La Unión Europea es un proyecto que avanza lentamente y con gran esfuerzo entre interminables debates políticos. Uno de los pilares básicos sobre los que se debe asentar el proyecto europeo es la justicia, así se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994). El artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales (LA LEY 12415/2007) dispone que toda persona cuyos derechos y libertades estén garantizados por el Derecho de la Unión y hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el citado artículo, igualmente tiene derecho a ser oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias —una, de 27 de febrero de 2018 (LA LEY 3855/2018) sobre la asociación de jueces portugueses y otra de 24 de junio de 2019 (LA LEY 84463/2019) sobre incumplimiento de Polonia— que suponen un gran avance en el proceso de integración europea. Más allá de las declaraciones programáticas y los Tratados el Tribunal de Justicia ha desarrollado los requisitos imprescindibles que deben reunir los sistemas judiciales en los países europeos.
La reforma polaca disponía la reducción de la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, afectando a un tercio de los mismos
La reciente sentencia de 24 de junio de 2019 se ha dictado como consecuencia de la reforma aprobada en Polonia, que entró en vigor el 3 de abril del año pasado, y que disponía la reducción de la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, afectando a un tercio de los mismos, que debían cesar en el momento de su entrada en vigor. Preveía la posibilidad de mantener la condición superada la edad de 65 años, pero con la autorización discrecional del Presidente de la República de Polonia. La ley dejaba la configuración del Tribunal Supremo al criterio del Presidente de la República. El Tribunal de Justicia suspendió la vigencia de la reforma polaca, aún a pesar de tratarse de una norma de organización institucional interna, y, posteriormente, declara en la citada sentencia que incumplió el Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994) al no garantizarse la independencia de los jueces del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia considera que todo órgano judicial de los estados que componen la Unión Europea que interprete y aplique el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Los órganos judiciales deben desarrollar sus funciones con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico o de subordinación y recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, debe estar protegido de injerencia o presiones externas. Las garantías de independencia e imparcialidad se extienden a los nombramientos, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros y, sobre todo, a la inamovilidad para garantizar la libertad de los que tienen la misión de juzgar. La independencia exige que las normas que rigen el régimen disciplinario de los jueces y magistrados otorguen las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen puede utilizarse como sistema de control político de contenido de las resoluciones judiciales.
A las anteriores sentencias hay que añadir las conclusiones que presentó el abogado general don Eugeni Tanchev el 27 de junio de 2019 en los asuntos acumulados C-585/18, C-624/18 y C-625/18 sobre cuestión prejudicial planteada por la Corte Suprema de Polonia. En las citadas conclusiones se recoge sistemáticamente el contenido de la garantía de independencia de los jueces en el derecho de la Unión. Esta garantía está reconocida en el artículo 47 de la Carta derechos fundamentales (LA LEY 12415/2007)y en los artículos 6 (LA LEY 16/1950) y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (LA LEY 16/1950).
El abogado general se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) sobre las garantías de independencia que deben hacer referencia a las normas sobre nombramiento, la duración de las funciones, las causas de abstención, recusación y de revocación de los miembros para tratar de eliminar cualquier sombra de duda en los justiciables sobre la imparcialidad de los tribunales. Pero no solo las normas relativas a los nombramientos de jueces y al régimen disciplinario son aspectos importantes para garantizar la independencia de la magistratura en el derecho de la Unión, sino de igual importancia es la existencia de un órgano independiente encargado de seleccionar a los jueces, aunque no tenga funciones jurisdiccionales, de este modo las reglas sobre su composición y funcionamiento, en la medida que inciden sobre estos aspectos, pueden ser tenidas en cuenta a los fines de apreciarse si una jurisdicción nacional ofrece las garantías de independencia suficientes a la luz del artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales (LA LEY 12415/2007). Esto supone un paso muy importante porque llevará a cabo un test de control de la independencia de los órganos encargados del gobierno de los jueces y magistrados, es decir de aquellos órganos que tengan encomendadas las competencias de selección, nombramiento y régimen disciplinario de jueces y magistrados.
En este sentido el TEDH en la sentencia Denisov un. Unkraine, el Tribunal considero que queda comprometida la independencia e imparcialidad en cuanto que el órgano encargado de nombramiento estaba compuesto en mayoría de sus miembros no judiciales designados directamente por las autoridades ejecutivas y legislativas, que el número de miembros judiciales elegidos por sus «pares» era limitado y que las autoridades ejecutivas eran miembros de pleno derecho.
Por lo tanto, según la jurisprudencia del TEDH la apariencia de independencia va unida a la composición de los consejos de la magistratura y de los órganos análogos. Para el Abogado general, no obstante, si bien no existe un modelo uniforme de los consejos de la magistratura, se considera que tienen algunas características comunes relativas a su misión de salvaguardar la independencia de los jueces y a su funcionamiento en el seno de los sistemas judiciales y de los órdenes jurídicos respectivos a fin de mantener el respeto del Estado de derecho y los derechos fundamentales. Estas características comunes incluyen que los consejos deben salvaguardar la independencia de los jueces, lo que significa que deben estar libres de toda influencia de las autoridades legislativas y ejecutivas; su composición debe garantizar la independencia de dicho consejo y permitir un funcionamiento eficaz, en particular en principio deben estar compuestos al menos por una mayoría de jueces elegidos por los propios jueces, a fin de evitar las «manipulaciones o las presiones abusivas», de este modo el procedimiento de selección deberá ser realizado de una manera objetiva y transparente garantizando una amplia representación del poder judicial a todos los niveles; los nombramientos de los miembros de los consejos no deben ser simultáneos a la renovación de los parlamentos y la selección, nombramiento y promoción de los jueces debe ser efectuado por Consejos de la magistraturas independientes de autoridades ejecutivas y legislativas.
Se debe salvaguardar la independencia de los jueces y así evitar la influencia de las autoridades legislativas y ejecutivas en el nombramiento de los jueces y magistrados
En consecuencia, las disposiciones que regulan la composición y las funciones de los consejos de las magistraturas deben estar guiadas por el objetivo primordial de asegurar su papel, consistente en salvaguardar la independencia de los jueces y así evitar la influencia de las autoridades legislativas y ejecutivas en el nombramiento de los jueces y magistrados. No obstante, hay que esperar a la resolucion de la cuestión prejudicial y al criterio que fije el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tema tan transcendental para los ciudadanos y los Estados miembros de la Unión.
Según las sentencias anteriormente citadas del TJUE los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que derivan del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994) y del artículo 47 de la Carta de derechos fundamentales (LA LEY 12415/2007)al organizar sus instituciones judiciales en cuanto que los jueces al interpretar y aplicar el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Es aquí donde radica el enorme salto hacia la integración europea al extender el Tribunal de Justicia el control de la independencia a la organización interna de los tribunales de los estados miembros para garantizar los valores del Tratado de la Unión Europea (LA LEY 109/1994). De nada serviría reconocer derechos a los ciudadanos europeos si los sistemas judiciales de los estados miembros no los garantiza de manera uniforme y coherente por falta de independencia e imparcialidad. Esperemos que, aunque sea vía pronunciamientos judiciales y al margen de debates políticos, a este gran paso le sigan otros que vayan configurando un espacio común de derechos y libertades europeo reconocido en la Carta de derechos fundamentales.