Ana María Gómez.- Uno de los temas estrella de los últimos meses en la vida jurídica española ha sido, sin duda, el relacionado con las resoluciones del TJUE sobre ejecución y contratos hipotecarios. Recogido, como no podía ser de otro modo, en el II Congreso de la Abogacía Madrileña.
En una mesa moderada por Miguel Ángel Hortelano, Presidente de la Sección de Consumo del Colegio y que contó con las intervenciones de: Mariano Yzquierdo Tolsada (Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid) Jaime Anta González (Juez Decano de los Juzgados de Santander y Titular nº 2 de Primera Instancia); María Eugenia Gay Rosell (Abogada. Gay-Rosell-Solano Abogados); y María José Lunas Díaz (Abogada), se abordó de forma crítica la situación creada por la jurisprudencia del TS y del TJUE sobre la cuestión.
Miguel Ángel Hortelano, en su presentación de la mesa, planteó claramente el debate: tanta sentencia y cuestión prejudicial ¿va a llevarnos a una situación en la que nuestra ejecución hipotecaria terminará siendo regulada por los Tribunales?
En la primera intervención, Mariano Yzquierdo Tolsada se preguntó por el acierto del, en sus palabras, “tiro al Banco” que se está realizando por parte de los Tribunales. Cuestionó la calificación como “abusivas” de determinadas cláusulas suelo, que, en su opinión, ha permitido la interposición de demandas poco creíbles desde el punto de vista de la falta de transparencia que se exige a una cláusula para ser abusiva.
En relación a la retroactividad de la declaración de abusividad de las cláusulas suelo, señaló el Catedrático que el TS se lo ha puesto “muy fácil” al TJUE, con la que calificó como “nulidad ma non troppo” contenida en la sentencia del Supremo del año 2003. En sus palabras, la sentencia del TJUE ha sido la “crónica de una sentencia anunciada”.
Jaime Anta González, bromeando acerca de su situación de inferioridad en la sala, como único magistrado, hizo una defensa de la labor que los jueces están realizando ante el TJUE con el planteamiento de las cuestiones prejudiciales. Concretamente, este magistrado ha planteado tres cuestiones prejudiciales. Y las defendió como el “último recurso que le queda al juez en la búsqueda de una solución a situaciones manifiestamente injustas”.
Centró su intervención en las cláusulas de vencimiento anticipado, que afectan a 7 millones de hipotecas en España, y que permiten la ejecución del crédito por cualquier incumplimiento en cualquier concepto. La injusticia no puede ser más evidente, según el magistrado, que calificó esta situación de “usurera”.
En cuanto al papel jugado por del TJUE recordó el principio de primacía del derecho de la UE. Para el magistrado, la aplicación del derecho de la Unión por parte del TJUE ha generado un escenario en el que todos los principios estructurales de nuestro procedimiento han saltado por los aires, lo que ha hecho que la LEC haya quedado desbordada en el ámbito en el que es de aplicación el derecho de la Unión.
Otras muchas cuestiones, como las zonas grises del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo o los problemas de la oposición a la ejecución fueron abordados por abogados María Eugenia Gay Rosell (Abogada Gay-Rosell-Solano Abogados) y la también abogada María José Lunas Díaz. Una opinión común en todos los participantes: no es necesaria una nueva Ley Hipotecaria.
El turno de preguntas: copado por las cuestiones referidas a la posibilidad de revisar las sentencias firmes en materia de cláusulas suelo, cuestión respecto de la cual los intervinientes se mostraron escépticos tras el Auto de hace unas semanas del TS en el que se rechaza esta posibilidad. Pero los abogados no parecen tirar la toalla. Parece plantearse un debate entre Justicia y seguridad jurídica. La opinión de los ponentes pareció clara al respecto: la seguridad jurídica no responde al principio de Justicia. Pero es absolutamente necesario en un Estado de Derecho.
Así quedaron las cosas… De momento…