Vicente Magro Servet
Magistrado del Tribunal Supremo
Doctor en Derecho
I. INTRODUCCIÓN
No debe pasar desapercibida la necesidad de contar con un Código Civil adaptado y adecuado a la realidad social del tiempo en el que deben aplicarse las normas. Pero por mucho que nuestro actual art. 3 CC (LA LEY 1/1889) haga mención a que las normas de nuestros textos deben aplicarse conforme a esta realidad social, este precepto no debe servir como una especie de «paraguas» que permita al legislador tener la cobertura de que los Tribunales deben interpretar las normas bajo este enfoque de «adecuación temporal». Y ello, por cuanto las normas deben adaptarse, también, a esa realidad social, debiendo ser modificadas por el Parlamento cuando el transcurso del tiempo evidencia que los Tribunales ya han venido aplicando una doctrina concreta para esas normas, lo que hace indispensable la adecuación normativa, tanto a esa realidad social, como a su interpretación jurisprudencial.
En esta línea, hay en la actualidad un tema que ocupa y preocupa a muchos progenitores, padres y madres, con relación a las conductas que para con ellos tienen sus hijos en algunos casos, —no en todos, evidentemente—. Nos estamos refiriendo a los casos de nula atención de hijos a sus padres, o el desapego con el que viven algunos hacia quienes son sus progenitores, cuando también surgen actos de maltrato psíquico y hasta físico.
La escalada de la violencia que vive la sociedad se ha proyectado dentro del seno de la familia con un crecimiento exponencial desorbitado. Y ello, conlleva actos de maltrato que se están visualizando en actitudes hostiles y agresivas de los hijos hacia sus propios padres, o de actos de abandono de los mismos. Pero la violencia, o los actos de maltrato, no pueden enmarcarse o encasillarse, tan solo en actos de violencia física, porque el maltrato no solo se ejerce mediante actos físicos sobre el cuerpo del sujeto pasivo, sino que existe un tipo de maltrato todavía más grave que el físico, como es el que provoca una afectación a la psique de quien lo recibe. Y que en muchos casos es mucho más dañino y perverso que el maltrato físico.
En esta línea, debemos poner de manifiesto que son muchos los ciudadanos que están siendo víctimas de actos de maltrato por sus hijos, no siendo preciso que se exterioricen en actos físicos, sino que lo hacen por medio de meros actos de desatención, de abandono, de no querer saber nada de ellos, o que, además, en otros muchos casos llegan a conductas, no pasivas como las expuestas, sino de maltrato psicológico, de vejaciones o humillaciones que causan un profundo dolor a los padres y madres que reciben ese maltrato. Actos que son causados no por terceros ajenos, siendo lo más doloroso que esas actitudes provengan de sus propios hijos, lo que supone un acto anti natura, siendo imposible para los padres entender cómo sus hijos les pueden causar tanto dolor, cuando son los que en la edad adulta deberían ayudarles, estar con ellos, prestarles asistencia personal, y, en definitiva, ser el sustento moral y psicológico con el que contar cuando los años y la salud les llevan a tener menos fuerzas con las que afrontar el cansancio o las enfermedades que la edad siempre lleva consigo.
Ante estos actos de maltrato psicológico, que siempre supone que sean tus propios seres queridos, tus propios hijos, los que te causen tanto dolor, el ordenamiento jurídico también debe estar en primera fila, dotando de instrumentos correctores ante estas situaciones y poniendo en manos de las víctimas, que son los progenitores, herramientas adecuadas para dar la oportuna respuesta. Y ello porque, si ésta es la conducta o actitud de los hijos hacia sus padres, éstos deben tener el perfecto derecho a negarles cualquier tipo de apoyo económico en vida o después de ella, lo que se manifiesta a través de la extinción de las pensiones alimenticias y el derecho de desheredación.
II. POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ANTE LA EXTENSIÓN DEL DERECHO DE DESHEREDACIÓN DE PADRES A HIJOS Y LA EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS (STS 104/2019, DE 19 DE FEBRERO DE 2019)
Este planteamiento nos lleva a reflexionar sobre si ante estas situaciones se debe permitir el mantenimiento por parte de un hijo que actúa de esa manera con sus padres de su derecho a reclamar la pensión alimenticia y del derecho a heredar de ellos, aunque sea su propia legítima, cuando aquéllos fallezcan. Podríamos, así, preguntarnos si es posible que los hijos mantengan ambos derechos cuando su conducta es inapropiada con sus padres.
La cuestión, o enfoque capital, que debemos hacer es en relación a que estas actitudes puede que, en ocasiones, no sean delictivas, pero que no lo sean no conlleva que los padres no puedan ejercer sus derechos en el orden civil para, utilizando el Código Civil, y adaptando la interpretación de sus normas a la realidad social que vivimos ahora, negar el derecho a la prestación alimenticia a quienes les maltratan, abandonan o humillan, así como poder ejercer el derecho de acudir a un notario para desheredarles.
Sobre esta interesante cuestión se ha pronunciado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la STS 258/2014, de 3 de junio (LA LEY 74491/2014), que admitió el maltrato psicológico como causa de desheredación, y la más reciente STS 104/2019, de 19 de febrero, rec. 1434/2018 (LA LEY 9270/2019)).
Es necesaria una reforma que reconozca de forma explícita estas situaciones de maltrato y regule los instrumentos para darles respuesta
Y, en razón a ello, se debería entender que esta realidad social exige, no una permanente delegación en los Tribunales para que lleven a cabo esa interpretación social de la norma a cada momento, sino una propia reforma profunda de las relaciones entre padres e hijos, donde se reconozcan de forma explícita estas situaciones y se reflejen en la normativa con qué instrumentos cuentan los Tribunales de aplicación directa para dar respuesta a estas situaciones de abandono y maltrato psicológico de hijos a padres, y que permitirían operar como causas de extinción de la obligación de alimentos y como causas de desheredación. Y ello, aunque no concurran verdaderos actos de maltrato físico.
Pues bien, debemos destacar en relación a la STS 104/2019, de 19 de febrero (LA LEY 9270/2019), que, en este caso concreto, se trató de la constatación de la negativa de los hijos a relacionarse con el padre, situación de hecho que aparecía consolidada, y por la que éste carecía de trato con ellos y conocimiento de la evolución de sus estudios. Ello conduce al planteamiento de que es impropio que subsista la pensión a favor de los alimentistas, por cuanto se estaría propiciando una suerte de enriquecimiento injusto a costa de un padre al que han alejado de sus vidas. ¿Cómo exigir, pues, un derecho los hijos que desatienden sus relaciones con su padre al que han abandonado? ¿Puede ejercerse un derecho de crédito económico de los hijos sobre sus padres cuando éstos no cumplen con una «obligación» que podría entenderse como «natural» de atender a sus padres y relacionarse con ellos?
Se recuerdan en la sentencia del Alto Tribunal las normas del Código Civil aplicables en estos casos que sería preciso ir adaptando a la realidad social que estamos exponiendo. Y así:
Y no pierde la oportunidad el Tribunal Supremo de abrir el debate sobre esta reforma y claridad de la norma que postulamos, cuando señala que entre las iniciativas que propugnan la revisión de la legítima, una de ellas es la tendente a que se extiendan y modernicen los casos legales de desheredación de los legitimarios, pues las modernas estructuras familiares propician e incluso no hacen extrañas, situaciones en las que los progenitores han perdido contacto con alguno o todos sus hijos. Otras veces ya no es tanto la pérdida de contacto, sino relaciones entre progenitor e hijo francamente malas.
Incluso, se hace mención en esta línea reformista a que el Código Civil de Cataluña ha introducido en el art. 451-17 e) (LA LEY 9352/2008) una nueva causa de desheredación, consistente en la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre causante y el legitimario, si es por causa exclusivamente imputable al legitimario, destacando el Tribunal Supremo que «En nuestro Código Civil no ha existido modificación, y ha sido tradicional que la Sala, al ser las causas de desheredación de naturaleza sancionatoria, las haya interpretado y aplicado de forma restrictiva. Sin embargo, ha hecho un esfuerzo para adaptar dichas causas a la actual realidad social».
Ésta es la clave del debate ofrecido, ante un exceso de esa «delegación» por la vía del art. 3 CC (LA LEY 1/1889) en mantener preceptos absolutamente desfasados y no adaptados a una realidad social tan grave como la que viven muchos padres, viéndose desprotegidos de instrumentos legales eficaces con los que poder combatir el abandono y las situaciones de maltrato psicológico, porque así debe considerarse el escenario de desatención patente con el que muchos hijos tratan a sus padres y madres.
En el ejercicio de esta «delegación» del legislador, vía art. 3 CC (LA LEY 1/1889), se dictó la importante y trascendental sentencia antes citada, STS 258/2014, de 3 de junio (LA LEY 74491/2014), donde se permitió la desheredación por maltrato psicológico señalando que «aunque las causas de desheredación sean únicamente las que expresamente señala la ley (artículo 848 del Código Civil (LA LEY 1/1889)), y ello suponga su enumeración taxativa, sin posibilidad de analogía, ni de interpretación extensiva; no obstante, esto no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa, previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente restrictivo. Esto es lo que ocurre con los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación (artículo 853.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889)), que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen».
Por ello, no se trata de que los actos de abandono, u otros de humillación, se consideren una conducta reprochable socialmente en las relaciones padres-hijos, sino que se deben atender y entender como «causas legales de desheredación y que dan lugar, también, a la extinción de la pensión de alimentos». De suyo, el Tribunal Supremo apunta que «en la actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima, debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra». Incluso se cita la Sentencia del Alto Tribunal 59/2015, de 30 de enero (LA LEY 10075/2015), en la que se fija que «el maltrato psicológico que provocó el hijo en la madre al forzarla a donarle la mayoría de su patrimonio se considera como causa de desheredación».
Por otro lado, ante el debate de si debe llevarse a cabo una interpretación restrictiva de las causas de desheredación y la inclusión del maltrato psicológico, se apuesta por «una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, a la espera de que el legislador aborde la reforma legislativa para su positivación».
Vemos, pues, que el propio Tribunal Supremo apunta por su Sala de lo Civil que, pese a que se realiza un esfuerzo doctrinal por adaptar las normas a esa realidad social, cultural y de violencia de hijos a padres en estos casos, se postula que llega un momento en el que se hace precisa esa reforma legal del Código Civil que tome como base esta nueva línea jurisprudencial en una materia de una tremenda sensibilidad social.
Con un claro abuso de la delegación que permite el art. 3 CC, se mantienen preceptos absolutamente desfasados y no adaptados a una realidad social tan grave
Recuerda, también, el Tribunal Supremo en su STS 422/2015, de 20 de julio de 2015 (LA LEY 143819/2015), que conoció de un supuesto de revocación de donación por ingratitud, y que fijó doctrina jurisprudencial de la Sala, que «el maltrato, de obra o psicológico, por parte del donatario hacia el donante queda calificado como un hecho integrado en la causa de ingratitud contemplada en el artículo 648.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889)».
Por ello, en materia de donaciones se muestra también inflexible la doctrina, y lo toma como «agarradera» el Tribunal para admitir que «el maltrato de obra o psicológico del donatario, como conducta socialmente reprobable, reviste o proyecta caracteres delictivos que resultan necesariamente ofensivos para el donante. Del mismo modo que su comisión atenta a los más elementales deberes de consideración y gratitud hacia el donante, dotando de fundamento a la revocación de la donación por ingratitud como sanción impuesta a los donatarios que infringen dicho deber básico de consideración hacia el donante.»
Bajo este prisma de revocación de donaciones y de permisividad de desheredar los padres a sus hijos por razones de abandono constatado, falta de relaciones, e, incluso, maltrato psicológico, puntualiza el Tribunal Supremo que, a la hora de analizar si la conducta que tiene un hijo mayor de edad hacia su progenitor puede, en función de su intensidad, amparar que se extinga la pensión alimenticia, o bien, que se siga manteniendo, apuesta por la posibilidad de la extinción de la obligación.
Destaca la Sentencia del Alto Tribunal 104/2019 (LA LEY 9270/2019), que la propia STS 558/2016, de 21 de septiembre (LA LEY 124496/2016) afirma que «el derecho de alimentos del hijo mayor de edad continuado o sobrevenido a la extinción de la patria potestad conforme al artículo 93.2 del Código Civil (LA LEY 1/1889) se apoya fundamentalmente en lo que la doctrina civilista ha denominado «principio de solidaridad familiar» que, a su vez, debe ponerse en relación con la actitud personal de quien se considera necesitado (art. 152 CC (LA LEY 1/1889)); y de este modo, se concluye que el contenido de la obligación de prestar alimentos respecto de los hijos mayores de edad se integra sólo por las situaciones de verdadera necesidad y no meramente asimiladas a las de los hijos menores». También la STS 184/2001, de 1 de marzo (LA LEY 3552/2001), que también cita la recurrente, ya había dicho que «la obligación de prestar alimentos se basa en el principio de solidaridad familiar y que tiene su fundamento constitucional en el artículo 39-1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978)», así como que, a tenor de lo dispuesto en el art. 3.1 CC (LA LEY 1/1889), las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
Sin embargo, si bien se mantiene una línea abierta y flexible en razón a admitir la desheredación de padres a hijos y la extinción de la obligación de alimentos ante la concurrencia de actos de abandono, desatención, humillaciones o maltrato psicológico, ello no debe quedar exento de prueba, y, además, que la falta de relación manifiesta ha de ser imputable, de forma principal y relevante, al hijo. Por ello, el Tribunal Supremo destaca que es relevante esta prueba de la existencia de esa situación, y que provenga directamente de los hijos a los padres, «pues para apreciar esa causa de extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era, de modo principal y relevante, imputable a éstos».
No valdría, pues, como se recoge en esta sentencia del Alto Tribunal, que se argumente que la conducta «puede» ser imputable a los hijos, sino que debe quedar clara esta situación de auténtico abandono. No valdrían, por ejemplo, conductas de los padres hacia sus hijos de no querer estar con ellos de forma unilateral, sin existir una causa probada que así lo justifique, y que podría existir perfecto engarce con las actitudes que hemos mencionado de abandono total, negativa a estar con ellos, conductas de humillaciones, insultos, malos tratos psicológicos, y una expresa manifestación de los hijos de desatender a sus padres. En esta línea, lo que debe exponerse es que no bastaría una mera alegación exenta de prueba para declarar la extinción de la obligación de alimentos, o que permitiera a los padres acudir a un notario para extender la desheredación. Sería preciso en consecuencia, una mínima probanza que podría consistir, por ejemplo, en testigos que hayan presenciado determinados actos, o en informes de psicólogos que puedan llevar a cabo un análisis de que la situación psicológica de los progenitores está relacionada con un estado de abandono, desatención, o maltrato de sus hijos hacia ellos.
Por otro lado, entendemos que en esa prueba que se exige para estos fines no se debería requerir una condena en sentencia penal que diera por acreditada de forma objetiva en el orden penal que el maltrato ha existido, y obtener una condena por la vía del art. 153.2 CP (LA LEY 3996/1995), por cuanto no se debe reclamar a los padres que denuncien penalmente a sus hijos para obtener una sanción civil en la línea citada de la extinción de la obligación alimenticia o la ejecución del derecho de desheredación.
Podemos observar, pues, que nos encontramos con un grave problema social, y con una grave situación por la que están atravesando muchas personas, que no es preciso que sean de avanzada edad, porque este problema puede surgir a cualquier edad, mientras el escenario presente conductas de hijos a padres en la línea que se ha explicado. Lo importante es dejar sentado que es posible declarar esa extinción de la pensión alimenticia y la desheredación a los hijos por actos como los expuestos, sin exigirse una previa condena que lo acredite, pero sí teniendo la prueba correspondiente de que tales actos se han producido y que ese principio de solidaridad familiar que abarca ese derecho de los hijos ha sido destruido por su propia conducta, que provoca la extinción de sus derechos.
Con todo ello, y tras esta clara línea jurisprudencial, lo deseable, ahora, es que esta realidad social se vea reflejado en el Código Civil para hacer más viable y claro el ejercicio de estos derechos por muchos padres que sufren el mayor mal que puede hacérsele a unos progenitores que se van a enfrentar a sus propios hijos. Nada hay en la vida más duro que esta realidad, no solo jurídica, sino, también, humana y social.