TJUE, Sala Octava, Sentencia 26 Jun. 2019. Asunto C-407/2018 (LA LEY 84459/2019)
La cuestión que se plantea es la procedencia del examen del carácter abusivo de las cláusulas por parte del Juez que conoce de la ejecución forzosa de un contrato de crédito hipotecario denominado en divisas, celebrado mediante documento notarial directamente ejecutivo.
A estos efectos, establece el TJUE que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el tribunal nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un contrato de crédito hipotecario, celebrado entre un profesional y un consumidor mediante un documento notarial directamente ejecutivo, no dispone de la posibilidad de examinar, ni a instancia del consumidor ni de oficio, si las cláusulas contenidas en ese documento presentan un carácter abusivo, en el sentido de dicha Directiva, ni de suspender sobre esta base la ejecución forzosa solicitada.
Así, señala que aunque la legislación nacional, en este caso eslovena, contempla un control preventivo por los notarios del carácter abusivo de las cláusulas, ello no basta para garantizar la efectividad de la protección de los consumidores conferida por la citada Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993). Por el contrario, debe incluir disposiciones idóneas que ofrezcan a los consumidores contratantes la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez del contrato, incluso en la fase relativa a su ejecución forzosa.
En este sentido, el Derecho esloveno no ofrece al consumidor ninguna garantía de este tipo, resultando insuficiente que el control del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas pueda ser realizado, no por el juez que conoce de la demanda de ejecución forzosa, sino exclusivamente, con posterioridad y en su caso, por el juez del fondo ante quien el consumidor haya ejercitado la acción de nulidad de tales cláusulas abusivas.
Y ello porque, aun cuando se pronuncie esa resolución de fondo en favor del consumidor afectado, este solo disfrutará de una protección a posteriori, en forma de reparación económica, de modo que tal protección reviste un carácter incompleto e insuficiente, máxime si la ejecución hipotecaria tenía por objeto la vivienda de dicho consumidor y de su familia, que entonces se habría perdido definitivamente.
Tal protección a posteriori no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de una cláusula abusiva, en contra del objetivo que persigue el art. 7.1 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993).
En conclusión, la normativa nacional aplicable al litigio principal se opone a la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993), interpretada a la luz del principio de efectividad, al no permitir que el juez que conoce de una demanda de ejecución forzosa aprecie de oficio el carácter eventualmente abusivo de una cláusula de un contrato de crédito hipotecario.