El pasado 3 de julio el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia que fue ampliamente comentada dado que su aplicación podría tener una importante repercusión económica y social al afectar a un colectivo de unos tres millones de personas. Se trata de las personas que, habiendo trabajado a tiempo parcial, sus pensiones tienen una menor cuantía.
El fallo considera que la normativa que regula el cálculo de las prestaciones para este colectivo vulnera derechos constitucionales básicos, por lo que anula la regulación que provocaba una situación de desigualdad. Sobre todo, por tener especial incidencia negativa entre las mujeres, dado que ellas son aproximadamente el 76% de los trabajadores a tiempo parcial.
Así, más concretamente, la sentencia declara inconstitucional y nulo el inciso «de jubilación y» del párrafo primero de la regla tercera, letra c), de la disposición adicional séptima, apartado 1, del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LA LEY 16531/2015) aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994 (LA LEY 2305/1994), en la redacción dada al precepto por el art. 5.2 del Real Decreto-ley 11/2013 (LA LEY 12957/2013), para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
Este aspecto de la norma anulada significaba establecer un coeficiente que se aplica al número de días trabajados y con el que se obtiene la pensión resultante. Tras esta sentencia, dicho coeficiente se mantendría para las pensiones de incapacidad permanente, pero quedaría eliminado para las de jubilación.
El nuevo criterio para el cálculo de las pensiones para este colectivo de trabajadores establecido por el Constitucional a principios de julio es similar al que viene sosteniendo el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que ya formuló objeciones con respecto a la forma con que en España computa la pensión de estos trabajadores. Precisamente fueron estas formulaciones del TJUE lo que propició que el TC se planteara el tema y emitiera la sentencia comentada.
El fallo, en todo caso, no tiene efectos retroactivos por lo que el cambio normativo que establece el Constitucional afectará a las personas que se jubilen a partir de que el BOE publique la sentencia, lo que ha sucedido el pasado el pasado 12 de agosto. Así pues, desde esta fecha, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha adaptado el sistema informática de reconocimiento de la pensión de jubilación con los criterios establecidos por el Constitucional y se aplica la nueva fórmula tanto para el cálculo de las nuevas solicitudes de pensión con cotizaciones a tiempo parcial como para la revisión de las ya reconocidas pero sobre las que todavía no hay resolución firme.
Hasta ahora las cotizaciones se computaban reduciendo su cuantía en función de la parcialidad de cada supuesto y luego se incrementaba con la aplicación del coeficiente 1,5. Con el nuevo criterio, las cotizaciones se computan como días naturales, lo que en la práctica supone un incremento de las pensiones para estos trabajadores del 4% en algunos casos.
El INSS estima que la revisión se deberá hacer sobre unas 8.500 pensiones reconocidas pero todavía sin resolución firme, de las que alrededor de 2.200 se verán afectadas por el cambio de criterio. El resto mantendrá el importe reconocido inicialmente.