- Comentario al documentoTrata el autor sobre un tema sobre el que se suelen aportar pruebas tecnológicas de videograbación en los juicios orales ante el incremento de la instalación de estas cámaras de grabación para detectar a los autores de hechos delictivos cometidos tanto en lugares públicos como privados. Se efectúa un análisis de la sistemática a seguir en el caso de obtención de imágenes en lugares públicos y privados, cómo se valora el valor de esta prueba y su posible afectación a derechos fundamentales, como la imagen y la intimidad, la validez de esta prueba, o los posibles vicios que motivan su ilicitud y la forma de aportación de estas imágenes al juicio oral.La mejora en el tratamiento de los medios tecnológicos ha hecho posible que se utilicen estas cámaras en las vías públicas y espacios privados, habiendo el legislador mejorado el tratamiento de la utilización de estos medios por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por medio de la introducción en la LECrim., de una normativa específica en los arts. 588 quater y quinquies para validar el uso de cámaras en la intervención policial y evitar nulidades que antes de esta regulación podría señalarse si no se seguía un cauce adecuado para la obtención de las imágenes. Todo ello, respetando los principios de proporcionalidad e idoneidad, pero sin olvidar, tampoco, el derecho a la seguridad ciudadana que exige, también, permitir el uso de los medios que la tecnología pone a nuestro alcance.
I. Introducción
La obtención de pruebas en la investigación de los hechos delictivos tiene hoy en día en la existencia de las cámaras de videograbación o videovigilancia uno de los máximos exponentes para poder localizar a los autores de ilícitos penales. Sin embargo, como suele decirse, «no todo vale» para la obtención de estas pruebas, y es preciso que en las mismas no se hayan vulnerado derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española, que en este caso lo serían los de la intimidad y la propia imagen. Sin embargo, en esta materia la casuística es sumamente variada y ello ha dado lugar a una prolija doctrina técnica y jurisprudencial en busca de fijar los límites sobre los que debe girar la posibilidad de instalar estas cámaras de grabación y cómo valorar como prueba las grabaciones obtenidas en algunos casos límites donde se alegue que se han podido infringir derechos constitucionales.
En este tema es preciso destacar que de haberse vulnerado derechos fundamentales nos encontraríamos con que el delito podría haberse cometido, si así se comprueba en la grabación, pero que de considerarse ésta ilícita, la prueba no tendría valor alguno, lo que no quiere decir que no pudieran aportarse y valorarse otras que pudiera dar lugar a la condena, ya que si puede existir desconexión y ruptura causal entre la grabación y otras pruebas estas últimas no tienen por qué arrastrar la nulidad de la videograbación y quedaría la cuestión reducida a valorar la entidad probatoria de estas últimas pruebas y comprobar si tienen la entidad suficiente como para permitir la enervación de la presunción de inocencia y dar lugar a una sentencia condenatoria.
Lo relevante de este tema es el grado de garantismo que es preciso alcanzar para no vulnerar derechos fundamentales, pero, también, no dejar de perseguir hechos delictivos que se conoce que se han cometido, pero que por una cuestión formal, que es de gran importancia y relevancia, puede dar lugar a una nulidad de la prueba obtenida. Por eso, la clave está en seguir correctamente las pautas de conducta que se exigen en la instalación de estas cámaras de videograbación y evitar con ello la nulidad de la prueba obtenida.
El objetivo esencial de la instalación de videocámaras es el de la prevención del delito
En realidad, hay que destacar, en primer lugar, que el objetivo esencial de la instalación de videocámaras es el de la prevención del delito, ya que dado que se publicitan o son perfectamente visionadas se pretende evitar que se perpetren hechos delictivos, y si, pese a ello, se cometen se pueden descubrir pruebas materiales de un hecho delictivo con el uso de la videograbación. Pero lo que no podemos hacer es evitar el uso de una herramienta como ésta que supone una vía inmediata y directa, por un lado, para prevenir que se cometan delitos, y, por otro, para conseguir las pruebas materiales de la autoría si finalmente se perpetra el delito.
Como ejemplo de su uso y su eficacia podemos destacar los disturbios en Londres en agosto de 2011, que viví personalmente allí, cuando las cámaras de videovigilancia en las calles permitieron la identificación y puesta a disposición judicial de más de 1.000 personas que tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por delitos de robos en comercios y orden público, así como la rápida y ágil intervención policial en el atentado terrorista de la Marathon de Boston que ocurrió el 15 de abril de 2013 alrededor de las 14:50 en Boylston Street, Estados Unidos, cerca de Copley Square, justo antes de la línea de meta donde se detonaron dos artefactos explosivos de fabricación casera (ollas a presión, rellenas de metralla), durante la famosa Maratón de Boston, que causaron la muerte de tres personas y otras 282 resultaron heridas. Pues bien, fueron las cámaras de videovigilancia dispuestas en cada calle las que permitieron identificar a los dos terroristas autores de la matanza tras un minucioso estudio del contenido de las grabaciones de las cámaras que permitió identificarlos y seguir los movimientos que habían dado desde el momento del atentado hasta su huida del lugar y ubicación posterior. Sin las cámaras de vigilancia hubiera sido imposible descubrir a los autores. Y nadie cuestionó en modo alguno la ilegalidad de su instalación en las calles, ni que esta disposición vulnerara el derecho a la imagen o a la intimidad, ya que se trata de espacios públicos y la seguridad también es un valor y un factor a prevenir en estos casos, mientras que en modo alguno se vulneran estos derechos fundamentales por la circunstancia de que se pueda grabar la imagen de las personas que transitan por las calles, o lugares públicos, ya que si se perpetran hechos delictivos los autores no pueden exponer ante el juez que se vulneró su imagen o su intimidad con motivo o con ocasión de que «ellos perpetraran un hecho delictivo» que las cámaras de grabación han visionado y han sido puestas a disposición de la autoridad policial y por estos a la autoridad judicial y la fiscalía.
De alguna manera se ha expuesto, también, que además de esta alegación de que se podría vulnerar con la instalación de estas cámaras de vigilancia, no solo la intimidad y la imagen, sino, también, el derecho al honor, y derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 de la Constitución (LA LEY 2500/1978), ya que veremos que la casuística nos enseña que se han utilizado estas cámaras o microfónicos en el interior de los domicilios por sus propios propietarios, quedando la duda de si con ello se vulnera algún derecho fundamental si, por ejemplo, se han instalado para saber si la persona que cuida a un familiar le maltrata, o les roba a sus dueños por poner un ejemplo de casos repetitivos de uso de cámaras en los hogares por sus propios dueños, como luego veremos.
II. Clases de videovigilancia
En cuanto al objetivo de la videograbación relacionado con la comisión de ilícitos penales podemos afrontar una doble clasificación. Así, señala, a estos efectos, RICARDO MARÍN (1) que la videovigilancia, en cuanto captación videográfica, participa de las siguientes clases de videovigilancia:
- 1. Videovigilancia en espacios públicos;
- 2. Videovigilancia en lugares privados, domiciliarios y no domiciliarios (una cochera, un almacén, etc.), y
- 3. Videovigilancia en espacios intermedios (comercios y demás lugares privados abiertos al público).
Esta clasificación dará lugar a distintas soluciones en relación a qué respuesta dar a la detección de la comisión de un hecho delictivo en distintos lugares de los citados a tenor de las garantías observadas en cada caso, como luego veremos, y la validez, o no, de la prueba obtenida, según cada caso.
Y, en segundo lugar, señala CARMEN DURAN (2) que los sistemas de videovigilancia pueden clasificarse en preventiva y aquella que se desarrollada en el marco de una investigación penal. Así, la primera es posible instalarlo en vía pública siguiendo los parámetros de la Ley 4/1997. Con ello tenemos que:
1. Preventiva
Ley LO 4/1997, de 4 de agosto (LA LEY 2848/1997) por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos y la Ley 5/2014, de 4 de abril (LA LEY 5140/2014), de Seguridad Privada.
2. Investigación penal
Medidas previstas en la LO 13/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15163/2015) de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, donde, como apunta esta autora, no sólo se contempla una serie de disposiciones comunes a todas las medidas de investigación tecnológicas ubicándolas en un nuevo Capítulo IV, dentro del Título VIII del Libro II, (LA LEY 1/1882) sino que también se recogen una serie de preceptos específicamente referidos a la captación de imágenes como medida complementaria a la captación de las comunicaciones orales, prevista en los arts. 588 quarter a) (LA LEY 1/1882)y siguientes y como acto de investigación independiente previsto en el art. 588 quienquies a) (LA LEY 1/1882) y siguientes.
III. La consideración de la videograbación como prueba documental electrónica para aportar al proceso penal
Cuestión relevante en este tema es que una vez obtenida la grabación y siendo esta válidamente obtenida, cómo podemos aportarla al proceso penal y bajo qué consideración probatoria, porque es básico en el proceso penal conocer bajo qué tipo de prueba enfocamos el contenido de lo grabado.
Para ello, tenemos que recurrir a la Ley de Enjuiciamiento civil, porque pese a que la antes citada Ley de reforma de la LECrim., introdujo la posibilidad de los medios de investigación tecnológicos, no se aprovechó para incluir entre los medios de prueba la ubicación acerca de la consideración de la prueba tecnológica como tal, de ahí que debamos recurrir a la prueba electrónica o tecnológica como documental, sin perjuicio de que en algunos casos pueda llevarse al juicio oral la reproducción de la grabación para introducir la elevación al plenario de la documental, en este caso por reproducción del visionado de la grabación, a fin de que el tribunal pueda ver en la sala el contenido de lo grabado y que las partes puedan efectuar alegaciones sobre esa prueba, por ejemplo, la defensa acerca de la no identificación absoluta del acusado, o que existe confusión, que la imagen no es nítida etc.
El Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 1449/2000 de 26 Sep. 2000, Rec. 4337/1998 (LA LEY 171741/2000) señala a estos efectos que «Las grabaciones videográficas, constituyen incuestionablemente un documento, que puede ser esgrimido a los efectos de sustentar un posible error de hecho en la apreciación de la prueba. De conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), constituye un soporte gráfico que incorpora hechos, impresionados en cinta incorporada a la cámara que grabó las incidencias del suceso que se imputa al recurrente. Una reiterada jurisprudencia de esta Sala las equipara, en su consideración de documento, no solo a los escritos tradicionales, sino también a cualquier otra representación gráfica del pensamiento o de la realidad, que, a través de su examen o visionado, se pueda conocer o comprobar».
Nos planteamos, entonces, ¿cómo validar procesalmente esa prueba documental tecnológica de la grabación?
a) La captación de la imagen de un sujeto en el momento en el que está cometiendo un delito es un medio idóneo para que la autoridad judicial identifique al investigado al permitirle comparar las imágenes o fotogramas con el sujeto que tiene ante sí. En ese caso, salvo que la cámara esté ubicada ilícitamente en lugar privado sin autorización judicial en un proceso penal esa grabación sería prueba. Se aportaría al proceso penal por la autoridad policial en las diligencias de investigación y la fiscalía propondría en su escrito de acusación la reproducción del contenido de la grabación en el juicio oral.
b) No es imprescindible contar con la ratificación del operador que tomó las imágenes cuando la misma pueda suplirse con la comparecencia de los testigos presenciales si los hubiera. Y en caso negativo basta con la mera grabación.
c) Las imágenes pueden servir a la Policía Judicial para identificar a un sujeto sospechoso de la comisión de un delito mediante la realización de un estudio pericial antropométrico donde se comparen los rasgos físicos del sujeto que aparece en la grabación perpetrando el delito con los rasgos físicos de la persona acusada de la comisión de dicho acto. Esto puede darse en supuestos de falta de claridad en la imagen, o que lleve algún tipo de sistema para intentar ocultar su rostro y que pueda ser salvado por peritos en esta técnica, para lo cual serían llamados al juicio oral para declarar sobre las pruebas llevadas a cabo que han permitido identificar al acusado.
¿Puede admitirse la convicción judicial acerca de la autoría del hecho basado en esta prueba?
Podemos extraer las siguientes consecuencias de la STS de 14 de abril de 2016 (LA LEY 32909/2016).
1. Comprobación por el Tribunal acerca de si lo que consta en la grabación se corresponde con lo que es objeto de acusación
El Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 315/2016 de 14 Abr. 2016, Rec. 1873/2015 (LA LEY 32909/2016) señala que es perfectamente lícito, (cfr., entre otras, STS 1300/1995, de 18 de diciembre (LA LEY 1867/1996)) que la convicción judicial sobre la intervención de unos individuos en determinados hechos venga acreditada por los fotogramas obtenidos de una cinta de vídeo grabada en los accesos de un establecimiento bancario, siempre que el Tribunal haya podido constatar que la filmación se corresponde con lo acaecido y enjuiciados en cada caso en concreto (STS 1336/1999, de 20 de septiembre (LA LEY 11428/1999))
2. La prueba de la videograbación como testigo directo
En la sentencia del TS 1051/1995, de 27 de febrero (LA LEY 2774/1995) asimila la prueba documental de la videograbación a una testifical de un testigo directo, es decir, que la reproducción en el plenario de la grabación equivale a como si un testigo directo expusiere en la sala en el plenario cómo ocurrieron los hechos de una manera muy clara e identifique con claridad al acusado como el autor de los hechos. Así, apunta que no supone una prueba distinta de una percepción visual, porque como señaló la sentencia TS 2620/1994, de 14 de mayo, si en juicio oral es posible una identificación de los acusados con todas las garantías, esta prueba que no hace otra cosa que perpetuar una percepción visual de una persona, debe ser estimada como válida.
3. La prueba de la videograbación como prueba directa, no de indicios
La STS de 1285/1999, 15 de septiembre (LA LEY 12170/1999) incardina a la prueba de la videograbación como prueba directa, no por indicios y precisa: «Siendo relevantes los hechos indiciarios mencionados, es claro que el primero de los señalados adquiere especial significación a efectos de la inferencia deducida por el juzgador, y que su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de "testimonio mecánico y objetivo" de un suceso, con entidad probatoria similar —o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal— a la del testigo humano».
4. La videograbación como contenido documental de lo grabado sin intervención de una persona. Prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia en cuanto medio técnico que recoge las imágenes de la participación del acusado en el hecho ilícito enjuiciado
En estos casos, la videograbación suele ser una cámara fija en la que no interviene una persona, sino que es con posterioridad a la comisión de los hechos cuando se puede recabar el contenido de la grabación.
Así, el TS apunta en la sentencia de 14 de abril de 2016 (LA LEY 32909/2016)que cuando la cinta videográfica no haya sido filmada por una persona, sino por las cámaras de seguridad de las entidades que, por prescripción legal o por iniciativa propia, disponen de esos medios técnicos que graban de manera automática las incidencias que suceden en su campo de acción, en estos casos, la propia grabación videográfica ha sido considerada por esta Sala Segunda como prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia en cuanto medio técnico que recoge las imágenes de la participación del acusado en el hecho ilícito enjuiciado.
5. Prueba con valor para identificar a los participantes en un delito
De igual modo la STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011 (LA LEY 431/2011) destaca el valor de las grabaciones filmadas de los hechos para poder identificar a sus participantes; la STS 433/2012, de 1 de junio (LA LEY 73165/2012) por su parte, destaca que el material fotográfico y vídeo gráfico obtenido en el ámbito público y sin intromisión indebida en la intimidad personal o familiar tiene un valor probatorio innegable, lo que es reiterado por la STS 67/2014, de 28 de enero (LA LEY 10183/2014).
IV. Cámaras de videovigilancia en espacios públicos o privados
La grabación de las imágenes en espacios públicos o privados da lugar a una distinta configuración del tratamiento de su posible afectación de los derechos constitucionales antes citados de la imagen o la intimidad. Y así, CABEZUDO BAJO (3) apunta que es preciso tomar en consideración cuestiones tales como que la proyección de la intimidad y de la vida privada no tiene el mismo alcance dentro del domicilio, del espacio de trabajo y de los lugares públicos. Apunta CARMEN DURAN que bajo esta opinión mientras que dentro de la esfera domiciliaria se protege el derecho a la intimidad en cuanto derecho fundamental, en el lugar de trabajo cabría proteger la privacidad como bien jurídico legalmente protegible.
1. En espacios públicos
Así, se regula por la Ley 4/1997 la utilización de videocámaras por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, pudiendo desarrollarla los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos, abiertos o cerrados, y por las empresas de seguridad privada, quienes podrán instalar videocámaras en establecimientos abiertos al público, e, incluso, en locales privados, pudiendo tales imágenes acceder al eventual y posterior proceso siempre que no invadan espacios estrictamente íntimos, como por ejemplo, los aseos. Con ello, solo los espacios privados como servicios de aseos, o lugares donde claramente pueda quedar afectada la intimidad sería imposible otorgar validez al contenido de una grabación. Por ejemplo, que se instalara en un baño una cámara y que se grabara a una persona abriendo una maleta colocando una cantidad de droga en su interior, o deshaciéndose de una pistola que previamente había utilizado en un crimen. La imposibilidad de ubicar cámaras en ese baño por pertenecer a le esfera privada daría lugar a la ilicitud de esa prueba y la no consideración como prueba.
La instalación de las videocámaras quedará sujeta a los principios de proporcionalidad e intervención mínima
La prueba de la videograbación en espacio público puede llevarse a cabo siguiendo las previsiones de la LO 4/1997, de 4 de agosto (LA LEY 2848/1997), por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, que tiene por objeto el empleo de videocámaras para la grabación de imágenes y su posterior tratamiento, previendo expresamente la no ilicitud de las imágenes captadas conforme a la norma. Como señala EMILIO FRÍAS (4) la instalación de las videocámaras quedará sujeta a los principios de proporcionalidad e intervención mínima y la concurrencia de un peligro abstracto para las fijas y concreto para las móviles. Con ello, siguiendo las previsiones de la Ley se instalarían en espacios públicos siguiendo esta normativa y siendo prueba en juicio de todos los hechos que se graben y queden en la cobertura de la cámara.
Hay habría que distinguir dos tipos:
- 1. Sujetas a la LO 4/1997 (LA LEY 2848/1997) y a la LOPD (LA LEY 4633/1999). Aquella que se realiza por cámaras previamente instaladas en prevención de un peligro más o menos concreto que captan imágenes de todos los usuarios de la vía sean sospechosos o no, y cuya grabación se incorpora a un fichero, y por tanto sujeto a LOPD (LA LEY 4633/1999)
- 2. Investigación penal. de aquellas otras grabaciones que se realizan en el marco de una investigación específica por un delito determinado en cuyo caso el empleo de cámaras no debiera quedar sujeto a la autorización previa.
Aquí las Fuerzas de Seguridad podrían recabar la orden judicial por la vía del art. 588 quater a LECrim. (LA LEY 1/1882), sobre Grabación de las comunicaciones orales directas, que señala que:
1. Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados.
Se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos para adoptar este acuerdo, y que están contemplados en el art. 588 quater b) LECrim. (LA LEY 1/1882) (5)
Del mismo modo, se aplica el art. 588 quinquies a (LA LEY 1/1882) sobre captación de imágenes en lugares o espacios públicos, que señala que:
1. La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
También pueden instalarse por las empresas privadas, tales como bancos u otras para delimitar el radio de acceso a la empresa y efectuar una vigilancia respecto a la zona cercana a la misma, lo que ha dado lugar a la obtención de numerosas pruebas en la comisión de hechos delictivos cometidos en las inmediaciones de bancos o empresas que tienen instaladas estas cámaras. Así, añade EMILIO FRÍAS que con objeto de regular el modo en el que deben captarse y tratarse imágenes de personas a través de cualquier medio, cámaras, circuitos cerrados, webcam, etc., se aprobó la Instrucción 1/06 de 8 de noviembre (LA LEY 11881/2006) de la AEPD, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, quedando únicamente excluidas las imágenes que un particular pueda captar en su vida privada. En estos casos se aplicará también la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en cuyo art. 42 (LA LEY 5140/2014) se recoge que 1. Los servicios de videovigilancia consisten en el ejercicio de la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, fijas o móviles, capaces de captar y grabar imágenes y sonidos, incluido cualquier medio técnico o sistema que permita los mismos tratamientos que éstas. Además, en el art. 46 (LA LEY 5140/2014)se recoge que 1. Los servicios de instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, consistirán en la ejecución, por técnicos acreditados, de todas aquellas operaciones de instalación y mantenimiento de dichos aparatos, equipos, dispositivos o sistemas, que resulten necesarias para su correcto funcionamiento y el buen cumplimiento de su finalidad, previa elaboración, por ingenieros acreditados, del preceptivo proyecto de instalación, cuyas características se determinarán reglamentariamente.
Por último, el art. 52 b) permite la instalación de medidas de seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza, peligro, presencia o intento de asalto o intrusión que pudiera producirse, mediante la activación de cualquier tipo de dispositivos electrónicos.
2. En espacios privados
A tenor del art. 42.2 de la Ley de seguridad privada de 2014 (LA LEY 5140/2014) antes expuesta su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular.
En este caso podrían instalarse por los propios dueños de un inmueble con ocasión de vigilar las actuaciones, por ejemplo, de una cuidadora de niños ante sospechas de actos de maltrato, de una persona encargada de hogar ante sospechas de actos de hurto, lo que no invadiría derechos algunos de intimidad o imagen al tratarse de la propia morada. También podría hacerlo la autoridad policial en espacio privado con orden judicial en el curso de una investigación policial en base al art. 588 quater (LA LEY 1/1882) y con sus requisitos, con lo que la orden judicial validaría la prueba obtenida y no vulnera derecho alguno aunque se grabe en su domicilio.
Lo que no cabría llevar a cabo por un particular, ni por una empresa es la instalación de las cámaras en lugares concretos, tales como los aseos o servicios y vestuarios en domicilios privados o en empresas, tales como centros de trabajo o gimnasios, por ejemplo, y cualquier otro lugar, ya que las cámaras deben instalarse en lugares donde tal derecho a la privacidad, como la de estos lugares, no exista. Si así se hiciera la prueba sería ilícita.
También pueden instalarse en las comunidades de propietarios en prevención de ilícitos y previo acuerdo de 3/5 del total de propietarios que representen esa cifra en las cuotas de participación por la vía del art. 17.3 LPH (LA LEY 46/1960). El enfoque debe ser hacia el interior de la comunidad, o el radio de acceso a la misma por las puertas de la calle.
Destacar en este punto la STS de 18 de febrero de 1999 (LA LEY 4028/1999) que no ve obstáculo en grabar un domicilio con la ventana abierta que permite ver la vida que se desarrolla en el interior de un domicilio, no es necesaria una autorización judicial para ver lo que el titular de la vivienda no quiere ocultar a los demás.
Destaca también EMILIO FRÍAS que los requisitos para la posible instalación de equipos de videovigilancia privados eran, esencialmente, la instalación por persona de las ya indicadas, la publicidad mediante carteles de la existencia del equipo, la existencia de hojas de información, la no captación de la vía pública y la cancelación automática transcurrido un mes, aunque los referentes a las comunidades de propietarios podrán grabar los accesos a las puertas de entrada y ese ámbito de acceso.
V. Ilicitud de la grabación pero validez de otras pruebas desconectadas con la prueba de la grabación en video
Para el caso de que no se cumplan los requisitos antes expuestos opera la ilicitud de la prueba, pero en estos casos hay que ver si esta ilicitud puede afectar a otras pruebas lícitas no conectadas en relación de causalidad con la grabación de la imagen, y así el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 33/2012 de 3 Feb. 2012, Rec. 11359/2011 (LA LEY 13074/2012) señala que ya en la Sentencia n.o 460/2011 de 25 de mayo de 2011 (LA LEY 71565/2011) se recordaba lo dicho en la previa n.onúmero 2/2011, (LA LEY 2128/2011)dictada por el pleno de esta Sala Segunda, en lo que concierne a la posibilidad de desconectar una fuente ilícitamente obtenida de otra, a la que sin embargo se vincula causalmente, porque la obtención de ésta no habría sido posible sin aquélla, de tal manera que aquella ilicitud no se predique de la segunda. Y se recoge cómo numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional consagran la teoría de la desconexión de antijuridicidad entre la prueba precedente declarada nula de pleno derecho y sin eficacia probatoria por vulnerar derechos constitucionales, y la prueba derivada de aquélla, cuando en su práctica se han respetado las garantías exigibles y aunque ésta se halle relacionada con la primera de la que emana causal y materialmente y se puede afirmar que jurídicamente sea autónoma e independiente de aquélla. Particularmente en relación a la confesión del imputado.
En este caso debe existir desconexión entre la antijuridicidad de una obtención ilícita de fuentes probatorias y la práctica de otros medios, cuando estos segundos ni siquiera se encuentran en relación de causalidad con los de ilícita obtención y, desde la obtención de la fuente hasta la producción del medio en juicio, se revisten en todo momento de las citadas exigencias de legalidad. En este caso el TS señaló que la identificación del acusado como el autor de los hechos, era totalmente independiente de lo que la cámara de vídeo grabó o no, por lo que el hecho de que la grabación hubiera vulnerado derechos fundamentales permite que otras pruebas se admitan como válidas siempre que estén desconectadas de la grabación.
VI. Forma de llevar al plenario el contenido de la grabación efectuada
Cuando se comete un hecho delictivo y las cámaras instaladas con arreglo a la LO 4/1997 (LA LEY 2848/1997) o las realizadas con empresas privadas de acuerdo a la Ley 5/2014, de 4 de abril (LA LEY 5140/2014), de Seguridad Privada se recabará en el primer caso por la autoridad policial a la autoridad gubernativa el visionado de lo grabado para instar la petición del contenido para incorporarlo al atestado policial y lo mismo en el art. 42.4 de la Ley 5/2014 (LA LEY 5140/2014) se recoge que Cuando las mismas se encuentren relacionadas con hechos delictivos o que afecten a la seguridad ciudadana, se aportarán, de propia iniciativa o a su requerimiento, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes, respetando los criterios de conservación y custodia de las mismas para su válida aportación como evidencia o prueba en investigaciones policiales o judiciales.
En cuanto al tipo de prueba de videograbación y cómo será examinado por el juez o tribunal penal nos remitimos al art. 384.1 LEC (LA LEY 58/2000) que no consta reproducido en la LECrim (LA LEY 1/1882), y a tenor del cual Los instrumentos que permitan archivar, conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, que, por ser relevantes para el proceso, hayan sido admitidos como prueba, serán examinados por el tribunal por los medios que la parte proponente aporte o que el tribunal disponga utilizar y de modo que las demás partes del proceso puedan, con idéntico conocimiento que el tribunal, alegar y proponer lo que a su derecho convenga.
Sobre esta cuestión destaca CARMEN DURAN que en el ámbito del proceso penal, si bien la última reforma de la LECrim (LA LEY 1/1882) prevé y regula la existencia de nuevos medios de investigación tecnológicos, como ya se ha adelantado, no ha incorporado nuevos preceptos, ni modificado los ya existentes, acerca de la vía a través de la cual estas nuevas fuentes deben introducirse en el proceso, por lo que las grabaciones en soporte audiovisual acceden, en la actualidad, por la vía de la prueba documental
También apunta la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 1409/2014 de 21 mayo 2014, Rec. 2353/2013 (LA LEY 64262/2014) la mecánica a seguir en el caso de que exista técnico que haya grabado la imagen o no:
- a) Con persona que la haya grabado: La confrontación de la grabación con el testimonio en el acto del juicio oral del operador que la obtuvo y fue testigo directo de la misma escena que filmó (STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011 (LA LEY 431/2011)). Sentencias 485/2013, de 5 de junio (LA LEY 64793/2013) y la 433/2012, de 1 de junio (LA LEY 73165/2012)exigen para reconocer validez a las grabaciones obtenidas que sean completadas con la declaración de los policías encargados de visualizar las imágenes captadas. Explica el TS que su declaración es necesaria para «garantizar la autenticidad de la grabación».
- b) Se grabó sin intervención humada: No será exigible, naturalmente, en el caso de que la cinta videográfica no haya sido filmada por una persona, sino por las cámaras de seguridad de las entidades que, por prescripción legal, o por iniciativa propia, disponen de esos medios técnicos que graban de manera automática las incidencias que suceden en su campo de acción» (STS 485/2013 (LA LEY 64793/2013), STS 67/2014, de 28 de enero (LA LEY 10183/2014) o STS 124/2014 de 3 de febrero (LA LEY 21261/2014)).
También es preciso contar con estos datos:
- 1. Reproducción de lo grabado en el juicio oral: Lo que el TS siempre exige es que la eficacia probatoria de la filmación videográfica está subordinada a la visualización en el acto del juicio oral, para que tengan realidad los principios procesales de contradicción, igualdad, inmediación y publicidad» (STS de 17 de julio de 1998), exigiendo la doctrina jurisprudencial que el material videográfico haya sido visionado en el plenario con todas las garantías procesales». (STS 485/2013 (LA LEY 64793/2013), STS 67/2014, de 28 de enero (LA LEY 10183/2014) o STS 124/2014 de 3 de febrero (LA LEY 21261/2014)).
- 2. Traspaso del contenido de la grabación a CD para reproducirlo en el plenario. En el caso de la prueba videográfica será preciso no sólo contar con material técnico que permita la visualización de las imágenes durante el transcurso de las sesiones de la vista sino, además, haber realizado previamente una serie de operaciones que posibiliten traspasar esas imágenes contenidas en soportes técnicos no inescindibles, como el caso de las cámaras de grabación, a soportes técnicos que sí reúnan la condición de inescindibles, como el caso de pen drives o CDs.
¿Cómo se aporta al proceso penal en su fase de juicio oral el contenido de una grabación donde se aprecia a una persona cometiendo un hecho delictivo si se considera prueba documental?
La reproducción de la grabación no es la única forma en la que las imágenes pueden acceder al proceso, sino que pueden hacerlo también a través de un informe pericial, cuando se solicita la aclaración de alguno de los extremos contenidos en dichas imágenes, y también puede acceder, por ejemplo, a través de las declaraciones testificales de aquellas personas que presenciaron los hechos.
Como recuerda RODRÍGUEZ LAINZ (6) , en base a la SSTS 299/2006, de 17 de marzo (LA LEY 21830/2006)829/1999, de 19 de mayo, (LA LEY 7184/1999)y STS 1140/2010, de 29 de diciembre (LA LEY 226907/2010) la autoridad judicial debe valorar las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se obtienen las grabaciones; en especial si con ello se ha estado invadiendo espacios íntimos dignos de una especial protección constitucional, o transgrediendo de forma patente alguna de las normas reguladoras de tales instalaciones de seguridad, con trascendencia real sobre los derechos objeto de protección.
La STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011 (LA LEY 431/2011) muestra un especial interés por plantear la conveniencia, por no decir necesidad, de aportación de forma inmediata al proceso de las grabaciones obtenidas, bien por las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los supuestos que legalmente proceda, bien por los particulares que las tomaran.
El art. 7.1 de la LO 4/1997 (LA LEY 2848/1997), establece un plazo especialmente perentorio de puesta a disposición de la autoridad judicial de tan solo 72 horas. Esta exigencia de la pronta entrega se convierte de hecho en una primera garantía de autenticidad y no manipulación del material facilitado; y se explica en buena parte por el carácter automático, sin intervención humana en que se produce la captación de las imágenes (STS 828/1999, de 19 de mayo), Para el caso de que transcurriera ese plazo, que es administrativo, se entiende que no por ello quedaría invalidado esa prueba, sino que podría valorarse si pudo existir manipulación, lo que podría comprobarse con pericial.
En lo que respecta a grabaciones de procedencia privada no existe ese plazo de aportación, según RODRÍGUEZ LAINZ de, al menos, aquello que realmente resulte de utilidad para la causa; complementada en su caso, con la declaración testifical de quien realiza la grabación o la aportación del material probatorio —STS 1154/2010, de 12 de enero de 2011 (LA LEY 431/2011)—.
- 3. Exigencia de la aportación íntegra de la grabación. Se considera que la aportación de la grabación íntegra es más una exigencia encaminada a facilitar el ejercicio del derecho de defensa, a los efectos de permitir a las defensas realizar una valoración distinta de la que pudiera deducirse del fragmento aportado, que una exigencia de su licitud probatoria
VII. Casuística respecto de lugares concretos
1. Cámaras puestas por el propietario en su vivienda
Puede ocurrir que quien decida instalar una cámara de seguridad dentro de su propiedad sea el mismo propietario, lo que podrá hacer, en principio, sin más requisitos con relación a las personas que compartan habitualmente con él ese ámbito privado, si es el caso y podría servir de prueba para acreditar delitos cometidos, por ejemplo, por personal laboral que trabaja en ese hogar, que son los casos por los que algunos propietarios instalan cámaras privadas para detectar estos hechos sobre los que sospechan.
2. Cámaras en espacios privados abiertos a público
Si se tratase de espacios privados abiertos a un determinado colectivo que pudiesen ser visitados por terceros (por ejemplo, el garaje comunitario de un inmueble de vecindad), habría que utilizar el preaviso de «zona cubierta por videocámaras». La ubicación de esas cámaras en lugares bien visibles podría ser suficiente, aun sin anuncio expreso, ya que lo determinante es que no se trate de instalaciones subrepticias.
3. Grabaciones en establecimientos privados abiertos al público
Preaviso de «zona cubierta por videocámaras los aseos participan de una protección equivalente a la que se dispensa al ámbito domiciliario
4. Cámaras en el ámbito laboral
Será suficiente, eso sí, con el previo conocimiento de los trabajadores, sin que sea necesario su consentimiento, siempre que las captaciones se circunscriban al área donde exactamente se desempeña la actividad laboral. Ahora bien, como señala RICARDO MARTÍN, si de lo que estamos hablando no es estrictamente de videovigilancia preventiva sino de la preexistencia de indicios delictivos que señalen a uno o varios trabajadores (un presunto delito de robo continuado a la empresa, por ejemplo), la previa información no sería obligada, como es lógico, pero será el juez quien deba decidir el lugar de instalación y características de estos dispositivos, de acuerdo con el principio de proporcionalidad.