I. Introducción
La corrupción entendida como forma de abuso del poder público para obtener una ilegítima ventaja en beneficio propio o privado ha sido una constante en la historia de la humanidad. En nuestro país, el afloramiento en los últimos años de numerosos casos de lo que, coloquialmente, se conoce como corrupción política tales como, la «Trama Gürtel», los «Ere fraudulentos de Andalucía», la «Operación Malaya», el «Caso Nóos», los «Papeles de Bárcenas» o las «Tarjetas Black de Caja Madrid», ha hecho que éste fenómeno se convierta en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Sin duda a ello ha contribuido su enorme repercusión mediática, que ha venido a acentuar el clima de rechazo e indignación social ante conductas delictivas cometidas por servidores y personajes públicos a los que su privilegiada posición social y profesional, les exigía si cabe, un mayor grado de ejemplaridad y una conducta intachable.
Conviene aclarar que, cuando hablamos de corrupción pública, nos referimos no sólo a la corrupción administrativa o entre funcionarios, que hoy por hoy sigue siendo baja en España, sino sobre todo a la corrupción política que se habría desarrollado tanto a nivel de gobiernos locales, autonómicos como nacionales favorecida en buena medida por el auge del sector de la construcción y el descontrol del sistema financiero.
Centrada así la cuestión, debemos reconocer que la ejecución de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción —entendida en un sentido amplio, que incluiría tanto la ejecución penal como la penitenciaria—, presenta determinadas singularidades derivadas de la tipología delictiva y del perfil criminológico de los autores de estos delitos pero, no por ello, ha de dejar de satisfacer las exigencias de prevención general y especial propias de dichas penas, respetando al tiempo, los fines constitucionales de reeducación y reinserción social a los que las mismas deben estar orientadas por imperativo del art. 25.2 CE (LA LEY 2500/1978).
II. Concepto de corrupción y tipos delictivos
La tarea de encontrar un concepto de corrupción no es fácil. Así, ni la Convención Interamericana contra la Corrupción de 29 de marzo de 1996, de ni el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999, ni la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 31 de octubre de 2003 (LA LEY 12434/2003), textos todos ellos ratificados por nuestro país, incluyen ninguna definición de la misma, sino que, proporcionan un listado de conductas que los Estados partes deberán tipificar como delito por estimarse incluidos en el concepto de corrupción. El último de los textos internacionales citados, contiene, además, definiciones de algunas de las figuras que se incluyen en ese concepto, como el soborno (activo) y extorsión (soborno pasivo), tanto de funcionarios (art. 15 (LA LEY 12434/2003)) como en el sector privado (art. 21 (LA LEY 12434/2003)); la malversación; la apropiación indebida como otras formas de desviación de bienes (art. 17 (LA LEY 12434/2003) y 22 (LA LEY 12434/2003)); el tráfico de influencias (art. 18 (LA LEY 12434/2003)); el abuso de funciones (art. 19 (LA LEY 12434/2003)) y el enriquecimiento ilícito (art. 20 (LA LEY 12434/2003)). Común denominador a todas estas conductas es la desviación de un poder de actuación en interés particular para la consecución de una ventaja indebida, patrimonial o de otro tipo, en favor propio o de un tercero. Por tanto, deben entenderse incluidas tanto la corrupción pública como la privada o entre particulares.
Nuestro Código Penal no maneja un concepto unívoco de corrupción
Nuestro Código Penal tampoco maneja un concepto unívoco de corrupción. Tradicionalmente había reservado este término para designar determinados delitos contra la indemnidad sexual que tenían como víctimas a menores de edad o incapaces, siendo a partir de la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 junio (LA LEY 13038/2010), cuando por primera vez se emplea para castigar la corrupción entre particulares en el art. 286 bis CP (LA LEY 3996/1995), dentro de los delitos del Capítulo XI del Título XIII —relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los consumidores—. El legislador de 2015, dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II crea una nueva Sección referida a los «Delitos de corrupción en los negocios», (LA LEY 3996/1995)en la que, como se anuncia en el Preámbulo de la Ley, se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero).
En el texto punitivo no existe mención alguna a la corrupción pública o política, si bien se mantiene la regulación de inequívocos delitos de corrupción pública, como el cohecho, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función, como delitos contra la Administración Pública, cuando la protección contra la corrupción pública es mucho más que la imparcialidad en el ejercicio de la función pública.
Tras la LO 1/2015, de 30 marzo (LA LEY 4993/2015), de reforma del Código Penal, el catálogo de los delitos de corrupción está integrado por las siguientes figuras:
- 1. En el Título XIX del libro II (LA LEY 3996/1995)y bajo la rúbrica «Delitos contra la Administración Pública», se mantienen el cohecho, la malversación, los fraudes y exacciones ilegales, las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función.
Conviene reseñar que una de las modificaciones más importantes de la reforma, es la nueva regulación de la malversación en el ámbito de las Administraciones Públicas que amplía su ámbito objetivo de aplicación, incluyendo junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos, otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Igualmente, la punición de la proposición, provocación y conspiración en estos delitos y la previsión de la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles públicas pueden llegar a tener una incidencia relevante en las Administraciones Públicas.
Por otra parte, la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015) ha ampliado en algunos de estos delitos el concepto de personas asimiladas a los funcionarios públicos a efectos de punición de las conductas, incluyendo a determinados particulares que realizan actividades vinculadas al ejercicio de funciones públicas y ha formulado un nuevo concepto de funcionario público extranjero en el art. 427 CP. (LA LEY 3996/1995)
- 2. En el Título XIII, Capítulo XI, se introduce la Sección 4.ª (LA LEY 3996/1995), que, bajo la rúbrica de «Delitos de corrupción en los negocios», incluye los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (ya sea corrupción en el sector privado ya sea corrupción de un agente público extranjero).
- 3. También se incluye un nuevo Título XIII bis (LA LEY 3996/1995), en el que se regulan por primera vez los delitos de financiación de los partidos políticos, con los art. 304 bis (LA LEY 3996/1995) y 304 ter CP (LA LEY 3996/1995), materia que, salvo contadas excepciones, los convenios y demás instrumentos internacionales sobre la corrupción no contemplan.
- 4. Existen además, otros tipos que contemplan comportamientos vinculados a la corrupción, como son delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio, que sufrieron una importante modificación con la reforma operada por la LO 5/2010 (LA LEY 13038/2010), que cambió su rúbrica, amplió el catálogo de figuras típicas, agravó su penalidad y modificó la regulación de la prevaricación urbanística. Con la reforma, el legislador trataba de poner coto a nuevas formas de delincuencia muy extendidas en nuestro país e íntimamente vinculadas al fenómeno del boom inmobiliario de los años previos a la última gran crisis económica.
- 5. Hay además determinados delitos que, si bien no siempre están relacionados con la corrupción, sí pueden estar englobados en conductas de corrupción como son, el delito de blanqueo de capitales, cuya vinculación con la corrupción se menciona en la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción, previendo su incriminación, o las falsedades documentales.
A este catálogo se suma la nueva regulación del decomiso suprimiendo el art. 431 CP (LA LEY 3996/1995), que ordenaba el decomiso de las dádivas, presentes o regalos en todos los casos de cohecho y tráfico de influencias, debiendo de estarse, en consecuencia, al régimen general contenido en los art. 127 bis y ss. CP (LA LEY 3996/1995), con la posibilidad de aplicar el decomiso ampliado (art. 127.1 bis apartados o) (LA LEY 3996/1995)y p) CP (LA LEY 3996/1995)) y el decomiso de bienes de terceros (art. 127 quater (LA LEY 3996/1995)) en los delitos de cohecho y malversación. En esta materia, la reforma de 2015 ha venido a trasponer al derecho interno la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril (LA LEY 6542/2014), sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, norma ésta que, como otros textos internacionales, consciente de la interdependencia entre la corrupción moderna con el crimen organizado, la política y los mercados financieros, enfoca la lucha contra la misma en la recuperación del dinero y de los bienes vinculados a estas actividades delictivas.
III. La fase de ejecución penal en los delitos de corrupción. especial referencia al beneficio de la suspensión de la ejecución
Las penas han de cumplir una doble función de prevención general y especial. Mientras que la primera consiste en que sirvan de elemento desmotivador para la comisión de nuevos delitos y se dirige a la sociedad en su conjunto, por su parte, la segunda va orientada directamente al infractor para intentar impedir la reincidencia.
Además, y por imperativo del art. 25.2 CE (LA LEY 2500/1978), las penas privativas de libertad han de estar orientadas a la reeducación y reinserción del delincuente, de tal forma, que esos fines constitucionales limitan la libertad del legislador para determinar las consecuencias de la comisión de un delito.
Las exigencias de la prevención general y de la prevención especial pueden entrar en conflicto y conducir a respuestas distintas. Ello sucede cuando la pena necesaria desde el punto de vista de la función de prevención general (atendiendo a su contenido, duración, a la decisión sobre su ejecución y/o a las condiciones de esta) no resulta necesaria desde el punto de vista de la prevención especial, o resulta contraproducente desde esta perspectiva, por los efectos criminógenos que produce o porque no es la más eficaz para evitar la comisión de nuevos delitos por parte del penado. El conflicto también surge cuando la pena necesaria desde el punto de vista de la prevención especial no resulte necesaria desde el punto de vista de la prevención general, o es contraproducente desde esta perspectiva, porque infringe el principio de proporcionalidad.
La utilidad preventiva general y especial de la pena, y el eventual conflicto entre ambas dependen de su contenido, de su duración, de la decisión sobre la suspensión de su ejecución y, en su caso, de las condiciones de su cumplimiento. Por ello, el posible conflicto entre las funciones de prevención general y especial se plantea no sólo a la hora de imponer y concretar la pena sino también, en relación con la decisión sobre la suspensión de su ejecución.
Llegados a este punto, conviene destacar, que el legislador no siempre proporciona de forma clara y exhaustiva la solución a ese conflicto. A veces, sólo ofrece una solución parcial, como sucede al establecer los marcos penales, o los requisitos para poder conceder la suspensión de la ejecución de la pena, o para conceder la clasificación en el tercer grado de cumplimiento. Corresponde entonces al intérprete determinar la respuesta del ordenamiento jurídico, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso y a los criterios proporcionados por el legislador.
La LO 1/2015 ha introducido novedades en la regulación del beneficio de la suspensión de la ejecución
Algunas resoluciones judiciales recientes, que deniegan la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por delitos relacionados con la corrupción pública —más concretamente, con la corrupción política—, reflejan un cambio sobre la valoración de la gravedad de estos delitos y sobre el papel que el Derecho Penal debe jugar para su prevención. Por otra parte, resulta de interés analizar las principales novedades que la LO 1/2015, de 30 de marzo (LA LEY 4993/2015), ha introducido en la regulación del beneficio de la suspensión de la ejecución y en qué medida esa reforma del texto punitivo puede afectar a la decisión del órgano sentenciador cuando de lo que se trata de es resolver si procede o no la suspensión de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción.
1. Contenido y plazo de la suspensión
Por medio de la suspensión queda en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad en atención a la baja peligrosidad criminal del reo apreciable por el propio Juez o Tribunal sentenciador. Nos hallamos no ante una institución de aplicación forzosa, sino ante una facultad discrecional del órgano sentenciador, acreditada la concurrencia de una serie de requisitos legales. A diferencia de la regulación hasta ahora vigente, que se limitaba a establecer que la resolución motivada que la acordase, atendería fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto y a la existencia de otros procedimientos penales contra éste, el nuevo art. 80.1 CP (LA LEY 3996/1995) establece «Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas».
Con la nueva regulación ha cambiado la razón de ser del beneficio, pues ya no responde a la idea de que la ejecución de las penas cortas de prisión no puede ni debe perjudicar la rehabilitación social del reo, sino que ahora la institución tiene un fundamento de pura prevención especial basado en la confianza de que la mera imposición de la pena, seguida de la suspensión de su ejecución condicionada a la no comisión de delitos, y en su caso al cumplimiento de determinadas reglas de conducta, supondrá ya una intimidación suficiente para evitar la recaída en el delito por parte de del delincuente primario.
En cuanto a los parámetros que debe manejar el juzgador para resolver sobre la suspensión —tras concluir que la ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión de futuros delitos—, se establecen los siguientes:
- — Las circunstancias del delito: así, tratándose de delitos de corrupción, podrían valorarse como parámetros para calibrar la gravedad de los hechos, su carácter continuado en el tiempo y/o la cuantía de los perjuicios o del quebranto causado a las arcas públicas.
- — Las circunstancias personales del penado: entre ellas puede mencionarse su situación familiar y social, su salud psíquica, la adicción a sustancias estupefacientes o alcohol.
- — Los antecedentes del reo: aquí deberemos examinar sólo sus antecedentes penales vigentes, sino también las causas pendientes. Cuando hablamos de delitos de corrupción, la existencia de responsabilidades pendientes de sustanciación por hechos de la misma naturaleza, sería un dato de importancia a tener en cuenta.
- — La conducta posterior al hecho: en este sentido deberán valorarse las condenas posteriores y la colaboración con las autoridades para el esclarecimiento de hechos de análoga naturaleza.
- — El esfuerzo realizado para reparar el daño causado: lo que puede consistir tanto en una reparación material como moral, materializada por ejemplo en un reconocimiento público de la responsabilidad por los hechos cometidos o en la satisfacción de las responsabilidades civiles y pecuniarias, lo que cobra especial importancia en los delitos de corrupción.
- — Las circunstancias familiares y sociales: el hecho de que el penado cuente con una situación familiar estable y un trabajo que le permita llevar una vida honrada en libertad, será una circunstancia que deba valorarse para resolver sobre la suspensión, si bien, no debe ser el parámetro decisivo para una decisión favorable cuando hablamos de delitos de corrupción, por cuanto normalmente esa situación laboral y familiar estable ya existía al tiempo de cometerse el delito y sin embargo, no impidió la conducta ilícita del reo.
- — Los efectos que quepa esperar de la suspensión y del cumplimiento de las medidas que le fueren impuestas al penado: lo que en definitiva llevará a concluir al órgano sentenciador si la ejecución de la pena resulta innecesaria para evitar la comisión de nuevos delitos.
Por lo demás, debe reseñarse que, con la introducción de estos criterios, el legislador de 2015 vino a dar carta de naturaleza a lo que, en la práctica de los Tribunales, venían siendo los factores que se valoraban por los órganos sentenciadores para calibrar la peligrosidad criminal del reo y el riesgo de comisión de nuevos delitos.
2. Requisitos
De las diversas modalidades de suspensión previstas en el art. 80 CP (LA LEY 3996/1995), nos detendremos únicamente en el análisis de la suspensión ordinaria común o general y de la nueva modalidad aplicable a penas que individualmente no excedan de dos años, que son las que con mayor frecuencia pueden plantearse respecto de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción.
A) Requisitos para la suspensión ordinaria común o general
Conforme al art. 80.2 CP (LA LEY 3996/1995) «serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:
- 1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el art. 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.
- 2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
- 3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al art. 127.
Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento».
Las principales novedades de la reforma son pues las siguientes:
- 1. Se relativiza el requisito de la primariedad delictiva introduciendo un margen de discrecionalidad judicial que posibilita la concesión del beneficio a reos que, sin ser primarios, hayan sido condenados por delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de nuevos delitos. Tratándose de delitos de corrupción, resulta difícil establecer un catálogo de delitos que no tengan relevancia para apreciar dicha probabilidad, máxime teniendo en cuenta el perfil de sus autores, a los que, en razón de su privilegiada posición social y profesional, debe exigírseles un mayor grado de ejemplaridad si cabe, que a cualquier ciudadano. En mi opinión, solo una previa condena por determinados delitos contra la seguridad vial, podría integrar ese catálogo.
- 2. Respecto al requisito de que la pena o la suma de las penas impuestas no supere los dos años, excluida la derivada del impago de la multa, si bien subsiste en idénticos términos a como lo recogía la anterior regulación., debe indicarse lo siguiente:
- — Para el cómputo del límite de los dos años, no debe incluirse el tiempo de prisión preventiva.
- — Si es deducible la porción de pena objeto de un indulto parcial.
- — La pena de localización permanente debe ser incluida a la hora de calcular el límite de los dos años.
- — La responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa también puede ser objeto de suspensión.
- 3. En cuanto al requisito de la satisfacción de las responsabilidades civiles, salvo declaración de insolvencia, conviene destacar las siguientes cuestiones:
- — Sin duda la principal novedad es el carácter imperativo que tiene el hecho de que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil para le pueda ser concedido el beneficio de la suspensión, de tal forma que a diferencia de lo que ocurría en la anterior regulación, su situación de insolvencia no impedirá en principio la denegación del beneficio. Para atemperar este requisito, se equipara al abono de la responsabilidad civil, el compromiso de satisfacción futura en parecidos términos a como lo hace el art. 72.5 de la LOGP (LA LEY 2030/1979) como condición para acceder al tercer grado penitenciario.
Especial importancia adquiere el cumplimiento de este requisito cuando hablamos de delitos de corrupción que han causado un perjuicio al erario público. En mi opinión, el reconocimiento de la responsabilidad por los hechos cometidos, debe materializarse necesariamente en la satisfacción de la totalidad, o cuando menos de una buena parte de la responsabilidad civil, ofreciendo el penado suficientes garantías de pago del resto. No en vano, hablamos de reos que aprovecharon su privilegiada posición social y profesional para cometer los hechos, y suelen estar —por su cualificación profesional y su situación patrimonial— en mejores condiciones que otros tipos de penados para hacer frente a dichas responsabilidades.
- — Se hace extensivo a la efectividad del decomiso acordado en sentencia.
- — Se concede al órgano sentenciador la posibilidad de solicitar al reo las garantías de satisfacción futura que estime convenientes para garantizar el cumplimiento, por ejemplo fijando un plan de pago, lo que cobra especial importancia cuando hablamos de los delitos de corrupción o de los llamados delitos de guante blanco.
- — En cuanto a los efectos del incumplimiento de este requisito, el art. 86.1 d) CP (LA LEY 3996/1995), señala que salvo en los supuestos de falta de capacidad económica, su incumplimiento determinará la revocación del beneficio.
B) Requisitos para la suspensión ordinaria en el supuesto de penas que individualmente no excedan de dos años en ausencia de las condiciones primera y segunda
Además de la suspensión ordinaria general regulada en el art 80.2 CP, (LA LEY 3996/1995) se introduce en el apartado siguiente del precepto una modalidad «relajada» aplicable las penas privativas de libertad que individualmente no excedan de dos años y así, el art. 80.3 CP (LA LEY 3996/1995) establece: «Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.
En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño
En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del art. 84 (LA LEY 3996/1995). Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta».
Esta nueva modalidad de suspensión se caracteriza por las siguientes notas:
- 1.- Su fundamento radica en la protección de la víctima y en obligar al penado a satisfacer el contenido de la responsabilidad civil.
- 2.- No requiere primariedad delictiva, ni siquiera relativizada y por tanto sería en principio aplicable a penados que cuenten con diversos antecedentes penales.
- 3.- Se aplica a penas que individualmente no excedan de dos años, aunque la suma de las impuestas exceda de dicho límite.
- 4.- No resulta de aplicación a reos habituales.
- 5.- La suspensión se condicionará a tres condiciones alternativas: reparación efectiva del daño, indemnización de perjuicios causados en función de las posibilidades del reo o cumplimiento del acuerdo de mediación. De esta forma, si un penado por corrupción o por cualquier otro delito trata de acogerse a esta modalidad de suspensión, será indispensable que haya satisfecho la responsabilidad civil y no será suficiente un mero compromiso de pago.
- 6.- En estos casos se impondrá siempre o una multa o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión del art. 84 CP (LA LEY 3996/1995) sobre un quinto de la pena impuesta.
3. Condiciones a las que se supedita la suspensión
Aparecen reguladas en los arts. 83 (LA LEY 3996/1995), 84 (LA LEY 3996/1995) y 85 del CP (LA LEY 3996/1995) y cabe distinguir entre la condición legal de no delinquir durante el plazo de suspensión y las prohibiciones y las reglas de conducta que puede imponer discrecionalmente el Juez.
A) La condición legal de no delinquir
A diferencia de lo que ocurría en el régimen precedente, donde la derogada redacción del art. 83.1 (LA LEY 3996/1995) establecía que la suspensión de la pena quedaría condicionada siempre a que el reo no delinquiese en el plazo fijado por el juez o tribunal, en la regulación vigente esta condición no se incluye entre las previstas en el art. 83, sino que su obligatoriedad se deduce del tenor del art. 86. 1 a) CP (LA LEY 3996/1995), cuando a propósito de la revocación del beneficio, establece: «El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado:
B) Prohibiciones y reglas de conducta
La reforma operada por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015) ha venido a ampliar el catálogo de prohibiciones y deberes que contenía el anterior art. 83 CP (LA LEY 3996/1995), de tal forma que los mismos pueden ser impuestos facultativamente por el órgano sentenciador tanto en los supuestos de suspensión ordinaria como en las extraordinarias y además, tienen un carácter dinámico en atención a la variación de las circunstancias del reo. Cuando hablamos de delitos de corrupción, teniendo en cuenta que nos hallamos ante una tipología delictiva que dinamita la confianza de la ciudadanía en las Instituciones Públicas por cuanto atenta contra los valores democráticos de convivencia propios de un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, podría ser conveniente la imposición de reglas de conducta o la realización de trabajos de beneficio de la comunidad con fundamento en los arts. 83.1.9.ª (LA LEY 3996/1995) y 84.1.3.ª CP (LA LEY 3996/1995), que bien podrían materializarse en estos casos en la realización de tareas que, sin atentar contra la dignidad del penado, tuvieran un marcado carácter de utilidad social.
Por otra parte, debe significarse que la supresión como beneficio autónomo de la sustitución regulada en el anterior art. 88CP (LA LEY 3996/1995), para convertir a la multa o los trabajos en beneficio de la comunidad en condiciones a las que se puede supeditar el beneficio de la suspensión, ha supuesto, la desaparición de una alternativa a la que algunos penados por corrupción conforme a la regulación anterior trataron de acogerse para eludir el ingreso en prisión.
4. Reglas específicas sobre la suspensión de la ejecución en los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
Resulta de interés mencionar por su carácter conexo en muchos casos con los delitos de corrupción, que, la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/2015 (LA LEY 4993/2015) introdujo dentro del Título XIV del Libro II, dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el art. 308 bis (LA LEY 3996/1995), que contiene normas específicas respecto de la suspensión de la ejecución en esta tipología delictiva.
Las principales singularidades de la suspensión en estos delitos, son las siguientes:
- 1.- Respecto a los requisitos necesarios para la concesión del beneficio, se añade a los generales que el penado haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o que haya procedido al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas. A tales efectos, se equipara al efectivo abono o reintegro, el compromiso de hacerlo y de facilitar el decomiso acordado.
- 2.- La resolución que acuerde la suspensión ha de ser comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda.
- 3.- Respecto de la revocación, procederá siempre que el penado no de cumplimiento al compromiso de abono o restitución teniendo capacidad económica para ello, o tenga una conducta obstruccionista facilitando información inexacta sobre su patrimonio. Estas circunstancias también serán causa de denegación de la libertad condicional.
- 4.- Cuando los bienes del responsable civil no sean suficientes para satisfacer todas las responsabilidades pecuniarias, se encomienda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, que realice una labor de averiguación patrimonial de los responsables, aportando a la causa un informe donde se analice la verdadera situación económica y patrimonial de los mismos y se incluya, en su caso, una propuesta de fraccionamiento de la deuda.
5. Criterios seguidos por nuestros tribunales en relación a la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción
Decíamos antes, que algunas resoluciones judiciales recientes que deniegan la suspensión de la pena de prisión impuesta por delitos relacionados con la corrupción, ponen de manifiesto un cambio sobre la valoración de la gravedad de estos delitos y sobre el papel que el Derecho Penal debe jugar en su prevención. En este sentido, y aunque no se ocupan directamente de esta cuestión, conviene mencionar algunas sentencias de la Sala II del Tribunal Supremo que evidencian esa percepción de nuestros tribunales ante esta tipología delictiva:
- — La STS 476/16, de 2 de junio (LA LEY 65846/2016), que al rechazar la condena en costas de las acusaciones populares, señala: «entendemos como argumento a mayores que no es una razón de índole menor a tener en cuenta para desechar la condena en costas la circunstancia de que nos hallemos ante una causa penal en la que se persiguen varios delitos de corrupción de relevante entidad; es decir, modalidades delictivas que debido a su reiteración en la realidad actual y al grave menoscabo que están generando en el tejido social y político, preocupan de forma especial a la ciudadanía. Ello significa que, al ubicarnos en ese contexto, no parece razonable aplicar con excesivo rigor el concepto de temeridad y mala fe procesal, de modo que pueda llegar a desalentar el ejercicio de la acción popular en supuestos en que su intervención pudiera acabar beneficiando el interés general.»
- — La STS 259/2015, de 30 de abril (LA LEY 50342/2015), que a propósito de la extensión de la pena de inhabilitación especial impuesta a un diputado autonómico condenado por un delito de prevaricación, establece: «en definitiva, pocas dudas pueden albergarse, y menos en el momento actual en el que la reacción social frente al fenómeno de la corrupción política y administrativa está a la altura de la relevancia de esta lacra, respecto de la necesidad de que los gestores públicos gocen de la confianza y del respeto de los ciudadanos. Y si para ello es exigible, como acertadamente destaca el Tribunal Constitucional, una cierta ejemplaridad social a quien ejerce cualquier función pública, con más intensidad debe hacerse respecto de aquellos cargos cuya función consiste precisamente, en ser representantes de los ciudadanos. En consecuencia, la inhabilitación establecida como condena por el delito de prevaricación cometido por el miembro de un Consejo de Gobierno Autonómico, que en función de sus intereses políticos inmediatos prescindió de modo personal y directo de las exigencias esenciales del procedimiento de contratación administrativa, vulnerando todas las reglas establecidas para garantizar el control de los gastos públicos, debe extenderse a otros cargos públicos similares obtenidos por elección ciudadana, pues el representante que no ha sabido cumplir con las reglas de probidad y respeto de la legalidad en su gestión como Vice Consejero, difícilmente puede hacerse merecedor de la confianza en un cargo de representante parlamentario, en el que participa en las manifestaciones más importantes de la voluntad popular y del ejercicio del control político de la gestión del ejecutivo».
En esta línea, la mayor parte de las resoluciones denegatorias del beneficio de la suspensión, fundamentan la decisión adoptada en el desvalor y gravedad de las conductas, las circunstancias personales de los autores de estos delitos y en particular, su falta de arrepentimiento o la nula reparación del daño causado, la existencia de otros procedimientos penales pendientes y la necesidad de primar la finalidad de prevención general de la pena sobre la resocializadora, para evitar, por una parte, la sensación de impunidad de quien ejerce de modo desviado el poder que le ha sido conferido por los ciudadanos y por otra, para neutralizar comportamientos que merman o incluso anulan la confianza de la ciudadanía en las Instituciones Públicas. De esta forma, muchas de ellas optan por el cumplimiento material de penas cortas de prisión al entender que está justificado por su mayor capacidad intimidatoria y de prevención general, por la frecuencia y la importancia de la amenaza de la comisión de estos delitos por parte de un sector importante de sus potenciales autores, por el reducido riesgo de que produzca un efecto criminógeno y por la propia gravedad de estos comportamientos, especialmente cuando las penas de prisión impuestas tienen una duración superior a un año y no se imponen, además, penas que comportan la pérdida definitiva de un empleo público que el condenado no ocupaba con carácter temporal. Debe temerse en cuenta, que en muchos de estos casos la corta duración la pena impuesta no se corresponde con la gravedad de las conductas cometidas, sino que es consecuencia de la aplicación de atenuantes tales como la reparación del daño o las dilaciones indebidas, particularmente cuando la mismas se aplican como muy cualificadas, con la consiguiente rebaja de grado.
Sin ánimo de ser exhaustivos, pero por resultar sumamente ilustrativas a estos efectos, vamos a referirnos a las resoluciones denegatorias de la suspensión de las penas de prisión recaídas en tres causas seguidas por delitos de corrupción:
1.- Muy significativo resulta el auto de 1 de marzo de 2013 (LA LEY 267950/2013) dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en la ejecutoria n.o 14/2013, y que trae causa de la Sentencia de 21 de enero de 2013 (LA LEY 1788/2013), dictada en trámite de conformidad con los acusados en el conocido como «Caso Pallerols» o de financiación irregular de Unió Democrática de Catalunya (UDC), con fondos que estaban destinados a la formación de trabajadores. En virtud de la misma, el tribunal condenó como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos a quien fue militante de UDC y Director General de Ocupación, imponiéndole la pena de 1 año y 6 meses de prisión, así como otras privativas de derechos. También condenó a quien fue Secretario de Organización de UDC (y luego de Relaciones Institucionales) y a un tercer acusado, como responsables de un delito de fraude de subvenciones y otro de falsedad documental, imponiendo por el primero las penas de 7 meses de prisión, multa y otras privativas de derechos; por el segundo delito se impuso la pena de 5 meses y 15 días de prisión, que se sustituía con arreglo al art. 88 CP (LA LEY 3996/1995) por 11 meses de multa con cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria. En el auto de 1 de marzo de 2013, la Sala debía resolver, si procedía la suspensión de la ejecución de la pena de prisión que se imponía a tres de los cuatro condenados, y si respecto del cuarto de ellos, debía sustituirse por multa la pena de prisión impuesta.
Ante todo, la resolución destaca como la entrada en juego de las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño permitieron al Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras modificar la calificación provisional, reduciendo de forma significativa las penas privativas de libertad que inicialmente demandaban para los acusados y acuerda finalmente denegar la suspensión de la ejecución de la pena, a pesar de concurrir los requisitos previstos en el art. 81 CP (LA LEY 3996/1995) y de no haberse opuesto a la misma el Ministerio Fiscal (siempre que se abonaran en su integridad las multas impuestas, la responsabilidad civil con sus intereses, mediase ausencia de antecedentes penales y hubiese informe favorable de la Direcció General de Seguritat Ciutadana sobre la conducta pública y social observada por aquellos), en los siguientes términos:
«Teniendo en cuenta que no se está ante un caso esporádico de corrupción política sino que desgraciadamente no son pocos los supuestos en que personas vinculadas a partidos políticos diversos, aprovechándose generalmente de las ventajas que proporciona el ejercicio del poder, vienen incurriendo […] en comportamientos no sólo alejados de las pautas éticas sino incluso de la propia legalidad, obteniendo ya un enriquecimiento ilícito propio, ya un beneficio para el partido al que pertenecen […] estima el Tribunal que en el caso […] en que ha quedado acreditada una actuación delictiva enmarcable en lo que coloquialmente se viene dando en denominar corrupción política a través de una "trama organizada", debe primar por encima de todo la función de prevención general […]». Dicha función de prevención general desplegaría aparte de sus vistos efectos disuasorios o «negativos», otros de tipo «positivo», dirigidos a que «todos aquellos que decidan dedicarse al servicio público interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética política y, desde luego, a la estricta legalidad». «La pena […] cumple así su función de servir de freno a posibles conductas futuras […] lo que sólo podrá conseguirse mediante el cumplimiento efectivo […] de las penas de prisión […] huyendo en definitiva de pronunciamientos meramente formales, equivalentes en la práctica y a los ojos de los ciudadanos a una cuasi impunidad material (de políticos y poderosos) […]», y añade que «quienes sucumbiendo a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder, hacen un uso torticero del mismo» vean que lleva «aparejado el efectivo y real cumplimiento de las penas» éstas cumplirán su función preventiva general. Recuerda además cómo los Jueces y Tribunales están llamados a velar por la observancia de la ley, única a cuyo imperio están sometidos, estando llamados «a ser agentes activos de la política criminal, de modo muy especial en una época de incuestionable crisis económica, con personas que a diario engrosan los dramáticos índices de desempleo que sufre nuestro país, con continuos recortes por sus gobernantes en servicios sociales, así como demanda de sacrificios al conjunto de la sociedad muy particularmente padecidos por los sectores más débiles». «[…] resultaría hasta obsceno que desde uno de los poderes del estado se tomasen decisiones que alentasen o desde luego no supusiesen un freno […]» a las conductas que el auto condena.
2.- En el llamado «caso Matas», la STS 657/2013, de 15 julio (LA LEY 110080/2013), que estimó parcialmente el recurso de casación, mantuvo la condena de J. M. P. como autor de un delito de tráfico de influencias a la pena de 9 meses y 1 día de prisión, multa de 6.000 euros (con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago) e inhabilitación especial para cualquier cargo electivo por tiempo de 4 años, 6 meses y 1 día. Los hechos probados directamente relacionados con aquel delito de tráfico de influencias son los siguientes: J. M.P. fue nombrado Presidente de las Islas Baleares por RD 821/2003, de 26 de junio (LA LEY 7619/2003). A comienzos de 2.006, en una reunión mantenida entre A.A., J. M.P. y J.M., el primero trasladó a los dos últimos su proyecto de crear una agencia de noticias. Por lo innovador, su trascendencia y repercusión social, el proyecto le pareció interesante a J.M.P. y se ofreció a apoyarlo económicamente hasta donde fuera posible en el marco de las subvenciones en materia de medios de comunicación, decisión que trasladó a J.M., pues sería en el seno de la Dirección General de Comunicación donde se tramitarían y evaluarían las solicitudes. Una vez ingresada la solicitud, J.M., siguiendo las indicaciones de J.M.P., transmitió a la Jefa de Sección de la Dirección General de Comunicación, encargada de llevar a cabo las valoraciones de las peticiones de subvención, que suscribió la propuesta de resolución. El 26 de julio de 2006, la Consejera de Relaciones Institucionales dictó resolución por la que otorgaba la máxima puntuación posible a la subvención interesada por la Agencia Balear. Después, esa valoración fue revisada por la Jefa de servicio de relaciones informativas, quien la halló conforme. Seguidamente, antes de firmarla J.M. comunicó su resultado a J. M.P, y el 30 de junio de 2006 suscribió la propuesta de resolución. El 26 de julio de 2006, La Consejera de Relaciones Institucionales dictó resolución por la cual concedía a la Agencia Balear de Noticias S.L. una subvención de 449.734 euros (sin inclusión del Iva) para ayudar a la creación de una agencia balear de noticias.
J. M.P. solicitó la sustitución de la pena de prisión por multa, a lo que se opuso el Ministerio Fiscal. Por auto de 28 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma denegó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, así como la sustitución por la pena de multa, a pesar de concurrir los requisitos previstos en los arts. 81 (LA LEY 3996/1995) y 88 CP (LA LEY 3996/1995) para concederlas. Esta decisión fue confirmada por el auto de 10 de diciembre de 2013, que desestimó el recurso de súplica. Por auto de la Audiencia Provincial de 8 de enero de 2014 se acordó suspender la ejecución de la pena mientras se tramitaba el indulto solicitado, que fue denegado el 11 de julio de 2014. J. M.P. ingresó en el centro penitenciario el 28 de julio para empezar a cumplir la condena.
Tras reconocer que la concesión del beneficio de la suspensión de la ejecución es una facultad motivadamente discrecional que se atribuye al Tribunal Sentenciador, la Audiencia de Palma lo deniega por estimar que «existe la peligrosidad criminal del penado entendida como la derivada de la gravedad, naturaleza y entidad de los hechos por los que fue condenado, así como atendiendo a las circunstancias personales del penado y a su conducta» y continua señalando que «en cuanto a las circunstancias personales de penado J.M.P., es evidente que se trata de un delito cometido por quien fue máxima autoridad de esta Comunidad Autónoma. El grado de responsabilidad, las altas funciones que tenía encomendadas, la representación que ostentaba como Presidente de la Comunidad Autónoma, debe ser un criterio de la más alta exigencia cuando esas responsabilidades son traicionadas y vulnerada la ley por quien debería ser garante de la misma y, además, paradigma del respeto y máximo exponente de la exigencia de su fiel cumplimiento. No obstante, no constar en autos, es un hecho notorio que el penado J.M.P., pese a su proyección pública y a la utilización de los medios de comunicación, no ha reconocido la comisión del delito, ni ha manifestado públicamente arrepentimiento alguno por su conducta, En circunstancias de gran proyección social del autor y del delito, resulta que la reparación del perjuicio no tiene un contenido económico ni se satisface con el pago de una multa o con la sustitución de la pena de prisión por una multa (con un montante propuesto y total de 10.840 euros, que se antoja irrisorio), sino que esta reparación a la que alude el Código Penal tiene en estos casos un contenido más social que pecuniario.
Con relación a la naturaleza del hecho y de la conducta por la que fue condenado J.M.P., se debe recordar que se trata de un delito contra la Administración Pública y de corrupción o distorsión del buen funcionamiento que debe presidir la Administración. Que se produzca un abuso de poder para beneficiar a un particular es una conducta delictiva grave y en mayor medida si es directamente cometida por la máxima autoridad de la Comunidad Autónoma, es decir, por quien entonces era su Presidente. No puede olvidarse, ni obviarse, la trascendencia y repercusión pública del hecho. Todos estos elementos configuran una conducta grave, socialmente reprochable que debe ser valorada, como dice el Tribunal Supremo, para decidir si debe o no merecer el beneficio de la suspensión de la condena. [….] No hace falta recordar que los actos llevados a cabo por el condenado revelan una conducta delictiva gravemente antisocial, prevaliéndose de su alto cargo público en la Comunidad Autónoma. Y el hecho de que la penalidad concreta no pueda ser considerada como grave (art. 33 CP (LA LEY 3996/1995), es «menos grave»), no puede, en modo alguno, imposibilitar que, a la hora de decidir motivadamente sobre el beneficio, se valore la naturaleza y gravedad del hecho (entendidos como los perpetrados) y ponerlo en relación con las funciones de la pena. […]En cuanto al segundo parámetro, esto es, la existencia de otros procedimientos judiciales pendientes, no puede desconocerse que el penado J. M.P. está imputado en numerosas piezas de la causa que se suele denominar «Palma Arena», de las que esta Sala tiene conocimiento no solo por ser notorio sino por las funciones revisoras que tiene encomendadas. […]Finalmente conviene recordar que señala la Constitución Española en su art. 25 (LA LEY 2500/1978): «2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados (...)». En el presente caso el penado J.M.P., como ha quedado dicho, ni tan siquiera ha reconocido la comisión del delito y no acepta la sentencia, habiendo efectuado manifestaciones públicas en las que reitera su inocencia. El primer paso para la resocialización que indica la Constitución es precisamente asumir el comportamiento incorrecto, antisocial y delictivo. En caso contrario se refuerza la convicción de ser merecedor de impunidad y de que la conducta fue la correcta.
En ocasiones, la privación de libertad no es la medida adecuada para conseguir la resocialización de penado
Cierto es que en ocasiones, la privación de libertad no es la medida adecuada para conseguir la resocialización de penado, entendida ésta como la recuperación del individuo para la sociedad, si bien no debe olvidarse que dicha función de la pena, constitucionalmente reconocida en el art. 25 de la CE (LA LEY 2500/1978), ha de ser también concebida como compromiso de corrección, enmienda o reparación y dicho adeudo pasa (al menos en su inicio) por realizar actos de reflexión, autocrítica y finalmente de asunción de las consecuencias negativas de los propios actos que, en este caso, no se han producido. Tampoco debe olvidarse que los actos cometido por el penado, que han sido objeto de condena, al estar inherentemente unidos al ejercicio del poder público, causan un daño irreparable en el maltrecho campo de la confianza ciudadana, debido precisamente a casos de corrupción política como el presente, y por ello el otorgamiento del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión no produce efecto intimidatorio o preventivo o alguno y alimenta la sensación de impunidad de quien ejerce de modo desviado, en su propio beneficio o en el tercero (como acontece en el presente supuesto), el poder que le ha sido conferido por los ciudadanos. Es por ello que, en supuestos como el presente, la pena está llamada a cumplir un fin que va más allá de la resocialización, pese a que no dudamos de la capacidad del penado para vivir en sociedad sin delinquir, y eleva la relevancia del fin de prevención por la necesidad imperiosa de neutralizar este tipo de comportamientos que merman e incluso llegan a anular la confianza en las Instituciones Públicas».
3.- La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga número 179/2013, de 16 de abril (LA LEY 25743/2013), recaída en una pieza separada de la Operación Malaya, condenó al exalcalde de Marbella J. F.M.P. como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales y otro delito de cohecho pasivo, a quienes fueron su esposa y cuñado [M.T.Z. y J.Z.] como autores de sendos delitos continuados de blanqueo de capitales, a otras dos personas (un gestor de patrimonios de un banco suizo privado y el director de una oficina de un banco español) por los mismos delitos, y a una sexta persona (un empresario importante en el área de la construcción, con importantes intereses económicos en Marbella durante el mandato del G.I.L.) como autor de un delito de cohecho activo. También condenó a M.I.P.M. como autora de un delito de blanqueo de capitales, a las penas de 2 años de prisión, multa de 1.147.148,96 euros (el tanto del valor blanqueado), responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa y la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. En relación con esta penada, dicho resumidamente, se consideró probado que ella y J.F. M.P., a raíz de su relación sentimental hecha pública a mediados del año 2003, ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias —respecto de las que ambos pretendían disfrutar en beneficio propio— que aquel había obtenido en sus actividades delictivas, confundiéndolas y mezclándolas con las procedentes de las actividades profesionales y mercantiles lícitas de M.I.P.M. Esta sentencia fue casada por la STS 487/2014, de 9 de junio (LA LEY 76589/2014), que únicamente dejó sin efecto la continuidad delictiva en el delito de blanqueo de capitales por el que fueron condenados algunos de los acusados, reduciendo en consecuencia las penas de prisión impuestas por tal delito.
En virtud de auto de 3 de noviembre de 2014, recaído en la causa ejecutoria número 50/2014, el órgano sentenciador, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, denegó la suspensión de la ejecución de la pena impuesta a M.I.P.M. (pese a concurrir los requisitos previstos en el art. 81 CP (LA LEY 3996/1995)) y accedió al fraccionamiento del pago de la multa en los siguientes términos:
«Este Tribunal tiene por acreditado que, tanto B. F. R. como M. I. P., cumplen con las condiciones señaladas en el art. 81 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) para dejar en suspenso la ejecución de la pena privativa de libertad de ambos. Además, no tiene dato alguno que autorice a afirmar la existencia de otros procedimientos penales contra ninguno de los dos. Y, respecto al primer parámetro del art. 80.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) salvado el segundo—; si por tal se entiende —como viene siendo criterio mayoritario— la probabilidad de comisión por ellos de nuevos hechos delictivos, en especial hechos delictivos de igual o similar naturaleza a los que dieron lugar a esta causa, es evidente que no concurre; pues en el caso de B.F.R., fue despedido de la entidad bancaria de la que era director a la fecha de los hechos por los que fue condenado. Y en cuanto a M. I. P., cesó en su relación con J. F. M.P. […] Ahora bien, todo ello —tal como se ha escrito con anterioridad— no puede llevar, de manera ineludible y robotizada, a otorgar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a los dos condenados. También se ha razonado que el Tribunal, puede y debe atender y valorar otros parámetros o circunstancias distintos/as a los expresamente reseñados por el Legislador como prioritarios en el precepto penal tantas veces mencionado. […]
La primera de las circunstancias que ponderaremos para resolver —de manera negativa— sobre la suspensión pedida […] por B.F.R. y M.I.P., más allá de las antes expresadas, la recoge la STS 208/00 de 18 de febrero (LA LEY 4293/2000). La decanta del propio contenido del art. 80.1 del Código Penal (LA LEY 3996/1995), la peligrosidad del sujeto, pero derivándola del contenido de la sentencia condenatoria. […]. En el caso de M.I.P.M., nos encontramos con una ciudadana conocida por sus actividades artísticas y mediáticas. Su relación sentimental con J.F.M.P., a mediados del año 2003, acaparó portadas en gran parte de los medios de comunicación. Resultó probado que ambos desde sus respectivas actividades, ejecutaron un plan preconcebido para aflorar dinero y ganancias respecto de las que ambos pretendían disfrutar en beneficio propio —procedentes de las actividades delictivas de J.F. M.P.—, mientras este ejercía su función de máxima autoridad como Alcalde del municipio de Marbella, confundiéndolas y mezclándolas con las procedentes de las actividades profesionales y mercantiles lícitas de M.I. P.M. La gravedad de tal conducta, resulta incuestionable para este Tribunal, pues con ella la Sra. P. permitió el blanqueo de los ilícitos beneficios obtenidos por su pareja, en su corrompida y delictiva actividad político/publica al frente del Ayuntamiento mencionado, con las gravísimas consecuencias económicas que para el mismo supuso.[….] configurándose como paradigma de ilegalidad criminal en el aprovechamiento privado y torticero del patrimonio público y, en tal sentido, de enorme gravedad social.
Siendo común a los dos condenados la negación de los hechos por los que resultaron sentenciados y la no asunción, por tanto, de la ilicitud de su proceder.[…] En consecuencia, la Sala entiende que, si bien que no existe esa peligrosidad subjetiva —que deriva de que ninguno de los dos penados está en fácil disposición de cometer otros delitos como el que fue objeto de condena, blanqueo de capitales, por las razones ya apuntadas—; sin embargo, sí que existe una peligrosidad objetiva e intrínseca en los condenados que deriva los factores también ya dichos, es decir: la entidad de los hechos por los que fueron condenados, sus circunstancias personales y su conducta ulterior y actual de no asunción del delito». […]
A continuación, la Sala analiza el parámetro de la función o finalidad de la pena en los siguientes términos: «En la sentencia que este Tribunal tiene el mandato constitucional de ejecutar, por ser firme, ha quedado acreditada una actuación delictiva enmarcable en conductas de blanqueo de capitales llevadas a cabo entre los años 2003, 2004 y 2005, relacionadas con lo que, coloquialmente, se viene dando en denominar corrupción política. Tales conductas suponen uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática, no solo desde un punto de vista cuantitativo: por el perjuicio económico que producen, sino cualitativo: al socavar, hasta casi disolver, los principios mismos sobre los que se asienta aquélla. Es por ello que, en la punición y ejecución de las penas que se imponen a tales actuaciones delictivas, debe primar —por encima de todo— la función de prevención general que, junto a otras, está llamada cumplir la pena. Tanto en su vertiente de prevención general negativa dirigida a intimidar a todos aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados a realizar conductas como las que han sido objeto de enjuiciamiento y condena, como en su vertiente de prevención general positiva dirigida a los ciudadanos para que interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética y, desde luego, a la estricta legalidad. […] Lo que pretende conseguir la Sala, en el presente caso —y en cualquier otro del que conozca—, es que la pena privativa de libertad —que constituye, quizás, la sanción más dura de nuestro Ordenamiento Jurídico—, cumpla su función de servir de freno a posibles conductas futuras de análoga naturaleza por parte de otras personas que interiorizarán, así, su deber ciudadano de adecuar su conducta a las normas jurídicas; teniendo estas sí, un carácter ejemplar que no ejemplarizante —en la medida en que suponen un patrón de conducta que todos debemos seguir. Y tal cosa, no cabe duda, solo se podrá lograr mediante el cumplimiento efectivo en centro penitenciario— de las penas de prisión impuestas a quienes, de una u otra manera, han contribuido con su actuación al logro efectivo del propósito delictivo ideado de especial gravedad en el caso que nos ocupa. Huyendo, en definitiva, de pronunciamientos meramente formales, equivalentes en la práctica a una cuasi impunidad material —de banqueros, políticos, personas poderosas o de relevancia pública—; que es la situación a la que nos conduciría acceder a la suspensión impetrada por los dos condenados. Lo que contribuye a evitar la disociación —demasiado frecuente— entre los postulados teóricos/abstractos de la dogmática penal, y la aplicación concreta de sus preceptos a las situaciones reales que atenazan, desconciertan y desmoralizan a nuestra sociedad.»
En mi opinión, debemos huir de cualquier automatismo en esta materia que nos conduzca a descartar en todo caso la aplicación del beneficio de la suspensión de la ejecución respecto de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción, porque ello nos conduciría a un derecho penal de autor, en el que la pena adquiría una función ejemplarizante y no ejemplar, dando primacía exclusivamente a su finalidad retributiva en detrimento de su finalidad reeducadora. De esta forma, constituyendo la concesión de dicho beneficio una facultad discrecional del órgano sentenciador, deben valorarse por imperativo del art. 80.1 CP, (LA LEY 3996/1995) parámetros tales como, la gravedad intrínseca de los hechos cometidos (valorando, por ejemplo, su carácter continuado en el tiempo, el quebranto causado a las arcas públicas, etc.), la antecedentes del penado (incluyendo aquí no sólo sus antecedentes penales vigentes, sino también las causas pendientes, sobre todo si los son por hechos de análoga naturaleza), el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, sus circunstancias sociales y familiares (como la posibilidad de un trabajo que le permita hacer frente puntualmente al fraccionamiento de pago de la responsabilidad civil o de las responsabilidades pecuniarias) y la conducta posterior del reo, en particular, que manifieste un sincero arrepentimiento por los hechos materializado tanto en una reconocimiento público y expreso de su responsabilidad como en el abono de la totalidad o de una significativa parte de sus responsabilidades civiles y pecuniarias.
Si el análisis de todas estas variables condujera a una decisión favorable a la concesión del beneficio, teniendo en cuenta que nos hallamos ante una tipología delictiva que dinamita la confianza de la ciudadanía en las Instituciones Públicas por cuanto atenta contra los valores democráticos de convivencia propios de un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, sería conveniente la imposición de reglas de conducta o la realización de trabajos de beneficio de la comunidad con fundamento en los arts. 83.1.9.ª (LA LEY 3996/1995) y 84.1.3.ª CP (LA LEY 3996/1995), que bien podrían materializarse en estos casos en la realización de tareas que, sin atentar contra la dignidad del penado, tuvieran un marcado carácter de utilidad social.
IV. Conclusiones
La ejecución de penas privativas de libertad impuestas por delitos de corrupción —entendida en un sentido amplio, que incluiría tanto la ejecución penal como la penitenciaria—, presenta determinadas singularidades derivadas de la tipología delictiva y del perfil criminológico de los autores de estos delitos pero, no por ello, ha de dejar de satisfacer las exigencias de prevención general y especial propias de dichas penas, respetando al tiempo, los fines constitucionales de reeducación y reinserción social a los que las mismas deben estar orientadas por imperativo del art. 25.2 CE (LA LEY 2500/1978).
La utilidad preventiva general y especial de la pena, y el eventual conflicto entre ambas dependen de su contenido, de su duración, de la decisión sobre la suspensión de su ejecución y, en su caso, de las condiciones de su cumplimiento. Por ello, el posible conflicto entre las funciones de prevención general y especial se plantea no sólo a la hora de imponer y concretar la pena sino también, en relación con la decisión sobre la suspensión de su ejecución.
Por otra parte, el objetivo resocializador de la pena, que comprende tanto la modificación de la intención delictiva como de la capacidad criminal, se conseguirá en estos casos, cuando el autor del delito asuma que su conducta delictiva supuso un grave quebranto de los principios y valores democráticos de convivencia, desarrollando planteamientos autocríticos y objetivando sentimientos de culpa y arrepentimiento, lo que implica, hacer frente a la responsabilidad civil con reparación de los daños causados y en su caso, devolución del metálico que indebidamente hizo suyo o, la reparación de los perjuicios causados, lo que no tiene que implicar necesariamente su cumplimiento material en centro penitenciario
No se trata de hacer que el penado en estos casos cumpla la pena de una forma especial ni ejemplarizante, sino de conciliar sus finalidades retributiva y resocializadora en el marco de nuestra la legislación penal y penitenciaria, para así reforzar el convencimiento colectivo sobre la defensa necesaria del orden jurídico por parte de las instituciones del Estado de Derecho, restableciendo la confianza general en la norma infringida por el delito.
V. Bibliografía
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- — NISTAL BURÓN, J., «Los fines de la pena para los condenados por delitos relacionados con la denominada «corrupción política», Diario LA LEY, n.o 8474, año 2015, Ed. LA LEY.
- — CARDENAL MONTRAVETA, S., «Corrupción pública y suspensión de la ejecución de la pena», Estudios penales y criminológicos, n.o 37, año 2017.
- — PLASENCIA DOMÍNGUEZ, N., «La suspensión de la ejecución y la libertad condicional en el nuevo Código Penal», Centro de Estudios jurídicos. Año 2017.
- — Instrucción 9/2007 de la SGIP, sobre clasificación y destino de los penados (LA LEY 287/2007).
- — Instrucción 13/2006 de la SGIP sobre aplicación del art. 86.4 del Reglamento Penitenciario (LA LEY 437/2006).
- — Instrucción de la SGIP 12/2011, sobre Internos de Especial Seguimiento y Medidas de Seguridad. (LA LEY 57/2012)