Alicia empezaba a estar muy cansada de permanecer
junto a su hermana en la orilla, de no hacer nada;
una vez o dos había echado una mirada al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía estampas ni diálogos;
y « ¿para qué sirve un libro», pensó Alicia,
« si no trae estampas ni diálogos?»
Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carroll
I. Introducción
La Sala 1ª del Tribunal Supremo acaba de hacer pública la Sentencia de 2 de julio de 2019 (LA LEY 94033/2019) (ECLI:ES:TS:2019:2253. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo) en la que se interpretan algunos aspectos del artículo 178 bis de la Ley Concursal (LA LEY 1181/2003) (LC), norma que regula el denominado mecanismo de segunda oportunidad.
El mecanismo de segunda oportunidad se ensayó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (LA LEY 15490/2013), con efectos muy limitados. A partir de esa norma, el legislador español decidió que las posibilidades de perdón de todo o parte del pasivo de un deudor debía decidirse en el marco de un procedimiento de insolvencia, del concurso de acreedores.
Esta primera decisión legislativa ha marcado el ulterior desarrollo de estas normas, ya que tanto el RDL 1/2015, de 27 de febrero (LA LEY 2841/2015), como la Ley 25/2015, de 28 de julio (LA LEY 12418/2015), mantienen dentro del procedimiento concursal estas instituciones de exoneración del pasivo insatisfecho, el denominado mecanismo de segunda oportunidad, título que responde a la posibilidad de que, si concurren determinadas circunstancias previstas en el artículo 178 bis de la LC, el juez pueda acordar la novación extintiva de todos o parte de los créditos de un deudor, incluso en contra de la voluntad o interés de los acreedores.
La Sentencia de 2 de julio no es la primera resolución que dicta el Tribunal Supremo interpretando algunos aspectos del artículo 178 bis de la LC, ya había dictado unos meses antes la Sentencia de 13 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:897. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo), en la que analizaba también alguno de los requisitos formales para establecer que el deudor pudiera ser considerado de buena fe, requisito necesario para que obtuviera el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Tanto la Sentencia de 13 de marzo, como la de 2 de julio, permiten establecer que el Tribunal Supremo opta por dar una visión amplia y flexible de este beneficio, superando algunas contradicciones o lagunas observadas en el texto del artículo 178 bis de la LC. Estas sentencias del Supremo nos permiten dar alguna respuesta precisa a la pregunta:¿Para qué sirven realmente las leyes que introdujeron el mecanismo de la segunda oportunidad?¿Las reformas deben contentarse con establecer una serie de requisitos y escenarios complejos en los que obligamos a adentrarse al deudor para conseguir el perdón de las deudas, o permiten considerar que tanto el RDL 1/2015 (LA LEY 2841/2015) como la Ley 25/2015 (LA LEY 12418/2015) exigen un nuevo punto de vista, que va más allá de los objetivos marcados con carácter general por la exposición de motivos de la Ley Concursal?
La Sentencia de 2 de julio la dicta el pleno de la Sala 1ª, lo que permite considerar que los principios y pronunciamientos recogidos en la Sentencia nacen con la intención de convertirse en el arranque de una jurisprudencia sólida en materia de segunda oportunidad.
II. Supuesto de hecho que resuelve el Tribunal Supremo
La Sentencia de 2 de julio da respuesta a un recurso de casación planteado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) contra la decisión de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca adoptada por Sentencia de 21 de septiembre de 2016 (ECLI:ES:APIB:2016:1609. Ponente: María Arántzazu Ortiz González), por la que se estableció que los posibles acuerdos que pudiera alcanzar el deudor concursado con la AEAT debían quedar sometidos al plan de pagos que el deudor tenía que presentar al juez del concurso para conseguir la exoneración provisional del pasivo insatisfecho.
Por lo tanto, la cuestión fundamental que se resuelve por el Tribunal Supremo es si en el concurso consecutivo el crédito público debe someterse al plan de pagos general que presenta el deudor para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, o si los acreedores públicos pueden exigir al deudor que los aplazamientos o fraccionamientos de dicha deuda pública se sometan a las normas y trámites específicos, propios del derecho administrativo, ajenos a la normativa concursal.
En el caso analizado por el TS, el deudor no pudo cubrir el umbral mínimo y presentó un plan de pagos en el que, tras ciertas peripecias procesales, decidió incluir el crédito público
La Sentencia de 2 de julio también se ocupa de establecer si el concepto de deudor de buena fe que exige el artículo 178 bis de la LC es un concepto autónomo, que se cumple si se dan los concretos requisitos que prevé el párrafo 3 de dicho artículo, o si, por el contrato, es posible defender que haya deudores de buena fe, conforme las normas generales civiles, en supuestos en los que no concurran los requisitos formales y materiales del artículo 178. Bis 3 de la LC.
Este es el concreto supuesto de hecho que analiza el Tribunal Supremo:
«En el año 2010, Edmundo fue declarado en concurso de acreedores, que siguió el trámite abreviado.
En la lista de acreedores, presentada con los textos definitivos el 2 de abril de 2013, la AEAT tenía reconocidos los siguientes créditos: un crédito con privilegio especial del art. 90.1 LC de 465,63 euros; un crédito con privilegio general del art. 90.2.º de 1.926,81 euros; un crédito ordinario de 3.672,86 euros y otro subordinado de 88,20 euros.
En enero de 2015, una vez se habían realizado todos sus bienes y derechos de contenido patrimonial, la administración concursal interesó la terminación del procedimiento por insuficiencia de activo.
Tres meses más tarde, el 9 de abril de 2015, el deudor concursado pidió la exoneración del pasivo insatisfecho.
La certificación de deudas con la AEAT, a fecha 10 de abril de 2015, muestra que estaba pendiente de pago un crédito contra la masa de 821,41 euros y el crédito con privilegio general del art. 90.2.º de 1.926,81 euros.
La AEAT, mediante la demanda de incidente concursal que ha dado lugar al presente procedimiento, solicitó expresamente la denegación de este beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho solicitado porque no se cumplían los requisitos del art. 178 bis LC. En la demanda se argumentaba que la solicitud de exoneración no contenía una opción por el ordinal 4.º o el 5.º del art. 178 bis.3 LC; ni acompañaba justificación documental del pago de los créditos privilegiados y contra la masa; y se apoyaba en el criterio de una resolución judicial que se dictó con anterioridad a que se hubiera introducido este beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho por el RDL 1/2015, de 27 de febrero (LA LEY 2841/2015).
Edmundo, al contestar a la demanda de incidente concursal, se allanó parcialmente y presentó la siguiente propuesta de pago de los créditos contra la masa y privilegiados:
i) Se comprometía pagar el importe de 821,41 euros de créditos contra la masa en el plazo de un mes desde que la AEAT le indicara la cuenta de consignaciones.
ii) Se comprometía a pagar el crédito con privilegio general de la AEAT de 1.926,81 euros en cinco pagos mensuales, por importe de 350 euros cada uno, vencederos el día 10 de cada mes, entre los meses de mayo y septiembre de 2016, y un pago de 176,81 euros a realizar el 10 de octubre de 2016.
iii) Y respecto del pago del crédito con privilegio general de la TGSS, se comprometía a pagar 250 euros mensuales entre junio y octubre de 2016, 2017, 2018, y 172,86 euros en octubre de 2018.
El juzgado mercantil admitió la alteración de la solicitud de exoneración de pasivo y apreció que con ello se cumplían los requisitos legales, en concreto, los previstos en el ordinal 5.º del art. 178 bis.3 LC. De tal forma que acordó la exoneración del pasivo insatisfecho y que los créditos contra la masa y privilegiados no afectados por la exoneración fueran satisfechos conforme al plan de pagos.
La sentencia del juzgado mercantil fue recurrida en apelación por la AEAT. La Audiencia desestima el recurso. Ratifica el criterio flexible del juzgado, que permite, en el trámite de contestación a la demanda, modificar los términos de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho».
El Tribunal Supremo sintetiza los argumentos empleados por la Audiencia Provincial para defender esta tesis flexible en la interpretación de los requisitos del artículo 178 bis:
«Entiende que el deudor lo es de buena fe y que la propuesta de pagos muestra una voluntad real de dar cumplimiento a la misma. Y, respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 178 bis LC y, en concreto, la extensión de la exoneración al crédito público, razona lo siguiente:
"la norma establece dos sistemas de exoneración. La exoneración definitiva si el deudor de buena fe cumple los requisitos del artículo 178 bis 4º de la LC. Y la exoneración provisional si no los cumple pero se somete a un plan de pagos.
"Para los que cumplen el primer sistema, está prevista la exoneración todo el pasivo (también el público) y de forma definitiva. Aunque es cierto que puede revocarse si durante los cinco años siguientes consta la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (ex art 176 bis 7 LC).
"Este sistema, está pensado para los que tienen mayor capacidad de pago porque han podido pagar parte o todo de los créditos que se mencionan en el punto 4º.
"Resultaría ilógico que a los que tienen menos capacidad de pago, los del apartado 5º (que tienen que someterse a un Plan de Pagos) dicho plan excluya el crédito público si se dan las condiciones de su normativa para los aplazamientos y en su caso, no se les exonere el crédito público en las condiciones legalmente previstas. A Los deudores incardinables en el párrafo 4 —los que no necesitan el plan de pagos— si se les exonera de parte del crédito público.
"Es importante destacar que aunque los créditos públicos no se ven afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos y se someten a sus normas específicas en materia de aplazamientos y fraccionamientos, lo cierto es que, declarado el concurso consecutivo, los bienes y derechos del deudor quedan sometidos a las normas del concurso, no tendría sentido que se pagara antes un crédito subordinado de intereses o recargos por créditos públicos que un crédito contra la masa por alimentos a los hijos del deudor, de ahí que el plan de pagos haya de reflejar cómo se van a pagar los créditos no exonerables en esos cinco años, respetando las normas del concurso.
[...]
"Por todo lo razonado, la necesaria unidad del proceso concursal especialmente en esta fase, en coherencia con las instituciones previstas como mecanismo de exoneración de pasivo insatisfecho, justifica la inclusión de tales créditos en el plan de pagos"».
III. Marco normativo que sirve para entender el conflicto que resuelve la Sentencia del Tribunal Supremo
El denominado mecanismo de segunda oportunidad se integra dentro de las normas del procedimiento concursal. Resulta paradójico que el legislador considere que el mecanismo de segunda oportunidad está llamado a dar respuesta a los problemas económicos de miles de familias españolas y, así, en la Exposición de Motivos de la Ley 25/2015 (LA LEY 12418/2015) se afirme que «su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer», pero, sus disposiciones procesales se incardinen en una norma tan sofisticada y compleja como es la Ley Concursal.
El mecanismo de segunda oportunidad debería estar al alcance de un abanico muy amplio de personas naturales insolventes, personas que necesitan de una asistencia jurídica especializada, que va más allá de la mera formación generalista en derecho civil y en derecho procesal civil.
Resulta paradójico que se busque dar respuesta a los problemas económicos de miles de familias a través de una norma tan sofisticada y compleja como es la Ley Concursal
Conviene hacer una serie de precisiones legales que puedan ayudar a los abogados que no tengan una formación específicamente concursal.
(1) Cualquier persona natural que se encuentre en una situación de insolvencia, es decir, que no pueda atender con normalidad a sus obligaciones pecuniarias ordinarias, tiene la obligación de solicitar el concurso de acreedores en el plazo de 2 meses desde que conoció o debió conocer esta situación (artículo 5 de la LC).
(2) La Exposición de Motivos de la LC establecía cuál era la finalidad primordial del procedimiento concursal, que no era otra que la satisfacción de los créditos de todos los acreedores, satisfacción que podía conseguirse por medio de un acuerdo entre el deudor y sus principales acreedores, pactando una serie de quitas y esperas; o bien mediante la liquidación de todo el patrimonio del deudor para su distribución ordenada entre los acreedores.
(3) En el caso del concurso de personas físicas, la liquidación ordenada del patrimonio del deudor no determinaba la desaparición del crédito no satisfecho en el concurso. La LC mantenía la redacción del artículo 1911 del Código Civil (LA LEY 1/1889) —principio de responsabilidad universal del deudor— y el artículo 178 de la LC reiteraba este principio de responsabilidad universal: «en los casos de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos restantes. Los acreedores podrán iniciar ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se declare nuevo concurso. Para tales ejecuciones, la inclusión de su crédito en la lista definitiva de acreedores se equipara a una sentencia de condena firme».
Por lo que el recorrido del concurso no era especialmente atractivo para la persona natural, salvo que consiguiera aprobar un convenio, toda una quimera.
(4) Con el RDL 1/2015 (LA LEY 2841/2015) y la Ley 25/2015 (LA LEY 12418/2015) el legislador consideró que era necesario mejorar las expectativas de que el deudor alcanzara un acuerdo con sus acreedores, consideró que ese posible acuerdo podría conseguirse con más facilidad fuera del concurso, por medio de un procedimiento extrajudicial supervisado por un notario, en vez de en un procedimiento judicial. Así nace el acuerdo extrajudicial de pagos, que tiene la particularidad de no afectar en modo alguno al crédito público y dejar en manos del acreedor con garantías reales el sometimiento a estos acuerdos. El acuerdo extrajudicial de pagos se regula en los artículos 230 a 242 de la LC, dentro del último título de la norma.
(5) La desjudicialización del convenio entre el deudor y los acreedores no ha funcionado, son muy pocos los acuerdos extrajudiciales alcanzados. Sin embargo, el legislador le ha dado especial trascendencia a este acuerdo extrajudicial, ya que el artículo 178 bis 3 de la LC establece que haber intentado el acuerdo extrajudicial es uno de los requisitos para evaluar la buena fe del deudor.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (LA LEY 24943/2019) establece cuándo debe entenderse que el deudor ha intentado verdaderamente el acuerdo extrajudicial de pagos.
(6) Si fracasa el acuerdo extrajudicial de pagos, el deudor insolvente tiene que acudir al procedimiento concursal (artículo 242 y 242 bis de la LC). El legislador incentiva este procedimiento de insolvencia con algunas especialidades dentro del procedimiento concursal: debe instarlo el mediador concursal, aunque nada impide que lo inste el propio deudor o los acreedores; el concurso se tramita bajo las normas del procedimiento abreviado y el concurso se considera en todo caso liquidativo cuando se trate de deudores personas físicas no empresarios. Además, el artículo 176 bis fija algunas especialidades procesales para conseguir la declaración y conclusión inmediata del concurso cuando el deudor carezca de patrimonio embargable.
(7) La liquidación del patrimonio embargable del deudor se debe distribuir entre los acreedores en los términos que, de modo general, prevé el artículo 155 y siguientes de la LC.
Si con la liquidación no se satisfacen todos los créditos del deudor persona física, ese deudor puede solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.
(8) La exoneración del pasivo insatisfecho, beneficio de segunda oportunidad, es un incidente que se inicia a requerimiento del deudor, concluido el concurso o en trámite de aprobación de la rendición de cuentas del administrador concursal.
Este incidente de exoneración exige que, previamente, los créditos del deudor se hayan ordenado conforme a las reglas del concurso, es decir, calificando como concursales los anteriores a la declaración (artículo 90 a 92 de la LC) y como créditos contra la masa los posteriores a la declaración y los generados por el propio procedimiento (artículo 84 de la LC). Es importante este paso por el filtro del concurso porque ya no es posible distinguir entre créditos públicos o créditos por alimentos, todos deben desglosarse conforme a los criterios de la LC.
(9) Si el deudor acredita los requisitos para considerarle de buena fe y, además, ha sido capaz de cubrir al menos el crédito privilegiado (especial y general) y el crédito contra la masa, se acordará la exoneración del resto de pasivo no cubierto por el patrimonio del deudor (el crédito ordinario y subordinado), sin distinción de su origen público o privado. La exoneración se mantiene provisionalmente durante 5 años en los que los acreedores podrán pedir la revocación si el deudor es condenado por delitos contra el patrimonio, si se acredita que ha ocultado bienes o si viene a mejor fortuna.
Transcurridos esos 5 años, la exoneración provisional pasa a ser definitiva.
(10) Si el deudor es de buena fe, pero con la liquidación de su patrimonio no ha conseguido cubrir ese umbral del crédito privilegiado y crédito contra la masa, tendrá, además, que presentar un plan de pagos en el que explique cómo pretende pagar el crédito no exonerable. En este punto, la LC vuelve otra vez a establecer una precisión por la naturaleza del crédito, de modo que ese plan de pagos debe indicar cómo se pagará el crédito privilegiado, el crédito contra la masa y, en todo caso, el crédito público y el crédito por alimentos (créditos que pueden haber sido calificados como ordinarios o subordinados en el concurso).
Respecto de ese plan de pagos, el último inciso del párrafo 6 del artículo 178 bis de la LC establece expresamente que «respecto a los créditos de derecho público, la tramitación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se regirá por lo dispuesto en su normativa específica», lo que determinó que la AEAT considerara, interpretando literalmente la norma, que el crédito público en su integridad quedaba fuera del plan de pagos.
Este último escenario es el que se plantea en el supuesto de hecho analizado por el Supremo en la Sentencia de 2 de julio. El deudor no ha podido cubrir el umbral mínimo y ha presentado un plan de pagos en el que, tras ciertas peripecias procesales, decidió incluir el crédito público.
IV. Algunos pronunciamientos del Supremo que pueden ayudar a interpretar futuras contradicciones del artículo 178 bis de la LC cuando se ponen en relación con otros artículos de la LC
Para dar respuesta a cuestiones concretas planteadas en el recurso, el Supremo hace una serie de consideraciones que resultan extremadamente interesantes, porque sientan las bases para poder dar respuesta a otras incógnitas planteadas por la normativa sobre segunda oportunidad:
(1) Se advierte que el régimen legal de la segunda oportunidad es extremadamente complejo y que incluye distintas contradicciones, tanto al ponerse en relación los distintos párrafos del artículo 178 bis de la LC, como entre el 178 bis de la norma y otros preceptos del mismo régimen legal o de otras disposiciones complementarias.
« El art. 178 bis LC es una norma de difícil comprensión, que requiere de una interpretación jurisprudencial para facilitar su correcta aplicación».
(2) El artículo 178 bis debe interpretarse con cierta flexibilidad procesal para no privar al deudor del derecho a ser exonerado si no es preciso en su petición o en el cauce utilizado para conseguirla.
«El art. 178 bis LC no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo, que presuponga la imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas legales, la del ordinal 4.º o la del 5.º».
Tanto en la sentencia de 13 de marzo, como en la de 2 de julio, el TS opta por dar una visión amplia y flexible de este beneficio, superando contradicciones y lagunas de la LC
En pro de esta flexibilidad, el Supremo permite que el deudor que inicialmente invoca una de las vías de exoneración pueda solicitar que se le conceda por la otra.
«En un caso como el presente, en que la solicitud inicial del deudor optaba por la exoneración del ordinal 4.º del apartado 3 del art. 178 bis LC, frente a la demanda de oposición de la AEAT que niega se cumplan los requisitos propios de esta alternativa, no existe inconveniente en que el deudor opte formalmente por la alternativa del ordinal 5.º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de la alternativa del ordinal 5.º».
(3) La finalidad de la ley reguladora del mecanismo de segunda oportunidad es facilitar al mayor número de personas el beneficio, así el Supremo considera que «la ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º, bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta institución y de la finalidad que guía la norma que es facilitar al máximo la «plena exoneración de deudas»».
Es interesante detenerse en este punto, porque el RDL 1/2015 (LA LEY 2841/2015) y la Ley 25/2015 (LA LEY 12418/2015), al regular el mecanismo de segunda oportunidad fijan los objetivos especiales de la norma. Es trascendente porque los objetivos de esta norma especial son distintos de los marcados en la LC para el concurso en general.
En el proceso concursal, de modo general prima el objetivo del pago a los acreedores. Sin embargo, cuando el deudor reclama la concesión del beneficio de segunda oportunidad, el foco debe trasladarse, no a los derechos de los acreedores, sino al derecho del deudor a ser exonerado.
V. El concepto de buena fe a los efectos de alcanzar la exoneración del pasivo insatisfecho
Cuando el artículo 178 bis.3 de la LC exige que el deudor lo sea de buena fe, no se está refiriendo a las exigencias generales sobre la buena fe en el Código Civil, sino a un concepto autónomo que únicamente requiere los requisitos formales y materiales del citado párrafo tercero.
«La referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del art. 7.1 CC (LA LEY 1/1889), sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del art. 178 LC. La naturaleza de estos requisitos es heterogénea».
Desarrollándose este concepto autónomo en este mismo fundamento:
«De una parte, los dos primeros guardan una relación más directa con las exigencias de la buena fe: es preciso que el concurso no haya sido declarado culpable (con la salvedad legal prevista para el caso de que lo hubiera sido por retraso en la solicitud de concurso) y también que en los diez años anteriores el deudor no hubiera sido condenado por sentencia firme por una serie de delitos (contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores).
El tercero exige que se hubiera optado por el procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos y que, frustrada su consecución o cumplimiento, se hubiera acabado en el concurso consecutivo.
El cuarto y el quinto, al regular dos vías o formas alternativas de exoneración del pasivo insatisfecho, contienen cada uno de ellos unos requisitos propios. Esto es: el ordinal 4.º prevé una exoneración inmediata, y para ello exige el cumplimiento de unos requisitos; y, alternativamente, el ordinal 5.º prevé una exoneración diferida en el tiempo, transcurridos cinco años, y exige otros requisitos propios.
De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1.º, 2.º y 3.º del apartado 3 del art. 178 bis LC : el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.
Por lo tanto, la denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por el art. 178 bis 3 LC se debe ceñir al cumplimiento de estos requisitos y no, como subyace a la argumentación del motivo primero, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la AEAT, fue admitida».
El Supremo considera que pautas para ponderar la buena o mala fe del deudor, los riesgos de un posible fraude o abuso de la norma no deben servir para condicionar la concesión del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Esos riesgos existen, son evidentes, pero no pueden combatirse complicando los requisitos para que el deudor acceda al beneficio, parece evidente que esa controversia o riesgo tiene su trámite dirimente en la sección de calificación, no en el trámite de concesión del beneficio.
VI. Sobre el alcance del plan de pagos
El Tribunal Supremo da respuesta a dos dudas generadas por el artículo 178 bis:
(1) Si el crédito público debe incluirse necesariamente en el plan de pagos, o el último inciso del párrafo 6 habilita a los acreedores públicos a exigir al deudor unas condiciones específicas para el pago de ese crédito público, que queda extramuros del juzgado.
Los acreedores públicos consideraban que ese inciso, puesto en relación con otras disposiciones de la LC y la normativa sectorial que regula el crédito público, permitía afirmar que el crédito público quedaba en los supuestos del párrafo 5 del artículo 178 bis extramuros del trámite de exoneración y no podía ser en ningún caso exonerable.
En la práctica judicial se denunciaba el sinsentido de que un procedimiento universal permitiera que un crédito especialmente sensible quedara fuera de la supervisión del concurso y abogaban por que en el plan de pagos se reflejara ese crédito público con sus aplazamientos y fraccionamientos, sometidos a las disposiciones de la normativa pública.
Había resoluciones judiciales que iban más allá y consideraban que no sólo debía reflejarse el crédito público en el plan de pagos, sino que además los acreedores públicos tenían que acondicionar los créditos a las previsiones del plan de pagos.
El Tribunal Supremo opta por la tercera de estas opciones, la de someter al crédito público a los plazos y condicionantes que el juez del concurso aprueba en el plan de pagos:
«La norma contiene una contradicción que es la que propicia la formulación del motivo tercero de casación. Por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. Aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamiento de pago carecen de sentido en una situación concursal. Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas (también al acreedor público) sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan».
Este criterio obliga a los acreedores públicos a intervenir en el trámite, autónomo, de discusión y aprobación del plan de pagos, pues el mismo afecta a la totalidad de créditos no exonerables.
(2) El segundo problema que aborda el Supremo es el de los créditos que debe reflejar el plan de pagos. Ese plan de pagos sólo afecta a los créditos que no son exonerable, los exonerables quedarán exonerados provisionalmente, por lo tanto, no hay preocupación en cuanto a cómo y cuándo deben pagarse, esos créditos no deben pagarse salvo que se revoque la exoneración.
El legislador considera que los créditos no exonerables son los créditos contra la masa y los privilegiados, sin embargo, al regular el plan de pagos abandona la disciplina concursal y considera que deben cubrirse dos tipos de créditos de naturaleza especialmente sensibles (alimentos y créditos públicos). En este caso el legislador no tiene en cuenta que el crédito por alimentos y el crédito público pueden haberse calificado como créditos ordinarios, incluso como créditos subordinados.
El TS opta por una interpretación que no es la que se deriva de la lectura lineal del precepto, cambia el punto de vista del juez y le obliga a fortalecer la posición del deudor
Las administraciones públicas consideraban que el plan de pagos debía fijar criterios de pago de los créditos públicos en su integridad, incluida la parte ordinaria y subordinada. Sin embargo, el Tribunal Supremo, al interpretar el ordinal 5º del artículo 178 bis 3 con el ordinal 4º de ese mismo párrafo, llega a una solución distinta, más acorde con la finalidad de la normativa sobre segunda oportunidad, que cambia el punto de vista del juez y le obliga a fortalecer la posición del deudor, una vez acreditada su buena fe, y no los intereses de los acreedores, por muy cualificados que sean. El Supremo opta por una interpretación que no es, ni mucho menos, la que se derivaría de la lectura lineal del precepto:
«Entendemos que, en principio, la exoneración plena en cinco años (alternativa del ordinal 5.º) está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata (alternativa del ordinal 4.º), al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general, aunque en este caso mediante un plan de pagos que permite un fraccionamiento y aplazamiento a lo largo de cinco años. Sin perjuicio de que en aquellos casos en que se advirtiera imposible el cumplimiento de este reembolso parcial, el juez podría reducirlo para acomodarlo de forma parcial a lo que objetivamente podría satisfacer el deudor durante ese plazo legal de cinco años, en atención a los activos y la renta embargable o disponible del deudor, y siempre respetando el interés equitativo de estos acreedores (contra la masa y con privilegio general), en atención a las normas concursales de preferencia entre ellos.
Con esta interpretación no se posterga tanto el crédito público, pues con arreglo a lo previsto en el art. 91.4.º LC, el 50%, descontado el que tenga otra preferencia o esté subordinado, tiene la consideración de privilegiado general, y por lo tanto quedaría al margen de la exoneración».
Luego el plan de pagos sólo debe hacer referencia a la parte de crédito público que haya sido previamente calificada como privilegio general, la parte ordinaria o subordinada se entiende exonerada, aunque sea provisionalmente.
El Tribunal Supremo no sólo hace referencia a una interpretación sistemática de los distintos apartados del artículo 178 bis 3, sino también a la finalidad de las reformas y a los criterios que han inspirado las recomendaciones y proyectos elaborados por las instituciones europeas.
VII. Conclusión
Ante la disparidad de criterios interpretativos de la norma y ante la posición de la AEAT, que se ha opuesto a la concesión del beneficio de exoneración y al plan de pagos en muchos procedimientos judiciales, el Tribunal Supremo ha optado por la interpretación que abre sensiblemente el foco de aplicación del mecanismo de segunda oportunidad. En cierta medida, ha dado una respuesta muy ambiciosa a la pregunta formulada al inicio de este análisis ¿Para qué sirve la Ley Reguladora del Mecanismo de Segunda Oportunidad? Ha completado las dudas que se generaban en los juzgados con un conjunto de imágenes y diálogos muy sugerentes.
Esa interpretación no conjura el riesgo de que los mecanismos sean utilizados indebidamente, tampoco conjura el riesgo de que la interpretación que da el Supremo pueda ser conjurada con un nuevo cambio legal que aclare los preceptos más ambiguos de la actual regulación, los que han permitido a muchos tribunales, incluido el Supremo, moverse por el margen más favorable al deudor.
La reforma en curso de la Ley Concursal para adaptarla a la reciente Directiva Comunitaria sobre Alerta Temprana y Mecanismos Sobre Segunda Oportunidad, puede deparar alguna sorpresa al respecto, cerrando las actuales fisuras de la norma y corrigiendo la interpretación jurisprudencial. No sería la primera vez que se utiliza el Boletín Oficial del Estado para ajustar cuentas con el Tribunal Supremo.