A partir del momento de la entrega de la carta de May a Tusk ha empezado la cuenta atrás
INTRODUCCION
El pasado día 8, la Cámara de los Comunes autorizó por amplia mayoría al Gobierno de Theresa May a invocar el art. 50 del Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007) de 2007 sobre la Unión Europea, que permite iniciar el proceso de desconexión de Gran Bretaña de la Unión. La cuestión está aún pendiente de la decisión de la Cámara de los Lores, que se espera se produzca el 7 de Marzo.
Theresa May hizo aplicar el rodillo conservador en la Cámara de los Comunes y, con la connivencia de parte del Partido Laborista, logró que aprobara su escueto proyecto de ley que autorizaba al Gobierno a iniciar formalmente el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mediante la invocación del art. 50 del Tratado de Lisboa (LA LEY 12533/2007) de 2007. La pro-europea Cámara de los Lores, en cambio, puso algunos obstáculos a la galopada del Gobierno hacia el "Brexit", al aprobar sendas enmiendas al texto propuesto: la primera daba al Gobierno tres meses de plazo para presentar una propuesta que asegurara que "los ciudadanos de la Unión Europea y los miembros de sus familias con residencia legal en el Reino Unido en el momento de aprobación de este texto, reciban el mismo tratamiento con respecto a los derechos derivados de la pertenencia a la UE"; la segunda requería que el texto del Acuerdo eventualmente alcanzado entre Gran Bretaña y la UE fuera sometido a la aprobación del Parlamento británico antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo. Fueron unos meros rasguños en la piel paquidérmica de la Sra May, que fueron totalmente restañados tras la segunda y definitiva votación de la Cámara de los Comunes, que autorizó por amplia mayoría el inicio del proceso de salida de la UE.
I. SOMBRAS EN LA CELEBRACIÓN DEL REFERÉNDUM DEL 26-J
El recurso al referéndum no es una práctica habitual en la política británica
No deja de ser curioso cómo, en un breve período de tiempo, ha cambiado radicalmente la opinión de los diputados, pues –con anterioridad a la celebración del referéndum del 23 de junio de 2016 sobre el Brexit-, 480 de los 650 miembros de los Comunes eran partidarios de mantener al Reino Unido en la UE. El ex-Canciller del Tesoro, Georges Osborne –que dimitió en desacuerdo con la decisión de abandonar la Unión- ha dado la siguiente explicación: "La defendí con pasión y sacrifiqué mi puesto en el Gobierno por ella, pero, al final, debemos aceptar que estamos en una democracia y que la mayoría se ha pronunciado". Este argumento no resulta tan convincente como parece a primera vista. Gran Bretaña es una democracia parlamentaria y no plebiscitaria. Una decisión tan importante no podía ser adoptada sin la participación del Parlamento, como han reconocido los Tribunales de Justicia. El recurso al referéndum no es una práctica habitual en la política británica y, cuando se recurre a él, suele ser cuidadosamente preparado, estableciéndose de antemano la participación mínima y el porcentaje de votos requeridos para la aprobación de la propuesta presentada, cosas que no se hicieron. Tampoco se estableció que su resultado fuera vinculante, por lo que sólo podía tener carácter consultivo. La campaña fue confusa y los partidarios de la salida recurrieron reiteradamente a la falsedad y a la mentira, lo que admitieron "a posteriori" sin el menor pudor. El antiguo líder del Partido Laborista, Ed Miliband, ha afirmado, a su vez, que oponerse al divorcio con la UE supondría que "aquellas personas que votaron a favor del Brexit porque se sentían ignoradas estarían siendo ignoradas de nuevo". Esta afirmación es asimismo discutible. Muchos votantes no sabían con precisión qué votaban ni las consecuencias de su decisión, algunos fueron engañados por las falacias y falsas promesas de los promotores de la salida, y otros simplemente votaron a favor de la misma como protesta contra el Gobierno y en la creencia de que el resultado sería favorable a la permanencia. Por todo ello está más que justificada la petición del ciudadano Oliver Healy de que se repitiera el referéndum, ya que no se había logrado un 75% de participación y el SI había conseguido menos del 60% de los votos. Sería, por tanto de "fair play" la celebración de un nuevo referéndum con las debidas condiciones de información veraz y transparencia, pero el Gobierno de May se ha negado vehementemente a ello. El actual líder del laborismo, Jeremy Corbyn, ha sido uno de los principales responsables del resultado, pues –pese a que la inmensa mayoría de su Partido apoyaba la permanencia- apenas si participó en la campaña en pro de la misma, dejándose llevar de su sentimiento anti-comunitario, que ya manifestó en el referéndum sobre la continuidad de Gran Bretaña en la entonces Comunidad Económica Europea. Finalmente, el resultado fue bastante apretado -51,9% por el SI frente al 48,1% por el NO- y se manifestaron en contra Escocia, Irlanda del Norte y la ciudad de Londres. Examinemos el proceso que ha llevado a la actual situación.
II. RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES
Tras los resultados del referéndum, el Primer Ministro, David Cameron, tuvo que dimitir por "vergüenza torera" ante su fracaso en la operación por él montada sin necesidad, ya que podía haberse limitado a someter la propuesta de salida al voto del Parlamento. Fue sustituido por la Ministra de Interior, Theresa May, quien de inmediato sacó a la luz su talante anti-europeísta con su afirmación de que "Brexit is Brexit" y de que estaba decidida a hacer respetar la voluntad del pueblo británico. Su actitud no sorprendió a nadie, pues –aunque se había solidarizado con el Gobierno por lealtad a Cameron- era bien conocido su escaso entusiasmo comunitario. Lo que sí ha sorprendido, en cambio, ha sido la virulencia de su reacción, al inclinarse por un "Brexit duro" y haber nombrado como responsables para llevar a cabo la desconexión a tres de los más destacados partidarios de la ruptura: Boris Johnson como Ministro de Asuntos Exteriores, David Davis como Secretario de Estado para la Salida de la UE y Liam Fox como Secretario de Estado de Comercio Internacional. Ha afirmado que la decisión del pueblo era una obligación para el Gobierno y para el Parlamento, y que de ninguna manera admitiría intento alguno de "quedar en la Unión por la puerta de atrás".
La empresaria Gina Miller presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por el que pedía que la decisión de abandonar la UE fuera adoptada por el Parlamento. El 2 de noviembre de 2016, el Juez John Thomas falló a favor de la demanda de Miller y acordó que era necesaria la autorización parlamentaria, ya que el referéndum celebrado no tenía carácter vinculante sino meramente consultivo. El Gobierno recurrió en apelación ante el Tribunal Supremo, que, el 24 de enero de 2017, afirmó que el Gobierno no podía ejercer ningún poder que supusiera modificar las leyes del Reino Unido si no contaba con la autorización del Parlamento. La salida de la UE afectaría adversamente los derechos de los ciudadanos británicos –que perderían las ventajas adquiridas con el ingreso de Gran Bretaña en la CEE en 1972- y de los extranjeros comunitarios residentes en el país, por lo que el Parlamento debería dar su venia para iniciar el proceso de desconexión de la Unión. El Tribunal estimó, sin embargo, que no era necesaria la autorización de los Parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, porque sus Estatutos de Autonomía habían sido adoptados cuando el Reino Unido ya era miembro de la Unión y la relaciones con ésta eran competencia exclusiva del Gobierno británico.
Aunque de mala gana, Theresa May no tuvo más remedio que aceptar el veredicto del Supremo y, con una celeridad desacostumbrada, elaboró un proyecto de ley sobre "Notificación de retirada de la UE". Se trata de un texto sucinto de 137 palabras, por el que se otorga al Gobierno la "facultad de comunicar –de conformidad con el art. 50 (LA LEY 109/1994) (2) del Tratado de la Unión Europea- la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión". El citado artículo establece que el Estado miembro interesado deberá notificar su intención al Consejo Europeo y la UE "negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo". Lo sucinto del texto y la ausencia de explicaciones disgustaron no sólo a la oposición, sino también a numerosos miembros del Partido Conservador, que presionaron a May para que fuera algo más explícita, y la Primera Ministra se vio obligada a anunciar la publicación de un Libro Blanco. En un discurso pronunciado en Lancaster House, May prometió presentar el Libro tras la celebración de la primera votación de la Cámara de los Comunes sobre el proyecto de ley. Se pronunció a favor de una ruptura clara y nítida con la Unión –abandono del mercado único, oposición a la libertad de movimiento de personas y no reconocimiento de la competencia del Tribunal de Justicia de la UE- y afirmó que entre sus prioridades figuraban recuperar el control de la inmigración y garantizar los derechos de los residentes británicos en los países miembros de la Unión. No se pronunció, en cambio, sobre la situación de los ciudadanos comunitarios residentes en Gran Bretaña, cuyo "status" condicionó a las negociaciones sobre el régimen de los expatriados británicos.
III. "LIBRO BLANCO" SOBRE LA SALIDA DE LA UE
El 17 de enero, el Gobierno publicó su Libro Blanco sobre "Salida del Reino Unido de la UE y nuevo partenariadocon ella". Se inicia con unas consideraciones de May, en las que señala que no contempla el fracaso de las negociaciones, sino un éxito por anticipado, "porque somos una gran nación global, que tiene mucho que ofrecer a Europa y al mundo". Afirma que no sólo formará un nuevo partenariado con Europa, sino que construirá una Gran Bretaña "más fuerte, más justa y más global". El Libro señala que tanto al Reino Unido como a la UE les interesa mantener un acuerdo comercial "lo más libre y con las menos fricciones posible", que podría "contener elementos del mercado único". Hay que tratar de edificar "una nueva alianza estratégica, con un acuerdo comercial libre y exhaustivo, y un nuevo acuerdo aduanero libre de aranceles". El documento enuncia, de forma muy general, los 12 principios básicos que orientarán al Gobierno en las negociaciones: 1) Proporcionar certeza y claridad; 2) tomar el control de nuestras propias leyes; 3) fortalecer la Unión ; 4) proteger nuestros fuertes vínculos históricos con Irlanda y mantener la Zona Común de Viajes; 5) controlar la inmigración; 6) garantizar los derechos de los nacionales de la UE en el Reino Unido y los de los nacionales del Reino Unido en la UE; 7) proteger los derechos de los trabajadores; 8) asegurar el libre comercio con los mercados europeos; 9) formalizar nuevos acuerdos comerciales con otros países; 10) garantizar que el Reino Unido continúe siendo el mejor lugar para la ciencia y la innovación; 11) cooperar en la lucha contra el crimen y el terrorismo; y 12) llevar acaso una salida de la UE suave y ordenada. Concluye afirmando que el documento "establece nuestros planes para el nuevo y fuerte partenariado que queremos construir con la UE. Como resultado de nuestra negociaciones tratamos de conseguir un Reino Unido más abierto, volcado al exterior, confiable y justo, en beneficio de todos".
Tanto al Reino Unido como a la UE les interesa mantener un acuerdo comercial “lo más libre y con las menos fricciones posible”
El Libro resulta poco serio, pues la mayoría de los principios enunciados tienen poco que ver con las negociaciones con la UE y ofrece pocas pistas sobre la estrategia que seguirá el Reino Unido, porque –como ha señalado David Davis- no tienen intención de hacer públicos detalles sobre sus planes que puedan socavar su posición negociadora. Añadió que los resultados del referéndum no suponían un voto en pro de volver la espalda a Europa, sino que eran más bien un voto de confianza en la capacidad del Reino Unido para triunfar en el mundo, "una expresión de optimismo de que nuestros mejores días están por llegar". Con un cierto cinismo, Davis hizo un llamamiento a los otros 27 Estados miembros a que se guíen en las negociaciones por "los principios enunciados en los Tratados de la UE relativos a un alto nivel de cooperación internacional y de buena vecindad". Lo que sí deja entrever es la estrategia seguida por Gran Bretaña, tanto cuando era miembro de la Unión, como cuando estaba fuera de ella: establecer una relación a su medida en la que consiga los máximos derechos y las mínimas obligaciones
IV. VOTACIONES EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES
El 1 de febrero se celebró la primera sesión de la Cámara de los Comunes para examinar el proyecto de ley de salida de la UE en su conjunto. El Gobierno partía de la base de que el Parlamento no podía oponerse a la voluntad del pueblo expresada en el referéndum del 26-J y que debía aprobar sin más el proyecto de ley que le autorizaba a iniciar la negociación para el abandono de Gran Bretaña de la UE. El Presidente John Bercow sólo admitió a debate una enmienda del Partido Nacional Escocés que pedía al Gobierno más información sobre las negociaciones. La cuestión se solucionó con la promesa de Gobierno de presentar un Libro Blanco al respecto, lo que hizo al día siguiente. La Cámara dio su aprobación al proyecto de ley por 498 votos a favor y 114 en contra. Aunque Corbyn dio instrucciones a sus diputados para que votaran al favor del proyecto, 47 de ellos unieron sus votos en contra a los de los nacionalistas escoceses, los liberal-demócratas y el europeísta conservador Kenneth Clarke.
Las distintas Comisiones pasaron a debatir las enmiendas presentadas por la oposición al proyecto de ley y todas ellas fueron rechazadas, dadas la mayoría conservadora y la colaboración laborista. La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, acusó a Corbyn de haber dado al Gobierno un cheque en blanco. La votación final fue de 494 votos a favor y 122 en contra. La única enmienda que estuvo cercana de triunfar fue la que pedía el respeto a los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en Gran Bretaña, que fue rechazada por 290 votos a favor –incluidos los de varios diputados conservadores- y 322 en contra. Éste fue uno de los puntos más debatidos y criticados y, para calmar los ánimos, la Ministra del Interior, Amber Rudd, garantizó que nada cambiaría en su status tras la salida de la UE sin que el Parlamento aprobara los cambios de forma explícita. El propio Davis reconoció que el Gobierno tenía una "deuda moral" con los ciudadanos de la UE residentes en Gran Bretaña –que ascienden a 2.8 millones - y una "deuda moral y jurídica" con los británicos residentes en la UE, y afirmó que ambos serían debidamente protegidos. Se daría prioridad al tema durante la negociación y los derechos de unos serían compensados con los de otros, de acuerdo con el principio "do ut des". Han quedado en el aire dos cuestiones básicas para Gran Bretaña: el régimen aplicable al tráfico entre las dos Irlandas –donde la pretensión británica de mantener el régimen actualmente vigente de "zona común" entre un Estado miembro y otro no miembro de la UE resulta de difícil aceptar- y la situación de Escocia, que aspira a un régimen especial que le permita continuar en el mercado único europeo. Sturgeon ha amenazado con celebrar una nueva consulta sobre la independencia –según la última encuesta de BMG para "The Herald", el porcentaje de partidarios de la independencia alcanza el 49%-, pero May ha manifestado su oposición.
V. LARGO Y COMPLEJO PROCESO NEGOCIADOR ENTRE GRAN BRETAÑA Y LA UE
Queda por delante un largo y conflictivo camino para llegar a un acuerdo. Según el art. 50.3º del Tratado de la UE, los tratados constitutivos de la UE dejarán de aplicarse a partir de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la fecha de notificación de la retirada, salvo que el Estado interesado y el Consejo Europeo, por decisión unánime de sus miembros, decidan prorrogar dicho plazo. Ni a la UE ni a Gran Bretaña les interesa que se extienda en demasía la situación de incertidumbre provocada por la inexistencia de un acuerdo. Davis ha advertido del riesgo de "una transición interminable", que "no es lo que necesitamos, ni buscamos", pero el asunto es tan extremadamente complejo que habrá que recurrir a la prórroga, sobre todo si el Gobierno británico mantiene –como parece ser su intención- una línea negociadora radical. Aunque el refrán aconseja que "a enemigo que huye puente de plata", el Consejo Europeo y los 27 Estados miembros de la UE deben mantener una posición firme y coherente ante las pretensiones exorbitantes de Gran Bretaña y negarse a hacer concesiones injustificadas al responsable de las turbulencias y perjuicios que están provocando y provocarán a la Unión. Si Reino Unido quiere seguir sola su camino y volver a su imperial aislamiento, que se atenga a las consecuencias. El equipo negociador de la UE está compuesto por el ex-Comisario Michel Barnier (por la Comisión Europea), el ex-Primer Ministro belga Guy Verhofstadt (por Parlamento Europeo) y Didier Seeuws, Director de Transportes y Comunicaciones del Consejo Europeo. Todos ellos son personas competentes y buenos conocedores de la Unión, y tienen firmes convicciones europeas. El Grupo Popular Europeo ha nombrado al euro-diputado español Esteban González-Pons su representante para que siga las negociaciones sobre el Brexit.
Una vez que se haya llegado a un acuerdo, se firme el Tratado de salida, sea éste aprobado por el Parlamento Británico y por el Parlamento Europeo y sea ratificado por los 27 Estados miembros de la UE, no habrá acabado la andadura procesal del Reino Unido, pues es a partir de ese momento cuando empezaría la fase más compleja y farragosa del proceso separador: negociar miles de acuerdos comerciales, aduaneros, pesqueros y otros de diversa índole que sustituyan a los celebrados durante años por la CEE/UE con los numerosos miembros de la Comunidad Internacional. Se trata de una labor hercúlea para la que el Reino Unido no está suficientemente preparado por carecer de suficiente personal especializado para llevar a cabo el infinito número de negociaciones que le aguardan.
VI. INCIDENCIA DE LA SALIDA DE LA GRAN BRETAÑA DE LA UE EN SUS RELACIONES CON ESPAÑA
Mientras unos 130.000 españoles residen en Gran Bretaña, unos 300.000 británicos lo hacen en España
En el marco de las relaciones hispano-británicas, cabe citar el artículo del Embajador de Gran Bretaña en Madrid, Simon Manley, titulado:" Reino Unido: un amigo y aliado", en el que defiende la posición de su Gobierno, cuya meta es crear una nueva relación positiva y constructiva con la UE, pues "queremos ser el mejor amigo de nuestros socios europeos" y "trabajar juntos para estar más seguros y ser más prósperos". El Reino Unido desea comerciar con España con la mayor libertad posible y seguir siendo el primer destino de las inversiones españolas en Europa. Mientras unos 130.000 españoles residen en Gran Bretaña, unos 300.000 británicos lo hacen en España y otros 18 millones la visitaron el pasado año como turistas. El Embajador concluye afirmando que su labor consiste en "seguir trabajando día tras día para fortalecer las relaciones entre nuestras dos grandes naciones, de modo que sigan siendo aliados leales y socios perdurables cuando salgamos de la UE". La mejor forma de que Gran Bretaña lograra tan loables objetivos sería obviamente la de permanecer en la Unión. No obstante –como ha reiterado Davis-, el Reino Unido ha cruzado el punto de no retorno y va a abandonar la UE. España será uno más de los muchos países con los que el Gobierno británico tendrá que negociar acuerdos de todo tipo. Especial relevancia tendrán los que regulen el régimen jurídico de los nacionales de un Estado que residan en el territorio del otro. Aquí España gozará de una mejor posición negociadora dado el elevado número de residentes británicos, que usan -y abusan de- los servicios sanitarios españoles. Una vez que la Cámara de los Lores dé su venia al proyecto de ley sobre la UE y el Gobierno notifique al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión se iniciará el largo proceso de desconexión. ¿Se producirá una separación amistosa o un divorcio en discordia?. Mucho me temo que se producirá un "divorcio a la inglesa", que causará graves perjuicios a ambos cónyuges.
VII. INICIO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN DE GRAN BRETAÑA DE LA UE
Tras la sanción de la decisión parlamentaria por la Reina Isabel II, Theresa May ha comunicado por carta al Presidente de la Unión, Donald Tusk, la intención del Reino Unido de desembarcar de la nave comunitaria mediante la invocación del art. 50 del Tratado de la UE. De conformidad con el citado artículo, el Estado miembro interesado en retirarse de la Unión deberá notificar su intención al Consejo Europeo y la UE "negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo". Según su apartado tercero, los Tratados constitutivos de la UE dejarán de aplicarse al Estado que los ha denunciado, a partir de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo de retirada o, en su caso, a los dos años de la fecha de la notificación de la retirada, salvo que el Estado interesado y el Consejo Europeo, por decisión unánime de sus miembros, decidan prorrogar dicho plazo.
Así pues, a partir del momento de la entrega de la carta de May a Tusk ha empezado la cuenta atrás a contar e iniciado el plazo de dos años previsto para la conclusión de un Acuerdo que regule las relaciones entre Gran Bretaña y la UE. El Consejo Europeo deberá reunirse para considerar la denuncia de los Tratados por el Reino Unido y dar las oportunas instrucciones al equipo negociador de la Unión, dirigido por el antiguo Comisario europeo Michel Barnier. Aunque no se pueden adelantar acontecimientos, es poco probable que los negociadores –por mucha buena voluntad que tengan- logren resolver en el breve plazo de dos años resolver los complejos y complicados problemas que surgirán ante la necesidad de deshacer la maraña jurídica de directivas, reglamentos y resoluciones de la Unión y los innumerables Acuerdos concluidos por ésta durante 60 años. Es de prever, por tanto, que se prorrogue el partido, aunque la prórroga podría quedar invalidada por la oposición de un solo Estado miembro, ya que se requiere la unanimidad del Consejo Europeo para autorizarla.
VIII. PERSPECTIVAS DE LA NEGOCIACIÓN
Tras sus taxativas tomas de posición en pro de un "Brexit" duro y berroqueño, May ha adoptado ahora el rostro bueno de Che-Suan y recurrido a sus trucos de encantadora de serpientes, y ha mostrado una aparente actitud conciliadora. Ha telefoneado personalmente al Presidente del Consejo, Donald Tusk, al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y a la Presidenta "de facto" de la UE, Angela Merkel, y expresado su deseo de entrar en las negociaciones con un espíritu constructivo y en un tono positivo, para asegurar un proceso suave de salida. Habrá que ver cuál será la verdadera faz de Theresa May y su Gobierno: la de los denigradores de la UE, que pretenden salir del Mercado Único, negar la libertad de movimiento de personas, controlar completamente la inmigración y rechazar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, o la de los posibilistas y partidarios de un "Brexit" blando, que espiran a establecer unas relaciones razonables y mutuamente satisfactorias entre el planeta UE y el satélite británico.
Aparte del conato de rebelión de liberal-demócratas, nacionalistas escoceses y parte del laborismo –que se ha reflejado en la afrenta de la Cámara de los Lores a su Graciosa Majestad-bis, Theresa May, a pesar de las tremendas presiones del Gobierno y de los medios de comunicación conservadores-, la Primera Ministra parte al campo de batalla con una retaguardia inestable y más bien hostil en Irlanda del Norte y en Escocia. En las últimas elecciones autonómicas norirlandesas, los integracionistas pro-británicos moderados del Partido Democrático Unionista han retrocedido y han sido alcanzados por los nacionalistas del Sinn Fein, partidarios de la reunificación de Irlanda y de la permanencia en la UE. Las negociaciones para la formación del Gobierno regional -que requiere inevitablemente la colaboración entre estos dos partidos- están empantanadas fundamentalmente por la oposición radical entre unos y otros sobre el "Brexit", y no parece que se pueda llegar a un acuerdo a corto plazo. De no constituirse éste, el Gobierno británico podría –como ya ha hecho con anterioridad- suspender la autonomía norirlandesa y establecer el control directo de Londres sobre Irlanda del Norte, situación que debilitaría al Gobierno y afectaría adversamente a su posición negociadora con la UE.
Con el apoyo del Partido Nacional Escocés y del Partido Verde, el Parlamento de Edimburgo acaba de decidir –por un margen de diez votos- convocar un nuevo referéndum de independencia, a celebrar entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, antes de que se alcance un Acuerdo entre Gran Bretaña y la UE. La Ministra Principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha expresado su esperanza de que el Gobierno británico respete la voluntad del pueblo escocés, pero Theresa May se ha negado tajantemente a la celebración de un nuevo referéndum mientras se celebran las negociaciones con la Unión. El Parlamento escocés tiene la prerrogativa de iniciar el proceso para la celebración de un referéndum sobre el futuro del país, pero requiere el consentimiento del Parlamento británico y, llegado el caso, May utilizaría la abrumadora mayoría de su Partido en la Cámara de Representantes para rechazar la propuesta escocesa. Éste más que posible cheque de trenes entre dos temperamentales damas podría desencadenar una crisis constitucional en el Reino Desunido de imprevisibles consecuencias en el climax de las negociaciones con la UE.
El Gobierno británico se va a oponer a unas normas que ha contribuido a elaborar durante 44 años
Pese a las bravatas de May y sus muchachos –el trío rupturista formado por Boris Johnson, David Davis y Liam Fox-, Gran Bretaña parte de una posición débil para la negociación. La campaña del "Brexit" se basó en la mentira, la manipulación, el voluntarismo y las promesas de imposible cumplimiento. El Gobierno británico se va a oponer a unas normas que ha contribuido a elaborar durante 44 años, que, hasta anteayer, eran plenamente satisfactorias y que conforman la actual legislación británica, que no puede ser modificada sustancialmente de la noche a la mañana. No ha preparado suficientemente la negociación y no sabe con certeza qué es lo que quiere –salvo salir a toda costa de la UE- y, sobre todo, qué puede conseguir. Cuenta con la renuencia o la oposición de Escocia, Irlanda del Norte, el Gran Londres, buena parte del empresariado, los elementos más prestigiosos de la intelectualidad británica y la juventud. La UE, en cambio, parte de la defensa de un "statu quo" que ha sido consensuado a lo largo de los años por 28 Estados –incluido el Reino Unido- y que, aunque manifiestamente mejorable, ha constituido un innegable éxito en la lucha por la paz y la seguridad en Europa, y del desarrollo económico y mejora social del pueblo europeo. ¿Qué ofrece a cambio Gran Bretaña?: Nacionalismo, populismo, aislacionismo, "grandeur" venida a menos –"Britannia no longer rules the waves!"-, xenofobia y menosprecio de los extranjeros, desprotección de los trabajadores, renuencia a las decisiones de los Tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo…
IX. ACTITUD QUE DEBERÍA ADOPTAR LA UNIÓN EUROPEA
Se debería aprovechar la auto-exclusión para continuar con el proceso de integración europea
Es cierto que cuenta con algún que otro potro de Troya dentro de la fortaleza de la UE, procedente de algunos países de Europa Oriental, más atlantistas que europeístas, que se resisten a una mayor integración y prefieren que la UE no sea más que un gran Mercado Común, si bien ignorando la libertad de movimiento de las personas. Es indispensable que los países miembros de la UE se muestren unidos en la negociación y no ofrezcan flancos a las tentaciones de la sierpe británica, no cedan a sus pretensiones –conservar los derechos que tenía cuando era miembro de la Unión y eludir las obligaciones, como la citada libertad de movimiento de personas-, se mantengan firmes y no hagan concesiones injustificadas o innecesarias. Al mismo tiempo, Se debería aprovechar la auto-exclusión de ese elemento perturbador y bloqueante que era el Reino Unido para continuar con el proceso de integración europea. Si algunos de sus miembros no estuvieran preparados o dispuestos a seguir este proceso, habría que pedirles que no imiten a Gran Bretaña haciendo de perro del hortelano y permitan a los socios que así lo deseen proseguir en su empeño integrador. Dadas las disparidades ideológicas, políticas y económicas existentes en el seno de la UE, no cabe más solución para evitar el inmovilismo -cuando no el retroceso- que recurrir a la Europa de varias velocidades. Ante las asechanzas de la pérfida Albión, sólo nos cabe decir: "God save Europe!"