Deontológico cuyo preámbulo textualmente dice:
«En el marco de las libertades civiles consagradas en la Constitución, que constituyen la referencia necesaria para una sociedad plenamente democrática, el ejercicio profesional del Periodismo representa un importante compromiso social, para que se haga realidad para todos los ciudadanos el libre y eficaz desarrollo de los derechos fundamentales sobre la libre información y expresión de las ideas.
Como su sujeto e instrumento de la libertad de expresión, los periodistas reconocen y garantizan que su ejercicio profesional es el cauce de manifestación de una opinión pública libre dentro del pluralismo de un Estado democrático y social de Derecho.
Pero los periodistas, también, consideran que su ejercicio profesional en el uso y disfrute de sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al derecho a la información, está sometido a los límites que impidan la vulneración de otros derechos fundamentales.
Por ello, a la hora de asumir estos compromisos, y como verdadera garantía que ofrece a la sociedad española, a la que sirve, la profesión periodística entiende que le corresponde mantener, colectiva e individualmente, una intachable conducta en cuanto se refiere a la ética y la deontología de la información. Los periodistas, integrados en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, se comprometen con la sociedad a mantener en el ejercicio de su profesión los principios éticos y deontológicos que le son propios.»
A modo de complemento, ciertamente necesario, en el seno de la FAPE se constituyó la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología como órgano de autocontrol interno de la deontología de la profesión periodística. Se trata de una instancia arbitral entre la profesión y los ciudadanos, sin ningún poder sancionador aunque con autoridad moral, cuyo objetivo es fomentar el periodismo ético desde la autorregulación independiente y responsable, a través de la mediación y el entendimiento.
III. LA LO 2/1997, DE 19 DE JUNIO, SOBRE LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SOBRE LA MISMA
Dos son las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las que he decidido detenerme por tratar aspectos ciertamente muy trascendentes, resultando ser las que han creado doctrina y siendo citadas en cualquier estudio sobre el tema de la cláusula de conciencia:
- — STC núm. 199/1999, de 8 de noviembre (LA LEY 1690/2000).
- — STC núm. 225/2002, de 9 de diciembre (LA LEY 148/2003).
Las comentaré por separado.
Por lo que respecta a la STC núm. 199/1999 (LA LEY 1690/2000) (7) la pretensión deducida consistió en determinar si se había producido vulneración del derecho del recurrente a la cláusula de conciencia, al haberse desestimado (tanto por el Juzgado de lo Social n.o Uno de los de Sevilla —sentencia de 10 de octubre de 1994— como por la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía —sentencia de 30 de junio de 1995—) su pretensión de resolver unilateralmente el contrato de trabajo con derecho a indemnización por haberse producido, a juicio del interesado, un cambio en la línea ideológica del periódico en el que prestaba sus servicios.
Esta sentencia que ahora comento se detiene en dos cuestiones fundamentales, de las más interesantes que se pueden derivar de la lectura de la Ley Orgánica, como son por un lado la titularidad del derecho a la cláusula de conciencia y, por otro, lo que debe considerarse o entenderse por cambio de línea ideológica, si bien con respecto a este último extremo, bajo mi punto de vista, la sentencia no sienta un criterio bastante y suficiente.
La titularidad del derecho a la cláusula de conciencia es claro que se vincula al ejercicio de la libertad de información tal y como se deriva del propio art. 20.1.d) de la CE. (LA LEY 2500/1978) De la misma se derivan dos cuestiones estrechamente ligadas, por un lado, la identificación de los titulares del derecho y, por otro, su contenido básico y su finalidad de cara a la tarea de determinar quiénes pueden invocarlo.
La STC 199/1999 (LA LEY 1690/2000) recuerda como «si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como titulares de la libertad de información tanto a los medios de comunicación, a los periodistas, así como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y a la colectividad en cuanto receptora de aquélla, ha declarado igualmente que la protección constitucional del derecho alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa entendida en su más amplia acepción». Máximo nivel de protección que se alcanza con el reconocimiento a favor de los profesionales de la información no sólo del derecho a la cláusula de conciencia sino también al secreto profesional. Sigue manifestando dicha sentencia que «es respecto a dichos profesionales donde encuentra sentido el reconocimiento del derecho a la cláusula de conciencia como garantía de un espacio propio en el ejercicio de aquella libertad (la de información) frente a la imposición incondicional del de la empresa de comunicación, esto es, frente a lo que históricamente se designaba como censura interna de la empresa periodística (8) . Pero también como forma de asegurar la transmisión de toda la información por el profesional del medio, contribuyendo así a preservar el pluralismo que justifica el reconocimiento del derecho, reforzando las oportunidades de formación de una opinión pública no manipulada y paliando el efecto silenciador que, por su propia estructura, puede producir el mercado de la comunicación».
Queda delimitado, así, el ámbito subjetivo del derecho a la cláusula de conciencia en las relaciones contractuales de los profesionales de la información con las empresas de comunicación en las que trabajan, entendiendo, por tales, no sólo aquéllos en los que la palabra o el texto es su herramienta, sino también aquellos que trabajan con las imágenes, fotografías, presentaciones gráficas o de composición pues, no cabe duda alguna, que también contribuyen a la descripción del hecho noticiable, a destacar ciertos aspectos del mismo, a dotarle de una mayor o menor trascendencia informativa y, consecuentemente, a lograr un determinado enfoque ideológico. Tareas todas ellas no accesorias sino integrantes de la propia transmisión informativa Habrá que estar, en definitiva, a las funciones desempeñadas realmente, no pudiendo fijarse a priori un catálogo de las mismas a los efectos de determinar la inclusión o no en el concepto de profesional de la información.
Decía párrafos atrás que la STC 199/1999 (LA LEY 1690/2000) se ocupaba también de lo que debe entenderse por cambio en la línea ideológica, si bien ya adelantaba que, bajo mi criterio, tampoco zanja la cuestión de manera definitiva (quizá porque ciertamente resulte imposible), ciñéndose únicamente a afirmar algo obvio como es que el derecho a la cláusula de conciencia no puede hacerse valer ante simples discrepancias con la orientación informativa del medio de comunicación cuando las mismas no afectan al ejercicio de la libertad de información.
La LO prevé dos supuestos para solicitar la rescisión de la relación jurídica con la empresa de comunicación
La STC 225/2002 (LA LEY 148/2003) (9) aborda, fundamentalmente, la importante cuestión atinente al procedimiento a seguir en los supuestos en los que el profesional de la información ejerce su derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación al entender que concurre la causa prevista en el art. 2.1.a) de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997).
Tal y como se relata en los antecedentes de la sentencia las resoluciones impugnadas en amparo (sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de mayo de 1998 y del Juzgado de lo Social n.o 22 de los de Madrid de 24 de diciembre de 1997) no cuestionan la posibilidad del demandante de ejercitar el derecho a la cláusula de conciencia al existir una inobjetable mutación ideológica en la orientación del diario, no obstante lo cual entienden que el periodista carecía de acción para solicitar la resolución contractual en el momento en que lo hizo pues abandonó su puesto de trabajo con anterioridad a su demanda, circunstancia que tanto la sentencia de instancia como la de suplicación consideraron inconciliable con la jurisprudencia existente sobre el art. 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, al exigirse, salvo casos excepcionales, la persistencia de la relación laboral para la viabilidad de la declaración judicial constitutiva de la extinción del contrato de trabajo.
Expresa el Fundamento Jurídico 3 de la sentencia que nos ocupa que «la cuestión se suscita respecto de si la extinción causal del contrato con indemnización por voluntad del profesional de la información, que es la modalidad del derecho a la cláusula de conciencia que ahora importa, puede provocarse por la mera decisión de aquél en una autotutela inmediata, aunque después haya de acudirse a los órganos jurisdiccionales para reclamar la indemnización, o si, por el contrario, es preciso mantener viva la relación laboral, permaneciendo en el puesto de trabajo en el momento de formular la demanda y mientras se sustancia el proceso.
Ante tal duda, el Tribunal Constitucional, salvando la posible interpretación literal del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997)de la que se podría llegar a deducir que la única vía para ejercitar el derecho a la cláusula de conciencia es la jurisdiccional, parte para alcanzar su conclusión (sic) «de la protección constitucional de toda decisión del periodista que resulte proporcionada y razonablemente inspirada en un propósito de preservación de su independencia para el desempeño de la función profesional informativa … Dicho de otro modo, la duda interpretativa respecto del procedimiento de ejercicio del derecho no puede desembocar en limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de la necesaria protección».
Bajo mi punto de vista, el Tribunal Constitucional alcanza su conclusión gracias a una argumentación impecable, recordando la íntima conexión existente entre el derecho de la cláusula de conciencia y el derecho fundamental a la libertad de información, atendiendo a su doble vertiente, es decir, como derecho subjetivo de los profesionales de la información y como garantía de la formación de una opinión pública libre.
Y su conclusión es que los intereses constitucionalmente protegidos reclaman la viabilidad, aún no estando expresamente prevista en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/1997, (LA LEY 2223/1997) de una decisión unilateral del profesional de la información que extinga la relación jurídica con posibilidad de reclamación posterior de la indemnización. Se prima, en definitiva, el derecho fundamental reconocido en el art. 20.1.d) CE (LA LEY 2500/1978) salvaguardándolo de su posible menoscabo ante el no reconocimiento de tal facultad.
Ahora bien, como tendré ocasión de exponer en el apartado dedicado al procedimiento para el ejercicio del derecho a la cláusula de conciencia tal parecer, avalado por el Tribunal Constitucional, no está exento de riesgos, bastando en este momento advertir que tras la toma de la decisión extintiva de manera unilateral por el profesional de la información y la posterior reclamación ante el órgano jurisdiccional competente de la indemnización legalmente prevista, por éste se entienda inexistente la causa invocada y prevista en la Ley Orgánica 2/1997, en su art. 2.1.a) (LA LEY 2223/1997). Sobre este riesgo, reitero, me detendré en el apartado dicho.
IV. TITULARES DEL DERECHO
La genérica redacción no ya del art. 20.1.d) de la CE (LA LEY 2500/1978) sino también del art. 1 de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997), preceptos que se limitan a la simple enunciación del derecho a la cláusula de conciencia, ha provocado no pocas dudas sobre aspectos esenciales de su régimen jurídico, entre los que se encuentra su titularidad. Dudas que la jurisprudencia constitucional ha intentado resolver, destacando la ya citada, y brevemente comentada, STC 199/1999 (LA LEY 1690/2000).
Aún así, quedan sombras todavía. Baste recordar el primero de los apartados tratados en este trabajo sobre el concepto de periodista.
Por otra parte, el reconocimiento de la cláusula de conciencia al profesional de la información no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél sino, al mismo tiempo, como garantía de preservación de la satisfacción del carácter objetivo de la libertad de información, de su papel como pieza básica en el sistema democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir información libre y plural. De lo dicho se deduce que si bien los profesionales de la información son los titulares del derecho fundamental a la cláusula de conciencia (en palabras de la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997), «destinatarios básicos»), beneficiada de tal derecho constitucional lo es también el conjunto de la sociedad como receptora de la información libre, plural y veraz.
V. OBJETO DEL DERECHO
A lo largo de estas líneas he conectado, porque así es, el derecho a la cláusula de conciencia con el derecho fundamental a la libertad de información tanto en su vertiente subjetiva como institucional. Ahora bien, creo conveniente, en este momento, conectarlo con el derecho fundamental a la libertad ideológica reconocido en el art. 16 de la CE. (LA LEY 2500/1978)
El art. 1 de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio (LA LEY 2223/1997), nos expresa explícitamente el objeto del derecho: garantizar la independencia en el desempeño de la función profesional de los profesionales de la información. Este es el bien jurídico protegido ex art. 1 de la Ley Orgánica, garantía de independencia que salvaguarda la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del informador integrado en una estructura u organización empresarial dedicada a la comunicación.
La forma de garantizarse tal independencia la lleva a cabo la Ley Orgánica 2/1997 a través de dos facultades distintas otorgadas al profesional de la información. La primera de ellas, prevista en su art. 2 (LA LEY 2223/1997), consiste en el reconocimiento del derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación, mientras que la segunda, contemplada en el siguiente art. 3 (LA LEY 2223/1997), consiste en la posibilidad de negarse a participar en la elaboración de ciertas informaciones.
En cuanto al derecho a solicitar la rescisión de la relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabaje el profesional de la información, la Ley Orgánica prevé dos supuestos que procedo a transcribir bajo el propósito de realizar posteriormente una personal apreciación con crítica al legislador:
- a) «Cuando en el medio de comunicación con el que estén vinculados laboralmente se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica;
- b) Cuando la empresa les traslade a otro medio del mismo grupo que por su género o línea suponga una ruptura patente con la orientación profesional del informador.»
Quisiera, al respecto, compartir una consideración que, debo reconocer, me ha generado cierta preocupación. Me refiero a que del literal transcrito de la Ley Orgánica pudiera derivarse la conclusión de que quedan excluidas aquellas relaciones jurídicas entre el profesional de la información y el medio de comunicación-empresa que no tengan naturaleza laboral. Me atrevo a afirmar que tal duda o titubeo (aún reconociendo que, en realidad, no es tal por lo que en el párrafo inmediatamente siguiente diré) me surge, a esta conclusión he llegado, gracias o por culpa de una mala técnica del legislador. Deseable hubiera sido que de manera directa, sin necesidad de acudir a otras regulaciones, interpretaciones y/o consideraciones, se hubiera recogido también la posibilidad y o facultad del profesional de la información de rescindir cualquier tipo de relación jurídica, de distinta naturaleza a la laboral, con derecho a indemnización, si bien ciertamente su cuantificación pudiera resultar dificultosa en tales casos aún cuando no imposible (pensemos en que cualquier vulneración de un derecho fundamental conlleva no sólo el reconocimiento de la misma sino también, a modo de restitución, de una indemnización a cuantificar por el órgano jurisdiccional según su libertad apreciativa y su criterio).
No obstante, la fuerza normativa de la Constitución ha dotado a este derecho de plena eficacia jurídica desde su promulgación y, en consecuencia, su exigibilidad jurídica vincula no sólo a poderes públicos sino también a particulares, de lo que automáticamente se infiere que sería un auténtico despropósito jurídico vincular el ejercicio de tal derecho fundamental a la previa existencia de una relación jurídico-laboral, dando la espalda a otras relaciones de distinta naturaleza.
VI. PROCEDIMIENTO PARA SU EJERCICIO
Me centraré en este apartado del trabajo en el procedimiento para ejercer el derecho a la cláusula de conciencia por parte del profesional de la información que se encuentra bajo un régimen de vinculación laboral con el Medio que resulta ser su empleador.
Previene el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) (10) : «esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario».
No se nos escapa que la cláusula de conciencia adquiere relevancia práctica en relación con el poder de dirección al que se encuentra sometido el profesional de la información trabajador por cuenta ajena. Ajenidad y dependencia son dos de las características que configuran cualquier relación laboral, notas cuya existencia no cabe negarla, de ahí la imperiosa necesidad de contemplarlas de manera compatible con la necesaria independencia de la que debe gozar el profesional de la información.
El art. 2 de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997) encuentra su apoyo (o su complemento) en el art. 50.1.a) del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015) al disponer que será causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el art. 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador.
Así parece entenderlo la mayoría de la doctrina científica y jurisprudencial al utilizar dicha previsión legal como punto de referencia o esquema jurídico sobre el que hacer efectivo el ejercicio del derecho reconocido en el art. 2 de la Ley Orgánica. Sin embargo me planteo hasta qué punto no sería más adecuado encauzar el ejercicio de la cláusula de conciencia en solicitud de la extinción del contrato a través de la previsión contenida al inicio de la letra c) del mismo precepto 50.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015)(«cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario»).
Cierto es que el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015), al tratar de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, establece una relación abierta (esto es, no constituyendo un númerus clausus) de materias cuya afección modificativa debe ser considerada sustancial, lo que nos da la posibilidad de considerar modificación sustancial cualquier modificación de las condiciones de trabajo no atinente o referente a las mismas y entre ellas, por qué no, el cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica del medio de comunicación. Lo que ocurre es que el art. 50.1.a) (LA LEY 16117/2015) meritado exige la concurrencia de dos circunstancias, como son el no respetar el procedimiento previsto en el art. 41 y el menoscabo de la dignidad. Es la primera de las circunstancias mencionadas la que me provoca cierto desconcierto que me lleva a plantearme como posible mejor amparo la causa prevista en la letra c) del art. 50.1 del Estatuto de los Trabajadores (LA LEY 16117/2015). Debo mencionar, a este respecto, que el art. 4.2 (LA LEY 16117/2015)del mismo texto legal reconoce el derecho de los trabajadores en la relación laboral al respeto de su intimidad, a la consideración debida de su dignidad y a no ser discriminados directa o indirectamente por razón de convicciones o ideas políticas.
Claro, habrá que estar de acuerdo con mi apreciación de que la vulneración por parte del medio de comunicación-empresa de tales derechos supone un incumplimiento grave de sus obligaciones, justa causa, como se ha dejado ya dicho, para solicitar la extinción del contrato.
No obstante lo anterior, resulta evidente que estamos ante una específica justa causa para solicitar la extinción del contrato prevista para los profesionales de la información que ostentan la condición de trabajadores por cuenta ajena, no siendo necesario, en modo alguno, incardinarla en alguno de los supuestos contemplados en el art. 50 del Estatuto de los Trabajadores para lograr el éxito en la pretensión extintiva.
Sin perjuicio de todo ello, el debate realmente interesante se ha centrado en si la extinción causal del contrato, con derecho a indemnización, por voluntad del profesional de la información puede provocarse por la mera decisión de aquél en una autotutela inmediata o si, por el contrario, es preciso mantener la relación laboral viva hasta que una sentencia declare la extinción contractual con derecho a indemnización por entender concurre la justa causa prevista en el art. 2 de la Ley Orgánica 2/1997 (LA LEY 2223/1997).
Ya he tenido oportunidad de mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional 225/2002 (LA LEY 148/2003) en este trabajo, sentencia que resuelve la cuestión debatida en favor de la posible autotutela inmediata, esto es reconociendo la posibilidad de dar por extinguido el contrato de trabajo en virtud de la justa causa que nos entretiene sin tener que esperar a la consecución de una sentencia que así lo declare y ello sin perjuicio de tener o poder reclamar posteriormente la correspondiente indemnización en la cuantía legalmente prevista.
El orden social en general defiende la tesis de que el trabajador no puede resolver unilateralmente el contrato de trabajo de manera anticipada
Sin embargo, debo advertir que la jurisprudencia emanada por los órganos jurisdiccionales del orden social en general defienden la tesis de que el trabajador no puede resolver unilateralmente el contrato de trabajo de manera anticipada sino que es necesario que solicite la extinción del contrato de trabajo, sin abandonar su actividad laboral, dado que la extinción se origina por la sentencia constitutiva que declare la concurrencia de justa causa para dar lugar a aquélla salvo que la continuidad laboral atente a la dignidad, a la integridad personal o, en general, a los derechos fundamentales.
En el ámbito laboral la exigencia, salvo las excepciones mencionadas, de la declaración judicial ha operado en la práctica como un mecanismo de seguridad para evitar que en los casos en que el trabajador da por extinguido el contrato, instando el reconocimiento de la indemnización, y la sentencia no le fuese favorable, no se produzca la pérdida del empleo como consecuencia del abandono del puesto de trabajo. Riesgo que, efectivamente, existe y cuyas consecuencias no se limitan a la pérdida del empleo sino también, y pensemos, a la imposibilidad de acceder a la posibles prestación por desempleo en caso de haber tenido derecho de acceso a la misma.
Bajo mi punto de vista, atendiendo al peligro descrito, razones de prudencia aconsejan, aún a pesar del criterio sentado por el Tribunal Constitucional y por los órganos jurisdiccionales ordinarios, sopesar detenidamente la decisión unilateral de dar por extinguido anticipadamente el contrato de trabajo, planteándonos si no sería mejor vía, por la mayor seguridad que otorga, la petición justificada ante el órgano jurisdiccional de la adopción de la medida cautelar de no prestación de servicios durante la sustanciación del procedimiento judicial hasta en tanto recaiga sentencia constitutiva en primera instancia, sopesando que el riesgo de su no concesión nunca será mayor que el riesgo de, tras haber decidido unilateralmente dar por extinguido el contrato de trabajo, la sentencia desestimara la petición por entender que no se ha producido el cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica. Y es que el término «sustancial», como concepto jurídico indeterminado, está sujeto a un amplio margen interpretativo que puede generar no pocas dudas salvo casos muy evidentes y claros.
El apartado inmediatamente anterior lo he finalizado dejando claro que el ejercicio del derecho a la cláusula de conciencia también corresponde a aquellos profesionales de la información que no se encuentran vinculados laboralmente con el medio de comunicación sino a través de otro tipo de relación jurídica distinta de naturaleza civil (pensemos, en un contrato de arrendamiento de servicios). Pues bien, para tales casos, dejar únicamente mencionado que es el art. 1124 del Código Civil (LA LEY 1/1889) el que nos proporciona el esquema jurídico o punto de referencia a utilizar para tales casos al disponer que:
«La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para señalar plazo.»
VII. DEBATE SOBRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DEL DERECHO A LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA
Pretendo exponer en este apartado, a modo de simple corolario, una serie de particulares reflexiones que me gustaría compartir. Reflexiones derivadas del estudio efectuado ya no sólo del derecho a la cláusula de conciencia sino también del derecho al secreto profesional.
Parto de mi inquietud por el ejercicio de la labor informativa cada vez más condicionado por la crisis económica global de la que no resulta ajeno el sector de la comunicación, por la precariedad de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la información, por las nuevas formas mediático-tecnológicas que, sin desconocer sus aspectos positivos, abren la puerta de acceso a información que no reviste la cualidad y condición de veracidad por su interesada manipulación al permitir el aumento de agentes que producen comunicación o información, por la prioridad de la inmediatez sobre la calidad, del beneficio mercantil, pensemos en la influencia de la publicidad, frente a la labor social y/o de formación de una opinión pública plural y libre, por el surgimiento, en definitiva, de nuevas formas de censura informativa no sólo externa a los medios de comunicación sino también interna de los mismos.
Todos estos factores, y otros que sin duda dejo de nombrar, afectan negativamente a lo que considero trascendental: la credibilidad de los profesionales de la información, aspecto que no por ser nombrado prácticamente al finalizar este trabajo relego a un segundo plano, antes al contrario.
E indudablemente, el derecho a la cláusula de conciencia, tal y como se entiende, tiene mucho que aportar, si no constituye el factor fundamental, a la consecución de la ansiada credibilidad.
La cuestión de la ética o deontología profesional se debe situar en el centro de preocupación de los profesionales de la información considerados no sólo colectiva sino, también, individualmente. Los profesionales de la información no pueden desarrollar su labor social básica preocupados por lo que se les pide o se espera de ellos, deben poseer un grado tal de independencia en el desarrollo de su función que, de facto, impida la elaboración y difusión de información contraria a sus propias convicciones.
Martin Heidegger, Filósofo alemán con puntos realmente oscuros por su vinculación con el nazismo, afirmó que la «verdad significa primariamente lo arrancado con lucha a la ocultación en que yacía». Buen término para este trabajo.