El Brexit y la contratación internacional
Cláusulas de resolución de conflictos
Antonia LOBO
Socia de Gros Monserrat Abogados
Diario La Ley, Nº 8892, Sección Tribuna, 2 de Enero de 2017, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 9888/2016
Algunas notas orientadas a aquellas empresas que tienen, o van a tener, contratos con conexiones internacionales y en los que existen cláusulas de resolución de conflictos con sumisión a los tribunales británicos o sometimiento a arbitraje con sede en el Reino Unido. Este tipo de cláusulas no son infrecuentes, por ejemplo en contratos marco o condiciones generales de compra de grupos multinacionales, dada la atracción de Reino Unido como centro financiero y de negocios.
En primer término, apuntar el marco cronológico en el que nos podemos mover para determinar la necesidad o no de dicho replanteamiento. Así, el inicio del proceso pasa por que el Reino Unido invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa (LA LEY 109/1994) que da a las partes 2 años para acordar las condiciones de la salida, aplicándose durante este periodo los tratados de la Unión Europea al Reino Unido. Si la Corte Suprema británica confirma su primera sentencia, esta solicitud debe ser aprobada previamente por el Parlamento de Westminster mediante la Ley correspondiente, que se espera dará las líneas básicas de la posición británica para la negociación con la UE. El proceso de salida es muy complejo tanto desde un punto de vista interno, ya que el Reino Unido debe reestructurar su ordenamiento jurídico para integrar 43 años de tratados y convenios relativos a infinidad de materias, como externo, ya que se apunta a que el eventual tratado resultante de la negociación requerirá la aprobación unánime de los parlamentos de los países europeos que, en su caso, deberán ser refrendados por medio de referéndums.
En base a dicho contexto institucional, ante cláusulas de sumisión a la competencia de los Tribunales británicos, sigue siendo de aplicación el Reglamento (EU) 1215/2012 (LA LEY 21341/2012) (Bruselas I bis) relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que garantiza el reconocimiento de las resoluciones judiciales británicas en el resto de los Estados miembros, incluidas las medidas cautelares, lo que aporta la seguridad deseable a la relación contractual. Una vez el Reino Unido deje de formar parte de la Unión Europea, está por ver en qué medida la no aplicación del Reglamento mencionado afectará a la elección de sus Tribunales para la resolución de conflictos contractuales, en la medida de que sus resoluciones serán consideradas, en principio, como provenientes de países terceros por los países de la UE.
En cuanto al arbitraje comercial internacional del cual Londres es una de las sedes más utilizadas en Europa, el reconocimiento y ejecución de sus resoluciones arbitrales no viene garantizada por un instrumento comunitario sino por el Convenio elaborado bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 (LA LEY 92/1958), sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, del que son parte 156 estados contratantes, incluidos el Reino Unido y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Por tanto, tal reconocimiento no queda condicionado directamente por el Brexit.
Apuntar, por otro lado, que la elección de la sede del arbitraje está también condicionada por la ley procesal que implica, siendo considerada la inglesa como de las favorables al arbitraje.
En conclusión, en caso de tener contratos en los que la resolución de sus conflictos se sitúen en el Reino Unido, sería prudente atender al contexto político y jurídico expuesto y valorar si es necesario replantear las correspondientes cláusulas de sometimiento a Tribunales del Reino Unido.