El art. 68.4 de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015) está dando mucho que hablar. Establece que si una persona jurídica presenta un escrito en forma física y no electrónicamente, se le requerirá para que "subsane" el defecto de presentación, pero el escrito se tendrá por presentado en la fecha en que se proceda a la presentación electrónica.
No se acaba de comprender cómo, a la vez, dicho apartado 4 habla de subsanación (que, por naturaleza, corrige un defecto anterior, es decir, lo sana) y de que la presentación se tendrá por hecha el día en que acabe presentándose el escrito en modo electrónico, lo que puede suceder cuando el plazo haya transcurrido ya (lo que haría inútil la subsanación). Una y otra cosa son incompatibles.
Es más, bajo la literalidad del precepto en cuestión, la Administración sabe que si se espera -para requerir la subsanación- a que haya transcurrido el plazo de que se disponía para presentar el escrito, la nueva presentación será extemporánea, lo que significa que la actuación de dicha Administración se convertirá en arbitrista, pues quedará a su libre albedrío el hacer inviable la acción del administrado.
Nada de ello es compatible con la seguridad jurídica, ni tampoco con el principio de condena de la arbitrariedad de los poderes públicos (arts. 9.3 (LA LEY 2500/1978), 103 (LA LEY 2500/1978) y 106 de la Constitución (LA LEY 2500/1978)), y en breve los Tribunales acabarán arrumbando una disparatada interpretación literal del mencionado art. 68.4.
Aunque hay razones para sostener que en todo caso la sanación se produce si el escrito se presenta electrónicamente en el plazo conferido (por efecto directo del art. 68.1), en el peor de los casos la mejor forma de casar el art. 68.4 con los indicados principios constitucionales y con el sentido común pasaría por entender que el escrito se considerará ciertamente presentado el día en que tenga entrada electrónica, pero que el plazo de que disponía el administrado se considerará alargado en los días transcurridos entre la presentación física y el día en que reciba el requerimiento de subsanación. O, dicho de otro modo, entre la presentación física y la recepción del requerimiento de subsanación el plazo no correrá -siempre que la presentación electrónica se acabe produciendo en los diez días que deberán conferirse para la subsanación-. Cierto es que ello puede llevar a tener que jugar con plazos que se computen de forma diferente (años o meses por una parte y días por otra; en éstos quedan fuera los sábados y festivos). Pues bien, habrá que estar a ello.
Baste añadir que la previsión del art. 68.4 entra en vigor el 2 de octubre de 2018 de acuerdo con la disp. final séptima de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015). La disp. derogatoria de la Ley 39/2015 (LA LEY 15010/2015) dice que hasta el 2 de octubre de 2018 siguen aplicándose los artículos correspondientes de la derogada Ley 11/2007 -sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos- que no establecían nada semejante a lo que se ha introducido en el citado art. 68.4. Lo dicho sobre entrada en vigor debe entenderse así aunque antes se hayan puesto en marcha los registros electrónicos, al ser compatible con esa puesta en marcha, en especial en cuanto a aquellos artículos que pueden perjudicar las acciones.